Se trató de un hallazgo fortuito en medio de una de las tantas auditorías que realiza el Servicio de Impuestos Internos (SII) para chequear la presencia de errores o irregularidades —y también la efectividad— de sus procedimientos. Y esta vez fue en Valparaíso. En marzo de 2024, cuando un equipo revisaba las anulaciones de cobros de impuestos superiores a $100 millones entre 2018 y 2023, a los auditores del SII les llamó la atención una anulación tributaria que benefició a la empresa Inversiones Holding Limitada. No fue solo el monto involucrado —$22.743 millones— lo que los alertó.
La primera anomalía detectada fue que la anulación de la millonaria suma de impuestos se produjo el mismo día en que los representantes de la empresa se desistieron de un reclamo presentado ante el tribunal tributario y aduanero. En pocas horas renunciaron a la vía judicial y el SII les entregó una victoria por la vía administrativa.
La segunda rareza fue que no había una carpeta con antecedentes que respaldaran las razones del beneficio.
Cuando los auditores le preguntaron por la carpeta al funcionario a cargo —José Ignacio Prado, jefe del Departamento de Procedimientos Administrativos Tributarios del SII (Depat)—, su respuesta fue una bomba: La decisión de anular el cobro tributario le fue ordenada por Elena Amaya, jefa de gabinete del entonces director del servicio, Fernando Barraza. Lo que agregó José Ignacio Prado fue aún más alarmante: no tuvo ningún antecedente a la vista para sustentar el “perdonazo”, y solo se limitó a firmar el documento que le enviaron desde Santiago y que fue redactado por el equipo de Elena Amaya.
La gravedad de los antecedentes fue tan evidente que, un día después de la entrega del informe con los hallazgos del “perdonazo” de $22.743 millones en impuestos a Inversiones Holding Limitada, el 28 de marzo de 2024, la Contraloría Interna del SII instruyó la apertura de un sumario para determinar responsabilidades.
18 meses después la investigación está terminada. Se ordenó la destitución de Elena Amaya por haber “vulnerado gravemente el principio de probidad administrativa”. Reportea tuvo acceso al expediente de la investigación, la que recogió los testimonios de funcionarios clave que confirmaron una de las primeras anomalías: la anulación del cobro tributario fue ordenada desde Santiago, a pesar de que esa facultad es exclusiva de las autoridades regionales.
En la formulación de cargos, se acusó a Amaya por “haber intervenido indebidamente, en perjuicio del interés fiscal, utilizando su posición dentro de la orgánica del SII, actuando de forma coordinada con el resto de los miembros del Gabinete del Director, Señor Gabriel Muñoz y Señora Daniela Chandía, ejerciendo una presión impropia en las personas encargadas de tomar decisiones de interés institucional”, se indica en el documento al que Reportea tuvo acceso.
El 15 de octubre recién pasado el subdirector de la Contraloría Interna del SII, Álvaro Del Barrio, emitió la resolución que destituyó a Elena Amaya del SII, aunque ella ya presentó una apelación a su castigo, la que deberá ser resuelta en las próximas semanas.
No solo Elena Amaya fue sancionada. La investigación interna del SII determinó responsabilidades de otros tres funcionarios en la anulación irregular de pago de impuestos. Y fueron sancionados. A Gabriel Muñoz y Daniela Chandía, dos profesionales que también integraban el gabinete de Fernando Barraza y que se constató que participaron en la elaboración de la resolución que anuló el cobro tributario a Inversiones Holding, se les aplicó una multa del 20% de su remuneración. Y a José Ignacio Prado, el funcionario que recibió el llamado de Elena Amaya y que firmó el documento que consagró el “perdonazo” irregular, con un descuento del 10% de su sueldo, por haber accedido a las presiones de Amaya.
La beneficiaria del “perdonazo” del SII no es cualquier empresa. Inversiones Holding es la matriz que utiliza la familia de Eduardo Fernández León para organizar sus inversiones en el extranjero.
El de Fernández León es uno de los grupos económicos más influyentes del país. Es dueño de la inmobiliaria FFV, uno de cuyos últimos proyectos busca cambiar el rostro de la tradicional Rotonda Pérez Zujovic en Las Condes, con un nuevo polo de edificios residenciales y de oficinas, restaurantes y centros comerciales, con una inversión inicial que supera los US$15 millones. Y al cual se asoció Larraín Vial. El Grupo Fernández León es también dueño de acciones importantes en Entel, Consorcio, Pucobre, entre otras. Son dueños del condominio Brisas de Santo Domingo y del Parque Tricao.
