Un misterio llamado Bernarda Vera: abren investigación por caso de detenida desaparecida que podría estar viva en el extranjero

La chapa de Bernarda Vera Contardo era Anita. Con ese nombre se hizo conocida en la zona de Neltume, en medio del proceso de toma de más de 20 fundos que impulsó el MIR durante la Unidad Popular. Tenía 25 años cuando la toma de los fundos dio paso a la creación del Complejo Maderero y Forestal Panguipulli. Más de 420.000 hectáreas fueron expropiadas y pasaron a control estatal, con participación mayoritaria de los trabajadores en su consejo de dirección.

Bernarda Vera fue protagonista de ese proceso histórico. Militaba en el MIR y participaba del Movimiento de Campesinos Revolucionarios (MCR), el frente de masas del mirismo que sirvió para organizar a los habitantes de zonas como Liquiñe, Neltume y Chihuío, los que antes de las tomas trabajaban en condiciones deplorables, y en vez de salarios recibían fichas para comprar en las pulperías (vea reportaje de Manuel Salazar en Interferencia).

Bernarda, o “Anita”, trabajó como profesora de una escuela pública en Puerto Fuy, parte del Complejo Maderero, y también realizó labores de alfabetización en la zona, según indican todos los relatos históricos disponibles. Eso hasta que llegó el golpe militar en septiembre de 1973. De ahí en adelante las versiones no coinciden.

Hay dos. Una es la oficial, la que aparece en el Informe Rettig: Bernarda Vera fue detenida y hecha desaparecer por efectivos militares durante una de las tres matanzas desatadas en la zona luego del golpe de Estado. La otra es la que cuentan algunos de sus compañeros de militancia: nunca fue detenida y huyó a Argentina, donde se habría unido a la guerrilla del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).

Hasta el día de hoy ella forma parte del listado oficial de los 1.162 detenidos desaparecidos cuyos cuerpos no han sido hallados. Pero eso podría cambiar.

El Plan Nacional de Búsqueda —una iniciativa del gobierno para esclarecer qué ocurrió con los desaparecidos—, comenzó a indagar la historia de Bernarda Vera, debido a la discrepancia de las versiones sobre su destino.

El equipo encargado de hacer las averiguaciones envió consultas al Registro Civil, a la Policía de Investigaciones, a distintos consulados de Chile en el extranjero, y también al Ministerio de Relaciones Exteriores, preguntando sobre posibles movimientos de Bernarda Vera Contardo luego del golpe militar de 1973. Y todas las respuestas fueron negativas, hasta mayo pasado.

Un oficio de la Cancillería indicó que una mujer chilena, con exactamente el mismo nombre, había realizado trámites para obtener un pasaporte en Suecia. Hubo un segundo oficio del mismo organismo, donde se agregó que había tenido hijos y que actualmente vivía en Argentina.

Según indicaron a Reportea distintas fuentes que conocen del proceso, esa información se le entregó a la familia de Bernarda Vera en Chile. Y también al ministro en visita que indaga causas de violaciones a los Derechos Humanos en el sur del país: Álvaro Mesa Latorre, actual presidente de la Corte de Apelaciones de Temuco, quien ya abrió un cuaderno reservado para investigar qué ocurrió.

Los oficios de la Cancillería no son concluyentes. Aunque en esos documentos aparece que una persona del mismo nombre (Bernarda Rosalba Vera Contardo) y de nacionalidad chilena, solicitó un pasaporte en Suecia con posterioridad al golpe de 1973, en ese registro no figura su rut. Y la fecha de nacimiento que ahí aparece no coincide totalmente con la registrada por Bernarda Vera en Chile.

Según el Registro Civil chileno, ella nació el 4 de febrero de 1946. Y el número de identificación que figura en el registro sueco es 490204. En Suecia utilizan la fecha de nacimiento como una forma de identificar a sus ciudadanos (“Personnummer”). Por lo que la discrepancia está en el año de nacimiento de la Bernarda Vera registrada en Chile (1946), y la que figura en la base de datos de Suecia (1949).

