Cuando el ministro de Justicia, Fernando Rabat, decidió cambiar el criterio del gobierno anterior a la hora de otorgar rebajas de condenas, los pederastas no fueron los primeros beneficiados. Desde fines de abril, su cartera comenzó a emitir informes que respaldaban los beneficios carcelarios para violadores de derechos humanos durante la dictadura. En mayo, su ministerio firmó tres decretos que le otorgaron la libertad inmediata a exuniformados condenados por torturar y desaparecer a opositores del régimen.
Esos decretos no estaban respaldados por ninguna sentencia judicial. De hecho, en los últimos años se ha afianzado una mayoría en la Corte Suprema que rechaza recortar las condenas a violadores de derechos humanos, básicamente porque no colaboran con las investigaciones ni muestran arrepentimiento por sus actos.
Pero la administración de Rabat no fue la primera que otorgó esos beneficios sin consultar a los tribunales. Antes lo hizo el gobierno de Sebastián Piñera. Mientras el ministro de Justicia era Hernán Larraín, entre 2018 y 2022, se firmaron, al menos, 19 decretos que rebajaron las condenas que pesaban sobre criminales de la dictadura.
Cuando estalló el escándalo por los beneficios otorgados por Rabat a pederastas, el exministro Larraín difundió una declaración donde cuestionó las explicaciones dadas por la autoridad. Remarcó que bajo su mandato se tramitó la ley que excluyó de las rebajas de condenas a agresores sexuales de niños y niñas, y afirmó, con razón, que la Corte Suprema no tenía un criterio único a la hora de emitir sentencias por esos casos. Pero, hasta ahora, no ha dicho nada sobre los beneficios otorgados a represores de la dictadura.
Cuando Reportea le preguntó por esos casos, Larraín indicó que no estaba contestando consultas de la prensa, y que solo hablaría a través de sus columnas de opinión.
Entre los 19 presos beneficiados por Larraín, se encuentran los cinco ex PDI condenados por la tortura y muerte de Claudio Pino Cortés en 1987 —todos recibieron el beneficio entre el 19 y el 25 de noviembre de 2021—, también Moisés Retamal Bustos, subteniente (r) del Ejército responsable de la desaparición de tres ciudadanos uruguayos en septiembre de 1973, en el sector de San José de Maipo, y el teniente (r) de Carabineros, Juan Abello Vildósola, condenado por la desaparición de un militante socialista en la comuna de Penco.
El gobierno que siguió al de Piñera, liderado por Gabriel Boric, optó por rechazar este tipo de beneficios para violadores de derechos humanos y discutir su entrega en los tribunales. Pero cuando el presidente Kast llegó a La Moneda, y Fernando Rabat asumió como ministro de Justicia, se volvió al criterio anterior.
Cuando en T13 Radio le preguntaron a Rabat por los decretos que aprobó su cartera para reducir las condenas de exuniformados responsables de delitos como desaparición forzada y torturas, el ministro respondió que se había apegado a la ley: “De la misma manera se dieron estos beneficios en los últimos 20 años, en gobiernos de distinto signo político, porque se aplica la ley (…) creo que solamente en el gobierno de Boric se rechazaron absolutamente todos, y fueron luego revertidas esas situaciones por sentencias de la Corte Suprema en, al menos cuatro casos”.
Lo que el ministro Rabat no dijo en esa entrevista, es que los tribunales le dieron la razón de forma mayoritaria al criterio del gobierno anterior de rechazar las rebajas de condenas a represores de la dictadura. Y aunque efectivamente existen cuatro sentencias de la Corte Suprema que obligaron a los ministros de Justicia de Boric a otorgar los beneficios, hay otras 11 que respaldaron su decisión de no entregarlos.
En la mayoría de esos fallos se repite un argumento: el Estatuto de Roma, que creó la Corte Penal Internacional y al que Chile adhirió, establece que los condenados por delitos de lesa humanidad solo podrán beneficiarse con rebajas en sus condenas si cumplen una serie de requisitos, como mostrar arrepentimiento y colaborar efectivamente con la investigación. Lo que no ocurrió en los casos que fueron revisados por el máximo tribunal.
