El fuego de una de las tragedias más lamentables de esta temporada en la Región del Biobío, no comenzó con la primera chispa. Comenzó meses antes, en reuniones técnicas de organismos públicos y privados donde se tuvieron a la vista oficios formales y advertencias institucionales que no derivaron en decisiones ejecutivas oportunas.
La temporada 2025–2026, aún no termina y el balance de destrucción que dejaron más de mil siniestros es desolador: 21 personas perdieron la vida, miles de hectáreas arrasadas y varios focos de fuego asociados a infraestructura eléctrica. Ahora, detrás de la estadística persiste una pregunta más profunda: ¿qué decisiones pudieron haberse adoptado antes del verano para reducir el riesgo?
Reportea recorrió el camino de lo que no se hizo con dos herramientas preventivas clave que están contempladas en la normativa vigente y, por tanto, estuvieron disponibles antes que se iniciara la temporada crítica:
- La autorización excepcional de quemas técnicas o prescritas para reducir carga combustible.
- La aplicación de desconexiones eléctricas preventivas ante eventos meteorológicos extremos.
Esta investigación constató que ambas medidas preventivas fueron transmitidas por distintos canales como advertencias formales. Lo cierto es que ninguna se ejecutó con la anticipación suficiente para incidir estructuralmente y mitigar la amenaza que se venía encima.
Acumulación de combustible: una advertencia técnica documentada
En 2019 entró en vigor el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica (PPDA) del Área Metropolitana del Gran Concepción, la segunda conurbación más poblada de Chile —comprende 11 comunas de la Región del Biobío: Concepción, Talcahuano, Hualpén, Chiguayante, San Pedro de la Paz, Penco, Tomé, Coronel, Lota, Hualqui y Santa Juana—. El plan fue activado por un decreto del Ministerio del Medio Ambiente con un objetivo principal: reducir emisiones de material particulado fino (MP2,5) y respirable (MP10) en esas comunas del Gran Concepción, mejorando la calidad de vida de más de un millón de habitantes.
El instrumento ambiental restringe la ejecución de quemas prescritas, estableciendo ventanas temporales limitadas y en condiciones estrictas. Desde el punto de vista sanitario, la lógica es clara: disminuir emisiones locales que afectan la calidad del aire. Pero desde la perspectiva de la gestión forestal preventiva, el efecto colateral tuvo consecuencias. Y muy importantes.
En abril de 2025, la Corporación Chilena de la Madera (Corma), a través de su Departamento de Protección del Bosque, presentó un documento técnico titulado “Uso de fuego técnico como medida preventiva para la reducción del combustible”. Allí se advierte explícitamente: “Dentro de las medidas que incluye el PPDA, está la limitación de la ejecución de quemas prescritas a un periodo de tiempo demasiado acotado!!! Esta ventana de tiempo es insuficiente para gestionar el combustible…” El estudio de CORMA alerta que la restricción temporal establecida impide reducir adecuadamente la biomasa acumulada tras cosechas y labores silvícolas realizadas en 2023 y 2024.
No fue la única advertencia. Un oficio de Bomberos del Biobío (N°075) del 21 de abril de 2025, reforzó la misma preocupación con tres afirmaciones:
- Existencia de gran cantidad de biomasa en zonas rurales.
- Material no reducido mediante uso controlado del fuego.
- Posible influencia de restricciones medioambientales en la acumulación de combustible
En los hechos, esta no era una simple discrepancia técnica entre la autoridad del Medio Ambiente y las de Corma y Bomberos. Como los expertos lo reiteran, en la dinámica de los incendios forestales, la carga y continuidad del combustible determinan la intensidad, velocidad de propagación y la dificultad de su control. De allí que, ante el anuncio de un nuevo verano con altas temperaturas, lo que aumentaba la probabilidad de incendios en la temporada, la pregunta era cuán severos podrían llegar a ser en las restricciones preventivas.
El oficio que buscó una excepción
El 19 de mayo de 2025, menos de un mes después del oficio de alerta emitido por Bomberos, la Delegación Presidencial Regional del Biobío emitió una solicitud (Oficio Ord. 496) dirigida a la Subsecretaría del Interior en la que expresamente pide autorización excepcional para el uso de fuego técnico en zonas sujetas a PPDA y PDA (planes de Prevención y Descontaminación).
