La Corte de Apelaciones de San Miguel abrió el sumario a Sergio Yáber el pasado 10 de noviembre, cuando en medio de la formalización de cargos de la trama bielorrusa se conocieron antecedentes que vinculan al Conservador de Bienes Raíces (CBR) de Puente Alto en hechos de corrupción.
El Ministerio Público acusó que Yáber participó en maniobras de lavado de activos destinadas a esconder las coimas que los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos le habrían pagado a la exsuprema Ángela Vivanco. En esa causa penal Yáber será formalizado a mediados de enero, pero en paralelo ahora enfrenta las duras conclusiones del sumario en su contra.
La fiscal judicial Carla Troncoso, a cargo del sumario, concluyó su investigación el último día de 2025, y en la formulación de cargos —documento al que Reportea tuvo acceso—, acusó que Yáber forma parte de una red corrupta dedicada a los nombramientos judiciales.
La acusación es por una serie de pagos que no habrían tenido justificación legal, y que beneficiaron al exministro de la Corte de Santiago, Antonio Ulloa; a familiares de dos ministros de la Corte de San Miguel que apoyaron a Yáber en su postulación al CBR de Puente Alto; y a la exsuprema Ángela Vivanco, a través de la contratación de su empleada doméstica, el traspaso de un automóvil Porsche modelo Cayenne, y por los pagos mensuales que recibió su pareja, Gonzalo Migueles.
Los cargos también incluyen gestiones que habrían realizado Yáber junto a Migueles para apuntalar el nombramiento de los notarios Claudio Barrena y Rodrigo Ortúzar, quien además registra millonarias transferencias a las cuentas bancarias de los mismos Yáber y Migueles.
La formulación de cargos también incluye los pagos desde el CBR de Puente Alto a personas vinculadas a la política. Se menciona la contratación del exdiputado Francisco Eguiguren y de la hija del senador Sergio Gahona, Paulina, quien luego de desempeñarse en el conservador fue nombrada notaria interina. También se acusa a Yáber por intentar esconder su patrimonio, al obviar en sus declaraciones anuales a las que está obligado por ley, una serie de bienes que ha adquirido desde que asumió el cargo.
“Todos los antecedentes que se han reunido permiten concluir que el investigado valiéndose de los fondos que provienen de la explotación del cargo público que se le ha confiado, ha promovido la generación de una red de tráfico de influencias con el consiguiente desvío de propósito de la Función Pública y su descrédito”, indica la fiscal Troncoso.
A su juicio, las fiestas a las que convocaba Yáber, y los numerosos pagos realizados desde sus cuentas bancarias, permitieron afianzar esa red: “Lo que se le reprocha es que haya utilizado la estructura del oficio notarial y las remuneraciones que de él pueden provenir, para generarse una red de contactos que empleó para intervenir en sus propias postulaciones, en sus asuntos administrativos disciplinarios, y a través de ella, intervenir en el proceso de selección de terceros cargos de notarios e incluso de ministro de la Corte de Apelación y Suprema”, se asegura en el documento al que Reportea tuvo acceso.
Yáber no quiso declarar ante la fiscal judicial, ni tampoco entregó antecedentes para explicar los pagos, reuniones, y vínculos que pudo acreditar la indagatoria.
Los antecedentes recogidos por la fiscal Carla Troncoso son tan delicados, que ella los envió a la fiscalía: “Advierto que los pagos por servicios que en mi concepto no tienen justificación comercial o jurídica, sumado a los movimientos bancarios con quien está siendo ya investigado por lavado de activos deben ser revisados en sede penal”, se indica en el documento donde se estamparon las conclusiones del sumario contra Yáber.
“Pago encubierto” a Vivanco
El hecho más relevante que pudo acreditar la investigación de la fiscal Troncoso, es la contratación realizada por Yáber de Leidy Moreno, quien en paralelo ejercía como empleada doméstica de la pareja formada por la exsuprema Ángela Vivanco y Gonzalo Migueles. Según el sumario, Moreno recibió pagos del Conservador de Puente Alto desde el 13 de febrero de 2020 y hasta el 2 de febrero de 2023.
