Ratones trepando por las paredes, alcantarillas rotas, camas sin colchones, escasos baños, excremento dentro de las celdas y sin medicamentos. Esas son las condiciones en las que se encontraban trece internos de la ex Penitenciaría, ahora llamado Centro de Detención Preventiva (CDP) Santiago Sur, quienes compartían un módulo en la calle 2-B del penal, según un amparo presentado en enero de este año por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), al que Reportea tuvo acceso.
Durante la jornada del martes 27 de enero, el juez Daniel Urrutia, del 7° Juzgado de Garantía ordenó la clausura de la calle 2-B hasta que Gendarmería realice las mejoras necesarias para que sea un lugar habitable. Junto con esto, le dio 24 horas a Gendarmería para trasladar a los internos a otro sector del penal, teniendo en cuenta las medidas de seguridad necesarias considerando que todos los presos serían parte de la comunidad LGTBQ+.
Ya cumplido ese plazo, consultamos a Gendarmería si los 13 presos ya fueron trasladados, pero la institución se limitó a enviar un comunicado donde afirma que antes de la notificación formal de la decisión del tribunal “ya se habían iniciado coordinaciones internas y gestiones operativas para dar cumplimiento a las medidas ordenadas, particularmente en la reubicación y traslado paulatino de las personas privadas de libertad, adoptando resguardos especiales de seguridad y protección”, aunque no especificaron si todos los reos fueron trasladados.
El magistrado Daniel Urrutia le otorgó además 15 días a Gendarmería para realizar los arreglos. Dentro de estos se contempla “baño, agua, entrega de colchones y frazadas, se de acceso alimentos y medicamentos, Además, deberá dárseles posibilidad de visitas y de poder recibir encomiendas de la misma forma que el régimen común de los demás imputados. La entrega de colchones y frazadas deberá ser de manera inmediata” según se lee en el acta de la audiencia.
La calle en cuestión es un pasillo que divide 12 celdas, seis ubicadas en el ala norte y seis en el ala sur. Al final de esta, hay un lavamanos y dos duchas, de las cuales solo funciona una. Al momento de la visita que realizó personal del INDH junto con la Defensoría Penal Pública Penitenciaria el 19 de enero de este año, había trece internos divididos en siete celdas. Pese a que este es un sector que agrupa a los internos que se encuentran con segmentación acotada —interno que no puede estar en contacto con la población general de la cárcel— y es un módulo denominado “de tránsito”, en su gran mayoría los internos se encuentran por semanas o meses en el lugar.
En la visita los personeros de ambas instituciones se percataron de que las celdas poseían dos camarotes de cemento, sin colchones, y un inodoro —que no tiene estanque de agua—. Debido al mal estado de los inodoros, los internos debían sacar con baldes sus heces que se acumulaban durante los días, lo que generaba malos olores e infecciones que afectan su salud. Incluso, se constató que una de las celdas ni siquiera posee retrete, lo que provoca que el interno que reside en ella debe usar un balde para hacer sus necesidades.
Dentro del espacio donde están las duchas, las tapas de las cámaras están rotas y es por ahí donde roedores suben a las celdas de los reos, quienes deben improvisar distintos mecanismos para evitar que estos entren a las celdas donde pasan gran parte del día y la noche. Pese a sus intentos por mantenerse seguros, uno de los presos llegó a la sala del tribunal a declarar estando con sarna, según le dijeron a Reportea fuentes que participaron de la audiencia.
Otro problema de las celdas es la falta de luz natural. Debido a la oscuridad se genera humedad que desencadena la proliferación de plagas de chinches, indica el informe del INDH. Los reos se ven obligados a realizar conexiones eléctricas con sus propias manos para tener algo de luz, generando riesgo de electrocución o incendios.
En torno a estas modificaciones hechas por los internos, el ex Jefe del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Cauquenes y actual Coronel y Alcaide del CDP Santiago Sur, Alex Hermosilla Godoy, aseguró en la respuesta al recurso de amparo presentado por el INDH, que estos cambios no están permitidos por la administración y las situaciones “han sido abordadas mediante fiscalización y retiro, atendidos riesgos asociados a la seguridad del recinto”.
Dentro del grupo de internos hay tres que se encuentran más afectados. Según el recurso del INDH, pese a que habitaban las celdas con peores condiciones, ellos piden permanecer dentro de ellas durante gran parte del día —a pesar de la franja horaria entre 8:00 y 16:00 donde pueden transitar por el módulo— ya que no se sienten seguros con la presencia de los otros presos. De hecho, dos de ellos necesitan atención urgente según la denuncia, debido a que “se encuentran descompensados, autolesionándose y con ideación suicida”.
