El 20 de octubre de 2021, justo un mes antes de la primera vuelta presidencial y de las elecciones parlamentarias de ese año, el entonces convencional constituyente Martín Arrau presentó una denuncia ante la fiscalía: entregó un dossier de 33 páginas en el que se daba cuenta de la existencia de cuentas bancarias secretas en el extranjero de dirigentes políticos como Michelle Bachelet, Mario Desbordes y Álvaro Elizalde.
Según la denuncia, los documentos entregaban “detalles específicos de supuestas cuentas bancarias y movimientos” en países considerados paraísos fiscales, como Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán y las Seychelles, entre otros, además de movimientos bancarios “con saldos de hasta” US$26,7 millones.
La misma denuncia enumeraba la lista de dirigentes políticos y autoridades involucradas. Además de las ya mencionadas, allí también figuran el senador Pedro Araya y su pareja la exministra Javiera Blanco; el ex Fiscal Nacional Jorge Abbott, los exsenadores Guido Girardi, Alejandro Guillier y Alejandro Navarro; el exministro del Interior, Rodrigo Peñailillo; la exdiputada Carmen Hertz; y el excandidato presidencial Marco Enríquez-Ominami.
Pero todo era mentira. La investigación que desarrolló la fiscalía a partir de la denuncia de Arrau concluyó que las supuestas cuentas no existían. En agosto del año pasado la causa se cerró sin culpables.
El episodio lo revivió Mario Desbordes, actual alcalde de Santiago, la semana pasada en entrevista con La Segunda, a partir del nombramiento de Arrau como nuevo ministro de Seguridad: la “denuncia de Arrau en 2021 en mi contra fue una operación política sucia”, aseguró el alcalde.
En la misma entrevista indicó que obtuvo cierta información sobre los responsables del montaje, pero que le faltaron pruebas: “Logramos obtener más o menos información de quiénes estaban detrás. Hubo empresarios, políticos de derecha involucrados. Y el problema era la prueba, cómo demostrar quiénes fueron los que estuvieron involucrados”.
Quien emerge como una figura clave en esta historia es Roberto Ossandón —69 años, abogado, fundador de RN, hermano del senador Manuel José Ossandón y de la diputada Ximena Ossandón—. En conversación con Reportea aseguró conocer el origen del informe que utilizó Arrau para presentar su denuncia ante la fiscalía.
Durante las averiguaciones realizadas por algunos de los involucrados para reconstruir el origen del dossier falso, el nombre de Ossandón apareció mencionado en distintas ocasiones, según confirmaron a Reportea tres personas aludidas en el informe.
Según aseguró Ossandón, los mismos empresarios que financiaron el dossier que se habría encargado a una agencia en Estados Unidos, serían quienes le entregaron una copia a Martín Arrau para que lo presentara en fiscalía.
Hasta ahora el actual ministro Arrau no ha explicado cómo consiguió el documento que contenía la información falsa. No lo hizo en la indagatoria del Ministerio Público porque no fue llamado a declarar, y tampoco lo ha hecho públicamente.
Su equipo de prensa no contestó los mensajes enviados por Reportea para conocer su versión.
El origen del informe falso, según Ossandón
Roberto Ossandón dice que el informe fue encargado a una agencia con sede en Miami, la que estaría compuesta por ex agentes del FBI. Relata que un hombre que no conoce lo contactó para pedirle que ayudara a financiar ese trabajo, pero que él no accedió.
— Estos son informes que se pueden contratar con unas compañías especiales en Estados Unidos. Estas compañías, al parecer, son ex gente de investigaciones (FBI). Estados Unidos tiene una norma que le permite abrir todas las cuentas de todos los bancos en el mundo. Para seguir todo lo que es la droga, lo que es todo el mercado negro. Esa norma la maneja solamente un departamento especial de investigaciones del FBI. Pero hay unos personajes que son ex, y ellos tienen la fórmula de cómo ingresar a estas plataformas, y a ellos se los contrata. Y es una agencia formal. Se contrata y ellos hacen los informes de las personas que tú pidas, indicó Ossandón.
La afirmación de Ossandón requiere contexto. La Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el Extranjero (Fatca), promulgada en Estados Unidos en 2010, obliga a entidades financieras extranjeras a reportar información bancaria de ciudadanos estadounidenses. Eso no implica que ese país pueda acceder libremente a todas las cuentas bancarias del mundo.
