Stefanno Andreotti Parada le quitó protagonismo al exfiscal Vinko Fodich en la causa por el secuestro extorsivo contra dos ciudadanos chinos vinculados al “Clan Chen”. No solo es señalado por otros miembros de la banda como quien tenía el contacto con los oficiales de la PDI que participaron de esos hechos, sino que su historial judicial lo sitúa también al centro de otras causas por delitos como lavado de activos y narcotráfico.
Andreotti, de 35 años y contador de profesión, ocupó un rol central en investigaciones por envíos de cocaína a Europa, importación de éxtasis a Chile a través del aeropuerto, pago de coimas a funcionarios de la PDI, creación de empresas de fachada para lavar dinero sucio, y compra y venta de droga junto a carteles colombianos. Un representante de manual del crimen organizado.
Pero a pesar de ese historial explosivo, a mediados de 2026 Andreotti estaba libre y planeando el secuestro de los hermanos Mingkai Fu y Mingxia Fu.
Un año antes, el 2 junio de 2025, Andreotti debía estar en su casa cumpliendo la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno por una de las causas en las que fue investigado, pero fue detenido por la policía en el aeropuerto ingresando a Chile. Nadie supo cuándo se fue del país. “Se deja constancia que el imputado salió por paso no habilitado”, señala el acta de la audiencia en la que se controló esa detención (ver aquí).
Las dos causas judiciales que Andreotti registra en el Primer Juzgado de Garantía de Santiago, y que fueron revisadas por Reportea, están plagadas de alertas de Carabineros advirtiendo que Andreotti no respetaba las medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva. Una de esas causas, formalizada en noviembre de 2023 por tráfico de drogas a través del aeropuerto de Santiago, acaba de finalizar con una condena para Andreotti: cuatro años de presidio menor en su grado máximo.
Junto a él fueron condenados dos exfuncionarios de la PDI (Camilo Pastor y Cristian Acevedo) y un excabo del Ejército (Fabián Méndez), todos por tráfico de drogas.
Lo que llama la atención es que en esa investigación Andreotti confesó pagos a los policías y al uniformado, pero la fiscalía no lo acusó por el delito de soborno. Tampoco imputó cohecho a quienes ejercían como funcionarios públicos cuando participaron del tráfico.
No solo eso. El mismo Andreotti confesó otros delitos: declaró que junto a los PDI traficaron droga a través del aeropuerto en, al menos, seis ocasiones. Uno de los datos aportados por Andreotti es especialmente sensible. Dijo que comenzó a traficar con los policías cuando ellos “me entregaron 800 gramos de MDMA (éxtasis)”, la que había sido confiscada en un procedimiento.
Pero esos hechos no fueron incorporados por el Ministerio Público en su acusación, la que solo incluyó un episodio de tráfico, el de octubre de 2023, cuando personal de Aduana detectó que el excabo del Ejército estaba intentando ingresar a Chile 20.154 pastillas de éxtasis.
El fiscal a cargo de la causa, Daniel Contreras, le dijo a Reportea que no imputó los delitos asociados a los pagos de Andreotti a los policías porque “la figura del cohecho o el soborno podría incluso haber desplazado las otras figuras más graves”, en referencia al delito de narcotráfico.
Reportea conversó con Marcos Pastén, el Fiscal Regional Metropolitano Occidente —la repartición que estuvo a cargo de las causas de Andreotti—, quien explicó que lo expuesto por el fiscal Contreras se conoce como el criterio de subsunción. “Cuando el medio para cometer el delito es al mismo tiempo un delito, el más grave se impone sobre el otro”, señaló, y puso un ejemplo: “Cuando se comete un delito con arma de fuego, no se condena por porte ilegal de arma de fuego y además por homicidio. Se condena solo por homicidio, porque ese delito subsume al otro”.
Sin embargo, Pastén reconoció que “son discusiones jurídicas súper finas”, que responden a la estrategia que elige cada fiscal. “En este caso se optó por el tráfico de drogas, que era el delito que tenía la pena más alta, porque si tú le concedes a la defensa que los funcionarios cometieron un delito de cohecho, eso tiene una pena más baja. Es un tema de estrategia”.
Fuentes de la Fiscalía Regional Occidente, que hablaron con Reportea fuera de micrófono, agregaron que los otros episodios que confesó Andreotti no lograron ser probados. Reportea no tuvo a la vista el expediente investigativo de la causa para chequear que se hayan realizado diligencias que permitieran acreditar esos hechos y la existencia de pagos a los funcionarios de la PDI.
