En las oficinas del Ministerio de Educación, a solo pasos de La Moneda, en el centro de Santiago, el actual Superintendente de Educación Superior, José Miguel Salazar, se enteró de la decisión del gobierno de apartarlo de su cargo. Eso ocurrió durante la mañana de este jueves, cuando fue citado a las oficinas del jefe de la Unidad Jurídica de la Subsecretaría de Educación Superior, Francisco Zambrano, según publicó La Tercera.
Zambrano le notificó que debía presentar la renuncia inmediata a su cargo. Fuentes el gabinete del Ministerio de Educación indicaron que la decisión fue tomada por «pérdida de confianza».
El gobierno definió solicitar la renuncia a Salazar un día después de que Reportea hizó públicas las conclusiones de la investigación de la superintendencia en contra de la Universidad San Sebastián, por las contrataciones y los sueldos fuera de norma que se pagaron a dirigentes políticos cercanos al gobierno, como la ex ministra Marcela Cubillos, y el senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella.
La investigación se inició en octubre de 2024, cuando un reportaje de El Mostrador reveló que Cubillos percibía un sueldo de $17 millones, y que sus labores académicas no eran concordantes con esa cifra. 14 meses después la indagatoria estaba concluida y la superintendencia formuló cargos contra la universidad. Se detectaron irregularidades en la contratación de cerca de 15 personas, la mayoría dirigentes políticos. También se objetaron los sueldos que percibían varios de ellos.
Entre los dirigentes políticos que figuran en esa nómina, aparece el senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, además de Marcela Cubillos y el ex fiscal regional oriente, Manuel Guerra, quien desde hoy cumple prisión preventiva en Capitán Yáber acusado de cohecho reiterado, prevaricación y violación de secreto, en una de las aristas del caso Hermosilla.
Dos personas que ocupan cargos directivos al interior de la Universidad San Sebastián le dijeron a Reportea que el informe que les envió la superintendencia hace hincapié en faltas de dos tipos: la primera, y la más relevante, está relacionada con el pago de sueldos, ya que la propia normativa del plantel establece bandas salariales que en estos casos no se habrían respetado; y la segunda tiene que ver con contrataciones fuera de norma, porque el reglamento de la USS establece ciertos requisitos para que una persona pueda llegar a un cargo de nivel académico o directivo, como contar con títulos de postgrado, lo que tampoco se habría respetado.
Luego de que la universidad fuera notificada en diciembre de la formulación de cargos, envió varias observaciones al equipo de la superintendencia encargado de la fiscalización. El mismo equipo que por estos días preparaba la sanción que se impondría al plantel. Esa sanción ya no podría ser una amonestación verbal, ya que la universidad ya fue sancionada en 2025 por haber mantenido una «sede fantasma» en la ciudad de Rancagua.
Consultado el Ministerio de Educación por la solicitud de renuncia a Salazar, indicaron que «en el marco de instalación de las nuevas autoridades en el ministerio, y luego de evaluar algunas jefaturas, entre ellas el Superintendente de Educación Superior, se llegó a la conclusión de que se le iba a pedir la renuncia para disponer de su cargo, y elegir a una nueva autoridad con el mecanismo que corresponde».
A Salazar, quien obtuvo el cargo en 2023 mediante el sistema de Alta Dirección Pública, se le solicitó la renuncia inmediata. Algo que no ocurrió con la Superintendenta de Educación escolar, Loreto Orellana, a quién también se le solicitó la renuncia, pero a quien le permitieron tomar sus vacaciones acumuladas por lo que su alejamiento del cargo se producirá recién a fin de mes.
