Justo cuando en la Superintendencia de Educación Superior se estaba definiendo la sanción que se impondría a la Universidad San Sebastián (USS), el gobierno optó por descabezar la institución.
A fines del año pasado el regulador de la educación superior formuló cargos a la USS por las contrataciones y pagos por fuera de sus normas internas a más de 15 personas políticamente expuestas, entre las que aparecen Marcela Cubillos, el exfiscal Manuel Guerra y el senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella.
Después de esa formulación, la universidad presentó sus descargos y el proceso estaba listo para cerrarse, pero no ocurrió.
Cuando a mediados de marzo Reportea reveló la existencia del proceso sancionatorio, el gobierno solicitó la renuncia inmediata del entonces Superintendente de Educación Superior, José Miguel Salazar, argumentando pérdida de confianza.
Casi dos meses después, la sanción aún no ha sido fijada. La superintendenta subrogante, Daniela Poblete, indicó que “el proceso está en curso, sin cierre aún (…) debemos garantizar el debido proceso”, señaló.
La investigación comenzó en octubre de 2024, cuando El Mostrador reveló que la exdiputada Marcela Cubillos recibía un sueldo de más de $17 millones, el que se mantuvo incluso mientras residía en Madrid. Desde el interior del plantel se indicó que se trataba de un sueldo político que no tenía relación con una contraprestación concreta de Cubillos a la universidad.
A medida que la indagatoria avanzó, se fueron sumando nombres de personas que habrían sido contratadas en medio de irregularidades. 19 meses después de iniciada la investigación, se desconocen los nombres de todos los involucrados, ya que el expediente sancionatorio se mantiene bajo reserva.
Aunque oficialmente desde la USS indicaron que no se iban a referir al tema, fuentes directivas del plantel señalaron a Reportea que la universidad recibió consultas de la Superintendencia por las condiciones de contratación de dirigentes políticos como los ex ministros del Interior Andrés Chadwick y Víctor Pérez, además del actual alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel.
En la mira del regulador también estuvieron los ex ministros Juan José Ossa, Julio Isamit y Enrique Paris, además de los ex subsecretarios Arturo Zúñiga y Rodrigo Ubilla. Todos ellos ejercieron cargos públicos durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera.
Que la universidad haya recibido consultas sobre estas ex autoridades de gobierno, no significa que aparezcan en el informe de formulación de cargos enviado por la Super de Educación Superior a la USS a fines del año pasado.
En todo caso, según pudo confirmar Reportea con fuentes al interior de la universidad, el informe concluye que en las contrataciones de más de 15 personas políticamente expuestas no se respetaron los requisitos establecidos por las normas internas del plantel para acceder a cargos académicos o directivos.
El mismo cuestionamiento se extiende al pago de remuneraciones a esas personas.
Investigaciones paralelas en fiscalía y la Contraloría
La indagatoria de la superintendencia sobre los pagos políticos de la USS se abrió luego de que los diputados socialistas Daniel Manouchehri y Daniella Ciccardini presentaron una denuncia. La dupla parlamentaria hizo lo mismo ante la fiscalía, la que en sigilo activó una indagatoria penal a fines de 2024.
Desde la Fiscalía Regional Occidente, donde se tramita la investigación, indicaron a Reportea que “la causa se encuentra vigente y con diligencias pendientes. No nos referimos a ella para resguardar el secreto de la investigación”.
Un tercer flanco que enfrenta la USS se desarrolla en la Contraloría, donde se mantiene activa una investigación por el traspaso de fondos públicos durante el periodo en el que Marcela Cubillos era la ministra de Educación.
En la Contraloría aseguraron a Reportea que la indagatoria avanza sin fecha clara de término: “No se puede establecer aún el plazo de entrega porque depende de los antecedentes que van surgiendo en la misma investigación”.
Un reportaje de Ciper reveló que solo entre agosto de 2018 y marzo de 2020, periodo en que Cubillos ejerció como ministra de Educación, la universidad recibió $1.479 millones de la subsecretaría del ramo por programas de formación docente y asesorías técnicas.
En total, durante la segunda administración del Presidente Piñera, la USS recibió más de $7 mil millones desde distintos ministerios. A esa cifra habría que sumar los pagos que percibe por créditos estudiantiles, como el CAE, y por concepto de becas y fondos concursables.
Pagos políticamente expuestos
Existe otra indagatoria penal que tiene a la Universidad San Sebastián al centro de su trama. En la arista del caso Hermosilla donde se indaga al exfiscal Manuel Guerra (actualmente en prisión preventiva por cohecho, prevaricación y revelación de secreto), la fiscalía acusa que la contratación de Guerra en la USS fue uno de los pagos que recibió por el cierre de causas judiciales que complicaban al entorno de Luis Hermosilla y Andrés Chadwick.
Allí también figura como imputado Chadwick, quien habría ejercido de nexo entre la universidad y el exfiscal, y que fue uno de los nombres investigados por la superintendencia. Consultado por Reportea, el exministro del Interior indicó que no conocía los detalles del proceso sancionatorio: “Desconozco por completo el informe y si la universidad habrá respondido o no”.
Otro de los nombres cuya contratación fue indagada por el regulador es el de Julio Isamit, exministro de Bienes Nacionales, quien señaló que “no tengo más antecedentes de lo que he visto en redes sociales. Todos los antecedentes han sido solicitados directamente a la USS y respondidos por ellos”.
Juan José Ossa, exministro de la Segpres durante el segundo gobierno de Piñera y quien lideró en la USS el Centro de Políticas Públicas, dijo que durante su paso por el plantel “jamás recibí un sueldo que no se ajustara a las condiciones acordes a lo que corresponde”.
Ossa agregó que creó el Centro de Políticas Públicas “desde cero”, que allí elaboraron 40 estudios sobre “temas muy diversos”, además de la encuesta “Chile nos habla”, y que impartió clases en la carrera de Administración Pública. Sobre sus credenciales académicas para obtener el cargo, indicó que “soy abogado de la Universidad Católica y tengo un Máster en Derecho de la London School of Economics”.
Enrique Paris, exministro de Salud, optó por no referirse al tema, mientras que el exministro del Interior, Víctor Pérez, no respondió los mensajes que se le enviaron para recoger su versión para este reportaje. Lo mismo ocurrió con el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel. Los ex subsecretarios Arturo Zúñiga y Rodrigo Ubilla no pudieron ser contactados.