¿Cuánto costó el informe?
— No tengo la menor idea. Yo no tenía ningún detalle. Si fueron a hablar conmigo para ver si yo podía tener algunos nexos para conseguir plata. Y por lo que me informaron después, por casualidad, es que habrían sido unos personajes del norte. Punto. No tengo los nombres. Sí me iban informando de los pasos que se estaban dando.
¿Quién te informaba de esos pasos?
— Un señor que me llamaba, y que no lo conozco. Que no tengo idea quién será.
La misma persona que te pidió ayuda para poder financiar el informe
— Claro, claro. No supe más de él.
¿Y de este señor no te acuerdas ni siquiera del nombre?
— No.
Arrau tenía confianza en ese informe, ¿No?
— Absolutamente, porque sino no lo presentas. Él hizo la denuncia. Por algo la hizo. El mismo señor que había ido a verme me informó que le habían entregado el informe a Arrau.
La denuncia de Arrau
La denuncia está fechada el 20 de octubre de 2021 y tiene la firma de Martín Arrau García-Huidobro, ingeniero civil industrial, exintendente del Ñuble, ex militante UDI y actual republicano, y un hombre de confianza del Presidente José Antonio Kast. Desde la semana pasada es el nuevo ministro de Seguridad.
“Considerando el aumento de hechos de corrupción e interferencia de organizaciones externas o de crimen organizado en nuestras instituciones, nuestro deber ciudadano de contribuir en la construcción de un país justo y libre, y por mi obligación de denunciar como funcionario público (…) es que remito a usted antecedentes contables que se me hicieran llegar de manera anónima, por lo que no puedo dar fe de su veracidad. En su revisión hay cierta consistencia que amerita, al menos, poner en su conocimiento copia de dichos documentos”, parte el escrito de Arrau dirigido a la Fiscal Regional del Ñuble, Nayalet Mancilla (ver aquí).
Reportea accedió al dossier de 33 páginas que Arrau entregó al Ministerio Público, el que fue construido con minuciosidad para aparentar ser verídico. En él aparecen reportes bancarios idénticos a los que usan los principales bancos del mundo, incluyendo datos como la fecha de la apertura de las supuestas cuentas y nombres y direcciones de sociedades que sí existieron en algún momento en jurisdicciones opacas consideradas paraísos fiscales.
Arrau indicó en su denuncia que “los titulares de dichas cuentas serían personas que ejercen o han ejercido funciones públicas, y por una parte dichos antecedentes no figurarían en sus declaraciones de intereses y patrimonio, y por otra de sentido práctico por los montos y sus carreras profesionales de público conocimiento llama la atención, por cuanto, de ser verídicos estos antecedentes, podrían ser un indicio de situaciones de interés para su fiscalía”.
Los antecedentes que podrían ser de interés para el Ministerio Público incluyen supuestas cuentas bancarias de los hijos de Bachelet en bancos como el National Westminster Bank de Reino Unido, o el Citizens Bank de Estados Unidos, con un balance total de más de US$18 millones; o tres cuentas bancarias que tendrían como beneficiarios al senador Pedro Araya y a su pareja la exministra Javiera Blanco, en bancos de India, Suiza y Finlandia. Sobre Desbordes el informe enumera también tres cuentas bancarias en instituciones de Vanuatu, Alemania y las Seychelles.
El dossier incorpora detalles de las supuestas cuentas bancarias, y de las sociedades off shore que las controlarían, además de balances monetarios y poderes que habrían firmado algunos de los involucrados a sus abogados para gestionar las cuentas. Los distintos documentos presentan formatos diferenciados, buscando asemejarse a informes bancarios reales.
La investigación que inició la fiscalía a partir de la denuncia de Arrau ya está cerrada. En agosto del año pasado el Ministerio Público decidió no perseverar luego de que varios bancos nombrados en el informe respondieron las solicitudes de información señalando que las supuestas cuentas no existían.
Historia de una operación
La operación que buscó culpar a un grupo de dirigentes de poseer cuentas secretas en paraísos fiscales, en un año electoral, se buscó instalar por dos vías, primero la mediática: el 4 de enero de 2021 se publicó el reportaje “Las cuentas secretas de la política chilena” en el portal web Primer Informe, propiedad del periodista venezolano radicado en Miami, Casto Ocando, quien se caracteriza por publicar información crítica sobre el régimen venezolano.
