En una columna de opinión publicada en la página editorial de El Mercurio el pasado 10 de junio, la Contralora General de la República, Dorothy Pérez, cuestionó la publicación del reportaje “Chats con Hermosilla destapan las redes judiciales de José Ramón Correa: nombramientos de ministros y gestiones en favor de la contralora”, publicado por Reportea el 4 de junio, acusando falta de rigor y un intento por “instalar sospechas” en su contra.
En la investigación aludida se incluyeron mensajes intercambiados por WhatsApp entre los abogados Luis Hermosilla y José Ramón Correa, en los que, entre otras materias, se refieren a gestiones que realizaron para apoyar el recurso de protección que la actual contralora presentó en 2018 para revertir la decisión de su antecesor, Jorge Bermúdez, de apartarla de su cargo como subcontralora por pérdida de confianza.
La contralora escribió que “Reportea publicó supuestas conversaciones de terceros sobre dicho caso. Pero no existe un solo mensaje mío en esas conversaciones. No existe ninguna alusión a que yo hubiera pedido o conocido gestiones del abogado Hermosilla, a quien no conozco y jamás le he solicitado nada, ni directamente ni por terceros”.
Estas mismas afirmaciones de la contralora fueron incluidas en el reportaje aludido, en el que se incorporó un subtítulo completo con sus respuestas a un cuestionario enviado por Reportea. Efectivamente, no hay indicios de que ella haya solicitado o conocido de las gestiones desplegadas por Hermosilla y Correa. Y nadie ha afirmado lo contrario.
En su columna, la contralora indica, además, que el director y la editora de Reportea “pretendieron instalar sospechas” sobre la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago y la Corte Suprema, las que en 2018 le dieron la razón y declararon ilegal la decisión de Bermúdez de sacarla del cargo de subcontralora.
Lo que ha hecho Reportea, sin embargo, no es más que reproducir los intercambios de mensajes entre Hermosilla y Correa, que indican que ambos intervenían en asuntos propios del Poder Judicial. El señor Correa es explícito cuando el 16 de octubre de 2018 le escribe a Hermosilla que “estamos con plazos muy encima y tu gestión créeme que es determinante”, refiriéndose a la revisión que haría la Corte Suprema del recurso de protección presentado por la actual contralora para invalidar la decisión de su antecesor.
Correa vuelve a insistir el 22 de octubre de ese año, cuando alude a la supuesta visita que haría el entonces Presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, a La Moneda: “Es un buen momento para el tema de la CGR”, le escribió a Hermosilla, entonces asesor del gobierno, refiriéndose a la disputa judicial de Dorothy Pérez con Jorge Bermúdez. Las gestiones no quedaron ahí y están detalladas en el reportaje.
La contralora tiene razón cuando indica que la Corte de Apelaciones falló 3-0 en su favor y la Corte Suprema lo hizo por 5-0 al declarar la ilegalidad de su despido. Ella misma indica que el suyo fue “el caso más comentado del año”, pues la decisión de la Suprema sobre si debía ser reincorporada a su cargo o solo ser indemnizada le dio la razón por solo un voto, en un fallo dividido de 3 contra 2. Lo que la autoridad no señala, sin embargo, es que uno de los votos a su favor fue el de Ángela Vivanco, quien apoyó su reintegro apenas tres meses y medio después de arribar a la Corte Suprema gracias al apoyo que le entregaron Hermosilla y Correa.
Esos apoyos no solo fueron probados por los chats respaldados en el celular de Hermosilla que están en manos de la Fiscalía, sino que así también lo acreditó la sentencia de la Corte Suprema que en septiembre de 2024 destituyó a Vivanco como ministra del máximo tribunal. La misma Vivanco viene saliendo de un periodo de 19 semanas en prisión preventiva, luego de que la Fiscalía le imputara delitos de corrupción, pues habría recibido pagos a cambio de sus fallos.
Si dos influyentes abogados de la plaza manifiestan explícitamente su intención de intervenir en una causa judicial, y en paralelo esos mismos abogados operan en nombramientos de jueces, incluyendo a una de las ministras que terminó definiendo la reincorporación de Dorothy Pérez a la Contraloría, es claro que las decisiones tomadas en ese momento quedan bajo sospecha por el peso de la evidencia, y no por una lectura mañosa de los periodistas.
Por cierto, tal como afirma la contralora, nada indica que ella haya estado al tanto de las gestiones que se estaban realizando a su favor, lo que no implica que estas no hubiesen ocurrido.
En la columna que la contralora publicó en El Mercurio no hay ni un solo reproche al accionar de los abogados que buscaron favorecerla con gestiones bajo cuerda. Al contrario, al referirse a los chats entre Hermosilla y Correa la autoridad habla de “supuestas conversaciones de terceros”, como si existiera la posibilidad de que los mensajes fueran inventados. Más aún, advierte que los periodistas “no exhiben ninguna prueba, ni de la existencia de las ‘supuestas’ conversaciones de terceros, que —aunque existieran— no fueron solicitadas, ni conocidas por mí, ni menos aún de las suposiciones que insinúan. Ello, porque habrían sido extraídas desde un teléfono incautado en una causa penal bajo reserva judicial. ¿Cómo podrían haberlas obtenido sin que se cometiera el delito de violación de secreto?”.
Cabe preguntarse si a la contralora le preocupa más la forma en que los periodistas de investigación obtenemos las evidencias que sustentan nuestros reportajes, antes que la corrupción que ha dejado en evidencia ese trabajo periodístico. Sin ir más lejos, el “caso Hermosilla” fue revelado en una serie de reportajes encabezados por el mismo equipo que hoy trabaja en Reportea. Un trabajo que dio lugar a investigaciones judiciales sobre los vínculos de Hermosilla con Ángela Vivanco, Manuel Guerra, Verónica Sabaj, Carlos Palma y varias otras exautoridades, así como a resoluciones disciplinarias de la Corte Suprema.
El ánimo de Reportea no es dañar la honra de la Contralora General de la República. De hecho, ni en el reportaje aludido ni en las entrevistas concedidas por los periodistas luego de su publicación, se ha apuntado a la contralora como responsable de las gestiones que Hermosilla y Correa hicieron en su favor. Lo que sí ocurre es que el periodismo de investigación debe dar a conocer hechos de interés público, como sucede en este caso. Y es que el derecho a la honra y el buen nombre no pueden impedir el escrutinio público.
Cada cierto tiempo ocurre que alguna autoridad confunde el necesario examen que la prensa ejerce sobre el poder con campañas de acoso o ataques personales. Vale la pena recordar que el buen periodismo no busca dañar la honra de autoridades o funcionarios públicos que, como la Contralora General de la República, deben resguardar el buen funcionamiento de las instituciones del Estado. Más todavía, en ocasiones el trabajo periodístico será incómodo para quienes detentan posiciones de poder en una sociedad democrática, y es sano que así sea.
En Reportea estamos convencidos de que la crisis que afecta a las instituciones democráticas, con la penetración del crimen organizado y de mafias corruptas que no siempre logran ser detectadas ni neutralizadas por los mecanismos institucionales, hacen más necesario que nunca un periodismo vigoroso e independiente que pueda ejercer su rol sin temor a represalias penales ni acusaciones difamatorias que desvirtúen su rol en la sociedad. Ese es el trabajo que nos hemos comprometido a hacer y que seguiremos haciendo.
Nicolás Sepúlveda G.
Director
Gabriela Pizarro R.
Editora
