Hasta ahora, solo habían trascendido los casos de tres funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) envueltos en el caso de extorsión contra dos ciudadanos chinos que también involucra a Vinko Fodich, el exfiscal que ya reconoció su participación en los hechos, además de haber recibido $3,5 millones a cambio (vea nota de Reportea). Pero los informes incluidos en la carpeta investigativa del caso muestran que hay al menos dos funcionarios policiales más imputados en la causa.
Cuatro de los cinco involucrados cumplían funciones en la Brigada de Investigación Policial La Pintana, ubicada en la comuna del mismo nombre. El quinto es un funcionario activo del Laboratorio de Criminalística de La Serena. Por ahora, solo tres de ellos han sido formalizados y se mantienen bajo arresto: el comisario Pablo Gajardo Romo, el inspector Rodrigo Navarrete Umaña y el asistente policial Sebastián Gajardo Rojas. Todos provenientes de la brigada ubicada en La Pintana e integrantes de la unidad denominada “Barras bravas”, de acuerdo a la declaración de otro involucrado en la causa.
Los informes policiales incluidos en el expediente del caso identifican a otro funcionario de esa comuna, el inspector Javier Correa Quiroga, también imputado en la causa, aunque los documentos policiales no aclaran cuál sería el rol que habría cumplido Correa en el esquema extorsivo que investiga la fiscalía. Lo que sí está claro en los informes es que este funcionario accedió a colaborar con la investigación, a diferencia de los otros imputados provenientes de esa brigada: dos se negaron a autorizar las pericias a sus dispositivos electrónicos y rechazaron entregar las claves de acceso a sus cuentas, mientras que el tercero se negó a firmar el acta de la incautación que le realizó la policía.
Dependencias de la Brigada de Investigación Criminal La Pintana.
El quinto imputado que ejercía como funcionario activo en la PDI cuando estalló el caso es Manuel Figueroa Vega, integrante del Laboratorio de Criminalística de la PDI ubicado en La Serena. En su declaración ante los fiscales de la causa, Figueroa reconoció haber entregado información obtenida desde las bases de datos internas de la PDI a integrantes del Clan Chen, una banda de crimen organizado liderada por ciudadanos chinos vinculada a una serie de delitos en el norte del país. El policía admitió haber cobrado $100 mil por cada consulta realizada en los servidores institucionales, algo que habría hecho al menos 20 veces, según su declaración.
Al igual que el inspector Correa de La Pintana, Manuel Figueroa está imputado, pero no ha sido detenido ni formalizado en la causa, y también accedió a colaborar con la investigación, entregando su teléfono para que fuera periciado, además de autorizar el levantamiento de su secreto bancario.
Durante la primera jornada de formalización, ocurrida el viernes 11 de septiembre, el Ministerio Público explicó que los policías acusados participaron de un esquema para engañar a dos ciudadanos chinos, Mingkai Fu y su hermana Mingxia, haciéndoles creer que el primero estaba detenido y exigiendo un pago de $300 millones a cambio de frenar el proceso. Con ese objetivo, los acusados habrían montado un cuartel policial falso en el centro de Santiago, donde retuvieron al ciudadano chino. Por estos hechos, ahora enfrentan cargos por los delitos de asociación criminal, secuestro extorsivo y extorsión.
El engaño contó con la participación de Ángel Herrera y Luis Moraga Parisi —primo del excandidato presidencial Franco Parisi— quienes cumplieron un rol clave en la puesta en escena haciéndose pasar por funcionarios de la PDI. Ambos se encuentran detenidos. En el esquema también se identificó la participación de Claudio Navarrete Fernández, quien habría simulado ser un agente del FBI, la policía estadounidense, para darle más credibilidad al montaje, además de Ángelo Stevens Aguilera, quien simuló ser otro detenido bajo custodia policial en el falso cuartel, pero sería en realidad un excolaborador del Clan Chen, al igual que José Pinto Inzunza, ambos ya formalizados en la causa.
Un rol parecido es el que asumió el exfiscal Vinko Fodich. Según declaró ante la fiscalía, Fodich fue invitado a participar por Ángelo Stevens, quien había sido su cliente, para aprovechar la cercanía del abogado con el Clan Chen: Fodich era el defensor de uno de los líderes del clan —Yongjie Chen—, quien es pareja de Mingxia Fu, hermana del ciudadano chino retenido en el falso cuartel. Ese vínculo entre el abogado y la mujer habría servido para convencerla de que el procedimiento contra su hermano era real.
