La generosa billetera de Yáber: le pagó mensualmente $1 millón al ministro Antonio Ulloa entre 2019 y 2025

Cuando el pasado 23 de octubre Sergio Yáber declaró en calidad de imputado ante la Fiscalía Regional de Los Lagos, contó que en 2018 se juntó a comer con Ángela Vivanco, su pareja Gonzalo Migueles, y el entonces ministro de la Corte de Copiapó, Antonio Ulloa. Según él, ahí les contó que estaba postulando al cargo de Conservador de Bienes Raíces de Puente Alto (CBR), y que acordaron que si era nombrado se llevaría a trabajar con él a Migueles.

En su declaración no mencionó si Vivanco, Migueles o Ulloa realizaron gestiones para lograr su nombramiento, pero lo cierto es que apenas asumió su cargo, el 6 de noviembre de 2018, comenzó a realizarles pagos mensuales a Migueles y a Ulloa.

A Gonzalo Migueles le realizó transferencias por $3 millones cada mes. Se supone que trabajaba con él en el CBR de Puente Alto cumpliendo labores administrativas. Lo que hasta no se sabía es que también le pagaba cada mes a Antonio Ulloa.

Ulloa es alguien bien conectado al interior del Poder Judicial. Solo en sus chats con Luis Hermosilla, según determinó el sumario que ordenó en su contra la Corte Suprema, aparece influenciando el nombramiento de diez ministros de las cortes. En otros chats en poder de la fiscalía figura intercediendo para el nombramiento de notarios.

En 2021, en su segundo intento, Ulloa logró escalar hasta la principal corte de apelaciones del país, la de Santiago. Lo hizo gracias al apoyo de Hermosilla, quien entonces ejercía como asesor del Ministerio del Interior.

El sumario que ordenó en su contra la Suprema estableció que además de influir en nombramientos judiciales, a través de Hermosilla, el entonces ministro también le filtró antecedentes de causas que eran de interés del abogado, y no se inhabilitó al revisar procesos donde intervenían otros abogados cercanos a él, como Samuel Donoso y Mario Vargas (vea el sumario aquí).

A pesar de que Antonio Ulloa logró esquivar su destitución en la Corte Suprema —no se alcanzó el quórum para expulsarlo—, no ocurrió lo mismo en el Congreso, donde el pasado 10 de noviembre se aprobó una acusación constitucional en su contra por “notable abandono de deberes”.

Ni el sumario de la Suprema ni el libelo que revisó el Congreso consideraron los pagos que recibió Ulloa mensualmente de parte de Sergio Yáber, porque hasta ahora ese era un antecedente desconocido.

La primera transferencia se realizó el 13 de febrero de 2019 y fue por $300.000. Un mes después, el 5 de marzo, hubo un segundo pago por $1 millón, y esa cifra se mantuvo estable durante los siguientes 74 meses. En total, Yáber transfirió $74,8 millones a Ulloa, según los documentos bancarios revisados por Reportea.

Los pagos se hicieron desde la cuenta corriente de Yáber en el banco Itaú, y se recepcionaron por Ulloa en su cuenta del BCI. La mayoría de las glosas de esas transferencias mencionan a una hija del exministro de la Corte de Santiago.

“Abrazos y cariños a mi ahijada” se lee en la glosa del pago realizado el 5 de abril de 2024. “Abrazo cumpa, cariños a mi ahijada”, aparece en la transferencia del 5 de julio de 2022.

Consultado Antonio Ulloa sobre esos pagos, optó por no responder las preguntas de Reportea: “No tengo ningún comentario que hacer sobre este tema. Cualquier antecedente al respecto lo entregaré, si así se determina, ante la señora fiscal. Se me ha intentado vincular a través de la prensa en causas penales de alta connotación. En ninguna de ellas soy parte ni tengo relación. Yo ya he sido investigado y sancionado. Me he sometido y me seguiré sometiendo a la institucionalidad y confío en que finalmente se reconocerán los hechos tal y como acaecieron”, indicó.

Pagos bajo investigación

Yáber y Ulloa eran cercanos. Prueba de eso son las interceptaciones telefónicas al Conservador de Puente Alto, donde habló sobre gestiones para evitar la expulsión de Ulloa del Poder Judicial.

La fiscalía detectó llamados de Yáber para interceder ante Arturo Prado, ministro de la Suprema, para evitar que el máximo tribunal expulsara a Ulloa cuando se revisaron los resultados del sumario en su contra. También hay llamadas que darían cuenta de gestiones de Yáber para intentar salvar a Ulloa en el Congreso, tal como reveló un reportaje de Chv Noticias.

Yáber y Ulloa también han compartido viajes a Argentina, y numerosas reuniones sociales, como revelan registros a los que Reportea tuvo acceso.

El exministro Ulloa está siendo investigado por el delito de tráfico de influencias por la Fiscalía Regional de Valparaíso. Esa indagatoria originalmente estuvo a cargo de los fiscales de la Región de O´higgins, pero cambió de mano luego de que en marzo pasado se realizaron allanamientos en la oficina de Ulloa en la Corte de Santiago y en el Tribunal Constitucional, donde se requisó el teléfono del ministro Héctor Mery, quien fue el encargado de la División Judicial del Ministerio de Justicia durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera. Esa oficina es la encargada de visar los nombramientos propuestos por el Poder Judicial. 

