El pasado 19 de junio, Sergio Yáber, el suspendido titular del Conservador de Bienes Raíces (CBR) de Puente Alto, declaró una vez más ante la fiscalía. En esta oportunidad, las fiscales Paola Castiglione y Claudia Perivancich lo interrogaron por la arista “agencia de nombramientos”, el nombre que le dieron en la Fiscalía Regional de Valparaíso a la reservada investigación que llevan adelante sobre compra y venta de cargos judiciales (vea aquí más detalles de esa trama).
Yáber apuntó contra varios integrantes del Poder Judicial y reveló más pagos a figuras políticas: afirmó haberle transferido $10 millones al senador Matías Walker (Demócratas) en 2022, los que se suman al anterior pago por $1,6 millones, realizado por Yáber en 2024, y que fue revelado por Reportea a fines de 2025.
En su declaración, Yáber atribuyó la transferencia de los $10 millones a su amistad con Walker, la que inició hace más de una década, cuando ambos ejercían cargos en Coquimbo.
Según Yáber, los $10 millones fueron una ayuda económica, debido a una enfermedad grave que padecía uno de los hijos de Walker: “Matías me dijo que estaba muy complicado económicamente producto de la enfermedad de su hijo, y yo le hice dos transferencias bancarias por 6.000.000 y por 4.000.000. Además, le compré un pasaje aéreo a su hijo (…) que se había ganado una pasantía en Canadá”. Esto último, en referencia al pago de 2024 que ya se conocía.
Sin embargo, Yáber no precisó la fecha exacta de las transferencias por $10 millones, solo aseguró que fue en 2022, y en ese periodo el cruce de eventos es complejo: ese año, Walker intervino ante la entonces ministra de Justicia, Marcela Ríos, para favorecer el nombramiento de un íntimo amigo de Yáber, Rodrigo Ortúzar, como notario en San Miguel. Así lo confirmaron a Reportea fuentes que eran parte de la cartera en esa época.
En ese momento, el funcionamiento del sistema indicaba que luego de que un postulante a una notaría quedaba en la terna —elaborada por la corte de apelaciones respectiva—, era el gobierno el que debía seleccionar al elegido. Y la decisión estaba a cargo del Ministerio de Justicia. Todo indica que la gestión de Walker fue exitosa, porque la ministra Ríos firmó el decreto que oficializó a Ortúzar como titular de la 1° Notaría de San Miguel, cargo que asumió el 19 de diciembre de 2022.
Hasta ahora, Walker nunca ha querido explicar su intervención a favor de Ortúzar, pero sí reconoció el pago de $1,6 millones, diciendo que no influyó en su labor pública. Tras el reportaje que reveló ese pago, el senador dio una entrevista al Diario El Día de Coquimbo, donde mencionó el segundo pago que ahora se conoce, pero sin dar cifras.
“Hubo dos momentos donde recuerdo haber recibido ayuda de su parte. Uno tuvo lugar cuando mi hijo se ganó una pasantía para estudiar en Canadá y Sergio quiso ayudarlo regalándole el pasaje. La otra ocurrió el año 2022 y correspondió a dinero que Sergio me transfirió por iniciativa propia para ayudar a que mi familia se recuperara de las consecuencias económicas que debimos asumir con motivo de la grave enfermedad de mi hijo y su largo y costoso tratamiento”, señaló.
Reportea intentó comunicarse con el senador para consultarle los detalles de este nuevo pago, pero a través de un asesor indicó que no volverá a referirse al tema.
Otra de las afirmaciones hechas por Yáber en esa declaración apunta al expresidente de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Luis Sepúlveda, quien asumió ese cargo durante 2023 y se jubiló en abril de 2025. Según el conservador, el exministro les “solicitó cuantiosas sumas de dinero a todos los notarios y conservadores de la jurisdicción mencionándonos reiteradamente que debíamos hacerlo”. Esto, dice Yáber, habría sucedido en dos ocasiones durante 2023, para la celebración del Día del Patrimonio y para el aniversario de la corte.