Cuando el ministro Rabat fue a dar explicaciones al Congreso por los otros beneficios que otorgó —al menos 56 rebajas de condenas para pederastas—, aseguró que solo estaba cumpliendo con la ley, y que los fallos de la Corte Suprema lo obligaron a entregarlos. Pero esa era solo una cara de la moneda. En su alocución, Rabat le ocultó al Congreso la existencia de sentencias de la Suprema que contradecían su criterio (vea investigación de Reportea).
Ese despliegue ante el Congreso tiene complicado al ministro. La oposición acaba de presentar en su contra una acusación constitucional para destituirlo del cargo. Uno de los tres capítulos del libelo lo acusa de faltar a la probidad por la información que le entregó a los parlamentarios: “No hay desempeño honesto cuando un ministro informa a otro poder del Estado hechos falsos o incompletos”, señala la acusación, según publicó Radio Biobío.
Los otros dos capítulos son por los beneficios entregados a decenas de pederastas, y por los tres decretos que firmó aprobando el beneficio para agentes de la dictadura.
Los decretos del exministro Larraín
Ya en 2022 existía una mayoría en la Corte Suprema que estaba de acuerdo en rechazar las rebajas de condena para violadores de derechos humanos. Según el catastro realizado por Reportea, entre ese año y 2026, el máximo tribunal negó los beneficios en una proporción de cinco a uno (20 fallos versus cuatro).
El argumento que se asentó entre los ministros del máximo tribunal fue que el Estado debía considerar las exigencias del Estatuto de Roma para otorgar las rebajas en casos de criminales de lesa humanidad. Sin arrepentimiento ni colaboración, no es posible otorgar un beneficio.
Incluso, varias sentencias subrayan que no solo los tribunales deben tener esa normativa a la vista. “No sólo la judicatura se encuentra obligada a respetar y aplicar en sus decisiones los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, sino que lo mismo corresponde a todo órgano del Estado”, se indica en varias de las sentencias revisadas para este reportaje (vea aquí un ejemplo).
Ese mensaje de los jueces puede ser complejo para el ministro Rabat, que ha otorgado beneficios sin considerar la normativa internacional, y también para el exministro de Justicia, Hernán Larraín, que en su periodo otorgó, al menos, 19 rebajas de condenas a violadores de derechos humanos sin el apoyo de ninguna sentencia judicial, y sin considerar el Estatuto de Roma.
Al inicio de su gestión, entre 2018 y 2019, Larraín intentó rechazar algunas solicitudes de condenados. Claro que no usó el argumento de los tratados internacionales ratificados por Chile.
Uno de esos casos fue el de Ramón Cáceres Jorquera, condenado a cuatro años de cárcel por haber torturado y provocado la muerte de Alberto Bachelet, padre de la expresidenta. En el decreto que originalmente rechazó la rebaja de siete meses solicitada, el ministerio liderado por Larraín argumentó que Cáceres debía ser excluido del beneficio, por haber sido condenado por un delito cuya pena máxima es el presidio perpetuo.
Esa situación está considerada como causal de exclusión en la ley que regula las rebajas de condenas. Pero la Corte Suprema resolvió que en este caso esa limitante no aplicaba, pues en la fecha en que Alberto Bachelet fue torturado, ese delito no tenía como pena máxima el presidio perpetuo. La legislación chilena recién le atribuyó ese castigo en 2016, y la corte sostuvo que por ende no podía considerarse esa limitante para delitos que se hubieran cometido antes de eso. Tras la sentencia, el ministerio le otorgó el beneficio (vea ese fallo).
Lo mismo sucedió con Erasmo Vega Sobarzo, condenado a cinco años y un día por secuestro calificado. La Corte Suprema resolvió que recién en 2009 la legislación chilena impuso la pena máxima de presidio perpetuo para ese delito, y obligó al ministerio a entregarle los 10 meses de rebaja que le reconocía la comisión que evaluó su caso.
De ahí en adelante, la cartera dirigida por Larraín dejó de oponerse a la entrega del beneficio para condenados por delitos de lesa humanidad, por lo que las solicitudes de los presos dejaron de llegar a los tribunales.
