¿Qué hacían dos carabineros en medio de la turba que atacó las dependencias de la Universidad San Sebastián? ¿Qué labores cumplían? Eran parte de las preguntas que el fiscal José Morales buscaba resolver en mayo de 2021, a través de un oficio que envió a Carabineros. En él preguntó, con nombre y apellido, por dos funcionarios. Había pasado casi un año y medio desde el incendio que afectó a la sede del plantel y la investigación no había detectado ningún responsable.
Cuando comenzó a indagarse la participación de los dos funcionarios de Carabineros, que durante el estallido cumplieron funciones como infiltrados en las protestas, un oficio desde el Ministerio del Interior frenó las pesquisas.
Los hechos que dieron origen a la causa ocurrieron el viernes 27 de diciembre de 2019. Las manifestaciones que habían comenzado en octubre de ese año no cesaban. Plaza Italia era el epicentro cada viernes, y ese 27 de diciembre la sede Bellavista de la Universidad San Sebastián (USS), ubicada a unas cuadras de la plaza, fue el blanco de una multitud con piedras.
Jorge Barraza, entonces director nacional de seguridad en la Universidad San Sebastián, recuerda ese día con claridad. Eran cerca de las cinco y media de la tarde, cuando le llegó la alerta de que estaban vulnerando el perímetro de la sede: “Estaban cortando la reja y los encapuchados estaban atacando la universidad (…) estimo que eran unas quinientas personas que lanzaban piedras y un montón de cosas”, recuerda Barraza.
Varios guardias fueron heridos y un incendio arrasó con parte de las instalaciones en el piso -1. La universidad se querelló y, durante meses, Barraza y su equipo revisaron meticulosamente los registros de las cámaras de vigilancia, para encontrar a los que iniciaron las llamas. En ese proceso, Barraza y otro integrante del equipo de seguridad, identificaron a dos carabineros infiltrados.
Barraza le comunicó sus hallazgos a la dirección de la universidad. Cuenta que fue citado a una reunión con las máximas autoridades del plantel, a la que se sumó Andrés Chadwick. Pero no está claro qué función cumplió este último ahí. Para esa fecha, Chadwick ya no era ministro del Interior, y tampoco tenía un cargo administrativo en la universidad. Consultado por Reportea, el exministro declinó referirse al tema.
Barraza también se encargó de que la información llegara a la justicia. En 2021, declaró ante la Policía de Investigaciones (PDI) y relató lo que había encontrado. Reportea pudo confirmar en la PDI que su declaración fue tomada y que los funcionarios policiales enviaron a la fiscalía un informe al respecto, pero en la carpeta del caso no hay rastro de esos documentos.
En conversación con Reportea, el fiscal a cargo de la causa, José Morales, no supo explicar por qué esa información no estaba incluida en el expediente. Pero fuentes que conocieron de cerca la investigación confirmaron a Reportea que dos funcionarios de Inteligencia de Carabineros, David Gaete y Óscar Cifuentes, fueron identificados al interior de la USS cuando ocurrieron los hechos.
En la carpeta sí quedó constancia de que la fiscalía solicitó información sobre esos carabineros a la Dirección de Inteligencia de la institución (Dipolcar), pero la solicitud fue rechazada. En un oficio emitido por el Ministerio del Interior, entonces liderado por Rodrigo Delgado, el gobierno negó cualquier información sobre los funcionarios policiales, argumentando que esos antecedentes estaban protegidos por la ley que regula el Sistema de Inteligencia del Estado. Ningún otro involucrado logró ser identificado, y en marzo de 2023 la causa se cerró sin acusados.
Los dos carabineros identificados, Gaete y Cifuentes, suman otros casos durante esa época, donde se vieron involucrados como policías encubiertos.