Bernarda Vera ¿Qué pasó realmente?

Este hallazgo del Plan Nacional de Búsqueda ya es conocido por las agrupaciones de familiares de víctimas de violaciones a los Derechos Humanos. Se conversó hace varias semanas en el Comité de Seguimiento, la instancia asesora donde participan.

El caso también apareció en el boletín número 10 de la instancia, publicado hace cuatro días, aunque allí se evitó nombrar a Bernarda Vera. La información figura en el apartado donde se mencionan los hallazgos que contradicen las versiones oficiales sostenidas hasta ahora:

“Una persona, condenada a muerte por un Consejo de Guerra en 1973, que fue calificada por la CNVR (Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, o Informe Rettig), con los antecedentes disponibles en la época, como víctima de desaparición forzada. La familia presentó su caso ante la Comisión, puesto que el último contacto que tuvieron con ella fue unos días antes del 11 de septiembre del 73, sin tener noticias de su paradero hasta el día de hoy. Posteriormente, el PNB (Plan Nacional de Búsqueda) recogió testimonios de personas que dijeron haberla visto fuera de Chile después de la fecha en la que la CNVR estableció su desaparición. A raíz de ello, se abrió una investigación administrativa respecto de su trayectoria”, se indica en el documento (ver aquí).

En el boletín también se informa las acciones tomadas por el organismo que depende el Ministerio de Justicia: “Estos antecedentes fueron puestos en conocimiento del Comité de Seguimiento y Participación del Plan Nacional de Búsqueda; de la familia de manera reservada para proteger su privacidad; y al mismo tiempo, se ofició oportunamente al Ministro en Visita Extraordinaria con competencia en la causa”.

El mismo boletín asegura que existe otro hallazgo donde la versión oficial sostenida hasta ahora no coincide con lo que ocurrió en realidad. Se trata del caso de Luis Alberto Pino Soto, quien desapareció en Arica en 1986, cuando solo tenía 15 años. Él no fue incluido en la nómina oficial de detenidos desaparecidos, establecida por el Informe Rettig, pero ahora se descubrió que eso fue un error debido a la transcripción de la información, la que se hacía de forma manual. El 27 de agosto pasado la Subsecretaría de Derechos Humanos emitió una resolución donde se lo reconoce oficialmente como víctima de la dictadura.

No sería extraño que mientras avanza el Plan Nacional de Búsqueda aparezcan otros casos donde exista discrepancia con la versión oficial conocida hasta ahora. Esta es la primera vez que el Estado se toma en serio la búsqueda de los desaparecidos, y que cruza distintas bases de datos, además de recoger testimonios, para intentar encontrarlos.

Antes hubo tres esfuerzos estatales para establecer una nómina de víctimas de la dictadura: el Informe Rettig (1991), la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (1992), y la Comisión Valech (2003 y 2010). En cada una de esas iniciativas se hallaron nuevos casos, y se corrigieron errores cometidos por falta de antecedentes formales.

Los hallazgos del Plan Nacional de Búsqueda no siempre serán cómodos. El caso de Bernarda Vera podría ser el mejor ejemplo. Si la investigación logra establecer que ella en realidad está viva y que reside en el extranjero, la interrogante será qué hacer con la reparación económica que hasta el día de hoy recibe la única hija que dejó en Chile.

Las dos versiones

Esto dice el Tomo III del Informe Rettig sobre la desaparición de Bernarda Vera:

“Detenida desaparecida. Liquiñe, Valdivia, octubre de 1973.

Bernarda Vera tenía 27 años de edad, era casada y tenía una hija. Había estudiado en la Escuela Normal de Valdivia y se había titulado de profesora de Educación Primaria. Trabajaba en la Escuela de Puerto Fuy, en el Complejo Maderero y Forestal Panguipulli. Militaba en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), y era miembro del Movimiento Campesino Revolucionario (MCR). Fue detenida el día 10 de octubre de 1973 en Trafún en la casa de unos trabajadores del Complejo, por efectivos militares. Se presume que fue ejecutada en el puente Villarrica sobre el río Toltén, junto a los otros detenidos de Liquiñe. Desde el momento de su detención permanece desaparecida”.