Un análisis que hizo el diario La Segunda de los empresarios más ricos de Chile, concluyó que Eduardo Fernández León es uno de los billonarios chilenos que no aparecen en el famoso ranking de Forbes. Y es que el patriarca del grupo siempre ha cultivado el bajo perfil. A sus 86 años es conocida su pertenencia al Opus Dei y por ello es el principal donante de la Universidad de Los Andes.
Es en esta arista religiosa que surge un antecedente que podría estar a la vista cuando las máximas autoridades del SII revisen la apelación presentada por Elena Amaya, quien fuera la jefa de gabinete del polémico exdirector de ese organismo, Fernando Barraza. En paralelo a sus funciones en el SII, Amaya ejerce como docente en el Magíster de Planificación y Gestión Tributaria de la Universidad de Los Andes, precisamente la misma universidad que tiene como su principal donante a la familia de Eduardo Fernández León.
Consultado el SII sobre la situación revelada por el sumario, señalaron en una respuesta por escrito enviada a Reportea: “Dado que se trata de un sumario en curso, como Servicio no podemos referirnos a sus conclusiones preliminares. Sí podemos señalar que este sumario surge de los propios mecanismos de control con que cuenta nuestra institución y que nuestro compromiso es investigar cualquier hecho que pueda vulnerar nuestros valores institucionales y la intachable conducta a la estamos obligados como organismo fiscalizador”.
Los hallazgos del sumario provocaron un remezón grado siete en las oficinas de Impuestos Internos. Y no solo porque Elena Amaya ha sido una funcionaria histórica que ha ostentado grados importantes de poder. También porque Fernando Barraza, quien era el director del organismo cuando se ejecutó el “perdonazo”, desde mayo pasado forma parte del Consejo Tributario del SII, creado recientemente y que tiene un rol asesor en materias relevantes del servicio, además de conocer y evaluar los planes de cumplimiento de la gestión tributaria.
Historia de un “perdonazo”
Todo comenzó en julio de 2019 cuando funcionarios del SII de San Antonio fiscalizaron a la empresa Inversiones Holding Limitada, domiciliada en esa comuna costera de la Región de Valparaíso. En ese proceso detectaron inconsistencias y emitieron dos cobros tributarios en septiembre de 2020.
La empresa apeló dos meses después, a través de una Reposición Administrativa Voluntaria (RAV), que es uno de los mecanismos que tienen los contribuyentes para solicitar al SII que revise sus decisiones. Esa RAV se resolvió en marzo de 2021, concediendo algunos puntos reclamados por la empresa, pero manteniendo el cobro principal, que estaba relacionado con un supuesto crédito entre sociedades relacionadas del grupo Fernández León.
En simple, se trata de un crédito multimillonario (US$140 millones) que le habría otorgado un fondo de inversión controlado por la familia Fernández León a una sociedad que luego ingresó como socia a Inversiones Holding Limitada. Cuando ese fondo se disolvió, la supuesta deuda fue cedida varias veces a sociedades del grupo, para finalmente terminar en manos de algunos de los integrantes de la familia. Por ello en el SII de Valparaíso interpretaron que en realidad se trataba de un retiro de utilidades encubierto, y se debía pagar el impuesto respectivo: $22,7 mil millones.
Cuando en marzo de 2021 el SII decidió mantener el cobro, los representantes de Inversiones Holding escalaron el reclamo al Tribunal Tributario y Aduanero de Valparaíso (TTA), que es la instancia donde los contribuyentes pueden judicializar una causa cuando no están de acuerdo con los cobros realizados por el SII.
Según el sumario, en noviembre de 2021 Elena Amaya dio la orden de anular el cobro, cuando el proceso ante el TTA estaba avanzado. Y según declaró Daniel Gómez, jefe jurídico del SII en Valparaíso, el organismo tenía mejores opciones de triunfo que la empresa: “El contribuyente siempre tuvo una actuación reactiva, acompañó antecedentes antiguos, documentos privados, sin fecha cierta, fue aportando antecedentes en base a nuestros requerimientos, lo que no eran a mi juicio suficientemente sólidos”, indicó en el sumario.
Y agregó: “El desistimiento se presentó cuando se estaba próximo a la dictación de sentencia, pues habíamos presentado el escrito de observaciones a la prueba y también la contraparte, ambos presentamos el escrito de observaciones respectivas el 18 de noviembre de 2021”.