Allí la autoridad regional fue muy explícita: para “evitar incendios de gran magnitud en zonas de interfaz urbano-forestal”. No obstante haber fundamentado su solicitud en cuatro normativas vigentes —Decreto Supremo N°6/2018 (PPDA Concepción Metropolitano), Decreto Supremo N°4/2017 (PDA Los Ángeles), Ley 19.300 Bases Generales del Medio Ambiente y Funciones del Delegado Presidencial en prevención y respuesta ante desastres— la “autorización excepcional” no se tradujo en un programa ampliado de reducción de combustible antes del “peak” estival. En términos prácticos, el invierno y la primavera transcurrieron con acumulación de biomasa significativa en amplias zonas rurales.
El otro frente preventivo: las líneas eléctricas
Mientras se debatía el uso del fuego técnico, otra herramienta preventiva ya había entrado en vigor en diciembre de 2024, pero tampoco se aplicó cuando fue necesario. En efecto, el 24 de diciembre de 2024, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) aprobó el Procedimiento de Desconexiones de Emergencia mediante Resolución Exenta Electrónica N°29746. La propia norma define las “desconexiones de emergencia” como “acción realizada por la Empresa Distribuidora… de manera forzosa y preventiva, ante situaciones críticas relacionadas con eventos climáticos extremos, tales como altas temperaturas y velocidad del viento…”
Para hacer más explícito el procedimiento, la norma obliga a: 1). Identificar zonas de riesgo. 2). Considerar alertas de Senapred y de la Dirección Meteorológica. 3). Definir criterios de activación. 4). Ejecutar desconexiones inmediatas cuando la seguridad pública esté en riesgo.
En otras palabras: desde diciembre de 2024, las empresas distribuidoras de electricidad del país contaban con respaldo normativo explícito para realizar cortes preventivos ante condiciones meteorológicas extremas. De hecho, la temporada 2024–2025 se desarrolló bajo esa normativa vigente.
Los incendios vinculados a infraestructura eléctrica
En relación con los incendios de esta temporada en la Región del Ñuble, la fiscal regional Nayalet Mansilla informó el 19 de enero —cuando el fuego ya había arrasado con 1.500 hectáreas— que la indagatoria avanza bajo la hipótesis de que tres focos principales fueron provocados por una eventual “negligencia eléctrica”, específicamente en las comunas de Pinto, Quillón y San Nicolás.
La fiscal Mansilla precisó que, si bien existe una alta probabilidad de establecer el origen de los siniestros, aún deben realizarse peritajes mecánicos y químicos, los que podrían extenderse por aproximadamente dos meses. “De todas maneras son causas que se están investigando. Hasta ahora no tenemos detenidos, porque esos incendios al ser negligentes requieren un poco más de tiempo por las pericias”, señaló la fiscal regional a La Tercera.
De confirmarse los dichos de la fiscal regional del Ñuble, se habría actuado con poca responsabilidad ante las condiciones meteorológicas. Y ello, porque en los días previos a los incendios, la información meteorológica anunciaba altas temperaturas, baja humedad relativa y presencia de viento, variables que el procedimiento de “desconexiones de emergencia” identifica como factores críticos de activación.
Las consultas que llevó a cabo este medio en la región arrojaron que no existen antecedentes públicos de que se hayan ejecutado desconexiones preventivas en esas zonas antes de los incendios.
Desde la SEC le confirmaron a Reportea que el procedimiento de desconexión de emergencia nunca ha sido utilizado.
Lo mismo indicaron en el gremio que agrupa a las principales empresas distribuidoras de energía: Empresas Eléctricas AG: “El procedimiento de desconexiones de emergencia corresponde a una herramienta preventiva establecida por la autoridad para enfrentar eventuales escenarios climáticos extremos. Hasta ahora no ha sido necesario aplicarlo”, indicaron en una respuesta por escrito.
Agregaron que son las propias empresas las que debieran desconectar la energía en caso de condiciones adversas:
“De acuerdo con el procedimiento vigente, la evaluación y eventual ejecución de una desconexión de emergencia corresponde a la empresa distribuidora, conforme a los criterios y procedimientos previamente definidos en sus planes y aprobados por la SEC (…) Lo anterior no obsta a que la autoridad —SEC y otros organismos competentes como Senapred o Conaf— pueda solicitar o coordinar la aplicación o término de la medida ante la inminencia de un evento que pueda poner en riesgo la seguridad de las personas o de los bienes”, aseguraron (vea aquí la respuesta completa).