Otros fiscales con experiencia en investigaciones de este tipo, consultados por Reportea, señalaron bajo condición de anonimato que la explicación del fiscal Contreras para no imputar los delitos de cohecho y soborno no tiene lógica. “En general en estas investigaciones se imputa también asociación ilícita, y si existe la confesión de un involucrado de que realizó pagos a los policías, es obvio que había que incluir el soborno y el cohecho. Esos delitos no desplazan al delito de narcotráfico, al contrario, le suman gravedad a la imputación”, aseguró uno de ellos.
Soborno y tráfico en el aeropuerto
La causa por tráfico de drogas a través del aeropuerto se descubrió el 14 de octubre de 2023, cuando Fabián Méndez, entonces cabo segundo de la División Doctrina del Ejército, fue descubierto ingresando a Chile con 20.154 pastillas de éxtasis, que en total pesaban 17,8 kilos.
Méndez confesó de inmediato y le contó a la fiscalía que en el viaje de ida, de Chile hacia España, había transportado nueve kilos de cocaína. Fue el inicio de la causa. Cinco semanas después, el 24 de noviembre de 2023, Andreotti fue detenido y decidió declarar de manera voluntaria. Fue entonces que confesó los detalles de su vínculo con los PDI involucrados. Allí explicó cómo conoció a Camilo Pastor, uno de los policías que lo detuvieron en una causa anterior por tráfico y que luego se convertiría en su cómplice.
A la derecha: Extracto del chat de WhatsApp donde coordinaron el traspaso dentro del aeropuerto.
“Comencé las relaciones con Camilo Pastor desde el día que me tomaron detenido en enero de 2020 por la PDI por el delito de tráfico de drogas, lavado de activos y asociación ilícita. En esa detención Camilo me tomó una declaración y luego pasé a control de detención, y quedé en libertad, ya que cooperé con la entrega de unas pastillas de MDMA. Pasó aproximadamente un mes y me contacta Camilo por Instagram por mensajes y nos juntamos en plaza Ñuñoa”, declaró Andreotti el 24 de noviembre de 2023.
Eso sí, la declaración es imprecisa. De acuerdo a los documentos de esa causa, la detención a la que hace referencia ocurrió en enero de 2022, y no de 2020. Sí es cierto que Camilo Pastor formaba parte de la Brigada Antinarcóticos de la PDI en el Aeropuerto de Santiago, la que estaba encargada de investigar al contador y a ciudadanos colombianos en la causa denominada “Los emisarios del Cauca” (revise reportaje de La Tercera que explica esa trama).
Según Andreotti, en un principio Pastor se mostró interesado en contratar sus servicios como contador auditor. No está claro cómo ni en cuánto tiempo, pero esa relación luego se transformó en amistad, y ambos comenzaron a hacerse “favores”.
“Primero yo le consultaba por gente que mantenía órdenes de detención o en qué estado se encontraba mi investigación, mientras que yo le hacía favores por contabilidad. Por esos favores mencionados le pagaba entre $100.000 y $200.000”, declaró Andreotti. Un acuerdo de iguales características fue confesado recientemente por otro PDI vinculado al contador, que ejercía hasta hace poco en La Serena (vea nota de Reportea).
Según la declaración de Andreotti, su vínculo con el policía se fortaleció y comenzaron a traficar drogas, aunque él menciona que eso ocurrió en 2021, lo que no calza con las fechas que aparecen en los expedientes judiciales. La comercialización de drogas habría ocurrido desde un inicio junto a dos oficiales de la PDI: el ya mencionado inspector Camilo Pastor, y el subcomisario Cristian Acevedo, también integrante de la Brigada Antinarcóticos de la PDI en el aeropuerto:
“El punto de inflexión para cometer delitos asociados a la comercialización de droga fue en el año 2021, cuando estos funcionarios de la PDI me entregaron 800 gramos de MDMA los cuales venían de una encomienda confiscada en una botella”.
En esa misma declaración, Andreotti confesó los pagos a los oficiales: “Un día antes de que se realizaran los viajes se pagan los dineros, en dicha instancia les pagué a los funcionarios policiales $11.500.000 los cuales le entregué en un Subway, en Pajaritos, en la comuna de Maipú. A pesar de esto, hubo un problema de dineros, por lo que se realizaron transferencias de dinero hacia la cuenta de la pareja de uno de los funcionarios con los que trabajaba”, aseguró.