El infiltrado que volvió
Durante la tarde en que ocurrió el incendio, el choque entre la multitud y los guardias del recinto fue violento. Un integrante del equipo de Barraza terminó con una fractura expuesta en uno de sus dedos y otros cinco con lesiones leves. En medio de ese caos, a las 20:30, comenzó el incendio al interior de la sede. Y aunque no fue estructural, sí causó graves daños.
Según cuenta Barraza, el hecho marcó a su equipo, y durante los meses posteriores se dedicaron a revisar detenidamente los videos de las cámaras de seguridad para encontrar a los responsables del siniestro. En enero de 2020, según cuenta el jefe de seguridad, ocurrió un hecho que fue clave para que esa búsqueda tuviera éxito:
“Un día llegó un oficial de Carabineros que se identificó como David Gaete, junto a otra funcionaria que se presenta como subteniente. Estaban encubiertos. Él usaba unas rastas en el pelo, una polera guayabera, jeans y zapatillas”.
Según explica Barraza, los policías le solicitaron un listado de estudiantes hijos de carabineros que fueran víctimas de bullying, pero les respondió que no contaban con esa información. Acto seguido, dice Barraza, el carabinero Gaete le preguntó: “¿Algún hecho o algo que les haya pasado?”. “Sí, el incendio de diciembre”, habría contestado el jefe de seguridad.
Gaete pidió que les entregaran las grabaciones de las cámaras de vigilancia del día del incendio. Pero Barraza respondió que solo las entregaría con una orden judicial. Según el encargado, Gaete insistió y pidió ver los registros. “Les mostramos las imágenes donde salen los manifestantes por calle Dardignac, unos supuestos ‘intramarchas’. La existencia de esos videos lo molestó mucho. Pero se fueron sin nada”, asegura Barraza.
En marzo, cuando volvieron a su trabajo en la universidad, retomaron la revisión sistemática de los videos. Y en uno de ellos, Barraza lo vio: “Empiezo a revisar desde cuando se inicia el incendio para atrás, rebobinando, y en las imágenes aparece el señor David Gaete, el mismo oficial de Carabineros que se presentó meses antes con el cuento de que iba a ver un tema de bullying”, asegura Barraza. La contextura, las rastas en el pelo y la ropa, dice, lo llevaron rápidamente a pensar en Gaete.
Sergio Dinamarca, otro integrante del equipo de Barraza que estuvo presente el día de la visita de Gaete y la subteniente, también contó a Reportea que la imagen en los videos calzaba con la del oficial que los había visitado en enero.
Esa grabación clave, según explica Barraza, registra lo ocurrido en el pasillo exterior a la zona donde se inició el fuego. Pero el archivo no está incluido en la carpeta de la investigación. Reportea tuvo acceso a las imágenes donde se ve al sujeto, identificado por Barraza como David Gaete, entrar al salón del piso -1 del edificio donde comenzó el fuego. Lleva un jockey puesto, una polera negra con franjas de colores al centro del pecho, jeans cortos y una máscara antigás cubriendo su rostro.
En el video se le ve ingresar a esa sala junto a otras personas. El sujeto que sería Gaete ingresa al salón donde inicia el fuego, y dos minutos después, sale, con una taza en sus manos. Al menos otras 16 personas transitan por el mismo sector. Pocos segundos después, la mayoría de los que se encontraba dentro del salón sale corriendo, y el humo alcanza el pasillo donde se ubicaba la cámara. En la carpeta de la fiscalía no hay registros de lo que ocurrió dentro de esa sala.
La participación de Óscar Cifuentes —el otro funcionario policial sobre el que la fiscalía solicitó antecedentes—, el día del incendio habría sido similar. Según fuentes del Ministerio Público que conocieron de cerca esa investigación, en los videos de las cámaras de seguridad se identificó a Cifuentes lanzando objetos al interior del edificio y luego se le vio deambulando por los pasillos interiores en las horas previas al incendio.
¿Reunión con Chadwick?
