Como si fuera un déjà vu, la Universidad Autónoma otra vez está siendo investigada por los contratos que mantiene con una sociedad que pertenece a los fundadores del plantel, la familia Ribera.

Hace una década el Ministerio Público indagó ese mismo tipo de operaciones, aunque entonces no existió sanción. Si bien la Constitución establecía que estaba prohibido el lucro en la gestión de las universidades, no estaba tipificado el delito. Eso cambió con la reforma al sistema universitario que impulsó el gobierno de Michelle Bachelet que, entre otras cosas, creó la Superintendencia de Educación Superior.

Ahora sí existe una norma que prohíbe expresamente el lucro en las universidades, que en palabras simples implica que los controladores o administradores de un plantel no pueden retirar utilidades porque los excedentes económicos deben reinvertirse en la gestión educativa.

La Superintendencia de Educación Superior (SES) fiscalizó en 2024 las operaciones de las universidades con sus sociedades relacionadas, y allí detectó que la Universidad Autónoma mantenía contratos por arriendo de edificios con Inmobiliaria El Llano S.A., una sociedad controlada por la familia Ribera, y que esos contratos escondían una maniobra que dejaba un margen de ganancia irregular.

Por esa razón la SES decidió abrir un proceso sancionatorio contra la universidad.

La Universidad Autónoma fue creada en 1989 por la familia Ribera Neumann en Temuco. Actualmente también cuenta con sedes en Talca y Santiago. Desde 1998 su rector ha sido Teodoro Ribera Neumann, militante de RN, exdiputado, exintegrante del Tribunal Constitucional, y ministro de Justicia y de Relaciones Exteriores en los gobiernos de Sebastián Piñera.

Reportea recorrió varias notarías en Santiago y halló las escrituras que demuestran que Inmobiliaria El Llano obtiene un margen de ganancia gracias a la operación inmobiliaria con la universidad. También accedió a un informe que la Superintendencia de Educación Superior (SES) envió a la Comisión Nacional de Acreditación a inicios de agosto, donde se indica la apertura del proceso sancionatorio.

En simple, la operación funciona así: la sociedad de los Ribera —Inmobiliaria El Llano—, entregó los dos edificios donde funciona la sede de la Universidad Autónoma en San Miguel (Región Metropolitana) al Banco Scotiabank mediante un leaseback, una operación que les permitió obtener dinero fresco a cambio de seguir ocupando los inmuebles mediante un contrato de arriendo, con la posibilidad de recomprarlos cuando finalice el acuerdo con el banco, en 2027.

La irregularidad aparece porque la misma sociedad inmobiliaria subarrendó esos dos edificios a la universidad a un precio más elevado.

Si el contrato entre Inmobiliaria El Llano y el Scotiabank tendrá un costo total de 443.834 UF (aproximadamente $17,4 mil millones, según el valor actual de la UF), el valor total de los subarriendos de la sociedad a la universidad, en el mismo periodo de tiempo, será más alto: al menos 550.000 UF (unos $21,5 mil millones), según el cálculo realizado por Reportea luego de cruzar la información de las distintas escrituras públicas donde se sellaron los acuerdos.

Parte de estos antecedentes estuvieron a la vista de la SES, y fueron el motivo para iniciar el proceso sancionatorio. Así se indica en el informe que el organismo fiscalizador hizo llegar a la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) durante la primera semana de agosto:

“Mediante la Resolución Exenta 601, de 2025, esta Superintendencia inició un procedimiento administrativo sancionatorio en contra de la Universidad Autónoma de Chile, por eventuales incumplimientos a los requisitos sustantivos de las operaciones con personas relacionadas (…) en relación con el subarriendo de los inmuebles en que funciona su sede de San Miguel”, indica el informe al que Reportea tuvo acceso.

Buena parte del financiamiento actual de la Universidad Autónoma proviene de fondos públicos. Según el mismo informe de la SES (enviado a la CNA en medio del nuevo proceso de acreditación del plantel), cerca del 70% de sus ingresos provienen directamente del Estado por el sistema de gratuidad. En 2024 eso implicó un aporte del fisco por $105.499 millones.

La Universidad Autónoma es una de las más grandes del sistema. En 2025 su matrícula en pregrado alcanzó los 31.355 alumnos. Según los Estados Financieros del plantel, cerca del 80% de sus estudiantes cuentan con el beneficio de la gratuidad.

Consultados por Reportea, desde la universidad defendieron la operación inmobiliaria, y aseguraron que no existe sobreprecio en el monto que mensualmente le pagan a la sociedad de la familia Ribera por el arriendo de dos edificios. “No existe sobreprecio. Si la universidad hubiese financiado directamente la compra, el costo habría sido 104.000 UF más alto”, aseguraron (vea respuesta completa en subtítulo).

Desde la SES no estuvieron disponibles a responder preguntas para este reportaje. Eso sí, confirmaron que existe un proceso sancionatorio en curso. Según dijeron, por esa misma razón no pueden referirse al tema. 