Entre 2020 y 2021, Reportea identificó al menos 19 casos en que el Ministerio de Justicia otorgó el beneficio sin que existiera un fallo judicial que lo obligara. En 2021, un recurso de protección interpuesto por la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) contra el presidente Sebastián Piñera y su ministro de Justicia, Hernán Larraín, cuestionó el otorgamiento de seis casos de rebajas de condena, por violar los tratados internacionales firmados por Chile. En la tramitación de esa causa quedó plasmada la justificación de la administración liderada por Larraín.
En un informe, el ministerio identificó principalmente tres razones para otorgarle el beneficio a condenados por este tipo de crímenes: que ninguna de las causales de exclusión consideradas en la ley que regula las rebajas considera como excepción haber sido condenado por delitos de lesa humanidad; que, según esa misma ley, al ministerio no le corresponde volver a revisar si el condenado cumple los requisitos, pues eso sería tarea de la comisión de rebaja de condena; y por último, que no se deben considerar los tratados internacionales en esta materia, pues la ley que regula las rebajas de condena no los menciona (vea el informe con la argumentación completa).
La Corte Suprema le halló la razón a la AFDD, en cuanto a que el gobierno debió haber incorporado los requisitos del Estatuto de Roma a la hora de evaluar la entrega de beneficios. Pero, como el máximo tribunal revisó el recurso de protección en abril de 2023, casi tres años después de que se otorgaron las rebajas de condenas, ya no tenía sentido que se intentara subsanar esa falla (vea aquí esa sentencia).
Entre los 19 reos beneficiados por el gobierno de Piñera hay tres que debieron volver a la cárcel después de conseguir la rebaja, por fallos que los condenaron como autores de otros delitos cometidos durante la dictadura.
Julio Cerda Carrasco, liberado en 2021, fue condenado a 15 años de cárcel en 2024 por el secuestro de cinco personas. Moisés Retamal Bustos, también liberado en 2021, fue condenado en 2025 a diez años de cárcel por el secuestro del dirigente puentealtino Jorge Enrique Carrión Castro, quien continúa desaparecido.
El tercero es Jorge Escobar Fuentes, quien también logró salir de la cárcel gracias a una rebaja en 2021, pero dos años después debió volver, cuando fue condenado a un total de 36 años: 18 años por el secuestro de dos personas, y otros 18 años por el homicidio de cinco. Todos víctimas de la Operación Cóndor. En 2015, 38 años después de su desaparición, los restos de tres de los asesinados lograron ser identificados y sus familiares pudieron enterrarlos, según reveló Ciper.
Los criminales beneficiados por Rabat
Una vez finalizado el gobierno de Piñera, las solicitudes de rebajas de condenas que presentaban violadores de derechos humanos volvieron a revisarse en los tribunales, ya que el gobierno de Boric optó por negarles el beneficio. Fue en ese momento, desde marzo de 2022, que la Suprema comenzó a rechazar la gran mayoría de los recursos de amparo que presentaban los condenados, aludiendo a que estos no cumplían los requisitos establecidos por el Estatuto de Roma.
Pero cuatro años después, en 2026, el escenario volvió a cambiar con el arribo del presidente José Antonio Kast a La Moneda, y de Fernando Rabat al Ministerio de Justicia.
Rabat concretó dos cambios de criterio, uno más rápido que el otro. Primero optó por otorgar rebajas de condenas a criminales de lesa humanidad, y luego también a pederastas, cuyas solicitudes habían sido rechazadas por los gobiernos de Piñera y Boric.
Según la revisión hecha por Reportea en la base de datos del Poder Judicial, el 30 de abril pasado el Ministerio de Justicia ya estaba presentando en los tribunales los informes con los que concretó el viraje respecto de los condenados por delitos de lesa humanidad.
Un mes y medio después, según la información disponible, comenzó a entregar beneficios a abusadores de niños. El primer decreto de ese tipo se firmó el 16 de junio, según publicó Interferencia.
Antes de eso, el 22 de abril pasado, César Acuña Luengo, exagente de la CNI, presentó un recurso de amparo en la Corte de Apelaciones de Santiago para que se le otorgara el beneficio de reducción de condena que venía solicitando desde 2025.