Jorge Barraza afirma que dio a conocer a las autoridades de la universidad lo que había descubierto en las cámaras en septiembre de 2021. Dice que le contó a Luis Cordero, entonces presidente de la junta directiva de la USS, y a Javier Valenzuela, el prorrector, Y que luego de eso Cordero lo citó a una reunión para el día siguiente.
“Me llamó a su oficina en la sede de Los Leones al día siguiente con toda la evidencia”, dice el exdirector nacional de seguridad de la USS. La reunión se llevó a cabo a las seis de la mañana. Barraza cuenta que no fue solo. Le pidió a su hijo que lo acompañara y este se quedó en el hall, esperando que la reunión terminara.
Pero cuando Barraza ya estaba en la oficina de Cordero, en el segundo piso del edificio, su hijo le envió un WhatsApp: “Llegó Andrés Chadwick”, le escribió, según cuenta Barraza.
La presencia de Chadwick sorprendió a Barraza. Dice no haber comprendido para qué estaba ahí.
El jefe de seguridad cuenta que en un punto de la reunión Chadwick intervino para preguntarle: “¿Qué es lo que quieres?”. Barraza dice que respondió: “Que se haga justicia, que los verdaderos culpables de la situación o montaje, lo paguen”.
Para entonces, Chadwick ya había dejado el Ministerio del Interior, a raíz de la acusación constitucional en su contra por el actuar de la policía en las protestas. Tampoco ejercía un cargo en la universidad, pero sí era muy cercano al presidente de la junta directiva del plantel, Luis Cordero. Después comenzó a desempeñarse como docente en la Facultad de Derecho, en 2022 asumió como su decano y en junio de 2024, tras la muerte de Luis Cordero, lo reemplazó como presidente de la junta directiva. Pero renunció dos meses después, luego de que un reportaje de El Mostrador reveló que Marcela Cubillos ganaba $17 millones como docente en esa universidad.
Reportea se contactó con Andrés Chadwick para confirmar su presencia en esa reunión y obtener más detalles sobre cuál habría sido su rol, pero a través de su abogado, Samuel Donoso, indicó que no se referirá al tema. Luis Cordero ya está fallecido, y el tercer involucrado, el prorrector Javier Valenzuela, tampoco accedió a responder preguntas para este reportaje.
Desde la universidad, respondieron por escrito y aseguraron que Chadwick no participó en ninguna reunión de este estilo:
“Después del incendio, las autoridades de la Universidad se reunieron con su Dirección Jurídica para revisar los antecedentes y determinar las acciones legales que la institución debía adoptar. La Universidad afirma de manera categórica que el señor Andrés Chadwick no participó en ninguna de esas reuniones. Así también, precisar que a la época, no tenía ningún vínculo con la universidad”.
En los estados financieros de la universidad de 2021, consta que el plantel cobró un seguro luego del incendio por $1.258.337.000 (ver aquí).
Barraza fue desvinculado de la USS el 13 de septiembre de 2022. Actualmente presta servicios a empresas y particulares a través de la sociedad «Barraza Investigaciones Y Asesorías En Seguridad Privada Integral».
La declaración de Barraza
En 2021, antes de comunicarlo a la universidad, el entonces director de seguridad de la USS, Jorge Barraza, llegó a la Brigada de Investigación Criminal de la PDI en Independencia a declarar sobre sus hallazgos. Allí contó cómo había identificado en los videos a los dos carabineros infiltrados. Pero en la carpeta investigativa del caso no hay ningún documento con la versión que Barraza le entregó a la policía.
Barraza conoce bien a la policía civil. Fue parte de sus filas y es hijo de Jorge Barraza Riveros, quien encabezó la Brigada Investigadora de Organizaciones Criminales de la PDI a inicios de los ’90, encargada de investigar el homicidio de Jaime Guzmán y el secuestro de Cristián Edwards. Además enfrentó indagatorias por su participación en organismos de represión durante la dictadura (fue acusado de prestar labores al Comando Conjunto y a la CNI). Fue llamado a retiro en 1994 y se dedicó a las investigaciones privadas, desde donde cultivó cercanía con la UDI, por ejemplo durante el caso Spiniak.
