El abogado Eduardo Lagos llegó engrillado de pies y manos al edificio del OS7, de Carabineros, en la comuna de Providencia. Pasado el mediodía del martes 6 de enero Lagos estaba allí para declarar por primera vez ante el fiscal Marco Muñoz, de la región de Los Lagos, en el marco de la llamada “trama bielorrusa”, donde el jurista es investigado por pagar coimas a ministros de la Corte Suprema para lograr fallos favorables para sus clientes.
Por esa causa Lagos cumple prisión preventiva en el anexo carcelario Capitán Yáber. En la misma situación está su socio Mario Vargas, y Gonzalo Migueles, pareja de la exministra Ángela Vivanco.
La investigación del Ministerio Público sostiene que Lagos y Vargas pagaron coimas para lograr fallos favorables al consorcio chileno bielorruso Belaz Movitec (CBM). La entonces ministra Ángela Vivanco fue quien firmó una seguidilla de fallos y resoluciones favorables a CBM en la Corte Suprema, entre 2023 y 2024, los que obligaron a Codelco a pagar más de $17 mil millones.
Los pagos para Vivanco, según la tesis de la fiscalía, se realizaron a través de su pareja, Gonzalo Migueles. Hasta ahora, se han detectado coimas por más de $90 millones.
El Ministerio Público detectó una serie de maniobras donde los dineros fluyeron desde el estudio de abogados de Lagos y Vargas, y terminaron en las cuentas bancarias de Migueles. En esas maniobras también participaron dos conservadores de bienes raíces —Sergio Yáber, de Puente Alto; y Yamil Najle, de Chillán—, además del dueño de una casa de cambios, Harold Pizarro, quienes fueron formalizados esta semana por el delito de lavado de activos.
Y aunque la fiscalía está segura de su imputación, ninguno de los imputados había reconocido los pagos, hasta ahora. Eduardo Lagos fue el primero en hacerlo durante la declaración que prestó ante la fiscalía el 6 y 7 de enero pasados.
Allí confirmó los antecedentes recopilados por la fiscalía y afirmó que se le realizaron pagos a Migueles, según pudo confirmar Reportea a través de tres fuentes sin conexión entre sí.
Ese punto de la declaración de Lagos será fundamental para la segunda parte de la causa, la que incluye la muy probable formalización de Ángela Vivanco, la que solo depende del visto bueno de la Corte Suprema, lo que debiera despejarse durante la próxima semana.
Y aunque las defensas de los otros imputados en la causa, como Mario Vargas, Gonzalo Migueles y la propia Vivanco, han intentado derribar las pruebas recopiladas por la fiscalía (como la geolocalización de celulares que permitió determinar las veces en que los imputados se reunieron), el reconocimiento de Lagos de la existencia de pagos a Migueles echó por la borda esos intentos.
La situación de Vivanco se complica por partida doble. Yamil Najle, el conservador de Chillán, declaró que ella fue la redactora de uno de los contratos que suscribió con Migueles, los que según la fiscalía se utilizaron para blanquear transferencias bancarias que, en realidad, eran coimas. Hasta ahora Vivanco ha dicho públicamente que ella nunca supo de los negocios que realizaba su pareja. La declaración de Najle echa por la borda esa tesis (vea artículo de Reportea: “Trama bielorrusa: Conservador de Chillán revela email que desarma la defensa de Vivanco”).
La declaración de Lagos formó parte de un acuerdo de colaboración con el Ministerio Público, y que incluía la entrega de antecedentes útiles para la indagatoria.
Eso explica que durante la primera jornada de su declaración, Lagos firmó una autorización para que los fiscales pudieran acceder a su celular iPhone 17 Pro.
El celular le fue incautado a Lagos el pasado 4 de noviembre, cuando personal del OS7 de Carabineros lo detuvo. Pero entonces el abogado se negó a entregar sus claves de acceso, por lo que hasta ahora ese aparato no había podido ser periciado. De hecho, a mediados de diciembre la fiscalía presentó un escrito ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago (donde se tramita la causa), para impedir el ingreso a Capitán Yáber de un perito informático solicitado por Lagos.
“Resulta razonable considerar que el ingreso de un experto en informática tenga por finalidad la entrega de claves de acceso o de datos de información técnica destinados a borrar, alterar o modificar evidencia, instalar o actualizar sistemas de softwares, acceder a sistemas de almacenamiento digital u otras maniobras que podrían entorpecer la práctica de diligencias investigativas”, argumentó la Fiscal Regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer ante el tribunal, el que finalmente le dio la razón y negó el permiso.
El acuerdo de colaboración entre Lagos y la fiscalía marchaba sobre ruedas. Pero durante el miércoles 7 de enero, el segundo día de la declaración, Lagos pateó la mesa.
¿Por qué Lagos cambió de opinión?
