El 1 de marzo de 2024, nueve días después de ser secuestrado desde su departamento en la comuna de Independencia, el cuerpo del exmilitar venezolano Ronald Ojeda fue encontrado enterrado en una toma de Maipú, dentro de una maleta y bajo una capa de cemento. Por las características del crimen y su alto nivel de planificación, el Ministerio Público orientó su investigación hacia integrantes de una organización criminal: el Tren de Aragua.
En ese contexto, y ante la necesidad de entender cómo se concretó una operación de tal sofisticación en territorio chileno sin ser detectada por las autoridades, el abogado y exfiscal Gonzalo Yuseff —quien fue director de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) entre 2010 y 2014— se convirtió en una voz recurrente en los medios de comunicación.
En una entrevista con el diario El Mercurio de Valparaíso, señaló que lo ocurrido con Ojeda “tiene un carácter propagandístico y, cerca de las elecciones (en Venezuela), no deja de ser un elemento a considerar, visto desde una perspectiva más estratégica (…). Es un acto propagandístico o buscan enviar una señal, pero todo eso está marcado por las elecciones”.
Luego, en conversación con Tomás Mosciatti en Radio Biobío, respondió a la pregunta de si Chile estaba preparado para combatir el crimen organizado: “Desde un punto de vista moral, estamos preparados. En Chile tenemos instituciones sanas. Es muy difícil, por no decir imposible, corromper a un fiscal o a un ministro de la Corte de Apelaciones. Las policías también (…). Hay un nivel importante de honestidad que debe ser la base para enfrentar esta amenaza”, respondió el exdirector de la ANI.
“Recuerdo que hace unos dos años me llamaban (de los medios) para hablar de estos temas, del cartel de Aragua, y yo no sabía ni de qué estaban hablando. Eso fue hace muy poco. Ahora sabemos que el Tren de Aragua está instalado y ejecuta acciones de manera regular que comprometen la seguridad nacional”, agregó en la entrevista realizada en marzo de 2024.
Dos años más tarde, el diagnóstico de Gonzalo Yuseff adquirió un matiz inesperado. Dejó de ser una voz externa que analizaba el avance del Tren de Aragua y pasó a ocupar otro lugar: el de defensor privado de Carlos Romero, un ciudadano chileno vinculado a una banda que, según una investigación en curso de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, forma parte de esa misma organización criminal.
El delito: asociación ilícita y trata de personas con fines de explotación sexual. Durante años, el grupo criminal reclutó a jóvenes extranjeras, algunas menores de edad, con el objetivo de explotarlas sexualmente en el centro de Santiago. Las amenazaban y obligaban a realizar servicios sexuales, junto con pagar millonarios montos.
La fiscalía logró rescatar a un grupo de mujeres y, para resguardarlas de la banda, fueron sacadas de Chile y enviadas a otros países. Gracias a sus testimonios, se logró avanzar en la investigación. “Nos amenazaban que si nos escapábamos, nos iban a matar a nosotras o a algún familiar de nosotras (…) Yo soy una niña todavía, solo tengo 18 años, me fui de mi casa, me siento mal por haber hecho esto tan niña. Pude estudiar y pudo haber sido diferente”, declaró una de las víctimas.
¿Cómo un exdirector de la ANI termina siendo abogado de un integrante de ese grupo criminal? Al ser consultado por Reportea, Gonzalo Yuseff señaló que está convencido de que su cliente es inocente. No reveló quién financia la defensa particular de Carlos Romero: “Esa información la tengo que reservar por secreto profesional”, indicó.
Los caminos de Yuseff
La vida de Gonzalo Yuseff ha estado marcada por su vínculo con el derecho y la política. Su padre, Gonzalo Yuseff Sotomayor, fue uno de los fundadores del partido Renovación Nacional (RN) en 1983 y resultó electo diputado en las elecciones parlamentarias de 1973, meses antes del golpe de Estado.
