En completo sigilo, en diciembre del año pasado la Superintendencia de Educación Superior formuló cargos contra la Universidad San Sebastián (USS). El expediente de esa investigación es explosivo, y hasta ahora se mantiene bajo reserva.
La investigación se inició en septiembre de 2024, luego de que El Mostrador reveló que Marcela Cubillos, ex ministra de Educación, percibía un sueldo de $17 millones brutos, y que el trabajo que realizaba la también exdiputada no era concordante con esa cifra. Entonces la Superintendencia solicitó antecedentes a la USS y definió iniciar una indagatoria.
Después de 15 meses las conclusiones estuvieron listas, y en diciembre pasado los directivos de la USS recibieron la formulación de cargos. Cuando leyeron el documento, según le dijeron a Reportea dos fuentes del plantel que tuvieron acceso al informe, se sorprendieron al descubrir que el regulador estaba objetando las contrataciones y los pagos de cerca de 15 personas, la mayoría vinculados con partidos políticos.
En el listado aparecen, además de Cubillos, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, y el ex fiscal regional oriente, Manuel Guerra, entre otros.
Quienes tienen en sus manos el documento de la Superintendencia con la formulación de cargos, dijeron que las irregularidades son de dos tipos. La primera, y la más relevante, está relacionada con el pago de sueldos, ya que la propia normativa del plantel establece bandas salariales que en estos casos no se habrían respetado. Aquí cabe, por ejemplo, el sueldo millonario que percibía Marcela Cubillos.
El segundo punto tiene que ver con contrataciones fuera de norma. El reglamento de la USS establece ciertos requisitos para que una persona pueda llegar a un cargo de nivel académico o directivo. Y la Superintendencia detectó que hubo casos en que las contrataciones no respetaron los lineamientos establecidos.
Contactada para este reportaje, desde la USS no estuvieron disponibles para responder preguntas. Mientras que la Superintendencia de Educación Superior indicó que no se pronuncia sobre casos que están en desarrollo.
Luego de la formulación de cargos realizada a fines del año pasado, la universidad hizo llegar sus observaciones a la Superintendencia, la que ya está en condiciones de imponer una sanción. Eso es algo que debiera ocurrir en los próximos días.
Dado que la universidad ya fue sancionada en 2025, la reincidencia podría impedir que el regulador aplique nuevamente la sanción más baja contemplada por la ley: la amonestación por escrito.
En octubre de 2025 la USS fue sancionada por haber mantenido una “sede fantasma” en la ciudad de Rancagua entre los años 2018 y 2022. La existencia de esa sede no fue informada ni a la Comisión Nacional de Acreditación ni al Consejo Nacional de Educación. Según le dijo el exrector de esa sede, Pedro Hernández, a The Clinic, allí llegaron a tener más de 500 alumnos. Entonces la sanción fue una amonestación por escrito (ver aquí). Entre las consideraciones que entonces tomó en cuenta el regulador, estuvo la irreprochable conducta anterior del plantel.
En este nuevo proceso sancionatorio, ese factor ya no está sobre la mesa.
¿Caja pagadora?
Dentro de la universidad las posiciones están divididas. Dos personas que ocupan cargos de jefatura, y que conversaron con Reportea bajo condición de anonimato, indicaron que al interior del plantel saben que allí se realizaban contrataciones políticas, como apoyo a dirigentes que habían perdido una elección, o que estaban momentáneamente sin trabajo. Y agregaron que hubo contrataciones y pagos a figuras que no pertenecen a los partidos, pero que igualmente eran reclutadas para mostrar influencia.
De hecho, cuando explotó el caso Hermosilla, varios de sus protagonistas tenían vínculos con la USS. Entonces como Decano de la Facultad de Derecho figuraba Andrés Chadwick, y la entonces ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, ejercía como académica, al igual que su par del máximo tribunal Jean Pierre Matus. También estaba allí el ex ministro de Vivienda, Felipe Ward, quien ocupaba el cargo de vicerrector de la sede de Santiago. Y Manuel Guerra era académico desde 2021.
En el plantel también estaban contratados varios dirigentes políticos que habían ocupado cargos durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, como Sebastián Sichel (exministro Desarrollo Social), Julio Isamit (exministro de Bienes Nacionales), Enrique Paris (exministro de Salud), Víctor Pérez (exministro del Interior), Juan José Ossa (exministro Segpres), y Rodrigo Ubilla (exsubsecretario del Interior). También tenían contrato los exdiputados Gonzalo Arenas y Rodrigo Álvarez, ambos de la UDI.
Reportea no pudo confirmar cuántos de ellos forman parte del proceso sancionatorio que lleva adelante la Superintendencia de Educación Superior en contra de la USS. Sí pudimos chequear que uno de los nombres que aparece en la nómina es Arturo Squella, actual senador por Valparaíso y presidente del Partido Republicano.
Squella fue contratado por la USS en 2018, justo cuando venía saliendo del Congreso luego de ejercer como diputado durante ocho años. En la universidad, Squella hizo clases de derecho constitucional y ocupó el cargo de director del Centro de Derecho Público y Sociedad. Hasta ahora no ha trascendido el monto del sueldo que recibía.
Cuando se hizo público que Marcela Cubillos recibía una remuneración de $17 millones, en la Cámara de Diputados se armó una comisión investigadora. A Squella lo citaron como testigo, y entonces los republicanos salieron a defenderlo: “No hay ningún alumno de Derecho de esa facultad que no haya pasado por la sala de clases de Arturo”, indicó el diputado republicano Luis Sánchez, según recogió Radio ADN.