En las conclusiones de la investigación, la fiscal Troncoso acusa que se trató de pagos encubiertos a Vivanco. Arribó a esa certeza luego de escuchar las declaraciones que prestaron ante ella diversos trabajadores del Conservador de Puente Alto:
“Trabajadores reconocen que además Moreno trabajaba en la casa de la pareja Migueles Vivanco, lo que considerando su contrato como empleada a tiempo completo y la remuneración que percibía, me permite concluir que es una forma encubierta de pago a Vivanco”, se asegura en las conclusiones del sumario.
Según los registros bancarios de Yáber, revisados por Reportea, el sueldo a Leidy Moreno oscilaba entre $300.000 y $400.000 mensuales.
El sumario a Yáber también descubrió que luego de finalizar su vínculo con el CBR de Puente Alto, la empleada doméstica de Vivanco fue trasladada a una notaría a cargo de Fernando Martel, y que en ese movimiento se le respetó la antigüedad laboral, lo que a juicio de la fiscal Troncoso, es ilegal. Según las conclusiones del sumario, a Moreno se le pagó un finiquito de $2 millones:
“Esta mujer no solo ascendió en sus remuneraciones en el oficio, al tiempo que al parecer no trabajaba en el mismo, sino que se dedicaba a labores domésticas en la casa de la pareja Migueles Vivanco, sino que además fue transferida o endosada a Martel con un finiquito de salida bajo condición de contratación nueva que le respetaba la antigüedad en el oficio del conservador: El finiquito de Moreno con Yáber se firma un viernes y su posterior contrato con Martel el lunes siguiente. Queda evidente la conexión de continuidad en este pago encubierto, bajo la fórmula de una empleada que seguro no percibió de modo completo los $2.000.000 de su liquidación, pues su antigüedad se le reconoce en el contrato siguiente con otro empleador, lo que resulta además de creativo, ilegal”, acusa la fiscal Troncoso.
Las conclusiones del sumario agregan antecedentes: Leidy Moreno es una trabajadora migrante sin residencia permanente en Chile, lo que la dejaría en una situación vulnerable, y se indica que otros trabajadores históricos del CBR renunciaron a sus cargos sin percibir ninguna indemnización: “¿Por qué Yaber le habría pagado una indemnización superior a quien trabajo de aseadora en su oficio?”, se pregunta la fiscal Troncoso.
La conclusión es categórica: “Sostengo que ese contrato fue simulado y el pago del finiquito lo percibió la dupla Migueles – Vivanco para quienes prestaba servicios. A su turno, Martel mantuvo la falsa contratación para que se desempeñara en la casa de la ministra de la Suprema, asumiendo el gasto, como forma de pago que a él se le cobró por la red”, se señala en el documento.
Fernando Martel descarta las imputaciones del sumario.
En conversación con Reportea señala que Leidy Moreno se fue a trabajar con él cuando asumió como notario interino en La Cisterna, que se desempeñaba ahí de lunes a viernes, y que cumplía labores relevantes:
“No sé cuando ella entró al Conservador, pero cuando yo entré ahí, ella trabajaba en el mesón atendiendo público y hacía alzamiento de prohibiciones y esos asuntos que se trabajan ahí. Y cuando se fue a trabajar conmigo, porque yo necesitaba una persona en el mesón, cumplió funciones como ser la oficial de cumplimiento ante la Unidad de Análisis Financiero, ella me foliaba todos los contratos, y los archivaba y empastaba. Además era la encargada de las visitas que hacían los ministros de la corte. Ella trabajaba de lunes a viernes, jornada de oficina completa, haciendo un trabajo de notaría. Lo que hacía el fin de semana en la casa de otra persona ¿Qué me tengo que meter yo?. A mí me cumplía, eso lo puedes contrastar con todos sus compañeros de trabajo”, asegura Martel
La investigación administrativa también indica que hubo otros pagos de Yáber a Vivanco.