A pesar de que en el expediente de la fiscalía por el incendio de la USS no consta la declaración que prestó Jorge Barraza hijo durante 2021, Reportea pudo confirmar con el entonces jefe de la Brigada de Investigación Criminal de la PDI en Independencia, Cristian Barraza (no son parientes), que la declaración sí se realizó. “Le endosé a un funcionario la orden de tomar la declaración de Barraza. Y le informamos a través de un informe al fiscal el contenido de la misma y que por ley de seguridad no podíamos tomarle declaración a los carabineros señalados. Él nos dijo ‘no se preocupen, yo me encargo’”, aseguró el ahora exfuncionario policial.
Aunque ni la declaración ni el informe que menciona el ex PDI están en la carpeta, en ella sí hay documentos donde se identifica a los carabineros investigados, David Gaete y Óscar Cifuentes. El primero es un oficio del 12 de mayo de 2021, donde el fiscal José Morales solicita una serie de diligencias al Departamento de Asuntos Internos de Carabineros (vea ese documento).
Allí, Morales pide información sobre las funciones que ambos desarrollaban. Pregunta “si un funcionario de carabineros identificado como David Gaete se encontraba realizando funciones en las cercanías o dentro de la universidad” y de ser así, reza el oficio, que se le tome declaración sobre los hechos.
En el siguiente punto, solicita que “se informe la unidad a la que se encontraba asignado el funcionario de carabineros Óscar Daniel Cifuentes Salgado” el día del incendio, y que se informe “si estaba asignado a funciones en la Universidad San Sebastián o relacionadas”.
El oficio que frenó la investigación
La respuesta a la solicitud del fiscal José Morales llegó el 16 de agosto, desde la Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros, a la que pertenecían los dos funcionarios identificados en el oficio de la fiscalía. En esa respuesta, el entonces director de la Dipolcar, Luigi Lopresti, indicó que la solicitud de Morales “no cumple las formalidades legales”, pues al ser información reservada de inteligencia la ley exigía que fuera solicitada por el Fiscal Nacional (vea esa respuesta).
Así se hizo. El entonces Fiscal Nacional, Jorge Abbott, elevó la solicitud al Ministerio del Interior, como superior jerárquico de Carabineros, cartera que en ese momento era dirigida por Rodrigo Delgado. La respuesta llegó en un oficio, fechado el 29 de noviembre de 2021, donde Delgado informó que “los antecedentes, informaciones y registros que obran en poder de la Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros de Chile son secretos y de circulación restringida”.
En el mismo documento se aclara que las diligencias solicitadas por el fiscal Morales serían respondidas en un oficio reservado, pero que esto «no implica la liberación del secreto de los antecedentes requeridos, debiendo mantener la reserva de su contenido tanto el Fiscal Nacional y todos los funcionarios del Ministerio Público que lleguen a conocer dicha información» (vea ese documento).
El oficio reservado con la información que pedía Morales nunca llegó a las manos del fiscal a cargo de la causa. El 30 de noviembre de 2021, Jorge Abbott notificó por escrito a la Fiscalía Regional Centro Norte, de la que dependía Morales. Allí, indicó que el secreto que pesaba sobre el oficio reservado con la información de Carabineros “impide remitirlo”, e informó sobre “la denegación del levantamiento del secreto”. Todo amparado bajo la ley 19.974, que regula el Sistema de Inteligencia del Estado (vea ese documento).
La única opción que quedaba, de acuerdo al escrito firmado por Abbott, era apelar ante la Corte de Santiago, pues la misma ley lo permitía. Pero eso no sucedió y la causa se cerró: en marzo de 2023 la fiscalía comunicó la decisión de no perseverar (vea ese registro).
