Antonio Ulloa, ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, podría ser el tercer magistrado en ser expulsado del Poder Judicial debido a sus vínculos con el abogado Luis Hermosilla. Antes ya fueron destituidas Ángela Vivanco y Verónica Sabaj.
El vínculo de Ulloa con Hermosilla se conoció cuando el ministro reconoció en Ciper que el abogado lo había ayudado a lograr su cupo en la Corte de Santiago. Algunos meses después se revelaron los chats entre ambos, y ahí quedó claro que tenían una relación de confianza, y que juntos habían operado en, al menos, 10 nombramientos judiciales de relevancia.
Cuando se conocieron esos chats, el Poder Judicial inició una investigación interna que detectó hechos más graves, como que Ulloa había intervenido en la tramitación de causas y recursos judiciales donde Hermosilla —y otros abogados cercanos a él, como Samuel Donoso—, eran intervinientes.
Hoy esas causas judiciales están bajo la sospecha de haber sido resueltas debido a la interferencia indebida de abogados que podrían haber utilizado al ministro Ulloa para beneficiar sus intereses. Una situación que se repite con otras causas donde cumplieron un rol clave las ministras Verónica Sabaj y Ángela Vivanco. Ya hay investigaciones penales en curso que están revisando esas actuaciones de los magistrados.
La indagatoria interna sobre Ulloa desembocó en la apertura de un cuaderno de remoción, cuyo capítulo final se escribirá el martes 30 de septiembre cuando se reúna el pleno de la Corte Suprema y se defina por mayoría simple si Ulloa es expulsado o permanece dentro de las filas del Poder Judicial.
Los ministros que participarán de la votación ya recibieron el informe preparado por Antonio Ulloa con el que busca convencerlos de que no lo expulsen.
En ese documento —fechado el pasado 8 de septiembre, que tiene seis páginas y al que Reportea tuvo acceso—, Ulloa reconoce su responsabilidad en los hechos que se le imputaron en el sumario: “Asumo la responsabilidad disciplinaria por los cargos que US. Excma estableció en la sentencia de 2 de septiembre del mes en curso que me ha sancionado con dos meses de suspensión de funciones con medio goce de remuneraciones”.
Y aunque en el informe reconoce haber tenido una conducta impropia, considera que los hechos no son tan graves:
“Hago el correspondiente mea culpa y auto crítica por mi conducta impropia desplegada durante este episodio triste de mi carrera judicial, falta que estimo, salvo superior parecer, no configura los requisitos necesarios para imponerme una medida de ‘ultima ratio’, como lo es la remoción del Poder Judicial”, indica Ulloa en la penúltima página de su informe.
Buena parte de los 17 numerales en los que Ulloa dividió su argumentación, están dedicados a enaltecer su trayectoria en el Poder Judicial: “En general mantengo buenas relaciones con todo el personal, tratando de ser útil, en cuanto ello es factible, en los casos en que puedo colaborar. Desde mis tiempos de empleado de secretaría y luego en los otros puestos he seguido esta sana costumbre de bien relacionarme”, se lee, por ejemplo, en la cuarta página del informe.
Agrega que ha tenido una “activa pertenencia” a la Asociación de Magistrados, que colabora con el Departamento de Bienestar del Poder Judicial, y que fue condecorado con una anotación de mérito debido a su actuación durante el aluvión que afectó a Copiapó en 2015, cuando él era ministro de la corte de esa ciudad.
También acusa un “asesinato de imagen de que he sido y sigo siendo objeto”. Por ello, escribe Ulloa, “durante el transcurso de estos meses, como consecuencia de la situación en comento, mi salud mental se ha deteriorado y he debido recurrir a un médico psiquiatra, quien me ha sometido a un tratamiento profesional y exitoso que me permitió trabajar hasta la fecha en que fui suspendido de funciones por la lltma. Corte de Apelaciones de Santiago”.
Y hace promesas: “Me comprometo a regir mi conducta ministerial conforme lo ordenan los principios de probidad, integridad, independencia, prudencia y reserva que se impone a toda persona que integre el Poder Judicial”.
