Hace exactos 113 días, la Superintendencia de Pensiones ofició a las AFP, y a su organización gremial, para que dieran cuenta de toda la publicidad directa o indirecta que han financiado, y que no ha sido informada al organismo fiscalizador.
Fue una reacción de la Super de Pensiones a la revelación de una investigación de Reportea y Vergara 240, de la Escuela de Periodismo de la UDP: la Asociación de AFP ha financiado y apoyado en secreto a la fundación Ciudadanos en Acción, que se dedica a viralizar campañas políticas en redes sociales.
Por ley, las AFP tienen prohibido involucrarse en campañas de ese tipo.
Entre las campañas que ha impulsado Ciudadanos en Acción, se cuentan varias en oposición a las reformas al sistema de pensiones tramitadas en el Congreso durante los últimos años.
Ciudadanos en Acción —liderada por el economista Bernardo Fontaine, parte del equipo de campaña del presidente electo, José Antonio Kast— también lideró cruzadas en contra del cambio constitucional de 2020 y de reformas al sistema laboral y tributario durante los últimos gobiernos.
Uno de los mecanismos utilizados por la fundación en sus campañas fue la contratación de influencers para instalar minutas en las redes sociales. Uno de ellos fue Matías Lorca, quien controlaba una cuenta en X que participaba en una red de trolls que difundió desinformación y acosaba a figuras políticas opositoras a José Antonio Kast.
La red difundió desinformación y ataques personales durante la campaña presidencial, incluyendo acusaciones falsas contra Evelyn Matthei, quien denunció públicamente una “campaña asquerosa” en su contra.
En esa red de trolls también participaba un sujeto llamado Ricardo Inaiman, que estaba tras la cuenta “Neuroc”, y que fue expuesto por un reportaje de Chv Noticias. Otra de las cuentas involucradas era “Patito_verde”, vinculada a Patricio Góngora, exdirector de Canal 13 y gerente de Asuntos Públicos de la Asociación de AFP cuando esa entidad gremial comenzó a financiar a Ciudadanos en Acción, según le dijeron a Reportea personas que han ocupado cargos directivos en la gremial.
Por esos motivos la Super de Pensiones buscó detectar los pagos realizados a la fundación. Pero entre noviembre y enero pasados el intento de fiscalización naufragó.
Reportea accedió a los oficios enviados por el fiscalizador a las AFP y a su asociación gremial, y también a las cartas con que las administradoras de pensiones respondieron oponiéndose a entregar la información.
El argumento de las AFP para no entregar esos antecedentes fue que la Super de Pensiones solo está facultada para fiscalizar el gasto en piezas que se consideren “publicidad” o “promoción”. ¿Quién determina lo que se considera publicidad o promoción? Según las AFP, ellas mismas.
En sus respuestas al fiscalizador, las AFP no negaron el financiamiento a Ciudadanos en Acción a través de su entidad gremial, pero se refugiaron en la idea de que la Super de Pensiones no puede coartar su derecho a la libertad de expresión.
Y aunque en un inicio la Super de Pensiones exigió la entrega de la información, e incluso amenazó a las AFP con la apertura de un proceso sancionatorio, finalmente se allanó a la postura de las administradoras y dio por concluida la fiscalización, sin obtener un solo antecedente.
La única administradora que se desmarcó de esa estrategia fue AFP Uno, la que no participa de la Asociación de AFP.
“Libertad de expresión”
El 10 de noviembre el Superintendente de Pensiones —Osvaldo Macías, quien ejerce el cargo desde hace 10 años— envió el oficio a las siete AFP del sistema (Cuprum, Habitat, Provida, Capital, Modelo, Plan Vital y Uno), solicitando que informaran en un plazo de cinco días hábiles, “toda publicidad, promoción, ya sea que conste en testimonios, entrevistas, columnas de opinión, videos, podcast, insertos, piezas audiovisuales, entre otros” que hubieran sido gestionadas directamente por ellas, o bien por terceros que reciban su financiamiento.
La solicitud tenía lógica pues las administradoras son las que entregan los fondos para el funcionamiento de su entidad gremial, la Asociación de AFP, la que a su vez ha financiado en secreto a la fundación Ciudadanos en Acción.
El oficio de Macías incluyó una tabla en la que las AFP debían entregar los datos de la entidad encargada de la publicidad o promoción (razón social, RUT, representante legal), las características del material difundido, y el monto que se invirtió en esa propaganda (vea aquí ese oficio original). Pero esa tabla no se llenó con ninguna información.