El 25 de febrero de 2021 Yáber le traspasó a Vivanco un automóvil marca Porsche modelo Cayenne, en $35 millones (un monto menor al avalúo fiscal del vehículo), según la escritura que el sumario tuvo a la vista. La fiscal judicial indica que no hay certeza de que ese dinero se haya traspasado, y que en realidad se trató de un pago disfrazado:
“Otra forma de pago para esta red de irregulares contactos para incidir (en) los nombramientos judiciales se manifiesta en la venta del automóvil marca Porsche bajo un precio incluso menor que el del avalúo fiscal para el modelo con un pago que no se ha justificado como percibido”, asegura el sumario.
Una red de “tráfico de influencias”
La investigación sumaria contra Yáber también lo acusa de haber beneficiado a un grupo de notarios, con los que se vinculaba en la “red” que habría formado. La formulación de cargos menciona vínculos con Rodrigo Ortúzar (notario de San Miguel), Claudio Barrena (también notario y archivero judicial de San Miguel), y Fernando Martel Costa (exnotario interino en La Cisterna), cuya esposa, María José Montesino, es notaria en Coquimbo, ciudad en la que Yáber se desempeñó como notario durante casi 20 años.
Fernando Martel es sindicado como quien contrató a Leidy Moreno en febrero de 2023, inmediatamente después de que ella finiquitara su vínculo con el CBR de Puente Alto.
El mismo Martel estuvo contratado por Yáber en Puente Alto. Según los antecedentes recogidos en el sumario, el vínculo se extendió entre agosto de 2020 y abril de 2022. Pocos meses después Martel asumió como notario interino en La Cisterna.
En paralelo al sumario a Yáber, la Corte de San Miguel también investiga a Barrena y Ortúzar.
El sumario acusa que Yáber utilizaba a su red de contactos para beneficiarse, y para nombrar a sus cercanos en cargos notariales. Arribó a esa conclusión luego de escuchar los testimonios de los notarios Barrena y Ortúzar, además de funcionarios de confianza de Yáber en Puente Alto:
“Los otros investigados en esta causa – Barrena y Ortúzar – así como también el personal de confianza del conservador – Soto y Vera – han referido el carácter sociable del investigado manifestado particularmente en su forma de congregar socialmente a personas de su interés tales como abogados, jueces, ministros. Pero resulta curioso que esas personas tenían en común la posibilidad de intervenir, ya sea en los concursos o en las cuestiones disciplinarias a las que pudiere someterse el investigado”, se indica en las conclusiones del sumario.
Según la fiscal Troncoso, Yáber utilizó las fiestas para ganar influencia:
“(Yáber) Hizo de este método una agencia de colocación para cargos de notario, lo que se puede concluir a advertir la directa relación entre pertenecer a ese grupo de interés y resultar favorecido con un cargo”.
A inicios de diciembre Reportea reveló que el notario Rodrigo Ortúzar registra pagos con Yáber y Gonzalo Migueles por más de $300 millones, lo que coincide con su rápido ascenso desde la gerencia legal de la empresa Subus a un cargo titular en una lucrativa notaría en San Miguel.
Sobre esos pagos la fiscal Troncoso dice que escapan a la normalidad: “Es evidente que las gestiones sociales que intentaba Yaber superaban el simple radio de favorecerse directamente y de modo personal de las mismas, pues extiende intervención a cargos en los que en teoría no debería tener interés. Sobre el particular destacó que los pagos y transferencias relacionadas con el actual notario Ortúzar a mi juicio no tienen una explicación plausible en un negocio legítimo o con alguna razón económica evidente”.
En paralelo al sumario a Yáber, la Corte de San Miguel también ordenó investigaciones administrativas contra Ortúzar y el notario Claudio Barrena.
Contratación de familiares de ministros
El mismo método que Yáber habría utilizado para lograr instalar en notarías a personas cercanas a él, le habría funcionado cuando en 2018 se trasladó desde Coquimbo hasta el CBR de Puente Alto, lo que en el Poder Judicial se considera un ascenso relevante, considerando los ingresos por varios cientos de millones que se pueden conseguir en esa plaza.