Nunca hubo veredicto del tribunal, porque en noviembre de 2021 se echó a andar una máquina que terminó con la empresa retirando su reclamó desde el TTA, y con el SII perdonando el pago de tributos por vía administrativa.
Según los testimonios del sumario, en noviembre de 2021 Elena Amaya llamó al funcionario de Valparaíso encargado del cobro a la empresa y le ordenó que ese cobro debía anularse. Luego, el 6 de diciembre de ese año, un representante de Inversiones Holding (Patricio Lewin Correa) ingresó una nueva apelación en el SII, esta vez se trató de una Revisión de la Actuación Fiscalizadora (RAF), la que fue aprobada pocas semanas después, dándole la razón a la empresa.
La parte final de la operación se finiquitó en pocas horas el 29 de diciembre de ese año. A las 19:19 el abogado representante de Inversiones Holding (Alfredo Alcaíno De Esteve, asesor histórico de Penta, cuyos dueños han sido socios de Fernández León) se desistió del reclamo que había interpuesto ante el Tribunal Tributario y Aduanero, y cuatro horas después, a la medianoche de ese día, el SII resolvió el dilema aprobando la RAF que anuló el cobro de los $22.743 millones.
Sobre ese episodio el sumario plantea una sospecha: “Llama la atención además que el representante de la contribuyente haya presentado el desistimiento de su Reclamo ante el TTA de Valparaíso, a las 19:19 horas de ese mismo día (…) como si conociera el resultado de la resolución de RAF que le sería notificada recién 4 horas después”.
El llamado de Elena Amaya
La operación que terminó con el SII perdonándole un cobro por $22,7 mil millones a la empresa de los Fernández León comenzó en noviembre de 2021. Entonces la situación era la siguiente: Impuestos Internos había persistido en el cobro del impuesto, luego de rechazar la primera apelación de Inversiones Holding (“RAV”), y el conflicto buscaba destrabarse en el Tribunal Tributario y Aduanero. Eso hasta que a José Ignacio Prado, el jefe del Departamento de Procedimientos Administrativos Tributarios del SII en Valparaíso, le sonó el teléfono:
“En noviembre de 2021 recibí un llamado de la jefa de gabinete del Director Nacional, Elena Amaya, quien me consulta cómo se puede volver a revisar la situación del contribuyente, y me señaló que no estaba de acuerdo con lo decidido en la RAV”, comenzó relatando Prado en el sumario.
“(Ella dice que) podíamos quedar mal en el Tribunal Tributario y Aduanero. Le señalé lo que se había resuelto en el comité y la validación por parte de este”, agregó Prado.
Hace referencia a que la decisión de cobrar los $22,7 mil millones estaba respaldada por dos instancias oficiales del SII: primero por un comité regional en el que participaron las autoridades relevantes del organismo en Valparaíso, y luego por el Comité de Casos de Interés Institucional, instancia que reúne a todas las jefaturas nacionales de Impuestos Internos. La conclusión de esos comités fue que la decisión del cobro de impuestos era la correcta.
Sigue el relato de José Ignacio Prado: “Ella me comentó de que había tenido una audiencia con los representantes de la contribuyente. Le puse en conocimiento de esta situación al Director Regional (de Valparaíso), don Sergio Flores, luego ella tuvo una conversación con el Director Regional en el mismo tenor. Posteriormente Elena Amaya volvió a llamar y me señaló que Patricio Soto iba a validar los números para saber si existía fundamento”.
Patricio Soto es un funcionario del SII que había fiscalizado al grupo Fernández León en la Dirección de Grandes Contribuyentes del organismo, que funciona en Santiago. Soto declaró en el sumario: “Respecto de esta documentación, liquidaciones u otro antecedente referido a la RAF yo no participé”.
También declaró Sergio Flores, el Director Regional del SII de Valparaíso:
“Ignacio vino a señalarme que lo habían llamado del gabinete del director, que lo había llamado Elena Amaya respecto de este caso y que le había dicho que habían recibido al contribuyente o a sus asesores, y que en base a ello estimaban en el gabinete que la tesis del incremento del patrimonio no tenía asidero”, aseguró Flores.