Consultado por Reportea, el fiscal José Morales sostuvo: “Nunca tuvimos algún antecedente para estimar que la persona que inició el fuego pudo ser un funcionario público. Si así hubiese sido lo hubiéramos perseguido. El objetivo era saber si los funcionarios tenían antecedentes del sujeto encapuchado que en las grabaciones se ve iniciando el fuego”.
Jorge Barraza es crítico con la investigación de la fiscalía: “Yo declaré para que los verdaderos responsables de esta situación, de este montaje o como quieran llamarlo, paguen, de la forma que la justicia determine. Pero me parece absurdo que para pillar asaltantes, por ponerle un ejemplo, tenga que yo hacer un asalto. Eso no es inteligencia”.
Los otros casos de los carabineros señalados
La causa por el incendio en la Universidad San Sebastián no fue el único hecho que expuso las labores encubiertas de Gaete y Cifuentes. Ambos se han visto involucrados en otros operativos de inteligencia llevados a cabo por Carabineros durante el estallido social. Y en el caso de Gaete, incluso antes.
Según información publicada por Interferencia, David Gaete fue parte de la “Operación Huracán”, un montaje orquestado dentro de Carabineros que usó pruebas falsas para inculpar a personeros mapuche de actos terroristas.
En 2017, Gaete formaba parte de la Unidad de Inteligencia Operativa Especializada (UIOE), a cargo de esa operación. Y, según constató el mismo medio, en el periodo que trabajó en la provincia de Arauco, Gaete fue denunciado por detenciones violentas y tortura contra miembros de las comunidades mapuche.
Su nombre saltó a la palestra durante el estallido, cuando declaró como agente infiltrado en la causa contra tres estudiantes acusados de tirar bombas molotov y quemar el Hotel Principado de Asturias en Providencia, según recoge el mismo artículo de Interferencia.
En ese caso, tres estudiantes estuvieron en prisión preventiva por casi dos años. La principal prueba en su contra era el testimonio de Gaete. A fines de 2021, la Corte Suprema anuló parcialmente el juicio que los había condenado, argumentando que la evidencia principal carecía de legalidad, ya que el funcionario no contó con la autorización judicial para operar de forma encubierta durante el primer día en que ocurrieron los hechos, vulnerando el debido proceso.
Reportea pudo comprobar que al menos hasta mediados de 2026, Gaete seguía cumpliendo funciones dentro de la institución.
El otro carabinero que fue objeto de diligencias en la causa por el incendio en la San Sebastián, Óscar Cifuentes, también tiene otra historia durante el estallido. En octubre de 2020, un reportaje de Ciper lo identificó como un agente infiltrado en la población Lo Hermida. La investigación no reveló su nombre real, por motivos de seguridad, pero se trataba de Cifuentes.
El carabinero se presentó ante los habitantes de esa población con un nombre falso: «Giovany», y se involucró en organizaciones territoriales del sector, donde constantemente incitaba a otros a enfrentarse “con los pacos”. Participó en ollas comunas, manifestaciones y barricadas, y se validó diciendo que había pertenecido a la “primera línea” en Antofagasta. En una ocasión incluso les propuso atacar sorpresivamente a la subcomisaría de la zona, según recoge esa investigación.
Pero toda la farsa quedó al descubierto cuando “Giovany” apareció en un programa de Canal 13, llamado “Contra viento y marea”, participando con su verdadero nombre, Óscar Cifuentes, e identificándose como cabo de Carabineros.
Según información incluida en la carpeta investigativa del incendio en la USS, en octubre de 2020 Cifuentes fue trasladado de la Dipolcar al Club de Campo Cumbres, dependiente de la Dirección de Bienestar de Carabineros. Y al mes siguiente, se le encargó cumplir con labores administrativas en una oficina de partes en Santiago.
Reportea no pudo comprobar si Cifuentes actualmente sigue prestando servicios a la institución.
