Alberto Eguiguren —61 años, abogado de la UC, influyente en el mundo de las empresas—, se defendió de la denuncia presentando una querella. A su juicio, la versión de Ruben Henríquez, exgerente legal de la salmonera Australis, es un invento. Pero Henríquez tiene pruebas y la fiscalía está dispuesta a investigarlas.
Una muestra de eso es lo ocurrido el pasado 10 abril, durante la audiencia en la que el exgerente legal de Australia buscó el sobreseimiento en la causa iniciada por la querella de Eguiguren en su contra. La fiscal Sara Hughes, que concurrió por el Ministerio Público, estuvo de acuerdo y se allanó a la petición.
Cuando el juez del 7° Juzgado de Garantía, Daniel Urrutia, le pidió fundamentar, Hughes procedió a leer una minuta y afirmó que la denuncia presentada por Henríquez a raíz del conocimiento anticipado que tuvo el abogado Alberto Eguiguren, asesor de Australis, de un fallo favorable a la salmonera es “seria y sugiere que el mismo modus operandi se observaba en un caso de destitución y formalización en contra de la señora (Ángela) Vivanco pudo haberse empleado en la situación del proyecto Dumestre (de Australis)”.
La fiscal hizo referencia al núcleo de la denuncia contra Eguiguren presentada por Henríquez: que el abogado supo del resultado de un fallo de la Tercera Sala de la Corte Suprema el 10 de febrero de 2022, el mismo día en que la causa quedó en acuerdo y que, por tanto, tenía el carácter de reservada. Ese fallo fue favorable a Australis, pues permitió la puesta en marcha de la planta de procesamiento Dumestre, en la comuna de Puerto Natales.
Según la denuncia de Henríquez, pasadas las 13 horas de esa jornada, en una llamada grupal por WhatsApp, Eguiguren informó que Australis había ganado 4 a 1 al gerente general de la salmonera (Ricardo Misraji), a José Luis Fuenzalida (uno de sus abogados ambientales) y a Henríquez. Les detalló que el único voto en contra fue el del ministro Sergio Muñoz (destituido) mientras que a favor lo hicieron Ángela Vivanco (destituida y en prisión preventiva por cohecho y lavado de activos), Adelita Ravanales, Mario Carroza y Juan Manuel Muñoz.
Recién el 22 de agosto de 2022, seis meses después, la Suprema publicó la sentencia (vea aquí artículo de Reportea).
Henríquez presentó la denuncia en el 7° Juzgado de Garantía el 3 de febrero último, pidiendo investigar los hechos, a lo que Eguiguren respondió con una querella por denuncia calumniosa en su contra, lo que motivó la solicitud de sobreseimiento del exgerente legal.
En la audiencia, la fiscal Hughes afirmó que hubo “pagos significativos realizados a Alberto Eguiguren por asesorías estratégicas y resultados obtenidos así como interacciones y comunicaciones que podrían indicar un anticipado conocimiento del resultado favorable en la Corte Suprema para la planta Dumestre, insinuando una posible filtración de información reservada o influencia indebida”.
Los antecedentes expuestos en la audiencia indican que por la causa de la planta Dumestre Australis había acordado con Eguiguren un honorario fijo de 1.500 UF y otro contra éxito de 5.500 UF. Pero los pagos posteriores habrían sido más abultados.
La fiscal desglosó los desembolsos efectuados por Australia a Eguiguren (y su oficina Russi & Eguiguren), los que según la denuncia de Henríquez, habrían ascendido a $1.114.645.408 entre enero de 2022 y febrero de 2023, incluidos los honorarios por Dumestre. Destacó dos pagos llamativos: uno por $432 millones (16 noviembre de 2022) y otro por $423 millones (24 de enero de 2023), que no se habrían sujetado al procedimiento interno de aprobación y pago de la empresa.
“El contexto sugiere que podría existir una relación entre estos pagos y el resultado conseguido en la Corte Suprema”, dijo la fiscal.
Apuntó a que el resultado anticipado del fallo “coincidió con la sentencia final conocida seis meses después”, que Eguiguren no fue litigante en la causa, sino el estudio VGC (Vergara Galindo Correa), experto en derecho ambiental y, que posteriormente, Eguiguren fue designado director de Australis.
Quienes estaban presentes contaron a Reportea que el abogado Eguiguren se puso muy nervioso, se levantó cuatro veces y en una de ellas fue a pedir agua a la testera donde estaban los abogados de las partes.
La fiscal Hughes concurrió a la audiencia en representación de Alicia Ascencio, la fiscal de la zona centro norte a cargo de investigar la denuncia y quien ya realizó las primeras diligencias. Llamó a declarar a Henríquez y a su señora, debido a que recibió un mensaje de WhatsApp de su marido contándole el resultado favorable 4 a 1, minutos después de la llamada informativa de Eguiguren.