Luego Flores cuenta que él también habló por teléfono con Amaya:
“Me dijo que era un error-horror, que cómo se había determinado este incremento patrimonial, y que había dos pronunciamientos recientes en contrario, le di el contexto del caso, el análisis del comité, me preguntó sobre quiénes estuvimos presentes y que conversaría con ellos al respecto, porque a su juicio era un error de criterio, que había que buscar una salida y que en gabinete analizarían el caso con los antecedentes que aportarían los asesores y que se contactarían con José Ignacio para ello, que la alternativa sería a través de una RAF”, declaró el Director Regional del SII de Valparaíso.
Y fue tal cual. El 6 de diciembre de 2021 la empresa Inversiones Holding presentó la RAF y esta fue rápidamente aprobada por el SII. El cobro por $22,7 mil millones ya no existía.
En el sumario constan otros testimonios que ratifican que la orden para ejecutar el “perdonazo” emanó desde el gabinete de Fernando Barraza.
“José Ignacio me comentó que lo habían llamado de la nacional y que se había presentado una RAF, recuerdo que me dijo que esa conversación fue con Elena Amaya. Por sistema me la asignaron y cuando llegó, no era claro cómo se podía cuadrar, me hicieron preparar un proyecto con la plantilla de la resolución, aquí no se dieron todas las etapas del proceso, porque no hubo admisibilidad en sí, ya que había un reclamo pendiente en el TTA, por lo que no se podría admitir a tramitación la RAF”, declaró Paola Mazza, abogada de la Dirección Regional del SII de Valparaíso.
Otro testimonio es el de Paula Díaz, jefa de gabinete de la Dirección Regional de Valparaíso:
“Este caso siempre lo analizamos con Ignacio, don Sergio Flores y Patricia Salazar, jefa de fiscalización, toda vez que Elena estaba presionando para sacarlo de una forma distinta a lo que hicimos. Estábamos disconformes con el cambio de criterio, porque para eso lo vimos en el Comité de Casos de Interés Institucional”, indicó en su declaración del 20 de marzo pasado.
La versión de Elena
Esta no es la primera vez que Elena Amaya es sancionada por impulsar o respaldar “perdonazos” polémicos al interior del SII. En 2013 la sacaron de su cargo cuando era directora del departamento jurídico de la Dirección de Grandes Contribuyentes luego de haber participado del “perdonazo” a Johnson´s. Esa vez se condonaron $59 mil millones por concepto de multas e intereses y el caso se transformó en un escándalo nacional cuando se descubrió que algunas jefaturas del servicio tenían vínculos con los dueños de la multitienda.
Pero Amaya solo estuvo algunos meses fuera del SII, porque con el cambio de gobierno, en marzo de 2014, fue recontratada como jefa de gabinete de Michel Jorratt. Permaneció en ese cargo cuando Jorratt renunció al servicio en medio del caso del financiamiento ilegal de la política, y se mantuvo allí durante todo el periodo del reemplazante de Jorratt, Fernando Barraza, quien evitó que decenas de empresas que financiaron irregularmente a partidos y dirigentes políticos enfrentaran la justicia penal, al darles una salida administrativa (vea reportaje de Ciper).
Elena Amaya estuvo como jefa de gabinete del director del SII hasta inicios de 2022, cuando Hernán Frigolett asumió la dirección del servicio. Entonces fue trasladada a la subdirección normativa. Luego, en septiembre del año pasado, la movieron a un cargo menos vistoso en la subdirección de administración, cuando ya estaba siendo investigada.
Ahora acaba de ser destituida del organismo en el que trabaja desde hace 31 años.
Declaró dos veces en el sumario. En ambas negó haber ordenado anular el cobro de impuestos a Inversiones Holding. También descartó haber tenido contacto con los representantes de la empresa de los Fernández León.
La defensa de Elena Amaya en el sumario argumentó que la familia Fernández León también estaba siendo auditada por la Dirección de Grandes Contribuyentes del SII, y que ella debió coordinar esa revisión con la que se desarrollaba en paralelo por los funcionarios de Valparaíso. Lo llamó una “coordinación técnica”.
Su versión de los hechos es muy diferente a la relatada por todo el resto de funcionarios que declararon en el proceso. Por ejemplo, dijo que llamó a los directivos del SII en Valparaíso solo cuando la empresa ya había presentado la RAF (la segunda apelación interna, gracias a la cual zafaron del cobro):
“Me comuniqué con el jefe del Depat (José Ignacio Prado) y el Director Regional (Sergio Flores) informándoles que había llegado una RAF, pues si se requería ayuda y coordinación estábamos disponibles para ello”
Esa versión es contradictoria con la que entregaron los encargados del proceso en Valparaíso, que aseguraron que ella los llamó para presionarlos para que cambiaran su decisión y anularan el cobro a la empresa. De hecho, el Director Regional, Sergio Flores, declaró que fue Amaya quien planteó la posibilidad de que se anulara el cobro mediante una RAF.