15 personas fueron asesinadas la noche del 10 de octubre sobre un puente en el Río Toltén. Ese episodio se conoce como la Matanza de Liquiñe. El proceso judicial estableció que en ella participaron boinas negras del Ejército y que las víctimas fueron arrojadas al río. El exalcalde de Providencia, Cristián Labbé, fue investigado por su participación. Los militares contaron con apoyo de civiles, como los entonces dueños de las Termas de Liquiñe (Julián García, y su hijo Luis), quienes participaron del operativo y pusieron a disposición sus vehículos para trasladar a los campesinos que serían asesinados.

Esos fueron días trágicos en el Complejo Forestal y Maderero de Panguipulli. Los agentes de la dictadura perpetraron otras dos matanzas: a inicios de octubre de 1973 asesinaron a 12 dirigentes de los trabajadores del complejo que estaban presos en Valdivia (como parte de la Caravana de la Muerte), y el 9 de octubre a otros 18 obreros campesinos sindicalizados en el sector de Chihuio.

El informe Rettig indica en su Tomo II que “se presume” que Bernarda Vera estuvo entre las víctimas de la matanza de Liquiñe. Si se la suma, las víctimas en ese caso habrían sido 16:

“Es posible presumir que también fue detenida con este grupo Bernarda Rosalba VERA CONTARDO (…) De acuerdo a lo relatado por otros testigos, ella se encontraba oculta en algún lugar del Complejo Maderero, ya que era intensamente buscada por las autoridades militares. Sus familiares habían sido informados de que había sido condenada a muerte en rebeldía en el proceso que se habría instruído por el asalto al Retén Neltume, en el cual se le acusaba de haber participado”, indica el informe elaborado por la comisión creada por el gobierno de Patricio Aylwin, como una forma de acreditar el número de víctimas de la dictadura.

Pero existe otra versión, la que afirma que Bernarda Vera está viva.

El libro “De Carranco a Carran” (de José Manuel Bravo) narra la historia del Complejo Forestal y Maderero Panguipulli, desde que comenzó la organización de obreros y campesinos, hasta que todo terminó en tragedia luego del golpe de Estado. El autor participó como dirigente del MIR en todo el proceso.

Allí se cuenta que un día después del golpe, el 12 de septiembre, un grupo intentó asaltar el retén de Carabineros de Neltume. Pero no funcionó. Entonces un puñado de dirigentes miristas se replegaron en la montaña. Según el libro, eran pocos. Sobrevivieron gracias al apoyo que les brindaron algunos campesinos. Nunca lograron constituirse en amenaza real al control militar y policial que se estableció en el complejo maderero luego del golpe. En parte, por el escaso armamento con el que contaban: dos fusiles Garand, dos revólveres y una pistola.

Aunque el libro nunca menciona a Bernarda Vera, sí habla de Anita, que era su chapa. Según esa versión, ella estuvo hasta el final del primer intento de guerrilla en las montañas de Neltume, el que finalizó a fines de diciembre de 1973.

El autor indica que años después de ese fracaso, se enteró de lo que ocurrió con sus compañeros, entre los que estaba Anita. De ellos se separó durante un intento desesperado del grupo para establecer contacto con la jefatura del MIR y por abastecerse de alimentos:

“Años después pudimos saber que ellos venían pasando por las mismas casas por donde los buscamos, pero venían detrás de nosotros. Ya nos habíamos ido cuando ellos llegaban (…) Se vieron solos y sin posibilidad de sobrevivir por mucho tiempo. Entonces decidieron replegarse y cruzar la frontera. Cruzaron sin grandes dificultades hacia la Argentina”.

Aunque, según el autor, en ese grupo iba Anita, no menciona qué ocurrió luego con ella. Sí relata que otros integrantes de ese grupo que cruzó la frontera, como Ñico (Domingo Villalobos Campos) y el Gringo (Swante Grände) habían muerto luchando en las guerrillas del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), en Tucumán.