Siguiendo esa trayectoria, Yuseff estudió Derecho en la Universidad de Valparaíso, de donde egresó en 1997. Años más tarde, cursó un magíster en Lógicas y Filosofía de las Ciencias en la misma casa de estudios. Durante su etapa universitaria, se integró a la juventud de RN, donde conoció y entabló una relación cercana con Rodrigo Hinzpeter, exministro del Interior y actual director y ejecutivo del Grupo Luksic.
En 2001, trabajó como jefe de comando en la campaña que buscaba posicionar a Sebastián Piñera —entonces presidente de RN— como candidato a senador por la Quinta Región Costa. Sin embargo, tras un acuerdo político, Piñera declinó su candidatura. Esa decisión marcó un punto de inflexión para Yuseff, quien comenzó a reorientar su trayectoria.
En 2005, tomó una decisión: abandonar la política para ejercer como abogado. Renunció a su militancia en RN e ingresó al Ministerio Público como fiscal en Viña del Mar, Quintero y Quillota. Allí, rápidamente ganó notoriedad al liderar la captura de Sergio Espinoza, conocido como el “violador de Reñaca”.
Luego, en marzo de 2010, cuando el presidente Sebastián Piñera asumió su primer mandato, Yuseff dejó la Fiscalía y fue nombrado director de la ANI. En ese cargo, una de sus investigaciones más conocidas fue el denominado “Caso Bombas”.
Tiempo después de su salida de la ANI en 2014, Gonzalo Yuseff se desempeñó como defensor privado en diversas causas en las regiones Metropolitana y de Valparaíso. También mantuvo vínculos con el Gobierno durante el segundo mandato del presidente Sebastián Piñera. Entre abril y diciembre de 2019, fue contratado a honorarios para asesorar al entonces ministro de Defensa, Alberto Espina, en materias de defensa nacional, asuntos políticos y elaboración de informes en el ámbito penal, entre otras funciones. Por esta labor, recibió un sueldo mensual de $4.500.000, según datos publicados por la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas.
Años más tarde, Gonzalo Yuseff intentó retomar su carrera política y se presentó como candidato a consejero constitucional por la Región de Valparaíso, en calidad de independiente dentro de un cupo de Evópoli. Durante la campaña, centró su discurso en temas de seguridad.
“Tengo una trayectoria más vinculada a la seguridad que a la política. Fui fiscal del Ministerio Público por muchos años, director de la Agencia Nacional de Inteligencia y luego abogado penalista, por lo que conozco los problemas en esta materia”, señaló en una entrevista.
El único chileno de la banda
A principios de 2022, la fiscal Carolina Suazo, de la Fiscalía de Alta Complejidad Centro Norte, inició una investigación por asociación ilícita y trata de personas con fines de explotación sexual en contra de 12 hombres que estarían vinculados al Tren de Aragua: siete venezolanos, tres colombianos, un cubano y un chileno, Carlos Romero, de 40 años.
El Ministerio del Interior y el Instituto Nacional de Derechos Humanos presentaron querellas en apoyo a la acusación del Ministerio Público y, en julio de 2022, los imputados quedaron en prisión preventiva. Según antecedentes de la investigación, la banda captaba a mujeres en sus países de origen u otros, promoviendo y facilitando su ingreso irregular a Chile a través de pasos fronterizos no habilitados. Una vez en el país, eran obligadas a prostituirse en el centro de Santiago, en departamentos ubicados en las cercanías de la Plaza de Armas, en calle Huérfanos y en el Portal Fernández Concha.
De acuerdo con el testimonio de seis víctimas rescatadas por la Fiscalía —todas venezolanas, de entre 17 y 22 años—, el grupo criminal también las obligaba a realizar tres pagos. El primero era una “multa” de entre $3 y $5 millones por haberlas trasladado a Chile. A esto se sumaba un pago inicial de $50.000 para comenzar a trabajar en la plaza y, posteriormente, entre $60.000 y $80.000 semanales por el uso de un espacio en el lugar donde eran explotadas sexualmente. Si no cumplían con estos cobros, eran amenazadas con golpizas, asesinatos o con represalias contra sus familias.