Aunque durante la primera jornada de su declaración, Lagos tuvo discusiones con el fiscal Muñoz, e incluso con su entonces abogado, José Luis Andrés, nada impidió que el acuerdo de colaboración se mantuviera en pie. Ese día Lagos entregó información útil para la indagatoria, como el reconocimiento de los pagos realizados a Migueles.
Pero el segundo día todo cambió. Según pudo averiguar Reportea, Lagos llegó con otra actitud, decidido a entorpecer la colaboración que había firmado con el Ministerio Público. Tuvo discusiones fuertes con el fiscal a cargo, e incluso con su propia defensa.
Según comentaron quienes presenciaron esa jornada (además de Lagos, su defensa y personal de la fiscalía, estaban allí funcionarios del OS7), durante las horas en que Lagos siguió declarando, hubo varios episodios donde el abogado gritó y le faltó el respeto a los presentes. La tensión escaló a tal punto, que el fiscal Muñoz decidió no seguir adelante con la declaración. Como respuesta, Lagos se negó a firmar el acta de su declaración.
No fue lo único. Desde entonces el abogado activó una estrategia comunicacional que incluye conceder su primera entrevista a un medio de comunicación. El jueves 15 de enero un equipo de La Tercera ingresó una solicitud al 7° Juzgado de Garantía para entrar a Capitán Yáber a entrevistarlo.
No es lo único. Desde su entorno indican que el abogado está decidido a dar una pelea comunicacional. Como parte de ese plan mencionan el recurso de amparo que Lagos presentó luego de su declaración, en el que acusa a la fiscalía de apremios ilegítimos, porque, según su versión, durante su declaración el fiscal Marco Muñoz se negó a retirarle los grilletes. Por los mismos hechos presentó una querella contra el persecutor, según informó La Tercera.
Sin embargo, quienes presenciaron la declaración descartan la versión de Lagos. Fuentes del estudio que mantenía con Lagos y Vargas indican que no es cierto que los grilletes en los tobillos le hubieran provocado lesiones, como señaló Lagos en los recursos judiciales que presentó ante tribunales.
El informe de constatación de lesiones que Lagos solicitó en el servicio médico de Gendarmería durante la noche del 6 de enero, indica que “se observa leve aumento de volumen y enrojecimiento en tobillo derecho. Resto sin novedad” (ver aquí).
Distintas fuentes agregan que durante la declaración, el fiscal accedió a soltar las esposas de una de las manos del abogado, para que pudiera escribir, y que incluso le llevaron completos para que se alimentara durante las jornadas en las que prestó testimonio.
La decisión de Lagos de romper el acuerdo de colaboración con la fiscalía tuvo otra consecuencia. El abogado que lo representaba hasta entonces, José Luis Andrés, renunció a su defensa. Antes ya lo había hecho otro de sus abogados originales, Cristián Cáceres.
El acuerdo de colaboración entre Lagos y la fiscalía ya no está vigente. Y el recurso de amparo que presentó ante tribunales será discutido durante el próximo martes 20 de enero.
La pregunta que ronda entre los intervinientes de la llamada “trama bielorrusa”, es por qué Lagos decidió romper el acuerdo de colaboración. Quienes conocen de cerca su relación con su socio Mario Vargas —de quien está distanciado—, no descartan que alguna conversación al interior de Capitán Yáber pueda haberlo hecho cambiar de opinión. No fue poco lo que perdió. Al romper su acuerdo con la fiscalía, desestimó los beneficios a los que podría haber optado, como la rebaja de su medida cautelar.
Durante las últimas horas trascendió otra parte de su declaración. Ciper publicó que Lagos entregó antecedentes sobre el nombramiento de Yamil Najle, el Conservador de Bienes Raíces de Chillán que está imputado por participar del esquema de lavado de activos de las coimas. Según Lagos, la senadora Loreto Carvajal (PPD), pareja de Gabriel Silber, exsocio del mismo Lagos y de Vargas, cobró $300 millones por realizar gestiones para apuntalar el nombramiento de Najle, aunque ella lo niega.
La relación de Silber con Lagos y Vargas está rota. El exdiputado Silber declaró ante la fiscalía el 19 de noviembre pasado, e indicó que había recibido llamadas de sus ex socios desde Capitán Yáber para coordinar una versión común (vea artículo de Reportea: “Silber tira el mantel y revela coordinación de Vivanco, Lagos y Vargas para entorpecer investigación de la fiscalía”).
Esta es una historia a la que aún le quedan muchos episodios. Recientemente la fiscalía abrió causas paralelas debido a otros pagos que figuran en las cartolas bancarias de Lagos, Vargas y Silber. Una de ellas está relacionada con el proyecto minero Dominga, cuya empresa controladora, Andes Iron, realizó transferencias a los abogados por $255 millones.