Luis Sepúlveda ya había salido a la palestra por hechos vinculados a Yáber. Un reportaje de Ciper reveló que en 2018, dos meses después de que Yáber asumiera como titular del CBR de Puente Alto, la esposa de Sepúlveda fue contratada en esa institución. El entonces ministro fue uno de los que votó por Yáber para que llegara a ese cargo, y luego acompañó personalmente a su esposa a las oficinas del conservador en su primer día de trabajo.
Lo mismo sucedió con un familiar del ministro Carlos Farías, quien también votó por Yáber en esa terna. Su hermano, Miguel Farías, fue contratado en el CBR de Puente Alto un año después de que Yáber asumiera el cargo.
Cuando esa información se conoció, Yáber aseguró que él había pedido recomendaciones para el puesto de trabajo que terminó ocupando la esposa de Sepúlveda, pero en la nueva declaración ante la fiscalía afirma que fue el ministro quien lo llamó para solicitarle la contratación de su esposa. Y agregó que “a los pocos días Luis Sepúlveda me pidió que contratara a una sobrina de él (…) donde le señalé que no tenía ningún puesto vacante, cuestión que no le gustó”.
Consultado por Reportea, Luis Sepúlveda negó todas las acusaciones. Aseguró que nunca le pidió dinero a Yáber, y que en las ocasiones que éste menciona solo se solicitaron aportes para la realización de las celebraciones gremiales. Sobre la contratación de su esposa, sostiene que fue Yáber el que la convocó a una entrevista y también niega haber solicitado trabajo para su sobrina. Sobre su voto a favor de Yáber en la terna para el cargo, aseguró que eso respondió únicamente a los méritos que mostró, por tener buena calificación y experiencia. “Las graves imputaciones del señor Yáber son de una falsedad absoluta”, señaló.
La generosa billetera de Yáber
Yáber y Ortúzar se consideran mejores amigos desde que estudiaron juntos en la Universidad Gabriela Mistral. Ortúzar lo describió como «mi hermano» cuando declaró en el sumario de la Corte de San Miguel, donde él y Yáber fueron investigados. Ahora ambos tienen otra cosa en común: Ortúzar, al igual que Yáber, está siendo investigado por presuntamente haber servido de intermediario en varios pagos de empresas al entorno de la exministra Ángelica Vivanco, mientras ella fallaba en causas que afectaban a esas empresas en la Tercera Sala de la Corte Suprema (vea ese reportaje).
El mismo rol le atribuye la fiscalía a Yáber en la “trama bielorrusa”, donde está formalizado por lavado de activos, por haber servido de puente en los pagos realizados por el consorcio chileno bielorruso Belaz Movitec a la entonces pareja de Vivanco, Gonzalo Migueles.
Yáber también asegura mantener una estrecha amistad con el senador Matías Walker. En su declaración de junio pasado, el conservador aseguró que las transferencias que le hizo a Walker entre 2022 y 2024 —que hasta ahora alcanzan los $11,6 millones— se explican por esa amistad que los une. “Somos de visitarnos en nuestras casas y conozco a su señora”, declaró.
Las fiscales a cargo de la diligencia le consultaron por esos pagos y varios “favores” más, revelados en sucesivas publicaciones de prensa: el millón mensual que le pagó al exministro de la Corte de Santiago Antonio Ulloa entre 2019 y 2025, el cheque por $4 millones que le entregó al senador de la UDI Sergio Gahona en 2023, los departamentos que les arrendó a ambos en Coquimbo y la contratación de la hija de Gahona en el CBR de Puente Alto.
Yáber atribuyó todo a la amistad y la intención, según él desinteresada, de ayudar a amigos en apuros económicos.
“Tal como ustedes se podrán dar cuenta y revisar minuciosamente mis cartolas, no es algo nuevo que yo ayude a personas en situaciones puntuales de economía adversa. Podrán darse cuenta y verificar que tengo sumas cuantiosas desde antes del señor Ulloa”, declaró Yáber, enumerando varios otros pagos a familiares y cercanos. “He ayudado con pagos de colegiaturas completas a apoderados de curso de mis hijos en el Colegio San Benito que han pasado situaciones económicas adversas. Hago énfasis en estos ejemplos anteriores que sin tener ninguna obligación de aportar económicamente lo he hecho porque me ha nacido, porque soy agradecido de Dios por lo que me ha dado”, afirmó.