Acuña Luengo cumplía una pena de 10 años y 1 día de presidio por el secuestro calificado de cinco militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez en septiembre de 1987. Antes ya había cumplido condena por el homicidio de Recaredo Ignacio Valenzuela, economista y también militante del FPMR, quien fue asesinado durante la Operación Albania.
El 24 de abril el entonces subsecretario de Justicia, Luis Silva, envió su primer informe a la Corte de Santiago. Allí señaló que el ministerio “procederá conforme lo disponga” el tribunal. En el mismo documento indicó que en la justicia no existía un criterio uniforme respecto de estos casos. También solicitó que el recurso de Acuña Luengo se tramitara de forma “reservada” (ver aquí), tal como informó 24 Horas.
El tribunal le pidió que profundizara, y Silva envió un nuevo informe el 30 de abril. Ahí ya quedó claro el nuevo criterio: “este Ministerio no está habilitado para denegar el beneficio de reducción de condena”, afirmó el entonces subsecretario (ver aquí).
Su explicación fue que la ley de rebaja de condenas excluye a quienes sean culpables de delitos que se castiguen con presidio perpetuo, pero que cuando Acuña Luengo cometió su crimen, el secuestro calificado no era castigado con esa pena. En el documento no hizo mención a los tratados internacionales de los que Chile forma parte, como el Estatuto de Roma.
El 19 de mayo, la Corte de Santiago consideró que el ministerio se había demorado mucho en su decisión de otorgar, o no, el beneficio (se venía tramitando desde 2025), y ordenó que se tomara una decisión de inmediato. Fue así que un día después, Pablo Mira —subsecretario de Derechos Humanos, que el 20 de mayo ejercía como ministro subrogante— firmó el decreto que concedió a Acuña Luengo 19 meses de rebaja.
Una semana después, el 27 de mayo, el ministerio firmó otros dos decretos, sin sentencia judicial que respaldara la decisión.
El primer beneficiado fue Miguel Arias Navarrete, exfuncionario de Carabineros que cumplía una condena de seis años por el secuestro calificado de Justo Flores Martínez, un obrero de 18 años de la población Pablo De Rokha, en la actual comuna de La Pintana, que luego de ser detenido ilegalmente fue ejecutado a mediados de octubre de 1973. El decreto, firmado por el ministro Rabat, redujo la condena del exuniformado en nueve meses. Según los registros de Gendarmería, Arias Navarrete abandonó la cárcel de Punta Peuco el 28 de mayo pasado.
El tercer decreto también fue firmado por Rabat, y le redujo ocho meses de condena a Manuel Cabezas Pérez, sargento (r) de la Fuerza Aérea que cumplía una pena de seis años de cárcel por el delito de torturas contra el estudiante Daniel Pavez y el obrero Patricio Rivera, entre septiembre y octubre de 1973. Cabezas abandonó Punta Peuco un día después de la firma del decreto, y ya en libertad, otorgó una entrevista a Meganoticias: «Me gané mi libertad, por conducta sobresaliente».
Poco antes de que estallara el escándalo por las rebajas de condenas, el aún subsecretario de Justicia, Luis Silva, envió otro informe a la Corte de Santiago para fijar su posición en un recurso de amparo que había presentado Patricio González Cortez, un exagente de la CNI que cumple condena en Punta Peuco por la desaparición de cinco frentistas en 1987, el mismo hecho por el que estaba preso Acuña Luengo.
La Corte de Santiago, y también la Suprema, habían confirmado a fines de 2025 que González Cortez no tenía acceso al beneficio de rebaja de condena, porque no cumplía con los requisitos establecidos por el Estatuto de Roma (arrepentimiento y colaboración). El ex CNI insistió en mayo de 2026, pero tampoco tuvo éxito, porque los jueces consideraron que se trataba de un asunto ya resuelto. El tercer intento fue a fines de septiembre, cuando la Corte le pidió un informe al Ministerio de Justicia.