Otro participante clave del esquema es Stefano Andreotti, identificado como líder de una banda dedicada al narcotráfico que habría ejercido como contador del Clan Chen, según declaró otro de los imputados. De acuerdo a un artículo publicado por La Tercera, Andreotti habría sido quien ofreció los servicios de los funcionarios de la PDI para que participaran en el esquema extorsivo, aportando con su presencia y la inclusión de un vehículo policial para hacer más realista la farsa.
Gracias al montaje, el grupo coordinado logró extorsionar al ciudadano chino y a su hermana para que finalmente entregaran $30 millones, que luego se repartieron entre los involucrados. Pero todo quedó expuesto cuando una de las víctimas —Mingkai Fu— acudió a un cuartel policial verdadero y consultó por la existencia de dependencias de la PDI en la dirección donde había sido retenido. Ante la respuesta negativa, la institución habría iniciado la investigación interna, donde se detectó la participación de los funcionarios activos, para luego derivar los antecedentes a la Fiscalía Supraterritorial, según informó Radio Biobío.
$100 mil por información desde los servidores internos de la policía
Manuel Figueroa Vega (46), el funcionario del Laboratorio de Criminalística de La Serena que figura como imputado en la causa realizó una declaración voluntaria el pasado 9 de septiembre. Ese mismo día hizo entrega voluntaria de su teléfono y las claves de acceso para que fuera periciado, manifestando su intención de colaborar con la investigación,
En su declaración, dijo que llevaba 23 años de carrera policial, y que durante el año 2025 había hecho su primer contacto con el Clan Chen, a través de un concuñado que había estado preso junto a un integrante de la banda:
“El año 2025 no recuerdo la fecha exacta, mi concuñado (cuyo nombre omitiremos) se encontraba cumpliendo prisión preventiva en la ciudad de Santiago, conociendo dentro del establecimiento penitenciario a un contador del Clan Chen, de nombre Stefano Andreotti Parada a quien apadrinó y con quien se hizo muy amigo”.
El mencionado es uno de los imputados en la causa. El que habría contactado a los autores del engaño con los funcionarios de la PDI. Figueroa explicó que su concuñado cultivó una relación de confianza con Andreotti, quien terminó contándole los pormenores del trabajo que hacía para el Clan Chen:
“Le contó a mi concuñado como realizaba lavados de dinero, contratando a personas en condición de calle, a quien le pagaba cotizaciones previsionales y los hacía visibles para el sistema comercial,, logrando que fueran atractivos para los bancos y una vez que obtenían cuenta corriente y tarjetas de crédito, los hacía pedir créditos y reventar las tarjetas, obteniendo todas las ganancias por este tipo de defraudaciones al banco. Dicho modus operandi lo encontré interesante e importante para investigar, por lo que le dije a mi concuñado que me acercara al contador Andreotti Parada”.
En su declaración, el policía Figueroa relata que finalmente conoció a Stefano Andreotti y que poco a poco se fue ganando su confianza. Todo, según él, con el objetivo de obtener información que luego pretendía entregar a la policía. En ese contexto, declaró Figueroa, Andreotti comenzó a pedirle favores, y él accedió:
“Dentro de los favores que me pedía Stefano, se encontraba el realizar consultas a los sistemas institucionales de la PDI, por una cantidad determinada de personas, él quería saber si eran investigados, si contaban con antecedentes penales u órdenes de detención; debo haber realizado unas veinte a treinta consultas por Rut en los sistemas Brain, Gepol y Sibi, las que eran pagadas, alrededor de $100.000 por consulta realizada”.
Junto a su declaración, Figueroa entregó copia de las cartolas bancarias de la cuenta donde recibía el dinero, que provenía desde diferentes cuentas que eran manejadas por Andreotti. Era la única prueba que podía aportar, según explicó, pues los mensajes que se enviaban por WhatsApp se borraban automáticamente después de 24 horas.