Una de ellas, de iniciales R.O. y madre de una niña de un año, declaró que desde Venezuela coordinaron su ingreso al país. Fue trasladada por pasos irregulares a través de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile. Le prometieron un trabajo estable, por lo que aceptó, motivada por la necesidad de mantener a su hija. Sin embargo, tras llegar al centro de Santiago, advirtió que había sido engañada. En ese momento fue obligada a prostituirse y a pagar una “multa” de $5 millones por el traslado.
“Dos sujetos la subieron a un auto blanco, le cubrieron los ojos y la trasladaron a una casa donde le indicaron que debía permanecer, ya que pasarían por ella a las 9 de la mañana. Desde ese día, la recogían a la misma hora para llevarla a la Plaza de Armas, lugar donde fue sometida a explotación sexual para pagar la multa, recibiendo instrucciones sobre los montos que debía cobrar a los clientes y los lugares donde debía llevarlos (…). La amenazaban mostrándole armas de fuego y diciéndole que, si hacía algo indebido, la matarían”, detalla un documento de la fiscalía.
Durante la investigación también se estableció que dos funcionarios de la PDI filtraban información a la organización criminal sobre la ubicación de las víctimas rescatadas y otros antecedentes relevantes, obtenidos desde sistemas informáticos reservados.
Carlos Romero, por su parte, se encargaba de recibir transferencias de dinero en su CuentaRUT del BancoEstado, además de promover y facilitar “las conductas constitutivas de trata de personas con fines de explotación sexual y de ingreso ilegal a Chile, cuando las víctimas eran captadas fuera del país; así como de prestar cobertura y vigilancia en otras actividades de la organización criminal”, según un documento de la fiscalía.
Entre 2021 y 2023, Romero recibió cerca de un millón de pesos en transferencias de distintas personas, de acuerdo con un informe de la Brigada Investigadora de Trata de Personas Metropolitana de la PDI. La mayoría corresponde a pagos de entre $25.000 y $50.000 por servicios sexuales y a cobros exigidos a las víctimas.
En sus declaraciones ante la PDI, la mayoría de los autores de las transferencias afirmó no recordar a Carlos Romero ni los pagos realizados, debido al tiempo transcurrido y a que eran clientes habituales de servicios sexuales. No obstante, algunos reconocieron haber acudido a los departamentos vinculados al caso.
“Recuerdo que, en una oportunidad, el encuentro con una mujer venezolana fue en un edificio ubicado en calle Huérfanos. Me di cuenta de que era un lugar ‘caliente’: en los ascensores se veía todo tipo de personas (…). La mayoría de las mujeres eran venezolanas y no tenían cuentas bancarias propias (…). Ellas verificaban el pago al mostrarles el comprobante en el teléfono, donde aparecía como realizado con éxito a la cuenta que me indicaban. Pagué $50.000 por una hora de servicio (…). Había alrededor de tres mujeres que también se dedicaban al comercio sexual; la dinámica era que uno entraba a la sala y elegía con quién pasar a la habitación”, declaró un hombre de 33 años ante la PDI.
Al momento de la detención de la organización, Carlos Romero quedó en prisión preventiva en el C.D.P. Santiago Uno. Durante el proceso judicial, al igual que los otros imputados, contó inicialmente con defensa privada. Sin embargo, en noviembre del año pasado, su abogada presentó su renuncia ante el 4° Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, señalando que Romero “no cuenta con recursos suficientes para solventar una defensa privada”, según consta en el expediente.