Por la relevancia, a comienzos de abril, el Fiscal Regional Centro Norte, Francisco Jacir, derivó la investigación a la Fiscalía de Alta Complejidad de la misma jurisdicción que dirige la fiscal Ximena Chong.
$216 millones “sin preparar escritos”
En su alegato, el exdefensor público Cristián Irarrázaval, abogado de Henríquez, dijo al tribunal que los hechos están respaldados por evidencia, por lo que no se puede configurar el delito de denuncia calumniosa, que Eguiguren y su estudio recibieron un pago de 7 mil UF ($216 millones de la época) “sin preparar escritos” mientras que la oficina VGC, que tramitó durante cuatro años la causa, incluyendo la planta Dumestre, recibió 4 mil UF.
Jaime Winter, en representación de Eguiguren, se opuso argumentando que hay una imputación de un delito falso en contra de su cliente y que se debe investigar y realizar diligencias. Consultado por Reportea por los dichos de la fiscal Hughes, Winter respondió que ella se limitó a leer la denuncia de Henríquez.
El juez Daniel Urrutia, quien debía resolver, explicó para sorpresa de la sala que, como funcionario judicial, es parte de una querella contra la exministra Ángela Vivanco, pero al no ser, a su juicio, causal de recusación, falló y rechazó la petición de sobreseimiento, porque el Ministerio Público no ha hecho diligencia alguna en la querella de Eguiguren.
Terminada la audiencia, Eguiguren partió a La Moneda al almuerzo ofrecido por el Presidente Kast a sus excompañeros generación de Derecho en la UC.
La defensa de Henríquez presentó un recurso de apelación que será resuelto por la Corte de Apelaciones de Santiago, tribunal que en paralelo deberá pronunciarse sobre un nuevo capítulo de la disputa entre Joyvio, actual dueña de Australis, e Isidoro Quiroga, su antiguo propietario.
En ese caso, la corte definirá si acoge el recurso de nulidad presentado por Quiroga contra el arbitraje que lo condenó a pagar US$300 millones a la firma china, en el marco del conflicto por el precio de venta de la compañía.
En ese caso, la corte definirá si acoge el recurso de nulidad presentado por Quiroga contra el arbitraje que lo condenó a pagar US$300 millones a la firma china, porque el voto de mayoría estableció que hubo un cambio de criterio de la autoridad, por lo que la producción autorizada a Australis resultó ser menor y, por tanto, debía ajustarse a la baja el precio de venta.
Codelco apunta a hecho similar
En el entorno de Henríquez comentan que decidió presentar la denuncia contra Eguiguren en el 7° Juzgado de Garantía ya que allí se tramita la llamada “trama bielorrusa”, en la que se investigan las supuestas coimas que habría recibido la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco cuando ella integraba la Tercera Sala, la misma que falló a favor de Australis y cuyo resultado habría conocido anticipadamente el abogado.
En la “trama bielorrusa” también se investiga la filtración de fallos a abogados.
Codelco presentó una ampliación de querella el pasado 9 de abril, donde acusa a los abogados Gabriel Silber y Aldo Cornejo, representantes de Belaz Movitec, de ser coautores del delito de soborno y autores del delito de lavado de activos y aporta como nuevo antecedente un hecho similar al descrito en la denuncia que involucra a Eguiguren.
Según la acción penal, ellos conocieron un día antes de hacerse pública la sentencia de la Tercera Sala de la Corte Suprema a favor de su cliente.
Silber reveló haber sido testigo de la llamada de la ministra Ángela Vivanco, vía WhatsApp, a su socio, el abogado Eduardo Lagos, anticipándole el resultado favorable al consorcio chileno bielorruso el 3 de julio de 2023. “Me consta porque estuve presente”, declaró Silber ante el Ministerio Público el 23 de diciembre de 2025, según cita la querella de Codelco.
Silber señaló que Lagos instruyó a Aldo Cornejo, lobista de Belaz Movitec y “socio de facto” del estudio Lagos Vargas & Silber, según Codelco, para que se comunicara con Máximo Pacheco, presidente de la minera estatal, para advertirle el resultado adverso.
Vía WhatsApp Cornejo le escribió a Pacheco “la empresa tiene toda la voluntad de resolver amistosamente este tema, evitar los ruidos que se puedan dar; estamos totalmente disponibles”, precisa la querella exhibiendo el registro del mensaje.
Pacheco respondió que iba a averiguar sobre el tema y le contaría, a lo que Cornejo le advirtió, siempre por WhatsApp, “la información era solo para ti”. Al día siguiente, 4 de julio de 2023, cuando ya era pública la sentencia, le envió el fallo completo en formato PDF y le planteó que éste “abría puertas para cerrar este tema”, ofreciendo conversar bajo “reserva de caballeros”.
Pacheco no volvió a contestar.