En la misma declaración, Figueroa reconoce haber buscado información en las bases de datos policiales sobre Mingkai Fu y su hermana Mingxia en varias ocasiones, además de datos sobre Ángelo Stevens y José Pinto Inzunza, también imputados en la causa por extorsión a los ciudadanos chinos. Y luego, en una fecha que no se aclara, asegura haber entregado la información que había recabado a sus superiores:
“Una vez que recabé información importante respecto al modus operandi que utilizaba el contador Andreotti Parada, pedí audiencia con el Jefe de la Región Policial de Coquimbo Prefecto Inspector Javier González Rojas, a quien le informé como este contador cometía este tipo de delitos y que por mi parte era de su confianza, con el objeto de elevar los antecedentes o ver que unidad lo podía investigar”.
Sin embargo, aclaró que toda esa conversación habría sido de manera verbal, y que no quedó ningún documento que acredite que habló con el jefe mencionado. Y además, reconoció que no transparentó todos los hechos en esa reunión con su jefatura: “No le informé al señor González que había realizado consultas no autorizadas, para un tercero, ni que había recibido dinero a cambio de ellas”.
Figueroa aseguró no recordar cuál fue la respuesta de su superior. Luego de eso, según declaró, se quedó tranquilo, a la espera de que alguien lo contactara para entregar los antecedentes. De acuerdo al informe policial que analizó los registros bancarios de Figueroa, los peritos identificaron ingresos por alrededor de $2 millones en total, que estarían vinculados a las consultas solicitadas por Andreotti.
La incautación a los policías: varios teléfonos, armas, evidencia de otras causas y fuegos artificiales
Los tres policías —activos cuando ocurrieron los hechos investigados— que ya fueron detenidos y formalizados en la causa provienen de la Brigada de Investigación Policial La Pintana: Pablo Gajardo, Rodrigo Navarrete y Sebastián Gajardo. Hasta esas dependencias llegaron los encargados de Asuntos Internos de la PDI el pasado 9 de septiembre, con el objetivo de detenerlos, allanar su lugar de trabajo y luego sus domicilios particulares.
El comisario Pablo Gajardo Romo (43) tenía dos teléfonos celulares en su poder cuando fue detenido. Y un tercer aparato fue encontrado en uno de los cajones de su escritorio en la brigada. En su domicilio en Puente Alto, la policía encontró otros tres celulares, ubicados en el dormitorio que compartía con su pareja.
Gajardo, identificado como el jefe del grupo policial, se negó a autorizar las pericias a esos teléfonos y declinó entregar las claves de acceso, hasta contar con mayores antecedentes y tener la asesoría legal de un abogado, según revela el informe policial con los detalles del procedimiento. Tampoco accedió al alzamiento de su secreto bancario.
En el auto del inspector Rodrigo Navarrete Umaña (35), detenido ese mismo día, los investigadores encontraron una pistola, distinta a su arma de servicio, además de municiones repartidas por diferentes partes del vehículo y un puñado de petardos.
En la pieza que ocupaba en el domicilio de su madre, donde Navarrete acostumbraba a alojar, la policía encontró cartuchos de armas de fuego, además de una serie de elementos rotulados como “evidencia” con cadena de custodia. Aunque el informe policial no indica a qué delitos o causas estarían vinculadas esas evidencias, sí aclara que la situación es completamente irregular: ese tipo de material debe mantenerse bajo resguardo y control institucional, almacenado en el lugar dispuesto por la unidad policial, por lo que “es posible afirmar que el imputado incurrió en una falta administrativa”.
De acuerdo al informe policial, en el allanamiento a su departamento los investigadores encontraron hojas de informes policiales, documentos “picados” que estarían relacionados con la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (Brianco) de Iquique, además de «documentos varios picados y mojados, ubicados en el baño del pasillo destinado a visitas».
Varios pisos más abajo, en la bodega asociada al departamento de Navarrete, encontraron tres cajas y una bolsa repletas de fuegos artificiales, cuyas características físicas coinciden con el material incautado por la PDI en La Pintana durante marzo de este año, según se expone en el informe. Navarrete tampoco autorizó el acceso a los dispositivos electrónicos que se le incautaron.
En cuanto al último policía detenido y allanado, el asistente policial Sebastián Gajardo Rojas (42), los investigadores hallaron dentro de su chaleco antibalas y también en su estación de trabajo distintas municiones que no estarían vinculadas a su arma institucional.
En su domicilio, específicamente en su dormitorio, encontraron un arma de fuego, otra a fogueo, más municiones y dinero en efectivo (casi $1 millón), todo repartido en distintos lugares dentro del clóset, en cajas y en los bolsillos de varias prendas. Gajardo Rojas se negó a firmar el acta de incautación de las especies que le requisaron.