“De hecho, recuerdo que nos enviaron un proyecto de resolución desde el Depat y nosotros formulamos sugerencias, en lo que respecta al análisis jurídico de esta actuación para mejorarlo”, agregó Amaya en una de sus declaraciones.
Lo que no dijo es que fue ella y el personal a su cargo en el gabinete de Fernando Barraza quienes le solicitaron a los funcionarios de Valparaíso que les enviaran un proyecto de resolución para terminar anulando el cobro tributario.
El argumento central para acoger la apelación de la empresa se apoyó en dos oficios firmados por Fernando Barraza a mediados de 2021, cuando el cobro a Inversiones Holding ya estaba vigente. Allí se entregaban directrices sobre cómo proceder en los casos de deudas no acreditadas por parte de los contribuyentes. En el sumario constan declaraciones de directivos del SII que plantean que esos oficios le daban la razón a la empresa, pero hay otros que aseguran exactamente lo contrario: que esa nueva directriz confirmaba el proceder de los funcionarios de Valparaíso respecto de la empresa de los Fernández León.
Según Amaya, la anulación del cobro procedía porque era lo jurídicamente correcto, y apunta a que, además, el cobro estaba prescrito:
“Esa liquidación adolecía de dos problemas evidentes. El primero consistía en que el origen del pasivo era del año 2011, por lo que estaba prescrita la facultad para cuestionar ese pasivo. Además, el rechazo del pasivo por falta de acreditación, no tenía ninguna justificación adicional, era básicamente formal y se asumió derechamente como un ingreso para efectos de la liquidación, cosa que técnicamente era improcedente”, aseguró Amaya cuando declaró en el sumario.
En todo caso, en un acápite del sumario seguido en su contra, se establece que un jefe de gabinete no puede pasar sobre las decisiones tomadas por las instancias formales del SII:
“Toda actuación o intervención, como lo es la denominada “coordinación técnica” que se ha atribuido el Gabinete del Director en este caso, a la luz de los procedimientos e instrucciones institucionales, más bien parecen ‘actuaciones de facto’ que alteran el correcto proceder definido por el Servicio en sus instrucciones internas, obligatorias para todos sus funcionarios, e introducen altos riesgos de opacidad y falta de transparencia en la toma de decisiones”, señala el sumario revisado por Reportea.
Ahora lo que viene es la revisión de la apelación presentada por Elena Amaya. Según el reglamento que rige para estos casos, quien debería ver ese recurso es la actual directora subrogante del SII, Carolina Saravia. En todo caso, fuentes del servicio le dijeron a Reportea que una opción es que ella se inhabilite, ya que participó del Comité de Casos de Interés Institucional que revisó la situación de la empresa Inversiones Holding, y tal como consta en el acta de esa sesión, entonces apoyó el actuar de la dirección del SII en Valparaíso.
Si ella se inhabilita, corre la línea de mando para revisar las apelaciones. Entonces sería el turno de Simón Ramírez, el actual subdirector normativo, aunque él también participó del comité donde se revisó el caso de Inversiones Holding. Si él también se inhabilita, todo quedaría en manos del subdirector jurídico, Marcelo Freyhoffer.
Los otros sancionados por el sumario, Daniela Chandía, Gabriel Muñoz y José Ignacio Prado también podrían apelar. El caso de Chandía podría ser más delicado, ya que ella se mantiene prestando servicios en el gabinete de la Dirección Nacional del SII.
Y que pasará con ese dinero, se cobrarán los impuestos o solo será un saludo a la bandera, los corruptos son despedidos y quizás cuento recibiendo en coimas por esos perjuicios al país…..!
Es increíble como se roba dinero en grande en instituciones que deben recaudarlos para el funcionamiento del país. Además no hay sanción contundente pues la persona que efectúa el perdonazo recibe de premio una adecuada coima que no le afecta el despido que es el castigo de la perdida de su trabajo. Un ladrón de calle va a prisión preventiva muy frecuentemente, pero los ricos ni siquiera a clases de ética.