La defensa de Mery acusó que la fiscalía le había quitado su celular a pesar de que él no tenía la calidad de imputado en la indagatoria, entonces le devolvieron su equipo telefónico y la causa se radicó en Valparaíso. Desde entonces no han habido novedades.

Donde sí hay avances es en la indagatoria a cargo de la Fiscalía Regional de Los Lagos, la que investiga el supuesto pago de coimas a la exministra de la Suprema Ángela Vivanco por fallos que beneficiaron al consorcio chileno bielorruso Belaz Movitec. Fue esa investigación la que logró levantar el secreto bancario de los investigados, incluyendo al conservador de Puente Alto, Sergio Yáber.

¿Qué rol jugó Yáber en esa trama? Según el Ministerio Público, formó parte de una maniobra para lavar el dinero de las coimas (vea reportaje).

Yáber no estuvo disponible para responder preguntas ni hacer comentarios sobre los pagos que le realizó a Antonio Ulloa.

En todo caso no serán los únicos traspasos de dinero que deberá analizar la fiscalía. Las cartolas de Yáber han arrojado otras sorpresas. Tal como reveló Reportea, el 28 de mayo de 2024 le transfirió $1,6 millones al senador Matías Walker (Demócratas), quien explicó ese pago indicando que Yáber lo ayudó a financiar un viaje de su hijo a Canadá (vea aquí el artículo).

En la glosa de ese pago, Yáber se refiere a un hijo de Walker como su “ahijado”, al igual que en las transferencias que le realizó a Ulloa, donde habla de su “ahijada”.

La Fiscalía Nacional anunció que se abrió una investigación por el pago al senador, la que quedó a cargo de la Fiscalía Regional de Los Lagos. 

No fue la única indagatoria abierta a partir de pagos realizados por Yáber. Un reportaje de Ciper dio a conocer un informe del OS7 de Carabineros sobre las interceptaciones telefónicas a Yáber, quien en uno de los diálogos mencionó que le había pagado $1,7 millones al diputado Cristián Araya (Republicanos). Por ese hecho también se abrió una investigación penal.

El nombramiento de Yáber

Los pagos que tienen a Yáber al centro de la llamada “trama bielorrusa” son las transferencias mensuales por cerca de $3 millones a Gonzalo Migueles, pareja de la exsuprema Ángela Vivanco y que actualmente cumple prisión preventiva en Capitán Yáber, acusado de participar en un esquema destinado al pago de coimas a cambio de fallos judiciales.

Migueles cumplía un rol de administración en el Conservador de Bienes Raíces de Puente Alto (CBR). Al menos esa es la versión oficial. Trabajadores del CBR le dijeron a Reportea que, en realidad, Migueles solo asistía un par de veces a la semana, y que se preocupaba de los eventos de fin de año y de los aguinaldos para el personal.

Yaber también realizó transferencias que escaparon a la norma de los pagos mensuales a Migueles: en junio de 2024 le depositó $19,4 millones fraccionados en cuatro transferencias, las que la fiscalía acusa que formaron parte del esquema para el pago de coimas.

Cuando el pasado 23 de octubre Yáber declaró ante la fiscalía, contó por qué comenzó a trabajar con Migueles apenas asumió su cargo como CBR de Puente Alto. Según él, la contratación de Migueles estuvo condicionada a su nombramiento:

“A mediados del año 2018 nos encontramos casualmente en La Serena, Gonzalo andaba acompañado de su señora, Angela Vivanco, y un amigo que tenemos en común de nombre Antonio Ulloa. En esa instancia fueron a comer a mi casa, y le pregunté a qué se estaba dedicando y me dijo que estaba buscando pega porque le había ido mal y había quebrado con la fábrica de producción avícola”, le contó Yáber a los fiscales.

Según su versión, ahí se selló el acuerdo de contratación:

“De esta manera, sabiendo que él era contador o contador auditor, cosa que no me consta, ya que él se describía como tal, les comenté que por razones de salud de mi hijo mayor que es autista yo requería de un traslado a la ciudad de Santiago y que para ello estaba postulando al cargo de Conservador de Bienes Raíces de Puente Alto, que iba en la terna, que podría ser nombrado, por lo cual le ofrecí que si yo resultaba designado podríamos conversar de un eventual cargo en mi oficina. Dicha situación la comenté con Gonzalo y Angela”.

Yáber no mencionó en su declaración sí Vivanco, Migueles o Ulloa realizaron gestiones para lograr su confirmación como conservador de Puente Alto.Pero sí dejó claro que la contratación de Migueles estuvo condicionada a que lo confirmaran en el cargo:

“En este orden de ideas, apenas asumí el cargo de Conservador de Bienes Raíces de Puente Alto en el mes de noviembre del año 2018, sostuve una conversación con Angela Vivanco Martínez donde me señaló y me reiteró que su marido o pareja estaba sin trabajo y que si se me podía dar la oportunidad de contratarlo una vez que asumiera mi cargo, conociera mi oficina y siempre en el entendido que me faltara personal pudiera acordarme de su marido”, señaló.

Actualmente Sergio Yáber está suspendido de su cargo. La decisión fue de la Corte de Apelaciones de San Miguel, la que además abrió un sumario en su contra para indagar todos los hechos que se han dado a conocer durante las últimas semanas gracias a investigaciones de la fiscalía y a reportajes publicados por la prensa.