La trama de los arriendos

La práctica de comprar un edificio, entregarlo en leaseback a un banco y luego subarrendar a la universidad a un precio más elevado, ha sido una técnica que la familia Ribera ha utilizado desde el principio. De hecho, cuando hace diez años la fiscalía investigó a 12 universidades por violar la prohibición constitucional de lucrar con la educación superior, Inmobiliaria El Llano estaba en el foco del Ministerio Público.

Esa sociedad fue creada por los Ribera Neumann el 21 de septiembre de 2004, misma fecha en que recibieron como aporte de otra empresa de la familia el inmueble ubicado en Ricardo Morales 3369, donde hoy se levanta el edificio más moderno de la Autónoma en la comuna de San Miguel. Es también el terreno más amplio.

Ya en 2005 Inmobiliaria El Llano firmó el primer leaseback con el banco BBVA (actual Scotiabank) por ese edificio. Un reportaje de Ciper reveló que la sociedad le pagaba al banco mensualmente cifras que oscilaban entre los $13 y los $15 millones, al mismo tiempo que le cobraba a la universidad hasta $40 millones cada mes.

Ese primer leaseback se extinguió en agosto de 2015, y poco más de un año después Inmobiliaria El Llano firmó un nuevo acuerdo con el mismo banco. El subarriendo a la universidad se mantuvo.

Reportea halló esos datos en escrituras públicas alojadas en dos notarías de Santiago. Esta vez el acuerdo con el banco incluyó dos inmuebles ocupados por la universidad: el de Ricardo Morales 3369 y un segundo edificio en Ramón Subercaseaux 1404. Ambos en la comuna de San Miguel.

El leaseback por ambas propiedades se firmó en un mismo documento fechado el 27 de diciembre de 2016. El acuerdo consideró un pago del entonces BBVA a Inmobiliaria El Llano de $10 mil millones. El contrato consideró una duración de 10 años (estará vigente hasta el 19 de enero de 2027).

Mensualmente la sociedad se comprometió a pagar una renta de 3.341,4 UF (unos $131 millones, según el valor de cambio actual), además de cuotones anuales en marzo de cada año por 7.628 UF (aproximadamente $300 millones). El costo total de ese acuerdo para Inmobiliaria El Llano será de 443.834 UF ($17,4 mil millones). Luego de extinguido el contrato, las propiedades volverán a manos de la sociedad familiar de los Ribera.

El acuerdo entre la inmobiliaria y la universidad es distinto. Según consta en otra escritura pública hallada por Reportea en la 11° Notaría de Santiago, los contratos de subarriendo de los edificios son más antiguos. 

El de Ricardo Morales 3369 está subarrendado desde el 20 de marzo de 2008. Mientras que el contrato por el subarriendo del inmueble ubicado en Ramón Subercaseaux 1404 tiene como fecha inicial el 1 de enero de 2010.

Mensualmente la universidad debía cancelar a la inmobiliaria 3.270 UF, además de cuotones en marzo de cada año por otras 7.628 UF por ambas propiedades. Pero esas condiciones cambiaron en 2020.

Según el informe enviado por la SES para el proceso de acreditación de la Autónoma, las rentas subieron ese año. Ahora el plantel debía desembolsar mensualmente 3.724 UF ($146 millones, según el valor actual de la UF). Ese informe no entrega información sobre los cuotones de marzo que se han utilizado en estos contratos desde el inicio.

Si se comparan ambas cifras, resulta que cada mes la universidad le paga a Inmobiliaria El Llano $15 millones más que lo que la sociedad le cancela al banco por el arriendo de esos edificios.

Eso sin considerar que en 2027 la propiedad de ambos inmuebles volverá a estar bajo el control de Inmobiliaria El Llano. Sin ningún pago adicional al banco. Los contratos de subarriendo con la universidad seguirán vigentes hasta 2029 y 2030, según consta en las escrituras públicas. 

La Autónoma defiende la operación

La Universidad Autónoma respondió por escrito a las preguntas enviadas para este reportaje. La Dirección Corporativa de Comunicaciones del plantel señaló que colaborarán con la indagatoria de la Superintendencia de Educación Superior, aunque indicaron que a su juicio las operaciones inmobiliarias están dentro del marco legal.

«La Universidad Autónoma de Chile colaborará plenamente con el proceso, entregando todos los antecedentes que se requieran. La propia resolución reconoce que los arriendos se ajustan al mercado y que las instalaciones son necesarias; la observación se limita a justificar ciertas condiciones contractuales, lo que será aclarado con la documentación correspondiente”, aseguraron.

Según las respuestas del plantel, la SES los notificó a inicios de agosto del proceso sancionatorio iniciado en su contra.

Consultados por la diferencia de precio que existe entre el contrato de Inmobiliaria El Llano con el banco Scotiabank, y lo que le cobra la inmobiliaria a la universidad por el subarriendo de dos edificios, argumentaron que eso se explica por la inversión inicial realizada por la sociedad de la familia Ribera:

“El inmueble fue adquirido en 2004 por una sociedad distinta, ya que la universidad no era sujeto de crédito. Se trataba de una propiedad con antecedentes judiciales complejos que la hacían poco atractiva para la banca. Autónoma El Llano (nombre anterior de Inmobiliaria El Llano) lo adquirió mediante leaseback con BBVA, aportando un 21% de capital propio. Desde 2020, el subarriendo se ajusta a un valor incluso inferior al de mercado, tal como lo reconoce la propia Superintendencia de Educación”, indicó la universidad en su respuesta.