Siete días después de enviado el oficio, llegó la respuesta de las AFP. Cuprum, Habitat, Plan Vital, Provida y Modelo respondieron con una carta calcada de ocho páginas, en la que cuestionaban el alcance fiscalizador de la Superintendencia. La única diferencia fue el logo de cada AFP, y la firma del respectivo gerente o subgerente al final de la misiva (vea aquí esa carta).
Solo AFP Modelo incluyó un párrafo adicional informando del financiamiento que durante el último año ha entregado a un club deportivo y a una persona particular a modo de donación (ambas por no más de $1,5 millón).
El argumento de las administradoras fue que la Super de Pensiones solo está facultada para fiscalizar aquella propaganda que tenga “por finalidad informar y motivar la contratación de los servicios de administración de fondos de pensiones y de las prestaciones y beneficios” establecidos en la ley que regula a la industria.
Todo el resto, para las AFP, cabe en el ámbito de la libertad de expresión. Así lo indican textualmente en su respuesta: “Respecto de los actos de las Administradoras de Fondos de Pensiones que no constituyan publicidad o promoción, rige plenamente el derecho fundamental de la libertad de expresión, consagrado en el artículo 19 N° 12 de la Constitución Política de la República”.
Como respaldo de ese argumento, citaron un fallo de la Corte Suprema que facultaría a las AFP para “participar de la esfera pública a través de actos que no constituyen publicidad o promoción regulada”.
Ese fallo de 2022, le dio la victoria a la AFP Habitat cuando buscó anular una multa de 2.000 UF que le había impuesto la Super de Pensiones por enviar una carta a sus afiliados rechazando uno de los proyectos que tramitó el Congreso para permitir el retiro de los fondos de pensiones.
La carta de las AFP citó en particular un razonamiento del ministro de la Suprema Jean Pierre Matus: las opiniones de Habitat “no son una forma de publicidad o información que ‘induzca a interpretaciones inexactas sobre la realidad de la AFP’ o ‘acerca de los beneficios, pensiones y prestaciones que les corresponde otorgar en conformidad a la ley’, sino meras opiniones amparadas por la garantía constitucional de la libertad de expresión para cuyo control o represión carece la [Superintendencia] de facultades legales”.
Bajo esa lógica, el financiamiento que le han entregado las AFP a la fundación Ciudadanos en Acción, a través de su organización gremial, sería un acto de libertad de expresión.
En los videos difundidos por la fundación —donde influencers entregan argumentos en contra de reformas al sistema de pensiones—, no se transparenta que se trata de videos pagados, y menos que ese financiamiento viene, en parte, desde las mismas AFP.
La fundación Ciudadanos en Acción no ha esclarecido el origen de su financiamiento. Tampoco ha explicado si los montos que ha recibido en secreto desde la Asociación de AFP se ocuparon en campañas no relacionadas con las reformas al sistema de pensiones, como por ejemplo la ofensiva que lideró en redes y medios de comunicación durante el plebiscito constitucional de 2020.
Los representantes de la fundación no han respondido los mensajes por Whatsapp, llamadas telefónicas ni correos electrónicos enviados por Reportea para recoger sus comentarios sobre estos antecedentes.
En el directorio de la fundación, actualmente presidido por Bernardo Fontaine, han participado ejecutivos cercanos al empresario Nicolás Ibáñez, y también los propietarios de negocios como Sosafe y Predictable Media, empresa experta en campañas políticas digitales.
En todo caso, las AFP le dijeron a la Super de Pensiones que no participan en la difusión de fake news y campañas de desprestigio en redes sociales: “La Asociación no participa ni financia campañas políticas, electorales ni de desinformación”, indicaron en su carta. Aunque no se refirieron a los pagos que recibió un influencer que trabajó con la fundación, Matías Lorca, quien sí participó en campañas de difusión de mentiras y desprestigio en redes.
La Asociación de AFP se niega a la fiscalización
La Super de Pensiones también envió un requerimiento de información a la Asociación de AFP (AAFP), luego de que un grupo de diputados del Frente Amplio solicitó fiscalizar a esa entidad, luego de los hechos revelados en la investigación de Reportea y Vergara 240.
La respuesta de la entidad gremial fue en el mismo sentido que la entregada por las AFP: la Super de Pensiones no tiene facultades para fiscalizar el gasto que ha efectuado en campañas de propaganda. Por ello, la organización no entregó ningún tipo de antecedente a la Super de Pensiones.