En la misma instancia, el contador dijo que luego cambiaron la forma de traficar, pues hallaron un método más sencillo, que no implicaba vender la droga incautada por los mismos policías que ahora eran sus socios:
“Entendiendo la coordinación realizada por estos funcionarios decidimos cambiar la logística y empezamos a dedicarnos a enviar personas fajadas por el aeropuerto a España. Lo anterior porque era más complejo sacar droga incautada que enviar pasajeros con droga”, declaró. Según él, a los viajeros los mandaban con la cocaína en fajas alrededor del cuerpo y luego “los funcionarios policiales me colaboraban para que el viajero pasara inadvertido los controles migratorios y los controles propios de la especialidad. Lo anterior ocurrió en el año 2022 y fueron tres ocasiones en que enviábamos a los pasajeros para que exportaran droga por el aeropuerto”, según reza la declaración.
“Posteriormente evolucionó la logística de esta actividad a que los funcionarios Camilo y Cristian pasaran maletas con droga por el aeropuerto internacional para exportarla a España. Esto ocurrió en tres ocasiones dentro del año 2022 y 2023”, reconoció Andreotti ante la fiscalía.
En total, según él, hubo seis envíos de droga de Chile hacia España a través del aeropuerto de Santiago, en coordinación con oficiales de la PDI. Pero un año después de esa declaración, cuando el 25 de noviembre de 2024 el fiscal Daniel Contreras acusó formalmente a Andreotti, a los dos PDI y al cabo del Ejército ante el tribunal, solo incluyó uno de esos envíos. Y no se mencionaron los pagos de Andreotti a los policías (revise aquí la acusación).
Una confesión sin consecuencias
Reportea conversó con fuentes que participaron de la investigación de la Fiscalía Occidente, quienes aseguraron fuera de micrófono que los otros hechos confesados por Andreotti sí fueron investigados, pero la fiscalía no pudo probarlos, entre otras razones, porque no tenían en su poder la droga supuestamente comercializada.
Pero ese argumento pierde fuerza al mirar los detalles de la causa. Los nueve kilos de cocaína que cargó el cabo del Ejército a España no fueron decomisados por la policía, y aun así ese hecho sí fue considerado en la acusación y posterior condena contra Andreotti y los policías.
El juicio por la causa se realizó a inicios de septiembre, cuando Andreotti ya estaba en el radar de la Fiscalía Supraterritorial por el secuestro de los ciudadanos chinos. El contador declaró en esa instancia el 4 de septiembre pasado, y reiteró lo mismo que había dicho en su declaración de 2023: que le pagó a los policías, y que junto a ellos envió varias veces droga a España. Y agregó un dato: fue él quien le reveló a la fiscalía la participación de los oficiales de la PDI. Por ello, según consta en la acusación, se le reconoció la atenuante de haber “colaborado sustancialmente al esclarecimiento de los hechos”.
Según declaró Andreotti en el juicio, él entregó información sobre las personas que viajaron a Europa con droga en sus cuerpos, incluyendo sus RUT y números de viaje. Y agregó que esos datos habrían sido “confirmados posteriormente con la investigación”, según recoge la sentencia publicada el pasado 21 de septiembre (ver aquí).
Por esta causa de tráfico en el aeropuerto de Santiago, Andreotti fue sentenciado a cuatro años de cárcel, pero finalmente deberá cumplir menos de dos, pues se le restó el tiempo que estuvo con su libertad supuestamente restringida: un año en prisión preventiva, y desde noviembre de 2024 en arresto domiciliario. La condena también incluyó una multa por 10 UTM, unos $720.000, entre otras penas accesorias.
En cuanto a los ex PDI, Camilo Pastor Cárdenas y Cristian Acevedo Bórquez, fueron sentenciados a 15 años y un día de cárcel, de los cuales ya han cumplido casi tres, por el tiempo que han permanecido en prisión preventiva. Mientras cumplían esa medida cautelar, la policía los descubrió con teléfonos en su poder, algo que está prohibido y califica como delito. Y aunque inicialmente se les acusó por este hecho, la fiscalía retiró los cargos durante el juicio oral. Ambos expolicías guardaron silencio durante esa última etapa procesal y sostuvieron su inocencia hasta el final.
Junto a ellos, también fue condenado el excabo del Ejército que transportó la droga entre Chile y España, identificado como Fabián Méndez Jara, sentenciado a tres años y un día de libertad vigilada intensiva.
Los caminos de Andreotti
Stefanno Andreotti Parada —35 años, soltero, una hija— le contó su historia a los profesionales de Gendarmería que debían supervisar que cumpliera con su primera condena por narcotráfico.