En Chile la información fue difundida por cuentas anónimas en redes sociales, pero no alcanzó repercusión en medios de comunicación. Solo El Libero entrevistó al autor del reportaje, quien aseguró poseer documentos que respaldaban sus afirmaciones. En febrero la misma información fue republicada por el periódico venezolano El Nacional, y tampoco hubo repercusión en Chile.
Ocho meses después se activó el camino judicial cuando Martín Arrau presentó su denuncia ante la fiscalía, un mes antes de las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2021.
A pesar de que el abogado Roberto Ossandón Irarrázabal asegura no recordar quién lo contactó para pedirle dinero para financiar la elaboración del informe, sí recuerda con precisión otros antecedentes, como que la información se le entregó al periodista venezolano.
Durante la conversación con Reportea, Ossandón menciona dos veces que el financiamiento para el informe provino de empresarios mineros del norte, de quienes no conoce los nombres.
“Me parece que salió plata de unos empresarios del norte, mineros. Que estuvieron dispuestos a poner una plata, les cobraron tanto y se hizo el informe. Y ahí apareció Heraldo Muñoz, apareció Navarro, Desbordes, y apareció la Michelle Bachelet. La peor de todas, la Michelle”, dice Ossandón.
¿Ese informe pasó por tus manos en algún momento?
— No, no. Yo recibí la publicación (el reportaje). Yo sí sabía que la estaban preparando. Estaban preparando todos los antecedentes y se los mandaron a este periodista. Eso sí sabía yo, pero sin conocer al periodista, sin conocer nada.
¿Y estos empresarios del norte que pagaron por ese informe, quiénes son?
— No tengo la menor idea.
Pero a ti te pidieron dinero para financiar ese informe, me imagino que conoces a la persona que te pidió esos recursos
— No, no lo conocía para nada. Absolutamente para nada. Para nada, para nada, para nada.
¿Y no te acuerdas cómo se llama?
— No. Y el gallo le perdí la vista. Nunca más supe de él. Pero sí se comprobó todo lo que había dicho, que se había hecho un informe, que se iba a publicar, que lo iban a pasar en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Eso sí.
Mario Desbordes acusa que al periodista le pagaron por publicar esa información
— No, no, no. Lo que se pagó fue todo el proceso de información. Y esa una vez que estuvo la información entera, se le pasó al gallo.
Mario Desbordes, Heraldo Muñoz y las otras personas que aparecen mencionadas en ese informe dicen que todo es mentira. Incluso presentaron querellas
— Eso fue un puro show. Si tú te fijas, no hay ningún imputado por esa querella. No se comprobó que fake news ni nada, y no hay nadie que se haya determinado como responsable por estas publicaciones. El problema fue que cuando presenta la denuncia Arrau, designan a un fiscal y a ese fiscal lo hacen desaparecer. Primero radicaron la investigación en Chillán y después la cambiaron a Punta Arenas. Y ahí le perdieron todo el nexo a todos. Y después creo que al fiscal lo cambiaron a Santiago, pero no existe ya.
Eso que dice Ossandón no es preciso. Cuando Martín Arrau presentó la denuncia, la Fiscal Regional del Ñuble, Nayalet Mancilla, envió un oficio a la Fiscalía Nacional ya que uno de los denunciados era el entonces jefe máximo del Ministerio Público, Jorge Abbott, y según las normas de la fiscalía cuando eso ocurre debe realizarse un sorteo para que un fiscal regional se haga cargo de la indagatoria. El sorteado fue Eugenio Campos, quien entonces lideraba la fiscalía en Magallanes. Campos efectivamente fue trasladado a Santiago, ya que actualmente ocupa el cargo de jefe anticorrupción del organismo.
Las versiones de Roberto Ossandón
El abogado Roberto Ossandón insiste en que el contenido del informe presentado por Martín Arrau a la fiscalía es real.
“El Consejo de Defensa del Estado no se metió, ¿Te fijas? Cuando saben de esta cuestión, también lo hacen humito, porque estaban metidos de todos los lados… A ver, ¿Me podrías explicar cómo la señora Bachelet tiene departamentos en Buenos Aires, unas estancias enormes en Paraguay? ¿De adónde? ¿Cómo?”, se pregunta.