La AAFP negó participar en campañas políticas o religiosas, pero sí incluyó en la carta de respuesta los objetivos que persigue como organización. Ese acápite de la respuesta parece ser una justificación al financiamiento que ha entregado a las campañas de la fundación Ciudadanos en Acción:
“La Asociación de AFP tiene por finalidad estrechar los vínculos de unión entre sus asociados y representar sus intereses comunes ante los Poderes Públicos y otras entidades, promoviendo el desarrollo y fortalecimiento del sistema de pensiones en el país. Entre sus objetivos se encuentran difundir dicho sistema, a través de la educación previsional, y colaborar con su perfeccionamiento, contribuyendo a las discusiones de política pública en lo previsional y laboral”, indicó en la carta firmada por su gerenta general, Constanza Bollmann (vea aquí la carta).
Dos personas que han ocupado cargos directivos en la AAFP le dijeron a Reportea que Constanza Bollmann estaba al tanto del financiamiento entregado por la entidad a Ciudadanos en Acción.
La industria remarcó ante la Super de Pensiones que su entidad gremial tiene razones fundadas para financiar campañas como las desarrolladas por la fundación. En las respuestas enviadas por Habitat, Cuprum, Plan Vital, Modelo y Provida, se repitió el párrafo donde señalan que su organización gremial tiene entre sus objetivos difundir el actual sistema de pensiones, participando en el debate público sobre temas previsionales y laborales. Ese párrafo está marcado en negrita.
¿Las AFP deciden qué es lo que se fiscaliza?
Cuando el 1 de diciembre pasado la Super de Pensiones le insistió a las AFP que entregaran los antecedentes solicitados, basó su argumento en que debía conocerlos para definir si se trataba de campañas bajo el radar de su fiscalización:
“Si su Administradora estima que ha realizado actividades basadas en su libertad de emitir opinión, no se advierte impedimento alguno para que dichas actividades sean comunicadas a esta Superintendencia, a fin de que esta entidad fiscalizadora pueda determinar si corresponden o no a actividades de promoción o publicidad”, señaló la Super en el oficio que envió a las AFP (vea aquí ese documento).
Junto con volver a requerir la información, desde la Superintendencia pusieron presión sobre las administradoras: “Se reitera la instrucción (…) la que deberá cumplir en el plazo de 10 días hábiles. Lo anterior, bajo el apercibimiento de que este Organismo instruya, conforme a sus atribuciones legales, la apertura de un expediente sancionatorio en su contra por incumplimiento de instrucciones”.
Entonces se abrió otra disputa: ¿Quién define si una campaña financiada por las AFP es “promoción” de sus servicios o un ejercicio de “libre expresión”? A juicio de la Super de Pensiones es algo que debiera definir el regulador. “Si una comunicación constituye o no publicidad o promoción es de competencia de esta Superintendencia y forma parte de sus facultades legales”, indicaron. Pero las AFP no estuvieron de acuerdo.
Las administradoras volvieron a responder juntas el 9 de diciembre: “La Superintendencia no tiene facultades para exigir a un sujeto fiscalizado que le envíe todo tipo de antecedentes, para que luego ella determine’ si ello constituye ejercicio de su libertad de expresión o bien, publicidad o promoción”, argumentaron al unísono Provida, Habitat, Plan Vital, Cuprum y Modelo (vea la respuesta que enviaron).
A juicio de las AFP, siempre comunicaron a la Superintendencia toda la publicidad y promoción que difundieron en medios de comunicación y otras plataformas. Al menos, la que según ellas correspondía: aquella que motiva la contratación de los servicios de administración de fondos de pensiones.
“No existe ningún imperativo jurídico que obligue a las AFPs a remitir a la Superintendencia información distinta de la publicidad o promoción, incluso para que ésta ‘clasifique’ tales antecedentes”, argumentaron desde las administradoras.
Por ese motivo interpusieron un recurso de reposición en contra de la resolución de la Superintendencia que insistió en la entrega de la información.
La AFP Capital se desmarcó del rebaño y respondió por su cuenta, indicando al regulador que no había encontrado información distinta a la que ya había entregado con anterioridad.
En paralelo, la Asociación de AFP también siguió negándose a entregar la información solicitada. En otra carta que envió a la Super de Pensiones el 23 de diciembre, insistió en su argumento de que no existían facultades para que la fiscalizaran: “Manifestamos que además de transgredir la esfera de sus competencias, la Superintendencia, mediante su solicitud de información, está perturbando la autonomía y funcionamiento de este cuerpo intermedio” (vea aquí ese documento).
