El lobby de Tucán: empresa israelí ofrece en Chile software para intervenir WhatsApp y Telegram

“Tucán es la única herramienta de búsqueda y plataforma de inteligencia para monitorear el contenido mensajería de texto instantánea y redes sociales, eliminando el anonimato de los usuarios”, se indica en el registro de la reunión que sostuvo el 9 de octubre de 2024 el actual jefe de la División de Crimen Organizado del Ministerio de Seguridad, Alejandro Urquiza, con uno de los representantes en Chile de Prelysis, la empresa israelí que vende el software Tucán.

Además de esa reunión inicial, los representantes de Prelysis asistieron a otros cinco encuentros, esta vez con oficiales de las Fuerzas Armadas. Los detalles de esas citas quedaron anotados en el registro de la Ley del Lobby. Allí se describen más características de Tucán.

“Presentación del Software Tucán como plataforma de fuentes abiertas de inteligencia para el monitoreo del contenido de mensajería de texto instantánea, redes sociales y búsquedas específicas en ‘data leaks’”, se lee en el reporte de la reunión que los representantes de Prelysis sostuvieron con Marco Villegas, director de inteligencia de la Armada, el 22 de octubre del año pasado.

Y en la cita con César Pineda, director de inteligencia de la FACh, realizada en marzo pasado, se indicó que Tucán “desanonimiza a los usuarios y mensajes de Telegram, Threema, WhatsApp, Zalo e Imo, así como de otras aplicaciones de mensajería instantánea, y actúa como un motor de búsqueda para plataformas de redes sociales y mensajería instantánea”.

Una de las personas que presenció en Chile las pruebas de funcionamiento de Tucán, señaló a Reportea que los operadores del software tienen acceso privilegiado a los servidores de Telegram, y que por esa vía pueden obtener información confidencial de los usuarios de esa aplicación de mensajería instantánea. También podrían lograr acceso a los mensajes que se comparten en chats privados.

El software utiliza inteligencia artificial para rastrear información, y cruza datos que obtiene desde aplicaciones como Telegram con información de fuentes abiertas como foros de internet y redes sociales.

En todo caso, quienes conocen en detalle el funcionamiento de Tucán dicen que el software no es capaz de intervenir directamente en teléfonos celulares, sino que obtiene información desde servidores.

En su cuenta pública del pasado 1 de junio, el Presidente Gabriel Boric anunció su decisión de ordenar al Ministerio de Defensa elaborar un plan de diversificación “de relaciones comerciales en materia de defensa”, para así evitar la dependencia de la industria militar israelí. Esto en protesta por el genocidio que Israel ha desatado en la Franja de Gaza.

Reportea consultó al Ministerio de Seguridad y a las Fuerzas Armadas si habían resuelto comprar el software Tucán. Desde el Ministerio de Seguridad indicaron que “al no tener labores operativas, no puede comprar ningún software”, mientras que desde el Ejército aseguraron que “no se efectuó la adquisición del mencionado software”.

La Armada, la FACh y el Estado Mayor Conjunto optaron por no responder la pregunta y pidieron que la consulta se hiciera a través de la Ley de Transparencia.

El lobby de Tucán

En total el registro de la Ley del Lobby cuenta seis reuniones donde los representantes en Chile de Prelysis ofrecieron a autoridades nacionales la compra del software Tucán. Además de reunirse con un representante actual del Ministerio de Seguridad, lo hicieron con oficiales de las tres ramas de las Fuerzas Armadas, y en dos ocasiones (18 de octubre y 18 de noviembre de 2024) con Marcos Jaque Cereceda, entonces Director de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto.

En todas las citas estuvo presente Jaime Vicencio Silva, quien actúa como lobista y representante en Chile de empresas proveedoras de las Fuerzas Armadas. Entre ellas Prelysis, la firma israelí que ofrece el software Tucán.

Vicencio ejerce esa actividad a través de la sociedad Sat Internacional, una empresa constituida en 1990 como sociedad anónima cerrada, fundada por su padre, Jaime Vicencio Serre, excoronel del Ejército.

En tres de las seis reuniones de lobby estuvo acompañado por Diego Miranda Opazo, quien según su perfil de LinkedIn es director de proyectos en Sat Internacional. Miranda contestó por escrito a las preguntas formuladas por Reportea.

Miranda indicó que “nuestro trabajo como proveedores y agentes de venta es exponer las distintas tecnologías que están a nuestro alcance y que creemos que tienen potencial en nuestro país, luego son las instituciones las que evalúan la factibilidad técnica comercial de los distintos sistemas”.

Sobre si el software Tucán había sido comprado por alguna institución en Chile, respondió que “consideramos no relevante entregar información sobre el sistema que indicas ya que no se encuentra en uso en Chile, no existe un proyecto para la adquisición de este y tampoco de pruebas conceptuales”.

