Fiscalía Occidente solicitó interceptar datos telefónicos de periodistas de La Tercera, Reportea, Ciper, La Bot y The Clinic

La primera vez que el 4° Juzgado de Garantía rechazó la solicitud de la fiscal jefe de Alta Complejidad de la Fiscalía Occidente, Paulina Díaz Obilinovic, fue el pasado 27 de agosto. La persecutora buscaba obtener datos confidenciales de las comunicaciones sostenidas por 11 periodistas, de cinco medios de comunicación, que han cubierto el caso Hermosilla.

Lo intentó dos veces más. Primero con un recurso de apelación ante el mismo 4° Juzgado de Garantía, y luego con un recurso de hecho ante la Corte de Apelaciones de Santiago. En todas las instancias le negaron la solicitud.

La investigación judicial se inició por una querella de Juan Pablo Hermosilla, abogado y defensor de su hermano Luis, quien en octubre del año pasado acusó que se estaba cometiendo el delito de revelación de secretos, luego de que parte de los chats alojados en el celular de su hermano —imputado por cohecho, tráfico de influencias, lavado de activos, delitos tributarios, entre otros— fueran divulgados en reportajes de prensa.

La causa fue designada al Fiscal Regional Occidente, Marco Pastén, quien la delegó en Díaz Obilinovic.

En enero de 2025 un artículo de La Tercera contó que una de las definiciones del fiscal Pastén en la causa es que “no se perseguirá a periodistas”. El mismo artículo señala textualmente que entre las determinaciones más importantes tomadas por el equipo del Fiscal Occidente “está que en ningún caso se realizarán diligencias que afecten el secreto profesional de los periodistas que han publicado dichas conversaciones”.

Ocho meses después la fiscal a cargo de la causa por las filtraciones estaba intentando que le aprobaran diligencias que afectan el secreto profesional de los periodistas.

En Chile la Ley de Prensa establece que las comunicaciones entre los periodistas y sus fuentes son confidenciales, y que los profesionales de la prensa “tendrán derecho a mantener reserva sobre su fuente informativa, la que se extenderá a los elementos que obren en su poder y que permitan identificarla y no podrán ser obligados a revelarla ni aun judicialmente”.

En la Fiscalía Occidente no estuvieron disponibles para responder las preguntas enviadas por Reportea.

El requerimiento de la fiscal Díaz Obilinovic incluyó medidas intrusivas respecto de periodistas de La Bot, La Tercera, The Clinic, Reportea y Ciper.

Los datos que buscó obtener la persecutora iban desde el registro de llamadas telefónicas hasta la georeferenciación de los equipos celulares.

Sobre las llamadas recibidas y realizadas de los celulares, buscó saber: “Número entrante y saliente; Tipo de conexión; Identificación de la celda utilizada (nombre, dirección y coordenadas GPS); Acimut (dirección del tráfico); Georreferenciación; Potencia; mata de cobertura y ancho de banda de la celda”, indica en la solicitud que envió al tribunal, y a la que Reportea tuvo acceso.

También solicitó autorización judicial para requerir el “registro de tráfico de datos móviles”, incluyendo los “megabytes utilizados, tipo de conexión, ID de la celda utilizada, dirección y ubicación GPS, dirección del tráfico, y la georreferenciación, potencia, mata de cobertura y ancho de banda”.

Fue más allá. Quiso requerir a las compañías telefónicas para que entregaran el “listado de números telefónicos que se conectaron y georreferenciación de dichas antenas indicando ubicación, puntos, fechas y horarios”, además de que le indicaran “respecto de dichos números, se informe la compañía telefónica asociada y los datos del titular o usuario registrado”.

Si el tribunal hubiera dado luz verde a la solicitud, la Fiscalía Occidente tendría en su poder el registro completo de las llamadas telefónicas realizadas por los periodistas, además de sus datos de georeferenciación, que le hubiera permitido saber los lugares por los que se movilizaron. Todo en un periodo comprendido entre el 13 de noviembre de 2023 y la fecha en que se dictara la resolución, es decir, septiembre de 2025.

Eso sí, la fiscal incluyó en su solicitud un listado de 11 periodistas, sus nombres completos, sus ruts, sus números telefónicos, y la compañía a la que pertenecen sus equipos celulares. No explicó en el documento cómo consiguió esa información.

En el listado aparecen los periodistas: Francisca Skoknic (La Bot), Gabriela Pizarro (ex The Clinic, actual Ciper), Nicolás Cerpa (ex The Clinic), Leslie Ayala (La Tercera), Catalina Olate (Ciper), Benjamín Miranda (Ciper), Francisca Soto (Ciper), Daniel Meza (Ciper), Paulina Toro (Ciper), Macarena Segovia (Ciper), y Nicolás Sepúlveda (ex Ciper y The Clinic y actualmente en Reportea).

El informe firmado por la fiscal Paulina Díaz Obilinovic también incluyó en un listado aparte los nombres y números telefónicos de siete fiscales que han tenido acceso a las conversaciones de Luis Hermosilla. Incluyendo el del fiscal Eugenio Campos, jefe de la Unidad de Anticorrupción de la Fiscalía Nacional. De ellos también quiso saber datos confidenciales de sus comunicaciones telefónicas.

El objetivo, según la persecutora, era identificar si algunos de los fiscales indagados conversó o estuvo en el mismo lugar con alguno de los 11 periodistas, en algún momento entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025.

En el escrito de la fiscal no se dispone de ninguna medida para filtrar las eventuales conversaciones de los periodistas investigados. Si el tribunal le hubiera aprobado la solicitud, podría haber obtenido los datos de las fuentes de los reporteros en un periodo que comprende casi dos años.

Consultada la Fiscalía Nacional por las solicitudes realizadas por la Fiscalía Occidente, indicaron que “las investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público son lideradas por las respectivas fiscalías regionales y sobre ellas el Fiscal Nacional no tiene la atribución de dar instrucciones particulares. Es así como cada acción, diligencia o gestión que se realice es de responsabilidad del fiscal a cargo de la investigación”.

La primera campanada de alerta sobre las medidas intrusivas que buscaba desarrollar la fiscal Díaz Obilinovic la dio Interferencia, cuando el pasado 4 de noviembre reveló que el 4° Juzgado de Garantía y Corte de Apelaciones de Santiago habían rechazado los recursos. Entre los argumentos para la negativa estuvo que no era plausible dar luz verde a medidas intrusivas contra “periodistas que sólo revisten calidad de terceros o testigos atendiendo el delito investigado”.

El 4° Juzgado de Garantía argumentó su negativa a  las medidas intrusivas solicitadas contra los fiscales, indicando que “aún no se ha invocado algún antecedente válido o relevante que permita al tribunal adquirir la mínima convicción de una eventual conducta desajustada a derecho o constitutiva de delito por parte de los mismos, que pueda justificar la diligencia requerida”.