El 2 de octubre, Luis Silva le reiteró a la Corte cuál era su criterio. “En el caso analizado, de acuerdo con los antecedentes disponibles, el Sr. González Cortez cumple con los requisitos establecidos para acceder al beneficio” (ver aquí). Pero el esfuerzo del entonces subsecretario fue en vano: el 7 de octubre la Corte de Santiago rechazó el amparo, porque en 2025 ya se le había negado el beneficio. Esa decisión fue confirmada por la Suprema dos semanas después.
Las sentencias que obligaron a Bachelet y a Boric
Desde 2016 hasta la actualidad, Reportea identificó 30 casos en los que violadores de derechos humanos vieron rebajadas sus condenas gracias a decretos del Ministerio de Justicia. Los primeros casos ocurrieron bajo la presidencia de Michelle Bachelet —cuando el ministro de Justicia era Jaime Campos (actual ministro de Agricultura del presidente Kast)—, y corresponden a rebajas que debieron ser otorgadas por mandato judicial.
Fallos de la Corte de Santiago y de la Suprema obligaron a Campos a entregar el beneficio de 10 meses de rebaja a Víctor Donoso Barrera, condenado a cinco años y un día por el secuestro de Rudy Cárcamo Ruiz, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), cuyo cuerpo no ha sido encontrado.
Cuando Donoso Barrera ya estaba libre, se sumó a él otro de los condenados por el secuestro de Rudy Cárcamo, Hugo González D’Arcangeli, que consiguió rebajar su pena en 7 meses por la misma vía, a pesar de la negativa inicial del ministerio.
Hasta ahora no existe un catastro completo de los casos de violadores de derechos humanos beneficiados con rebajas de condena, porque varios de los recursos de amparo que se presentan en los tribunales aparecen como causas reservadas y no es posible consultarlas. Tampoco existe un acceso público a los beneficios concedidos directamente por los gobiernos, por lo que la lista podría ser más larga.
Al gobierno de Boric también le tocó entregar rebajas de condena obligado por sentencias judiciales. Reportea identificó cuatro casos, ocurridos entre 2024 y 2025, en que el máximo tribunal revocó la decisión del ministerio de rechazar las rebajas.
El primer beneficiado fue Benjamín Labbé Campos, condenado a cinco años y un día como cómplice del homicidio de Blanca Carrasco Peña, con 10 meses de rebaja. Luego vinieron dos de los condenados por el secuestro que concluyó con el asesinato de Eugenio Berríos, el exquímico de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA): Marcelo Sandoval Durán y Nelson Román Vargas. Ambos consiguieron 19 meses de reducción de condena.
El último beneficiado durante el periodo de Boric fue Mauricio Vera Cortesi, condenado por el homicidio de José Randolph Segovia. Durante décadas, la participación de Vera y todo lo que rodeó la muerte del joven, ocurrida en 1985, permaneció sin consecuencias, hasta que la hermana de Randolph logró reabrir el caso y encontrar las pistas necesarias, gracias al libro con recortes que había elaborado el padre de ambos, tras la muerte del joven. Sus dos padres se suicidaron sin conocer a los culpables del crimen, según contó The Clinic en 2018.
El fallo que podría cambiar las cosas
A fines de 2024, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la causa “Vega González y otros vs. Chile” obligó a la justicia chilena a reevaluar el criterio que estaba aplicando a la hora de determinar las condenas para los delitos de lesa humanidad.
La decisión obligó a la Corte Suprema a emitir órdenes de detención contra cuatro condenados que ya estaban en libertad y aumentar las condenas en otros 24 casos, según informó Radio Biobío.
En conversación con Reportea, la abogada que litigó en representación de los familiares de las víctimas ante la corte internacional, Karinna Fernández, asegura que ese fallo impone un nuevo estándar, bajo el cual estas rebajas de condena deberían ser reevaluadas.
“La Corte Interamericana declaró que las rebajas que vuelven irrisoria la condena actúan como factor de impunidad, y ha sostenido que el otorgamiento indebido de beneficios en la ejecución de la pena puede conducir a la impunidad”, asegura Fernández. Y advierte que lo mismo sucede en los casos en que se otorga la libertad condicional.