Squella se formó en el Movimiento Gremial de la UC, el principal semillero de la UDI. Militó en ese partido hasta 2019, cuando lo abandonó para engrosar las filas de los republicanos. La prensa política dice que actualmente es uno de los principales orejeros del Presidente José Antonio Kast.
Además de Squella y de Manuel Guerra, en el listado de la Superintendencia también aparece Marcela Cubillos, cuyo sueldo originó la fiscalización. En su momento ella defendió la remuneración que percibía: “En Chile hay libertad de trabajo y de contratación (…) No sé si pretenden que la próxima vez que trabaje en el mundo privado les pida a ellos que me fijen el sueldo”, le respondió a los diputados de izquierda que la criticaban.
Según un reportaje de Radio Biobío, la contratación de Cubillos en la USS incumplió la normativa interna del plantel, el que exige que los académicos regulares posean el grado de magíster, el que Cubillos no tiene.
La polémica influyó en la campaña electoral que Cubillos protagonizó en 2024, cuando competía por ser alcaldesa de Las Condes con el apoyo explícito de Chile Vamos y del Partido Republicano. Perdió esa carrera por 1.846 votos ante la independiente Catalina San Martín.
La polémica contratación de Guerra
El ex fiscal regional oriente, Manuel Guerra, está siendo formalizado desde el pasado lunes 9 de marzo. El Ministerio Público le imputa los delitos de cohecho agravado, violación de secreto y prevaricación. Todo, por su vínculo con Luis Hermosilla. En esa causa penal su contratación en la USS ocupa un rol central.
Los chats entre Hermosilla y Guerra, revelados por reportajes de The Clinic y Ciper, gatillaron la apertura de la investigación, luego de que quedara en evidencia que el exfiscal coordinó con Hermosilla y su socio y amigo Andrés Chadwick, el fin de causas judiciales que perjudicaban a dirigentes de la UDI y del piñerismo.
A juicio de la fiscalía, el arribo de Guerra a la USS fue un premio por el cierre de esas causas, entre las que se cuentan el financiamiento político ilegal de Penta, la utilización de boletas falsas por parte del senador Iván Moreira (UDI) para financiar su campaña, la compraventa de la minera Dominga en la que participó la familia Piñera Morel, y el rol de Santiago Valdés en una campaña electoral de Piñera.
En los chats consta cómo Guerra le solicitaba trabajo a Hermosilla, cuando aún ejercía como Fiscal Regional Oriente. Una de las solicitudes fue su ingreso a la Universidad San Sebastián, lo que finalmente logró. Guerra dejó su cargo en el Ministerio Público el 31 de julio de 2021, y al día siguiente ya estaba contratado en la USS. De hecho, el contrato lo firmó en junio de ese año, mientras aún era fiscal.
Hasta ahora, la fiscalización de la Superintendencia de Educación Superior a la USS no forma parte de la indagatoria penal sobre Guerra, debido a que su tramitación se había mantenido bajo estricto secreto.
Guerra es uno de los nombres que aparecen cuestionados en ese proceso, debido al sueldo que recibía y las condiciones en que fue contratado.
Guerra arribó a la USS percibiendo una remuneración de $6,3 millones brutos, por una jornada de trabajo parcial. Según la versión de Guerra ante la fiscalía, su llegada a la universidad la coordinó con Luis Cordero Barrera, entonces presidente de la junta directiva del plantel, quien falleció en junio de 2024. En todo caso, en su chat con Hermosilla, Guerra afirma que Andrés Chadwick había conversado con los directivos de la USS sobre su llegada.
La USS comparte fundadores con la UDI, y durante varias décadas ha sido un plantel estrechamente ligado con el gremialismo. Chadwick era uno de los amigos cercanos de Luis Cordero, con quien además compartió la propiedad de la sociedad Asesoría e Inversiones Copra cuando fue fundada en 1986.
Cuando la Fiscalía de Arica, a cargo de la indagatoria sobre Guerra, le preguntó a la USS por la contratación del ex fiscal, la respuesta institucional fue que esa había sido una decisión del decano de la Facultad de Derecho durante 2021, José Hipólito Zañartu, pero él negó esa versión en entrevista con The Clinic: “¿Efectivamente él llegó cuando yo era decano? Sí, yo era el decano. Ahora, ¿Yo solicité con nombre y apellido la contratación a Manuel Guerra? No, ¿Quién la solicitó? No tengo idea”.
Durante la formalización de cargos, la fiscalía dijo sobre Guerra que, cuando fue persecutor «dejó de velar por el Estado de Derecho». El Ministerio Público solicitó para él la medida cautelar de prisión preventiva. En esa misma causa figura como imputado Andrés Chadwick, tal como informó Reportea, aunque sobre él no hay fecha para una posible formalización.
Actualmente la Universidad San Sebastián es una de las privadas más grandes del sistema. En 2025 registró una matrícula de 50.952 alumnos, entre pre y postgrado, y posee sedes en Santiago, Concepción, Valdivia y Puerto Montt.
Cuando en los próximos días la Superintendencia de Educación Superior fije la sanción que impondrá a la USS, el plantel tendrá 20 días para pedir una reconsideración. Las fuentes de la universidad consultadas por Reportea, no descartaron acudir a tribunales para intentar dar vuelta el pronunciamiento del ente regulador de la educación superior.
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