En todo caso precisó que “nuestra empresa tiene limitaciones y restricciones de entregar información o publicaciones de los sistemas y productos que comercializamos, menos de información de otros países”.

Uso controvertido

Según registros de prensa, Tucán fue vendido en 2022 al Batallón de Acción Rápida (RAB) de Bangladesh, una organización militar acusada por graves violaciones a los derechos humanos, según recogen reportes de Deutsche Welle y Al Jazeera.

Intelligence Online, un medio especializado en asuntos de inteligencia con sede en París, publicó que el RAB adquirió Tucán después de que Estados Unidos impusiera sanciones contra Bangladesh por su responsabilidad en ejecuciones extrajudiciales y desaparición de opositores políticos del gobierno del país asiático. Según el reportaje, Tucán permite “desanonimizar a los clientes de Telegram, configurar alertas de palabras clave en el contenido de los mensajes y obtener metadatos de los usuarios, como números de teléfono, direcciones y correos electrónicos”

Prelysis —la empresa que según se indicó en las reuniones por lobby realizadas en Chile es la propietaria de Tucán— fue fundada en 2014 en Israel por Kobi Naveh. La firma también está registrada en Chipre desde 2018.

Ese dato no es baladí. Israel restringe a sus empresas vender software de vigilancia a países con los que no tiene relación diplomática, como Bangladesh, por lo que la constitución de sociedades en otras jurisdicciones es la vía por la que las empresas de seguridad israelíes exportan sus productos a países de todo el globo. Incluyendo regímenes no democráticos.

Una investigación de Haaretz (el principal periódico de Israel) indica que Prelysis también vendió un software para interceptar señales de wifi a una agencia de inteligencia de Bangladesh en 2019.

Según otro reporte de Intelligence Online, Israel utiliza sus empresas de vigilancia —entre las que se cuenta Prelysis—, para cortejar a regímenes con los que no mantiene relación, en una especie de “diplomacia del spyware”.

Uso de spyware

Desde que en 2016 se dio a conocer la existencia de Pegasus —un software espía creado por NSO Group, entonces de propiedad israelí—, las herramientas de seguridad con capacidad para interceptar celulares están bajo sospecha. Principalmente porque Pegasus se utilizó para espiar comunicaciones de periodistas, opositores políticos y activistas por los derechos humanos, tal y como reveló The Pegasus Project, una investigación coordinada por Forbidden Stories en la que participaron medios como The Guardian y The Washington Post.

La compra y uso de softwares espías por parte de gobiernos y fuerzas de seguridad en todo el mundo están cubiertas por el secretismo que envuelve las actividades de la industria de la vigilancia. Ese mismo secretismo dificulta fiscalizar que ese tipo de herramientas se utilicen dentro de los marcos legales.

Juan Carlos Lara, co director ejecutivo de la ONG Derechos Digitales —especializada en defender los derechos humanos en el entorno digital—, explica que en Chile no hay una regulación expresa para la utilización de softwares de este tipo.

“Lo que está regulado en Chile no es precisamente sobre la tecnología misma, sino sobre usos: interceptación de comunicaciones. La Ley de Inteligencia permite la intervención de sistemas y redes informáticas. Eso es importante, no es lo mismo intervenir el tránsito de una comunicación, como una línea telefónica, que intervenir un teléfono. Este tipo de softwares, en general, intercepta máquinas, no el trayecto. Para nosotros esa diferencia es importante, porque si no hay una habilitación legal que permita la interceptación directa de un dispositivo, y no solo de una comunicación, ese uso sería ilegal. Esa es nuestra interpretación de lo que la ley autoriza”, asegura Lara.

Efectivamente es una interpretación. El mismo Lara recuerda lo ocurrido con la Operación Huracán —donde la inteligencia de Carabineros inventó chats que se atribuyeron a dirigentes mapuche—, que contó con la autorización de un juez, a pesar de que el supuesto software Antorcha —que después se demostró era una farsa—, decía funcionar interviniendo directamente teléfonos.

“El uso que se ha dado a la regulación actual de la Ley de Inteligencia ha permitido que se autorice el uso de malware en Chile, que es lo que pasó con la Operación Huracán. Independiente de que eso no haya sido un caso real de interceptación, ahí sí hubo una autorización por un ministro de corte”, indica Lara.

Para el co director ejecutivo de Derechos Digitales existe un riesgo en el uso de estas tecnologías. Y no solo para la privacidad de las personas: “Tiene una arista significativa de riesgo en lo que se refiere al control de las policías y de los aparatos estatales. No existe suficiente transparencia respecto de la clase de software que se compra, la clase de software que se usa y las circunstancias de su uso. Existe un riesgo porque no existen controles democráticos suficientes para la operación del Estado”.