Pero en varios casos esos aportes “benéficos” levantan dudas por lo que podría ocurrir detrás. A pesar de recibir estos pagos y de la amistad declarada con Yáber, ni Walker ni Gahona se inhabilitaron en la tramitación de la reforma al sistema de conservadores y notarios, aprobada en 2025 por el Congreso. Tampoco está claro si hay dinero que haya sido ocupado en campañas electorales. Este punto es relevante, porque el expediente guarda otra declaración que advierte que eso sí sucede.
La solicitud de Gahona
El 22 de junio pasado, la titular de la Quinta Notaría de Coquimbo, María José Montesino, declaró en la investigación bajo reserva. Allí aseguró que era normal que los candidatos políticos se acercaran a pedir dinero para las campañas. Y ejemplificó justamente con uno de los amigos de Yáber: el senador Sergio Gahona.
“En época de campaña han llegado muchos candidatos a pedirme aportes diciéndome que ellos influyeron en mi nombramiento, Gahona fue uno de ellos, me pidió para su campaña 1.000.000 como muchos otros, a los que yo me negué«, aseguró ante la fiscalía.
Reportea intentó comunicarse con el senador Gahona, con llamadas y mensajes, pero hasta el cierre de este reportaje no hubo respuesta. El senador sí le contestó a Ciper, cuando le consultaron por estos antecedentes. “Lo desmiento categóricamente”, reza la respuesta que envió a través de su equipo de prensa. En el reportaje de Ciper, la notaria Montesino aclaró que la solicitud de Gahona sucedió durante 2023, para la campaña de consejeros constitucionales.
En la misma declaración, Montesino aseguró que el lobby desplegado por la Asociación de Notarios y Conservadores para influir en la reforma al sistema fue fuerte, y que hubo puntos importantes que lograron imponer en esa tramitación:
«Sé que se estaban cobrando cuotas extraordinarias para que nos representen como asociación en el Congreso Nacional y en el Ministerio; y en la Corte Suprema. Uno de los temas muy importante para la asociación era que se mantuvieran los 60 días de permiso, que no se tocaran, porque el proyecto los reducía. La idea era mantener los 60 días en total como estaba originalmente, pero como no se derogó el artículo 478 del COT, ahora tenemos 60 días de permiso, más 15 días de vacaciones, más 5 días de permiso”.
Yáber sobre Luis Sepúlveda: “Era un atrevido y constantemente mostraba jineta”
Durante la declaración, las fiscales le preguntaron a Yáber si había realizado pagos a otros jueces, notarios o conservadores. En su respuesta, aunque no reveló más pagos, todos los dardos fueron contra Luis Sepúlveda, quien ejerció como presidente de la Corte de Apelaciones de San Miguel durante 2023 y se jubiló en 2025.
Yáber aseguró que Sepúlveda solicitó “cuantiosas sumas de dinero a todos los notarios y conservadores de la jurisdicción” y señaló que esto se hizo a través de un funcionario judicial, a quien identificó como Críspulo Marañon. Actualmente, Marañon se desempeña como administrador de la Corte de San Miguel. También ejerce como vicepresidente de la Asociación Nacional de Profesionales de la Administración del Poder Judicial, de acuerdo a la web institucional..
Según el conservador, Marañon “insistentemente llamaba para ver cuándo le transferiríamos a su cuenta (…) para rendirle dichas transferencias” a Sepúlveda. Y aseguró que esto sucedió dos veces: “Mayo de 2023 para el día del patrimonio nacional y para el aniversario de la Ilustrísima Corte. En lo particular a mí, siempre ponía el ejemplo del CBR de San Miguel, señalándome que ya había aportado 500.000”.
Consultado por Reportea, el exministro Sepúlveda aseguró: “Todo lo que dice Yaber es una falsedad absoluta que no tiene nada que ver conmigo. En mis 45 años en el Poder Judicial, yo jamás le pedí una dádiva o algo económico a nadie y siempre me caractericé precisamente por esa situación”. El exministro afirmó recordar las celebraciones mencionadas por Yáber, pero insistió en que el dinero fue recolectado para financiar la organización de los eventos:
“En mi presidencia no fue una, fueron varias veces que se hicieron este tipo de actividades con aportes voluntarios que hacían no tan solo los notarios, conservadores, abogados, sino que también nosotros mismos (…) Para el aniversario tengo entendido, porque la comisión organizadora me informaba, que fue otro ministro, amigo de él, que le pidió colaboración”.