A su juicio “no existe sobreprecio. Si la universidad hubiese financiado directamente la compra, el costo habría sido 104.000 UF más alto. El monto actual es solo levemente superior al del leaseback, debido al aporte inicial de capital de la sociedad”.

Agregaron en su respuesta que el plantel tiene claro en qué se ocupan los recursos adicionales que obtiene mensualmente Inmobiliaria El Llano por la operación inmobiliaria: “Los ingresos de Autónoma El Llano (nombre anterior de Inmobiliaria El Llano) se destinan a cubrir las obligaciones del leaseback con BBVA y a la administración de los activos. La Superintendencia ha reconocido que los valores están dentro del mercado y que la operación es legal”, aseguraron.

Posibles sanciones

La diferencia en el monto entre uno y otro contrato de arriendo puede explicar la conclusión a la que arribó la SES, según el informe al que Reportea tuvo acceso luego de que fuera entregado a la Comisión Nacional de Acreditación (CNA). No se “ha podido verificar que los subarrendamientos de ambos inmuebles sean necesarios y contribuyan a los fines institucionales”, indica el informe del fiscalizador.

Un consejero de la CNA, que habló bajo resguardo de identidad, aseguró que la situación para la universidad es compleja, pues si hubiera gestionado directamente el leaseback con el banco, podría haber accedido a rentas de arrendamiento más bajas. “No se justifica la sociedad intermediaria”, señaló.

A pesar de este antecedente, en la sesión del pasado 13 de agosto la CNA acreditó a la  Universidad Autónoma por cinco años. Como aún no está disponible el acta de esa sesión, no es posible saber si la investigación por eventual lucro influyó en la decisión de los consejeros.

En todo caso la investigación de la Superintendencia de Educación Superior recién está iniciándose. “Dicho procedimiento se encuentra en tramitación y puede terminar con la aplicación de sanciones o con el sobreseimiento de la institución”, afirma el informe de la SES.

Según la ley de 2018 que reformó la educación superior, si los administrativos o los controladores de una universidad desvían recursos se exponen a una sanción que considera el reintegro del monto desviado, debidamente reajustado, además de una multa del 50% de ese monto. Según cómo avance la indagatoria, también se podrían establecer responsabilidades penales, civiles o administrativas.

La familia Ribera

Cuando en 2012 el Ministerio Público activó una indagatoria contra 12 universidades por eventual lucro con la educación superior, la Policía de Investigaciones (PDI) revisó la contabilidad de la Autónoma. Entre los hallazgos, además de los contratos de subarriendo de inmuebles, estuvieron los sueldos pagados por el plantel a 24 personas relacionadas con la familia Ribera.

La investigación, que estuvo dirigida por los entonces fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, estableció que los hermanos Ribera Neumann, además de sus cónyuges, hijos, nietos y otros parientes, percibieron un total de $1.665 millones entre 2008 y 2012. 

Más de diez años después, y según el informe que la SES envió a la Comisión Nacional de Acreditación la primera semana de agosto, la situación no ha cambiado.

Por ejemplo, Ignacio Ribera Concha —hijo de Teodoro Ribera, el rector—, percibió $70,1 millones por servicios profesionales entre 2023 y 2024; su hermano Teodoro Ribera Concha recibió otros $56 millones en el mismo periodo; el tío de ambos, Jaime Ribera Neumann, aparece en la nómina con $279 millones; su hermana María Eugenia Ribera Neumann, $130 millones; su otra hermana, Pilar Ribera Neumann, $224 millones.

El listado es largo. El exministro y rector del plantel, Teodoro Ribera, figura percibiendo $583 millones en el periodo comprendido entre 2023 y 2024.  

Aunque las cifras llaman la atención, no necesariamente son irregulares. La ley vigente establece que las universidades podrán pagar salarios a personas relacionadas, siempre y cuando esos pagos se justifiquen y sean informados a la SES.

La familia Ribera ha estado activa en la gestión de la inmobiliaria que le subarrienda edificios a la universidad. En la 15° Notaría de Santiago están alojadas dos escrituras públicas que dan cuenta de los últimos movimientos de esa empresa.

El más vistoso es el cambio de nombre que concretaron el pasado 8 de julio, cuando se realizó una junta de accionistas. Desde ese día la sociedad abandonó el nombre que ocupó desde que nació en 2004, Autónoma El Llano S.A., y pasó a llamarse Inmobiliaria El Llano S.A.

Un día antes se realizó una junta de directorio, el que está compuesto por los hermanos Teodoro, María Eugenia y Pilar Ribera Neumann, además de la esposa del primero: María Loreto Concha. En esa sesión se otorgaron amplios poderes a los hermanos que controlan la sociedad para que puedan realizar todo tipo de operaciones financieras, contables y para adquirir, vender, arrendar y constituir hipotecas sobre los inmuebles que están bajo su control.