Es la primera vez que escucho eso. ¿Está comprobado? ¿Hay datos sobre esas propiedades?
— Todo, obvio, obvio. Y se sabe de dónde salieron las platas. Fueron los chinos, con todas las centrales termoeléctricas en el norte, todas. Y quien negoció fue Caval. ¿Te acuerdas de Caval? Es cosa de leer el informe, ahí está clarito. ¿Cuánto desmiente de eso Desbordes? Nada.
Es importante aclarar que no existe información pública que respalde la afirmación de que la Presidenta Bachelet posee propiedades en Argentina o en Paraguay. Tampoco hay termoeléctricas en el norte de Chile que sean propiedad de empresas chinas, ni existen registros que sustenten la acusación de que Caval negoció eventuales pagos por proyectos energéticos.
El año pasado el abogado Ossandón estuvo involucrado en la difusión de una alerta que resultó ser falsa. Según reveló La Tercera, se contactó con los ministros de la Corte Suprema Arturo Prado y Manuel Valderrama para advertirles que el entonces presidente del máximo tribunal, Ricardo Blanco, integraba una lista de autoridades que serían blanco de un ataque.
Esa información generó un despliegue de seguridad que involucró a las policías y a la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), pero resultó que la información no era verídica.
Según le dijo Ossandon a Reportea, en la supuesta lista de autoridades que podían ser víctimas de un atentado, también estaba el entonces candidato presidencial José Antonio Kast. Asegura que ese antecedente explica que el republicano utilizara paneles blindados durante sus actos en lugares públicos.
“A mí estas cosas me llegan. Por algo el señor Kast estaba con vidrios transparentes contra balas en todas las últimas manifestaciones”, asegura el abogado.
¿Te llegó alguna alerta sobre eso?
— Eso salió publicado en el diario. Me citaron de la fiscalía. Estaban en la lista el presidente de la Corte Suprema, y efectivamente la Corte Suprema no tenía ninguna medida de seguridad.
¿Y esa misma alerta incluía al entonces candidato Kast?
— También. Exactamente. El otro era el alcalde Luksic. Estaba Cote, mi hermano, el presidente de la Suprema, y otros que no me acuerdo. Eso fue por teléfono. Y yo alerté al presidente de la Suprema, dejó la crema el presidente de la Suprema, abrieron un proceso y me citaron en la fiscalía a declarar. Y yo le dije, mire, yo recibo muchos llamados por teléfono. Algunos me dan más veracidad. Pero yo prefiero pasar información porque si es real, es grave que pueda pasar.
Me imagino que alertaste al comando para que tomaran precauciones…
— Lógico.
¿Cómo se advirtió al comando presidencial de Kast el año pasado para que tomaran precauciones?
— Un llamado por teléfono. Yo no le avisé a él directamente, pero indirectamente sí, le llegó la información.
¿Por qué estas personas confían en ti y te cuentan estas cosas?
— No tengo idea. Pero esto no es de ahora, es desde hace muchos años. Muchas cosas delicadas, que me llaman distintos personajes, yo les contesto a todos, y me dicen ‘mire, sabe qué, puede pasar esto’.
Según su versión, también fueron personas anónimas quienes lo fueron actualizando sobre el informe que se habría elaborado en Miami y que involucraba a dirigentes políticos chilenos en una trama de supuestas cuentas secretas en el extranjero.
Las afirmaciones de Ossandón sobre el origen del informe no han podido ser verificadas. La fiscalía comprobó que las cuentas bancarias que aparecen en el dossier no existen. Las explicaciones que entrega el abogado sobre sus contactos con quienes habrían encargado ese informe no aportan ningún nombre que permita calibrar la credibilidad del autor o los autores. El actual ministro Arrau tampoco ha explicado cómo consiguió el informe antes de entregarlo al Ministerio Público.
Si todo se trató de un montaje, hay preguntas que siguen sin respuesta: quién elaboró el informe de 33 páginas con información falsa, quién se lo entregó a Martín Arrau y quién financió la operación. El abogado Roberto Ossandón puede ser la pieza clave para despejar esas interrogantes.