“Rancho Chico”: hipótesis eléctrica e intervención en el punto cero
Aunque el caso aún no ha sido formalizado, la Fiscalía de la Región del Biobío, ya estableció una hipótesis preliminar sobre el incendio que afectó al “Rancho Chico”. El siniestro se habría originado por el roce de un cable del tendido eléctrico con la vegetación. Un episodio que reafirmaría esa hipótesis, y que podría ser un antecedente clave en la investigación, es lo que ocurrió en terreno, cuando el fiscal a cargo llegó al lugar: encontró a un equipo de la empresa de distribución eléctrica Coelcha realizando labores de corte de vegetación y limpieza en el área exacta donde se habría iniciado el fuego.
La presencia del fiscal hizo que se interrumpieran esas acciones, dejando constancia de una eventual intervención del sitio del suceso, un elemento sensible en cualquier investigación de incendios, ya que puede afectar la evidencia pericial.
Reportea se trasladó hasta las coordenadas donde se originó el foco del incendio. El punto corresponde a un predio de propiedad de Jorge Sandoval Moya, de 84 años, quien ha vivido toda su vida en el lugar. Según su testimonio, el día del siniestro regresó desde Hualqui junto a una sobrina, poco antes de las 13:00 horas. Tras dejarlo en su domicilio, la mujer se retiró. Sandoval relata que, luego de comer un sándwich, se recostó para dormir la siesta, sin que hubiera ninguna señal de peligro. Minutos más tarde, un grupo de vecinos llegó hasta su vivienda para alertarlo de que el bosque cercano estaba en llamas y debía evacuar de inmediato. Gracias a esa intervención logró abandonar el inmueble.
Al día siguiente del incendio —relató— un grupo de contratistas vinculados a la empresa Coelcha ingresó a su terreno con motosierras para inspeccionar el área donde presuntamente se habría iniciado el fuego. Sandoval afirmó a Reportea que los trabajadores de la distribuidora eléctrica comenzaron a intervenir el sector, despejando la zona. Posteriormente —dice Sandoval— también llegaron efectivos policiales y personal de Conaf para realizar pericias en el lugar.
El propietario de “Rancho Chico” no descarta que el origen del incendio pudiera estar asociado a una falla eléctrica. Cuenta que en el sector era frecuente que, durante jornadas de viento, las ramas de los árboles rozaran el tendido eléctrico, provocando chispas visibles. A su juicio, esa situación representaba un riesgo permanente que, eventualmente, pudo haber desencadenado el siniestro.
El precedente de Santa Juana
En 2023, tras el devastador incendio que afectó a Santa Juana (Región del Biobío) —que dejó 13 víctimas fatales, 14.500 hectáreas devastadas, el 50% de sus viviendas quemadas y 4.500 damnificados— la investigación también puso el foco en la infraestructura eléctrica. Así fue como la Fiscalía y la Policía de Investigaciones (PDI) allanaron las oficinas de la empresa de distribución eléctrica Coelcha e incautaron documentos y computadores. La indagación buscó determinar en registros técnicos y comunicaciones internas si la empresa había intervenido el sitio del suceso.
Hoy, con “Rancho Chico” bajo la lupa de la fiscalía, la actuación de esa empresa eléctrica vuelve a quedar bajo escrutinio, tanto por el eventual origen del fuego como por lo ocurrido en las primeras horas posteriores al inicio del incendio.
Combinación de riesgo: combustible más energía
Para los expertos en gestión de incendios forestales, la ignición es apenas uno de los componentes del triángulo del fuego. El segundo es el combustible; y el tercero, las condiciones atmosféricas. En ese cuadro de riesgo, las condiciones que presentaba la Región del Biobío en forma previa a desatarse los incendios, era crítica: 1). Biomasa acumulada tras las cosechas del 2023–2024. 2). Restricción temporal de quemas prescritas. 3). Temperaturas estivales elevadas. 4). Vientos locales recurrentes. 5). Infraestructura eléctrica aérea energizada.
La coexistencia de estos factores al inicio del verano de este año no era inédita. Lo que sí era novedoso es que para esta temporada ya existían herramientas formales para intervenir al menos dos de esas amenazas:
- Reducir combustible mediante fuego técnico controlado.