Con el cambio de defensa, Gonzalo Yuseff asumió la representación de Romero. Una de sus primeras acciones fue solicitar la revisión de las medidas cautelares. En un escrito presentado el 15 de enero de este año, Yuseff sostuvo que su representado no cumplía con los requisitos para permanecer en prisión preventiva:
“A diferencia del resto de los acusados, mi representado es chileno, mientras que los demás son venezolanos. Su vinculación con los hechos no se refiere a la ejecución de acciones propias de los delitos imputados. No interviene en el traslado de las víctimas ni participa en la administración o dirección de la organización ilícita. Lo que lo vincula es haber recibido depósitos en su cuenta en favor de víctimas de explotación sexual”.
“Tal como consta en la investigación, mi representado es pareja de una ciudadana venezolana vinculada con los acusados desde 2022. Incluso viajó con ella a su país de origen en busca de sus hijos menores. En ese contexto, y como ha señalado, recibió depósitos con el argumento de que los destinatarios, extranjeros sin cuentas bancarias habilitadas, recibirían posteriormente ese dinero. Esto no es inusual entre migrantes en situación irregular. Además, mi representado es un trabajador con ingresos estables, que percibía $2.800.000 mensuales desde 2019 en una empresa de transporte. Los montos recibidos no superan el millón de pesos”, añadió en el escrito.
Sin embargo, el tribunal decidió mantener la prisión preventiva. Yuseff apeló ante la Corte de Apelaciones de Santiago, que confirmó la medida. Actualmente, Romero permanece en el C.D.P. Santiago Uno y su caso está actualmente en juicio oral.
“Hay un sujeto injustamente preso”
Reportea se contactó con Gonzalo Yuseff para conocer más antecedentes de la causa y sobre su defensa particular de Carlos Romero. Por teléfono, aseguró que una persona, a quien conocía por razones familiares, le comentó sobre el caso.
—Alguien me cuenta que hay un sujeto injustamente preso, con unos pocos depósitos que recibió en su cuenta, y que lleva tres años privado de libertad. Yo le digo a esa persona, cuyo nombre no voy a dar, que eso no pasa en Chile. Me insiste y le pido que me envíe los antecedentes. Al revisarlos, me parece que lo que decía era bastante plausible, en el sentido de que no había antecedentes que vincularan a este ciudadano chileno, el único en la causa. Luego, asumo su representación en la etapa de juicio, cuando efectivamente me convenzo de que don Carlos está involucrado de manera injusta en este asunto.
—Esta causa podría estar relacionada con el Tren de Aragua, ¿no le llamó, al menos, la atención por su pasado en la ANI?
—Obvio que me llamó la atención. Es una organización que no conozco profesionalmente, porque estuve hasta 2014, pero uno lee sobre eso en la prensa. Efectivamente, me llamó la atención y, después de revisar los antecedentes, también llegué a la conclusión de que eso no tenía nada que ver con mi representado, ni remotamente. Si esperamos hasta el final del juicio, lo van a absolver. No te puedo anticipar por qué creo eso, porque me parece feo litigar por la prensa, pero, tal como llegué a esa conclusión en la investigación y por lo que he visto del juicio, lo van a absolver.
—Pero dentro de la investigación se comprueba que él recibió pagos…
—No te puedo dar antecedentes de fondo porque le estaría faltando el respeto al tribunal.
—¿Cómo se financia esta defensa?
—Esa información la tengo que reservar por secreto profesional.
—Considerando el rol que tuvo en la ANI y su escenario actual en la causa, ¿cómo se define un límite entre ambas cosas?
—La ley tiene normas que impiden ciertas cosas, como representar en ciertos tipos de delitos. Yo, en definitiva, conozco que existen una serie de impedimentos y prejuicios, pero, más allá de ellos, siempre he sido abogado y el sentido de justicia me ha ligado especialmente a esta causa, porque hay una persona que ha estado durante tres años privada de libertad injustamente. No veo ningún problema, porque la motivación detrás de todo este asunto tiene relación con establecer el imperio del derecho y no lo contrario.
