El fantasma del quiebre nuevamente ronda al partido de Franco Parisi. Si luego de los exitosos resultados en la elección del año pasado —12% de los votos en la parlamentaria y 14 diputados electos— la dirigencia se conjuró para evitar la fractura del periodo anterior, cuando todos los parlamentarios terminaron renunciando al colectivo, la disputa por el control del PDG amenaza con una nueva división.
La polémica se encendió por la decisión del Tribunal Supremo (TS) de anular las elecciones internas que dejaron con el triunfo a la lista encabezada por Patricio Quisbert, quien compitió con la apuesta apoyada por Franco Parisi. Es la primera vez que una lista alejada del entorno de Parisi se queda con el triunfo. La decisión de anular esa victoria fue impulsada por el presidente del TS, Freddy Figueroa, quien ahora protagoniza una nueva disputa interna.
A través de mensajes anónimos que circulan por correos electrónicos y grupos de Whatsapp del partido, se reveló el prontuario judicial del dirigente, que incluye condenas por violencia intrafamiliar, detenciones por manejar en estado de ebriedad, e incluso una denuncia por abuso sexual infantil. La discusión en el PDG es si ese historial judicial alcanza para anular la decisión del TS.
Al interior del Tribunal Supremo las posturas están divididas. Cuando la situación de Figueroa fue expuesta para discutir su eventual inhabilidad, él mismo se opuso a esa posibilidad, según indica un documento enviado por el vicepresidente de la instancia al Consejo General del partido.
Ese no es el único factor de división. La anulación de las elecciones internas contó con el apoyo de tres de los cinco integrantes del Tribunal Supremo, mientras que los otros dos denuncian que sus correos electrónicos fueron bloqueados cuando no se sumaron a la decisión de anular los comicios.
La lista derrotada por una diferencia de 56 votos está liderada por el actual presidente de la Directiva Nacional: Rodrigo Vattuone, quien busca la reelección de la mano de Zandra Parisi —hermana del ex candidato presidencial— como vicepresidenta. El Tribunal Supremo no ha convocado a nuevas elecciones. Ante la falta de respuestas el presidente de la lista electa, Patricio Quisbert, envió un recurso de reclamación al Tricel el lunes 25 de mayo, mientras se resuelve el conflicto electoral Vattuone continúa siendo el presidente del PDG.
El debate interno en el partido que hoy tiene la capacidad de inclinar la balanza en las votaciones en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo y la oposición lo necesitan para sumar mayoría, no ha parado de agudizarse
El incómodo prontuario del presidente del Tribunal Supremo
El 30 de abril de 2024, Freddy Figueroa fue condenado por una denuncia de violencia intrafamiliar que lo mantuvo con firma mensual por un año, orden de alejamiento de la víctima —su ex pareja— y la suspensión de cargo y oficio público en el periodo de cumplimiento de esta.
Pero, dos días antes de que se dictara aquella condena sustitutiva por la denuncia de VIF, el Consejo General del PDG celebró las elecciones del Tribunal Supremo en que Figueroa salió electo —con la cuarta mayoría: 5 votos, el 11% del padrón compuesto por los 50 consejeros del partido— y dos semanas después asumió el cargo de presidente de la instancia fiscalizadora.
Según los estatutos del partido, los integrantes del Tribunal Supremo “deberán tener una intachable conducta anterior y no haber sido sancionados disciplinariamente por el Partido”, cuestión que ha estado en entredicho desde que se conocieron las denuncias que involucran a Figueroa y que, según afirman dirigentes del PDG, mantienen en tela de juicio la idoneidad del presidente para el desempeño de sus funciones, argumentando una posible inhabilitación debido a la ausencia de una irreprochable conducta anterior.
Y, es que, Figueroa no sólo mantiene una detención por VIF, si no que tiene cuatro denuncias por el mismo delito, dos detenciones por manejar en estado de ebriedad, una por usurpación de nombre y otra por abuso sexual contra menor de edad, según el historial judicial que tuvimos a la vista para este reportaje.
Freddy Figueroa Abarca lleva dos años presidiendo el Tribunal Supremo, órgano compuesto por cinco militantes del partido. Hasta hace unos días nadie tenía conocimiento de las detenciones con las que cargaba, ya que según relata un integrante del TS, cuando se presentaron las candidaturas todos tenían su certificado de antecedente limpio.
Además de la condena de 2024, los registros del Poder Judicial indican que existen, al menos, otras cuatro denuncias por violencia intrafamiliar contra Figueroa, realizadas entre 2019 y 2024.
Reportea tuvo acceso a los registros de otras dos detenciones por manejar en estado de ebriedad. La primera ocurrió en 2011, cuando le suspendieron la licencia de conducir por seis meses. La segunda detención ocurrió de madrugada, cuatro años más tarde, y en razón de una fiscalización fortuita de Carabineros junto al SENDA le aplicaron el alcotest dado su “rostro congestionado e incoherencia al hablar”: tenía 0,64 gramos de alcohol. Fue condenado a pagar una multa.
