Elena Amaya Silva es un nombre que no pasa desapercibido en las oficinas del Servicio de Impuestos Internos (SII). Los funcionarios de carrera la conocen, y también le temen. Sobre ella dicen que acumuló cuotas de poder relevantes gracias a sus ocho años como jefa de gabinete del director del servicio —primero de Michel Jorratt, luego de Fernando Barraza—, y que pocos creían posible que fuera destituida del cargo.
El 15 de octubre del año pasado los funcionarios se sorprendieron cuando el SII emitió una resolución que la expulsó del servicio por haber “vulnerado gravemente la probidad administrativa”. Pero igual se mantuvo la incredulidad.
El sumario que se le aplicó a Amaya arribó a la conclusión de que mientras ella era la jefa de gabinete de Fernando Barraza, intervino de manera irregular para aplicar un “perdonazo” tributario por $22,7 mil millones a Inversiones Holding Limitada, una sociedad del grupo Fernández León, tal como reveló Reportea en noviembre del año pasado.
En el mismo periodo de Barraza, quien dirigió el SII entre 2015 y 2022, se le otorgó una salida administrativa a decenas de empresas que financiaron irregularmente la política, lo que les permitió esquivar la justicia penal, y también evitó que se conocieran los nombres de los dirigentes financiados de manera ilegal.
Ante la decisión de Impuestos Internos de destituirla, Amaya ocupó todas las opciones que tenía a la mano para defenderse. Primero recurrió contra la la sanción dentro del organismo , pero le dieron un portazo. Después escaló ante la Contraloría General de la República acusando la ilegalidad del proceso, y ahí la sanción quedó en compás de espera. Mientras se definía su futuro, cumplió labores en la Subdirección de Gestión Estratégica y Estudios Tributarios, con un sueldo de $6,7 millones, según los registros de transparencia. Eso hasta la semana pasada.
Según confirmó la Contraloría a Reportea, el reclamo de Amaya no fue acogido y se tomó razón del sumario y su sanción. Y entonces ocurrió lo que pocos creían posible: la funcionaria con 31 años de servicio, ocho de ellos como jefa de gabinete del director del SII, fue finalmente destituida.
Desde Impuestos Internos confirmaron que la Contraloría los notificó “del rechazo del reclamo de ilegalidad que presentó la funcionaria y de la toma de razón del sumario administrativo desarrollado por el Servicio en su oportunidad. En razón de ello, la Subdirección Contraloría Interna del SII notificó a la sumariada y procedió a la ejecución de la sanción de destitución”.
Elena Amaya no respondió los mensajes que se le enviaron para recoger su versión.
Paola Tressoldi, presidenta de la Asociación de Fiscalizadores del servicio, le dijo a Reportea que su organización rechaza “categóricamente cualquier conducta que atente contra la probidad administrativa y contra el principio de igualdad ante la ley”.
La dirigenta subrayó que la decisión del organismo demuestra que “los controles internos funcionan y que las investigaciones deben desarrollarse sin importar el cargo o función de la persona involucrada”.
Desde la Asociación Nacional de Funcionarios del SII fueron más críticos. Este viernes publicaron un comunicado en el que aseguraron que «este caso también evidencia la necesidad urgente de fortalecer mecanismos de control, trazabilidad y regulación de potestades discrecionales dentro de la administración tributaria, particularmente respecto de facultades sensibles que, sin límites claros, transparencia y mecanismos efectivos de fiscalización, pueden abrir espacios para arbitrariedad, opacidad y corrupción».
Desde el interior del SII indican que Elena Amaya ya fue desvinculada y que se anularon sus credenciales para acceder a las bases de datos del servicio. Pero ella todavía no corta totalmente el nexo con el organismo. Según pudo confirmar Reportea, existe un segundo sumario en curso que indaga eventuales actuaciones irregulares de Amaya relacionadas con grandes empresas. Quienes conocen el origen de esa historia, no descartan que incluso puedan existir denuncias penales.