En septiembre de 2024, a través de un proceso abreviado, el mismo fiscal Daniel Contreras lo condenó por tráfico ilícito de drogas. Esa vez la pena fue de cuatro años de presidio menor en su grado máximo y el pago de una multa de 10 UTM ($663.000, según el valor de la UTM en esa fecha). A pesar de que inicialmente había sido formalizado también por asociación ilícita y lavado de activos, esos delitos no formaron parte de la condena. Se le concedió el beneficio de cumplir la pena en libertad.
Por ello Andreotti debió asistir a entrevistas con profesionales del Centro de Reinserción Social Oriente, dependiente de Gendarmería. Fue en esas entrevistas donde contó su historia.
Dijo que en 2013 egresó como contador auditor de la Universidad Central (aunque aún no tiene el título), y que mientras estudiaba trabajó como bodeguero, vendedor de repuestos de vehículos y, entre 2009 y 2012, como vedetto en el Club Burbujas, que en esa época funcionaba en la calle General Holley, en la comuna de Providencia. Según él, en 2018 comenzó a vincularse con capos de la droga. Así se relata la historia en el informe de Gendarmería:
“Entre los años 2018 y 2019 (se inicia) en la producción de eventos, indicando traer artistas del rubro de la música tropical colombiana, encargándose de varios eventos realizados en el Teatro Caupolicán. A través de la producción de dichos eventos, menciona que conoce a líderes de carteles del tráfico colombiano que tratan con él para acceder a las entradas más caras y localidades Vip del recinto, consignando haber llamado su atención el manejo de grandes cantidades de dinero en efectivo y traba amistad con esas personas, admitiendo haberlas asesorado en la creación de diversos tipos de negocios con el fin de introducir droga al país y lavar dinero” (vea aquí ese informe).
Esa versión entregada por el mismo Andreotti calza con los datos recopilados por el Ministerio Público en las distintas causas donde ha sido investigado. En ellas se apunta al contador como el encargado de montar estructuras financieras para lavar el dinero proveniente de los distintos delitos en los que se ha involucrado.
Reportea halló en los registros oficiales 42 sociedades vinculadas con Andreotti constituidas entre 2014 y 2025 (vea aquí el detalle). Entre ellas hay empresas creadas por sus hermanos, catalogados como testaferros de Andreotti por la fiscalía, y dos compañías con dueños de origen asiático. El contador incluso llegó a contar con empresas funcionando en dos oficinas en Alonso de Córdova, en Las Condes, conocida como una de las avenidas más lujosas de la capital. De acuerdo a la orden de detención que provocó su captura en 2022, ambas oficinas fueron allanadas durante la investigación de “Los emisarios del Cauca”.
Un informe policial de agosto de 2021, que Reportea tuvo a la vista, señala que a través de escuchas telefónicas se detectó que Andreotti estaba montando un negocio de envío y recepción de divisas en un local ubicado frente al Hipódromo Chile, en la comuna de Independencia. “Lo cual es de gran relevancia, puesto que podría ser utilizada como una especie de banco informal para las organizaciones que componen el presente mercado delictual, o como empresa fachada que serviría para la colocación de dineros obtenidos desde el narcotráfico hacia el extranjero”, señala ese informe.
Cinco años después, en la investigación por el secuestro de los ciudadanos chinos, la fiscalía ya cuenta con declaraciones que acusan a Andreotti de ejercer como contador del “Clan Chen”, la banda desbaratada en el verano pasado y que se dedicaba a las estafas transnacionales.
Los informes de Gendarmería sobre Andreotti apuntan a que en 2025 tenía un trabajo estable en una empresa familiar de contabilidad: “Refiere que (…) tiene buenos ingresos y que esto es porque tiene muchos clientes que confían en su trabajo y que tienen ganancias millonarias tales como los supermercados chinos donde dice tener varios clientes”.
Pero ahora la fiscalía tiene en sus manos las pruebas que lo ubican coordinando el secuestro extorsivo de los ciudadanos chinos durante agosto de este año. El 10 de septiembre, cuando finalizó el juicio por el tráfico de drogas a través del aeropuerto, Andreotti compareció a esa audiencia por zoom. No podía ser de otra forma, porque a esa misma hora estaba siendo buscado por la policía para detenerlo por su participación en el secuestro.
Lo encontraron pasadas las 21:00 en una sede de la empresa Movitec (involucrada en la llamada “trama bielorrusa”), en Lampa. Junto a él estaba otro de los involucrados en el secuestro, Ángel Herrera, y Christian Barriga, un imputado en otra trama delictiva, en la que se acusa defraudación al fisco de más de $200.000 millones, a través del uso de facturas falsas (vea investigación de Reportea).