Según los documentos judiciales revisados por Reporea para esta investigación, varios de los beneficiados con la rebaja de condena durante la última década gozaban también de la libertad condicional. Esto, a pesar de que el decreto que regula el acceso a este beneficio exige, entre otras cosas, que el condenado haya “colaborado sustancialmente al esclarecimiento del delito o confesado su participación en el mismo; o aportado antecedentes serios y efectivos de los que tenga conocimiento en otras causas criminales de similar naturaleza”. Pero eso no ha sucedido.
Entre esos casos está el de Lander Uriarte Burotto, condenado a seis años por secuestro y beneficiado en 2020 con la reducción de su condena. En 2018, Uriarte postuló al beneficio de libertad condicional, pero fue desestimado por la comisión que evaluó su caso. Para revertir ese rechazo, recurrió a la Corte de Apelaciones de Santiago, pero el tribunal respaldó la decisión de la comisión, argumentando que “en el ‘Informe Social y Psicológico Unificado’ de Gendarmería de Chile, del mes de marzo 2018, es posible advertir que constan elementos negativos del amparado en los ámbitos de conciencia del delito, conciencia del daño y mal causado, disposición para el cambio y elementos psicopatológicos”.
Pero todo se dio vuelta en la Corte Suprema: en fallo dividido el máximo tribunal le concedió el beneficio a pesar de las advertencias recogidas en el informe de Gendarmería (vea ese fallo).
En todo caso, como ya mencionamos, los tribunales ahora optan mayoritariamente por rechazar beneficios que impliquen rebajas de condena para criminales de lesa humanidad. Un ejemplo reciente: esta semana la ministra Paola Plaza, de la Corte de Santiago, con dedicación exclusiva a causas de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, rechazó una solicitud presentada por Raúl Iturriaga Neumann —general (r) del Ejército, uno de los jefes de la DINA, y que acumula más de 40 condenas, con penas que suman varios cientos de años por delitos como desaparición forzada, homicidio calificado dentro y fuera de Chile, aplicación de tormentos, asociación ilícita, sustracción de menores, entre varios otros—, quien, por motivos de salud, buscaba cumplir el resto de sus condenas en su casa.
Entre las consideraciones que la ministra tuvo a la vista para rechazar la solicitud de Iturriaga Neumann, estuvo la normativa internacional: «Cualquier modificación en la ejecución de la pena impuesta a un condenado por delitos de lesa humanidad requiere un riguroso juicio de ponderación que examine la existencia de un arrepentimiento genuino, una colaboración efectiva y oportuna con el esclarecimiento de la verdad, y el impacto adverso que la medida genera respecto de los derechos de las víctimas, la sociedad en su conjunto y del Estado de Chile frente a la comunidad internacional«, señaló.
La sentencia establece con claridad que Iturriaga no cumple con ninguno de los requisitos exigidos para obtener un beneficio: «Evidentemente desde la óptica de los múltiples y numerosos delitos de que es responsable, dado su nulo arrepentimiento, la ausencia total de colaboración con las investigaciones, incluso en aquellas que aún permanecen vigentes, a pesar del prolongado tiempo de desarrollo de los procesos judiciales. Nunca ha existido una colaboración espontánea, oportuna y sustancial al esclarecimiento de los hechos, a la identificación de otros responsables o, de particular relevancia, a la determinación del destino de las víctimas de desaparición forzada. Tampoco ha exteriorizado un reconocimiento efectivo de su responsabilidad o una reflexión crítica acerca de la ilicitud y gravedad de sus conductas«.
En un acápite de la sentencia, la ministra Plaza hizo mención al «control de convencionalidad» que realizó al ponderar el cruce de los distintos factores que incidieron en su decisión de rechazar la solicitud del condenado, incluyendo la normativa internacional y los tratados firmados por Chile.
Varios ministros de corte consultados por Reportea, se refirieron a que esa es justamente una labor exclusiva de los jueces: definir cómo se armonizan las leyes nacionales con lo que establecen los tratados internacionales vigentes en el país. Por lo mismo, coincidieron en que si existe un debate respecto a si considerar, o no, el Estatuto de Roma a la hora de otorgar rebajas de condenas a presos por delitos de lesa humanidad, debieran ser los tribunales los que resuelvan la disyuntiva, y no las autoridades del gobierno de turno.