Según la información que pudo revisar este medio, Figueroa fue denunciado por un delito mucho más grave: abuso sexual a menor de 14 años. Esa causa se menciona en dos recursos de protección que el presidente del TS interpuso en la Corte Suprema, los que fueron declarados inadmisibles. Freddy Figueroa no respondió los mensajes que le enviamos para obtener su versión sobre estos hechos. Esa causa se mantiene reservada en el portal del Poder Judicial.
Además, el actual presidente del Tribunal Supremo registra dos causas civiles de 2017 y 2024, por deudas en las que decretaron embargo por el monto adeudado: $2.821.320 y $2.391.853.
El actual presidente del PDG, Rodrigo Vattuone, quien decidió no referirse a las resoluciones emitidas por el Tribunal Supremo, aseguró no tener conocimiento de los antecedentes que apuntan al presidente del órgano, que podría ser inhabilitado de sus funciones al interior del partido: “Me parece de una bajeza tremenda que se estén difundiendo antecedes personales a partir de una resolución. La bajeza tremenda es por aquellas personas que difunden antecedentes personales a partir de una resolución desfavorable a sus intereses”, dijo a Reportea.
Mientras que Eileen Urquieta, diputada del PDG por Coquimbo e integrante de la lista que había triunfado en la elección interna, afirma que esos antecedentes fueron compartidos por grupos del partido y que: “las directivas regionales expresamente están solicitando con emergencia y urgencia que se pronuncie la secretaria general, Denisse Catalán, para que vean ese tema como Consejo General, como el órgano que tiene toda la potestad de tomar decisiones como, por ejemplo, destituirlo”.
La situación de Figueroa
Estos antecedentes llegaron a los integrantes del Tribunal Supremo —desde un correo electrónico anónimo— donde se planteó revisar la presunta inhabilidad de Figueroa de mantenerse en el cargo de presidente, pero, según indican dos integrantes del organismo, esa revisión nunca se efectuó y tampoco se obtuvo una resolución.
El pasado 15 de mayo el vicepresidente del Tribunal Supremo, Daniel Curilen, envió una carta al Consejo General del PDG denunciando que el mismo Freddy Figueroa no había permitido la discusión respecto de su eventual inhabilidad:
“Se solicitó expresamente que, considerando que la situación discutida decía relación directa con la permanencia y eventual incompatibilidad del actual Presidente del Tribunal Supremo, correspondía citar a un miembro suplente para integrar la sesión y completar el quórum necesario para tratar dicha materia (…) las referidas mociones tratadas en la última sesión, no fueron acogidas por el presidente del Tribunal Supremo, ni por otros dos integrantes, manteniéndose así la participación del propio presidente en deliberaciones y decisiones relacionadas directamente con su situación y eventual permanencia dentro del órgano”, indica esa carta (ver aquí).
Quienes al interior del partido se oponen a la decisión del TS de anular las últimas elecciones, indican que la discusión sobre la eventual inhabilidad de Figueroa no es la única que está pendiente.
Tribunal dividido
Hubo división desde un comienzo. La decisión del Tribunal Supremo de anular las elecciones internas solo contó con el apoyo de tres de sus cinco integrantes. Según el voto de mayoría, el proceso electoral no reunió las condiciones suficientes para dar por válidos sus resultados.
Existen otros documentos, revisados por Reportea, que recogen las objeciones de los dos integrantes del TS que se opusieron a anular la elección de la directiva. Una carta enviada al Consejo General del PDG por Raúl Sanhueza, integrante del tribunal, indica que existen “conflictos de imparcialidad” por parte de una de sus pares.
Se refiere a Jeorgina Silva, quien habría sido la integrante del TS encargada de la revisión exhaustiva de los comicios. Las dudas sobre el actuar de Silva se basan en que ella habría formado parte de la campaña de la lista cercana a los Parisi, la que fue derrotada. O al menos participó de un grupo de Whatsapp de esa lista, como se evidencia en el siguiente pantallazo.
La carta de Raúl Sanhueza hace hincapié en ese antecedente, y señala que el pasado 8 de mayo se advirtió sobre «la participación de la miembro Jeorgina Silva Rojas en deliberaciones y actuaciones relacionadas con el proceso calificatorio, atendida la existencia de antecedentes relativos a eventuales vínculos con una de las listas participantes, advirtiéndose expresamente que su intervención podría afectar la debida imparcialidad y exponer posteriormente las resoluciones adoptadas a cuestionamientos de validez y legitimidad procedimental”. La misiva agrega que ese antecedente no fue considerado (vea aquí la carta).