- Reducir igniciones potenciales mediante cortes eléctricos preventivos.
Ambas fueron subutilizadas. La acumulación de biomasa no reducida no es una abstracción técnica. Es combustible disponible. La falta de mantención a la red eléctrica hoy después del desastre de Santa Juana en 2023, podrían ser considerados más que una negligencia.
Dilema ambiental: emisiones controladas versus megaincendios
El debate sobre quemas prescritas no es nuevo. El Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica (PPDA) busca reducir emisiones locales de material particulado. Y ello, a pesar de que, el propio sector forestal ha sostenido que los megaincendios generan emisiones de gases de efecto invernadero exponencialmente superiores a las producidas por quemas técnicas controladas (vea aquí el documento).
La pregunta estratégica es incómoda: ¿Es preferible una emisión controlada y acotada en otoño, o una liberación masiva de carbono en verano producto de incendios incontrolables? No es una dicotomía simple. Implica ponderación técnica, evaluación de riesgos y decisiones intersectoriales. Pasos previos que requieren la ejecución de una medida que puede salvar muchas vidas y desastres.
Lo que es evidente es que, en estos incendios que asolaron las regiones del Ñuble y Biobío, la discusión preventiva ya había sido planteada antes del verano. ¿Por qué no se llegó a ningún acuerdo? Y si también ha quedado claro que, desde el punto de vista jurídico, no existía vacío regulatorio, ¿Qué fue lo que falló?
La respuesta institucional
Reportea consultó a la Subsecretaría del Interior por lo que se hizo con el Oficio Ordinario N°496, emitido el 19 de mayo de 2025 por el Delegado Presidencial Regional del Biobío, Eduardo Pacheco, dirigido al Subsecretario del Interior, Víctor Ramos. La respuesta oficial fue: “Ese oficio nunca debió haberse tramitado, porque es una materia que no corresponde a esta subsecretaría”. Sí acotaron que el tema fue abordado a nivel de Gobierno por el Ministerio de Agricultura.
Lo que hizo el Ministerio de Agricultura al respecto se encuentra en una entrevista del 21 de enero pasado, de la titular de esa cartera, Ignacia Fernández, en Radio Pauta con las periodistas Constanza Santa María y Claudia Álamo. Allí se le planteó la denuncia formulada por la Corporación Chilena de la Madera (Corma), la que había advertido sobre el riesgo de incendios catastróficos durante el verano, debido a la existencia de aproximadamente 4.000 hectáreas con residuos forestales acumulados. La proyección de la Corma arrojó que, un incendio de gran magnitud podría afectar hasta 30.000 viviendas. Ante ese escenario el sector forestal solicitó un permiso extraordinario para realizar quemas controladas durante los meses de invierno, con el fin de reducir la carga de combustible.
La ministra Fernández explicó que dicha autorización no fue otorgada debido a las restricciones establecidas en el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica (PPDA) vigente. Y reiteró que la negativa no implicó inacción del Estado. Y que, en reemplazo de las quemas prescritas, el sector público trabajó en coordinación con la Corma y actores privados en medidas preventivas alternativas. Entre ellas, destacó la construcción de 4.000 kilómetros de cortafuegos y el despeje de zonas con mayor concentración de material combustible.
Consultada sobre si podía garantizar que esas medidas eran suficientes ya que no guardaban relación con la tragedia que los días 17 y 18 de enero consumió 750 viviendas y dejó 20 personas fallecidas, la ministra respondió: “Habrá que valorarlo en el camino, pero se hizo todo lo que estaba a la mano” (escuche aquí).
A la luz de las vidas perdidas, la cantidad de viviendas y hectáreas arrasadas y la destrucción que cada verano están dejando los megaincendios a su paso, el debate ahora no es forestal ni eléctrico. Tampoco sector público versus sector privado. Es institucional. El problema no parece radicar en la ausencia de herramientas. Sino en su activación y fiscalización oportuna. Las alarmas técnicas y los oficios fueron emitidos, la normativa preventiva vigente. Pero los incendios previsibles no pudieron evitarse. La prevención no es retrospectiva. Es anticipatoria. Cuando las herramientas existen y no se activan, la omisión también es criminal.
Este reportaje forma parte de una investigación liderada por el periodista Gustavo Villarrubia sobre los incendios en el centro sur del país. Revisa las otras entregas:
