José Miguel Salazar era el Superintendente de Educación Superior hasta mediados de marzo, cuando el gobierno le solicitó la renuncia por “pérdida de confianza”. Durante su periodo se desarrolló una investigación contra la Universidad San Sebastián (USS) por los millonarios pagos que realizó el plantel a un grupo de dirigentes políticos cercanos a la derecha.
Un día antes de que el gobierno sacara a Salazar de la superintendencia, Reportea reveló la existencia de la investigación, la que estaba en su recta final: solo restaba que se definiera la sanción que se aplicaría a la casa de estudios. Han pasado casi dos meses y la sanción no ha sido impuesta.
Lo que sí ocurrió en ese periodo es que Salazar fue llamado a declarar en calidad de testigo por la Fiscalía Regional de Arica, la que encabeza la arista del caso Hermosilla donde se indaga al exfiscal oriente, Manuel Guerra. Y eso porque Guerra aparece en la nómina de contrataciones irregulares detectadas por la superintendencia.
Según el Ministerio Público, la contratación de Guerra en la USS fue uno de los beneficios que habría recibido por cerrar causas judiciales y filtrar antecedentes reservados de investigaciones que preocupaban a Luis Hermosilla y a su entorno, incluido Andrés Chadwick. De hecho la llegada de Guerra a la universidad es uno de los antecedentes que sustentan la imputación por cohecho que lo tiene cumpliendo prisión preventiva en Capitán Yáber.
Además de Guerra, en el informe de fiscalización de la superintendencia también aparecen Marcela Cubillos —cuyo sueldo de $17 millones originó la indagatoria— y el presidente del Partido Republicano, el senador Arturo Squella.
Hasta ahora la nómina completa con los 19 nombres que figuran en ese informe no se conoce, pues el documento permanece bajo reserva. Reportea pudo confirmar con fuentes de la universidad que, durante la indagatoria, la superintendencia solicitó antecedentes relacionados con las contrataciones de exministros del segundo gobierno de Sebastián Piñera, como Andrés Chadwick, Víctor Pérez y Juan José Ossa.
También se revisaron los contratos de exsubsecretarios de esa misma administración, como Rodrigo Ubilla y Arturo Zúñiga. El actual alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, igualmente estuvo entre los casos indagados.
“19 personas no cumplen las exigencias académicas mínimas”
La declaración de José Miguel Salazar ante la fiscalía consta de tres carillas que resumen escuetamente los principales hallazgos de la superintendencia:
“El resultado de esa investigación se materializa en un acta de fiscalización de fecha 15 de octubre de 2024, la que indica que se investigó a un catastro de 25 personas políticamente expuestas que prestaron servicios en dicha universidad. De estas, hubo 19 personas que no cumplen las exigencias académicas mínimas para la contratación de las mismas, no hubo constancia de asignación de carga académica, tampoco de una evaluación y jerarquización académica, entre otras infracciones”, declaró Salazar ante la fiscalía.
El exsuperintendente indicó que el hallazgo de las irregularidades dieron paso a la apertura de “un proceso sancionatorio a fines de octubre de 2025, en cuyo marco se le notificó a la universidad siete cargos por incumplimiento de su normativa interna”.
Salazar le dijo a los fiscales que entre las 19 personas cuyas contrataciones fueron objetadas, estaba Manuel Guerra, aunque no mencionó otros nombres:
“Entre estas personas, se encontraba Manuel Guerra Fuenzalida, no recuerdo específicamente los incumplimientos de la normativa interna en la contratación de esta persona, pero estos figuran en el acta de fiscalización, en la formulación de cargos y en el expediente respectivo”, señala el acta de la declaración.
La tercera semana de marzo, cuando en la superintendencia se estaba fijando la sanción que impondría a la USS, el gobierno le solicitó la renuncia a José Miguel Salazar, quien declaró que no tuvo acceso a las últimas novedades del proceso:
“Después de notificar los cargos, ellos presentaron descargos, se presentó prueba y una propuesta de subsanación por la universidad ante la petición de la superintendencia. Con todo, no he tenido acceso a esas piezas de la investigación”, indicó Salazar.
Reportea consultó a la superintendenta de Educación Superior subrogante, Daniela Poblete, por el futuro de la indagatoria sobre la USS, quien se limitó a señalar que “el proceso está en curso, sin cierre aún (…) debemos garantizar el debido proceso”.
Mientras la superintendencia sigue sin resolver el proceso sancionatorio contra la USS, las investigaciones penales y administrativas continúan avanzando en paralelo.
La Fiscalía Occidente Metropolitana indaga si existen delitos en la trama de contrataciones y pago de sueldos elevados por parte de la USS a personas políticamente expuestas, y la Contraloría supervisa el traspaso de fondos públicos a la universidad durante el periodo en que Marcela Cubillos fue ministra de Educación.