Otro punto de quiebre ha sido el bloqueo de los correos electrónicos institucionales de dos de los miembros del TS. El mismo Curilén lo denunció en una presentación formal realizada el pasado 17 de mayo ante la Secretaría General del PDG. Allí señala que cuando él y el otro miembro del tribunal que no respaldaron la anulación de las elecciones, Raúl Sanhueza, sus emails fueron bloqueados. “Sin afirmar categóricamente una intención definitiva sin la investigación correspondiente, resulta institucionalmente ineludible dejar constancia de que el bloqueo del correo electrónico en dicho contexto afecta gravemente la transparencia, trazabilidad y regularidad del funcionamiento del Tribunal Supremo”, afirmó Curilen en su presentación.
Ante la anulación de su triunfo, la lista liderada por Patricio Quisbert publicó una declaración en representación de su lista: “Resulta aún más grave que esta resolución haya sido impulsada y suscrita mientras permanecen pendientes solicitudes de inhabilidad respecto de integrantes del propio Tribunal Supremo, entre ellas presentaciones relativas a la participación de una integrante en grupos asociados a una de las listas en competencia, cuestión que jamás fue resuelta antes de avanzar hacia la invalidación de una elección nacional”.
El mismo texto anuncia que la invalidación del proceso solo con tres de las cinco firmas del Tribunal Supremo sugiere una grave crisis de legitimidad institucional y jurídica, por lo que trabajan en la redacción de la reclamación al Tricel.
Eileen Urquieta, una de las diputadas del PDG que respaldan a Quisbert, le dijo a Reportea que “es muy grave lo que ocurrió porque el Servel estaba como ministro de fe. Entendiendo que no se puede disponer y categóricamente disolver una elección sin tener la potestad siquiera de los cinco miembros”.
La diputada hace hincapié en el cambió que querrían las bases: “Desde las regiones surgió una señal clara de cambio, renovación y fortalecimiento territorial del partido y esa voluntad expresada por la militancia merece siempre ser escuchada y sobre todo respetada”, y agrega que pretenden que se agoten las instancia internas para resolver estas elecciones y que se pronuncie el Consejo General, para después acudir a una instancia externa.
Hasta ahora, al menos públicamente, nadie ha puesto sobre la mesa la posibilidad de fraccionar el partido. Ese temor, que albergan quienes hoy dirigen la tienda de Parisi, podría hacerse realidad cuando se resuelva el proceso de elección interna.
Historial de conflictos
El PDG ha sido liderado durante dos períodos consecutivos por simpatizantes de Franco Parisi, fundador y aún candidato presidencial de la tienda
La diputada e integrante de la lista de Quisbert, Eileen Urquieta, apunta a que la invalidación de estos comicios podría ser un nuevo interés de mantener en la directiva a cercanos de Parisi: “No hubo neutralidad. Tengo ejemplos de cómo Parisi, quien había dicho que se mantendría neutral, masificó en su momento folletos invitando a votar por la lista A”.
Por su parte, el diputado Fabián Ossandón, representante de Antofagasta y quien también es parte de la lista que ganó la elección, dice que le preocupa que lo que ha ocurrido pueda ser intervencionismo electoral: “Este intento de invalidación de la elección me parece sumamente preocupante, no es propio de un espíritu democrático y responde a prácticas de la politiquería antigua que no son los valores del PDG”.
En 2024 la entonces diputada Karen Medina presentó una querella contra el primer presidente del PDG, Luis Moreno, por supuestamente haber falsificado firmas para asumir la representación legal del partido.
La causa aún no tiene una condena y el Ministerio Público sigue realizando diligencias, una de las cuales fue el levantamiento del secreto bancario de Moreno, quien actualmente ejerce como asesor de la diputada Lilian Betancourt, representante de las provincias de Arauco y Biobío.
Durante el periodo de Moreno, la totalidad de los diputados electos por el partido en 2021 renunciaron a la tienda. En diciembre de 2022 tres diputados presentaron la renuncia definitiva del partido: Yovana Ahumada, entonces jefa de la bancada, Víctor Pino, subjefe de la bancada y Roberto Arroyo, acusando prácticas autoritarias y abandono de la directiva en las negociaciones del proceso constituyente.
La representación del PDG terminó por disolverse con la polémica expulsión de Gaspar Rivas al apoyar a Karol Cariola (PC) para presidir la cámara baja y sus negociaciones con el entonces Ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, para obtener el cargo de vicepresidente del hemiciclo. Cuatro meses después —agosto de 2024— renunció la única diputada que quedaba representante del partido: Karen Medina.
Casi dos años después, Medina le dijo a Reportea que no le sorprende lo que actualmente sucede con la invalidación de las elecciones: “Él [Parisi] necesita tener el dominio del partido y como sabe que las otras listas van a ser “oposición” o no van a hacer todo lo que él dice, tiene que meter a alguien ahí (Directiva Nacional)”.
La lógica sugiere que: o están del lado de Parisi o no están en el partido, dice la ex diputada Medina, quien además destaca que el PDG nació siempre con gran apoyo regionalista. “Él no deja crecer a otros líderes que también pueden hacer muy bien la pega, como en regiones. Es una actitud que se ha mantenido en el tiempo, siempre buscan repetir las elecciones, anular y repetir, siempre justificando por faltas administrativas”.
