La diputada Gael Yeomans (FA), integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, ofició al Superintendente de Educación Superior, José Miguel Salazar, para que informe los detalles de la indagatoria por lucro contra la Universidad Autónoma.
Reportea reveló que la SES abrió un proceso sancionatorio contra ese plantel luego de que durante un programa de fiscalización detectara que existían contratos con una sociedad relacionada, los que podrían estar perjudicando las arcas de la universidad.
En concreto se trata de dos contratos de arriendo con la Inmobiliaria El Llano, propiedad de la familia Ribera, fundadores y administradores de la universidad. Esos contratos son por el uso de dos edificios en la comuna de San Miguel. Mientras la inmobiliaria paga mensualmente $131 millones al banco Scotiabank por el arriendo de los inmuebles, los subarrienda a la universidad por un monto mensual mayor: $146 millones.
La inmobiliaria de la familia Ribera le vendió los dos inmuebles al Scotiabank a fines de 2016 bajo la modalidad de leaseback. Por ese movimiento obtuvo $10 mil millones y la posibilidad de seguir utilizando los edificios pagando un monto mensual, para luego poder recomprarlos durante 2027, según indican las escrituras públicas revisadas por Reportea, y que están resguardadas en distintas notarías de la Región Metropolitana.
La diputada Yeomans solicitó que la SES informe sobre «el proceso de fiscalización que ha realizado la Superintendencia en el caso de la Universidad Autónoma«; «la cantidad de recursos que ha recibido la Universidad Autónoma, por concepto del sistema de gratuidad«; y «la cantidad de recursos del estado que ha recibido dicha universidad por conceptos distintos al sistema de gratuidad«, entre otros antecedentes (vea el oficio de fiscalización aquí).
Actualmente la Universidad Autónoma es uno de los planteles que más dinero público recibe por el sistema de gratuidad. Según antecedentes de la SES, solo en 2024 el fisco le transfirió $105.499 millones por ese concepto. Cerca del 80% de los estudiantes de la Autónoma tienen adjudicado el beneficio , según indican sus Estados Financieros.
Hace una década la universidad fue investigada por el Ministerio Público por utilizar el mismo tipo de contratos de arriendo, pero entonces no fue sancionada porque el lucrar con la educación superior no estaba penalizado. Eso cambió en 2018, con la reforma universitaria. Ahora el lucro está expresamente prohibido y los administradores de la Autónoma arriesgan el pago de multas y que el caso pase a la justicia penal.
Desde la universidad indicaron a Reportea que los contratos están bajo regla, y aseguraron que colaborarán «plenamente con el proceso, entregando todos los antecedentes que se requieran».
Desde 1998 el rector del plantel ha sido Teodoro Ribera Neumann, militante de RN, exdiputado, exintegrante del Tribunal Constitucional, y ministro de Justicia y de Relaciones Exteriores en los gobiernos de Sebastián Piñera.
Teodoro Ribera, su esposa, y sus hermanos son los controladores de Inmobiliaria El Llano, la sociedad que le subarrienda los edificios a la universidad. El clan familiar fundó el establecimiento educacional a fines de 1989, el que actualmente cuenta con sedes en Santiago, Talca y Temuco.
Lea aquí el reportaje que reveló la investigación sobre la universidad: Lucro con arriendo de edificios: abren proceso sancionatorio contra la Universidad Autónoma.