La Super de Pensiones retrocede
Ante la negativa de las AFP y de su entidad gremial de entregar los antecedentes solicitados, la Superintendencia optó por rendirse.
El 29 de diciembre envió un documento de seis páginas a las AFP Habitat, Cuprum, Provida, Plan Vital y Modelo, comunicándoles que acogía parcialmente los recursos de reposición que estas habían presentado, y que dejaba sin efecto la advertencia de iniciar un proceso sancionatorio por negarse a cumplir instrucciones.
Según el oficio enviado por la Super de Pensiones a las AFP (ver aquí), influyó en esa decisión el hecho de que se revisaron los medios de comunicación y no se hallaron piezas publicitarias que no hubieran sido informadas anteriormente por las administradoras:
“Este Servicio realizó una búsqueda exhaustiva en medios de comunicación masivo, tales como, testimonios, entrevistas, columnas de opinión, videos, podcast, insertos, piezas audiovisuales, entre otros, sin encontrar pieza o mensaje que calificara como publicidad o promoción, directa o indirecta, no informada a esta Superintendencia”, señaló el organismo en su respuesta.
Y aunque en el documento la Superintendencia defiende sus facultades fiscalizadoras, optó por no insistir en la entrega de antecedentes sobre campañas financiadas por las AFP para determinar si constituyen, o no, “publicidad”.
La rendición también corrió para la solicitud de antecedentes a la Asociación de AFP. A esa organización gremial le envió un oficio el pasado 21 de enero. El argumento fue el mismo: se revisaron los medios de comunicación y no se halló publicidad no informada. En el documento enviado (ver aquí) no se hace ninguna mención a las otras solicitudes que se le habían realizado a la gremial: indicar si desde la AAFP habían informado a alguna AFP sobre el uso de recursos en materia de publicidad o promoción, y si desde las administradoras les habían entregado “lineamientos” al respecto.
Las cartas enviadas por la Super de Pensiones donde comunicó que la fiscalización no seguía su curso, no mencionan si en su análisis consideraron las piezas difundidas por la fundación Ciudadanos en Acción gracias al financiamiento de las AFP.
Cuando le consultamos a la Superintendencia, la respuesta fue críptica: “La fiscalización comprendió la revisión de contenidos difundidos en medios de acceso público que, conforme a sus características y antecedentes disponibles, pudieran eventualmente encuadrarse dentro de las hipótesis reguladas por la normativa vigente en materia de publicidad o promoción. Todo esto se realizó íntegramente al alero de las atribuciones y facultades de regulación y fiscalización que la legislación entrega a la Superintendencia de Pensiones”.
En las respuestas enviadas a Reportea, la Superintendencia también mencionó que “en el ejercicio de sus facultades legales, la Superintendencia de Pensiones llevó adelante un proceso de fiscalización conforme a sus procedimientos habituales, el cual incluyó tanto el requerimiento formal de antecedentes, así como también la revisión independiente de información disponible en medios de acceso público. Como resultado de dicha fiscalización, no se identificaron antecedentes constitutivos de infracción al marco normativo vigente ni piezas publicitarias que no hubiesen sido oportunamente informadas” (vea aquí la respuesta completa).
En todo caso los procesos de fiscalización iniciados luego del reportaje de Reportea y Vergara 240 no han finalizado del todo. Quedan pendientes dos pronunciamientos: uno del Servicio de Impuestos Internos y otro del Ministerio de Economía.
Los diputados que solicitaron a la Superintendencia fiscalizar el vínculo de la Asociación de AFP con la fundación Ciudadanos en Acción (liderados por el diputado Gonzalo Winter), incluyeron entre sus requerimientos que se informara si las transferencias de recursos de la AAFP a la fundación fueron en el marco de la ley de donaciones con beneficios tributarios.
Debido a eso el 20 de noviembre la Super de Pensiones derivó esa solicitud a Impuestos Internos, organismo que aún no ha informado sus conclusiones.
En paralelo, el pasado 4 de febrero la División de Asociatividad y Cooperativas del Ministerio de Economía —encargada de fiscalizar a las asociaciones gremiales— envió un oficio a la Asociación de AFP para que expliquen su vínculo con Ciudadanos en Acción. El plazo de ese requerimiento vence a mediados de marzo.