Sepúlveda calificó como una “canallada” la imputación de Yáber. Además, aseguró que los aportes fueron registrados en una planilla Excel por el administrador de la corte, Críspulo Marañon. También enumeró las distintas prestaciones que se pagaron con los aportes recibidos. Descartó de plano que ese dinero haya sido utilizado con otros fines (vea ese detalle).
Sobre la contratación de la esposa de Sepúlveda en el CBR de Puente Alto, Yáber declaró que “me llegó su curriculum (…) Luis Sepúlveda me llamó preguntándome si tenía una vacante en el cargo de contabilidad y finanzas porque como ellos venían llegando de Coyhaique su señora Isabel Ponce andaba en búsqueda de trabajo”. Aunque en la misma declaración el conservador niega haberla contratado por el voto que recibió de Sepúlveda para llegar al cargo:
“Luis Sepúlveda había votado por mí, para la terna, aunque para mí no son cosas vinculantes, no por un voto, voy a estar a su disposición para lo que me solicite”. Y añadió que si “le contraté a la mujer fue únicamente porque estuve viendo su curriculum (y) me di cuenta que era bueno”.
Sobre la nueva solicitud de trabajo, esta vez para una sobrina de Sepúlveda, Yáber sostuvo: “A los pocos días Luis Sepúlveda me pidió que contratara a una sobrina de él que aparentemente trabajaba en un Banco y estaba aburrida donde le señalé que no tenía ningún puesto vacante, cuestión que no le gustó, pero me dio lo mismo, no le rindo pleitesías a nadie”.
Reportea le consultó a Sepúlveda sobre estas afirmaciones. El exministro negó haber llamado a Yáber para conseguir el trabajo para su esposa y asegura que hasta hoy no sabe cómo consiguió su currículum. “Él llamó a mi señora, ignoro cómo se consiguió su celular”, aseguró.
Sobre la solicitud que describe Yáber respecto a su sobrina, Sepúlveda afirmó que “nunca tuve la confianza como para una cosa así. No se lo habría planteado jamás, nunca”.
La última acusación de Yáber contra Sepúlveda en la declaración de junio apunta a que el expresidente de la Corte de San Miguel también habría jugado un rol en la contratación de otro familiar de ministro en el CBR de Puente Alto: Miguel Farías, hermano del ministro Carlos Farías, quien también apoyó con su voto a Yáber en la terna que le permitió llegar al cargo.
Según Yáber, la esposa de Sepúlveda “dijo que su marido tiene muy buena opinión del hermano de Carlos Farías que estaba sin pega, y yo le dije que me dejara el curriculum. Era evidente que Carlos Farías me estaba enviando un mensaje a través de su colega Luis Sepúlveda que era un atrevido y constantemente mostraba jineta”.
Sepúlveda también negó esa versión y la calificó como “una ofensa” contra él y el ministro Farías. “Todo esto es una mentira que no tengo idea por qué (Yáber) lo quiere hacer y qué pretende de mí. Hace un año que me fui del Poder Judicial, me hicieron una despedida como pocas, me fui sin que alguien me enrostrara nada. Y a este caballero, desde hace cuatro o cinco años, quizás más, que no lo he vuelto a ver ni he hablado con él”, concluyó el exministro en su conversación con Reportea.
Sepúlveda figura como imputado en la causa que lleva adelante la Fiscalía de Valparaíso. Así consta en la declaración que le tomaron en abril de este año. Allí sostuvo los mismos argumentos, aunque en esa ocasión no fue consultado por los supuestos pagos, ya que la acusación de Yáber ocurrió después, en junio.
En su declaración, Sepúlveda aseguró que el sumario en su contra —que fue abierto después de que se revelara la contratación de su esposa— se cerró y que fue sobreseído.
En el caso de Yáber, tras el sumario en su contra, la Corte de San Miguel ordenó su destitución. Pero la medida se mantiene frenada: el conservador recurrió al Tribunal Constitucional para anular la decisión, y aunque ya existe un acuerdo al respecto desde septiembre, el tribunal no lo ha comunicado todavía.