Así lo plantea el documento de la fiscal Troncoso:
“En las reuniones por eventos sociales y familiares organizados por Yaber Lozano, tanto cuando ejercía su cargo de notario en Coquimbo como de Conservador en Puente Alto, ha tomado contacto entre otras personas con ministros de las Cortes Suprema, de Apelaciones de San Miguel, Santiago, jueces, abogados integrantes y notarios. En uno de esos encuentros conoció a Víctor Gonzalo Migueles Oteiza, su pareja Ángela Vivanco Martínez y Antonio Ulloa Márquez. A este último (…) le transfirió sumas regulares de dinero que totalizaron más de $74.000.000”
Ese último antecedente fue revelado por Reportea luego de revisar con lupa las cuentas bancarias de Yáber. Los pagos a Ulloa comenzaron apenas Yáber asumió como CBR en Puente Alto, lo que ocurrió luego de una cena que compartió con Vivanco, Migueles y el mismo Ulloa en la Región de Coquimbo. En paralelo, Yáber también realizaba pagos mensuales de $3 millones a Migueles (lea aquí “La generosa billetera de Yáber: le pagó mensualmente $1 millón al ministro Antonio Ulloa entre 2019 y 2025”).
El sumario también pone el acento en la contratación de familiares de ministros de la Corte de San Miguel que votaron por Yáber en el concurso de 2018 para el cupo de CBR de Puente Alto. Se trata de los ministros Luis Sepúlveda y Carlos Farías, según reveló Ciper.
En noviembre de 2018, la esposa de Sepúlveda, Isabel Ponce, fue contratada por Yáber en el CBR. Sobre ese vínculo el sumario establece que se trató de una retribución al ministro Sepúlveda por su apoyo en la nominación. Mensualmente, Yáber le pagaba a ella $1 millón.
“Los testigos empleados del oficio del conservador dieron acabada cuenta en sus declaraciones del nulo o escaso aporte que el trabajo de Isabel Ponce para el oficio (declaraciones de Soto, Vera, Olivares). La declaración del oficial primero Nelson Vera, quien expresa que Ponce llegó del brazo de su marido a ser presentada como ´la señora del ministro, sumado a que su trabajo consistía en llevar el libro de asistencia y los comprobantes de permisos o vacaciones, sencillas tareas en las que no se mostraba muy prolija, permiten concluir que el pago de la remuneración de $1.000.000 de pesos mensuales, para esta trabajadora a tiempo parcial, era una forma encubierta de retribución
a quien apoyó al conservador no solo con su votación, sino que además más de una vez ingresó a alguna decisión de pleno en los asuntos administrativos en los que estaba involucrado Yaber o tomar parte en su calificación”, señala la formulación de cargos firmada por la fiscal Troncoso.
El hermano del ministro Carlos Farías —quien también votó a favor de Yáber en su postulación al cargo—, Miguel Farías Pino, fue contratado por Yáber a partir del 4 de noviembre de 2019.
Sobre esas contrataciones, incluyendo la de la empleada doméstica de la ministra Vivanco, y de su pareja, Gonzalo Migueles, la fiscal judicial concluye que se trató de un mecanismo para retribuir los apoyos logrados en la postulación de Yáber al cargo.
Sobre los pagos mensuales al ministro Ulloa, el sumario establece que “mientras no se pruebe lo contrario, y considerando que a ese tiempo mantenía al menos remunerado al ministro Ulloa al mismo tiempo que participaba en los concursos, asumo que el pago buscó un objetivo que se logró. Tanto que mantuvo el pago para intentar (…) acceder al cargo de Conservador de Santiago”.
En ese punto la fiscal hace referencia a la postulación, fracasada, de Yáber en diciembre de 2021, cuando buscó convertirse en Conservador de Bienes Raíces de Santiago.
Según el sumario, Yáber no entendió que no debía usar su cargo para un “emprendimiento delictual”:
“La condición de funcionario público no se pierde al término de la jornada de atención de público, porque finalmente un cargo es una carga, no un emprendimiento delictual cuestión que el parecer el investigado no logra comprender”, asegura la fiscal judicial.
Yáber tiene ocho días para entregar sus descargos, plazo que comienza a correr hoy 2 de enero de 2026.
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