Finaliza su informe con una petición: “Solicitando a US. Excma. (su excelencia) tenga a bien desestimar mi remoción del Poder Judicial, permitiéndome continuar en el servicio judicial en los términos que US. Excma. disponga”.
El martes el abogado Domingo Hernández Emparanza (ex miembro del Tribunal Constitucional) alegará en favor de Ulloa frente a los ministros de la Corte Suprema que definirán su futuro.
Votación incierta
La votación, hasta ahora, es impredecible. Los cálculos que se hacen al interior de la Suprema indican que incluso un escenario de empate es posible. Sería inaudito. De ser así, y si luego de repetirse la votación el empate se mantiene, la remoción de Ulloa no se ejecutaría.
El equilibrio de fuerzas entre los ministros que apoyan a Ulloa, y los que consideran que es insostenible mantenerlo dentro del Poder Judicial, ya se evidenció cuando se votó la apertura del cuaderno de remoción. Esa vez se definió por un solo voto: ocho contra siete.
En la Corte Suprema hay dos explicaciones para entender el apoyo que mantiene Ulloa entre los ministros, a pesar de las graves faltas a la probidad que se acreditaron. Una es que es un hombre que cultiva sus redes, que es amable y que tiene muchos amigos, la otra es más oscura: es alguien que sabe mucho y que si se decide a abrir la boca podría poner en riesgo la continuidad de varios ministros del máximo tribunal.
Para la votación del martes ya hay bajas. Dos ministros se fueron de vacaciones, Mario Carroza y María Cristina Gajardo. El primero se inhabilitó debido a que es cercano a Ulloa, pero la segunda participó de la votación por la apertura del cuaderno de remoción. Esa vez estuvo en contra por considerar que no había méritos suficientes. Su ausencia podría ser una mala noticia para Ulloa.
Pero hay respaldos que mantiene. Por ejemplo, el de la ministra María Teresa Letelier.
Los chats registrados en el celular de Luis Hermosilla están estampados en un informe que tiene más de 770.000 páginas. Las conversaciones que se han hecho públicas, gracias a investigaciones periodísticas, son una mínima parte del total. Hasta ahora se sabe que Hermosilla ayudó a que los actuales supremos Jean Pierre Matus, Mario Carroza y María Teresa Letelier arribaran al máximo tribunal. Matus y Carroza se inhabilitaron para votar en el proceso contra Ulloa. Pero Letelier se resiste y está decidida a votar.
Ya lo hizo cuando se definió la apertura del cuaderno de remoción contra el ministro Antonio Ulloa. Esa vez votó en contra.
Las gestiones de Hermosilla para empujar la llegada de Letelier a la Suprema se hicieron públicas en un reportaje de The Clinic, en el que se revelaron los chats entre Hermosilla y Mario Carroza. Allí quedó en evidencia cómo se coordinó la campaña bajo cuerda para lograr su nominación.
La influencia de Hermosilla para concretar nombramientos judiciales se debía a su rol como asesor del segundo gobierno de Sebastián Piñera, donde formalmente estaba contratado en el Ministerio del Interior, al que llegó bajo el padrinazgo de Andrés Chadwick, primo de Piñera, uno de sus principales consejeros, y quien ha cultivado una amistad y sociedad con Hermosilla durante décadas.
En entrevistas con The Clinic, los ministros Carroza y Letelier confirmaron la coordinación que existió con Hermosilla para afirmar sus nombramientos en el máximo tribunal.
El juez Daniel Urrutia —del 7° Juzgado de Garantía, quien fue recusado en una causa que involucraba al Presidente Piñera, en una maniobra en la que habrían participado Hermosilla, Ulloa, Verónica Sabaj, Samuel Donoso y Andrés Chadwick, entre otros—, presentó una solicitud para que Letelier se inhabilitara en el proceso que se sigue contra Ulloa, pero la Suprema desechó la petición.