El alcaide de la ex Penitenciaría afirmó que la totalidad de los internos se encuentran en ese módulo por elección voluntaria porque presentan conflictos de convivencia y no cuentan con condiciones de seguridad para permanecer en otros módulos. Afirmó que están a la espera de un traslado a otra unidad penal dependiendo de la disponibilidad de plazas a nivel nacional y regional. Cabe recordar que los reos pertenecen a la comunidad LGTBQ+, lo que puede ser un conflicto a la hora de relacionarse con otros internos dentro del penal.
Reconoció que la calle 2-B presenta “limitaciones estructurales propias de un establecimiento penitenciario de antigua data, situación que ha sido informada oportunamente a los niveles superiores y que excede las facultades resolutivas del establecimiento”. Sin embargo, aseguró que en el lugar se realizan “labores permanentes de aseo, limpieza y control sanitario”, se mantiene “supervisión constante del sector, con el objeto de detectar y mitigar riesgos” y que se han ejecutado “coordinaciones internas para la atención situaciones sanitarias y de mantención urgente”.
Esto último contrasta con la evidencia encontrada por el INDH en su visita a la Ex Penitenciaría de Santiago y con la resolución del tribunal que ordenó cerrar el módulo hasta que se realicen las mejoras necesarias para que sea un lugar habitable.
¿Actuar ilegal de Gendarmería?
En el amparo presentado por el INDH, se afirma que las condiciones en que se encuentran los reos constituye una “afectación a la libertad más allá de lo razonable, vulnerando conjuntamente otros derechos fundamentales, tales como la integridad física y psíquica de la persona”.
Dentro del escrito, mencionan el actuar —a su juicio— ilegal de los funcionarios de Gendarmería. Esto basado en la ley Orgánica de Gendarmería de Chile y el reglamento de establecimientos penitenciarios, que hacen referencia a la finalidad que tiene Gendarmería de “atender, vigilar y contribuir a la reinserción social” de las personas detenidas, y asegurar que, fuera de los derechos perdidos por los presos al estar cumpliendo una condena, su condición sea idéntica a la de un ciudadano libre.
Afirman que cuando el Estado priva de libertad a una persona tiene el deber de proteger su salud y bienestar Lo que no se habría cumplido con los presos que residen en la calle 2-B.
También hacen referencia a siete recursos de amparo presentados en las cortes de apelaciones de Concepción, La Serena, San Miguel, Valparaíso y Santiago, acogidos por estas mismas, entre los años 2013 y 2025. Los amparo ratificaron que “Gendarmería en representación del Estado, es garante de la seguridad individual de toda persona que se encuentra bajo su custodia” y que ante agresiones de internos dentro del penal “Gendarmería no puede deslindar responsabilidad, pues en todos los casos tiene el deber de cuidado de quienes se encuentren internos en los centros de cumplimiento penitenciario”.
El último amparo que mencionan fue acogido en 2025 debido a las condiciones de higiene y hacinamiento de los internos dentro del Centro de Detención Preventiva Santiago Sur. El recinto ha estado históricamente sobrepoblado, llegando a tener más de un 200% de ocupación, según un estudio publicado por el INDH en 2015 (vea acá ese documento).
En la respuesta que entregó al 7° Juzgado de Garantía de Santiago, el alcaide del CDP Santiago Sur, Alex Hermosilla Godoy, descartó la “existencia de un actuar ilegal o arbitrario por parte del personal del Centro Penitenciario Santiago Sur”. Esto debido a que las decisiones tomadas por parte de los gendarmes están enmarcadas en criterios técnicos de seguridad penitenciaria, en las competencias de nivel local y en cumplimiento con el marco legal actual y las instrucciones dispuestas por la autoridad competente.
Concluyó reafirmando que “no se configura vulneración ilegal o arbitraria de derechos fundamentales imputable a Gendarmería de Chile. La Institución continuará realizando las gestiones que se encuentren dentro de sus atribuciones, informando oportunamente a la autoridad superior y coordinando las medidas que resulten procedentes”.
Al cierre de este reportaje Gendarmería no respondió si los trece reos fueron trasladados a otra zona del penal. El plazo de 24 horas otorgado por el Juzgado para llevar a cabo esta acción terminó el miércoles de esta semana.
