La captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, el pasado 3 de enero, abrió un nuevo capítulo en la larga crisis venezolana. Pero junto con el golpe político, la operación vino acompañada de una promesa económica de gran escala: convertir a Venezuela en una fuente estratégica de petróleo para Estados Unidos. Según el propio presidente Donald Trump, Washington invertiría miles de millones de dólares para recuperar la infraestructura petrolera y administrar los ingresos del crudo. Sin embargo, un análisis detallado de The Economist advierte que esa apuesta descansa sobre supuestos erróneos y enfrenta obstáculos estructurales difíciles de sortear.
Horas después de la captura de Maduro, Trump fue explícito sobre sus motivaciones. “El negocio petrolero en Venezuela ha sido un fracaso total durante mucho tiempo”, declaró. La idea de fondo es que Estados Unidos asuma un rol central en la explotación del petróleo venezolano, bajo el argumento de que eso permitiría recuperar la producción, compensar viejas deudas y generar recursos para el país. El trasfondo histórico no es menor: durante el gobierno de Hugo Chávez, Venezuela nacionalizó activos de empresas estadounidenses y occidentales, lo que derivó en demandas que hoy suman cerca de 60.000 millones de dólares contra el Estado y PDVSA, como recuerda The Economist.
Trump ha sugerido que parte de esa compensación llegaría en petróleo. El 6 de enero afirmó que las nuevas autoridades venezolanas entregarían entre 30 y 50 millones de barriles de crudo a Estados Unidos, con un valor estimado de hasta 3.000 millones de dólares. Un día después, su secretario de Energía, Chris Wright, aseguró que Washington comercializaría el petróleo venezolano “indefinidamente” y que las ganancias serían administradas por el gobierno estadounidense.
La promesa suena grandilocuente, pero choca con la realidad de la industria petrolera venezolana. Décadas de desinversión, corrupción y mala gestión redujeron la producción en casi dos tercios desde finales de los años 2000. Hoy Venezuela produce cerca de un millón de barriles diarios, apenas el 1% del total mundial. Para Trump y su entorno, recuperar esa capacidad sería una oportunidad estratégica, sobre todo porque el crudo pesado venezolano es el tipo que más requieren las refinerías estadounidenses, en un contexto de relaciones tensas con Canadá, su principal proveedor de ese insumo.
A esto se suma el tamaño de las reservas: unos 300.000 millones de barriles, una quinta parte del total mundial. Desde la Casa Blanca se ha deslizado incluso la idea de que Estados Unidos podría influir decisivamente en el mercado global del petróleo, manteniendo los precios bajos y reduciendo el acceso de China a ese recurso. Pero The Economist advierte que esa visión ignora las condiciones actuales del mercado y las limitaciones propias del caso venezolano.
En el corto plazo, la producción petrolera podría incluso seguir cayendo. Estados Unidos mantiene un bloqueo sobre los cargamentos venezolanos transportados por petroleros incluidos en listas negras y ha confiscado varias embarcaciones. El resultado ha sido un desplome de las exportaciones y la acumulación de crudo venezolano en barcos inactivos. Además, Venezuela enfrenta una escasez crítica de nafta, el diluyente necesario para transportar su petróleo extrapesado, que dejó de llegar desde Rusia. Mientras el bloqueo no se levante, la producción podría caer por debajo de los 700.000 barriles diarios, según estimaciones citadas por The Economist.
Un escenario más favorable dependería de una transición política estable y del levantamiento de las sanciones estadounidenses. En ese caso, trabajos básicos de mantenimiento y una inversión acotada permitirían aumentar la producción en unos 300.000 barriles diarios en uno o dos años. Esa expectativa ha despertado el interés de algunos fondos estadounidenses. Amos Global Energy, por ejemplo, busca recaudar 2.000 millones de dólares para adquirir activos venezolanos con capacidad de producción limitada. Se trata, sin embargo, de apuestas selectivas, no de una avalancha de capital.
Incluso en un escenario optimista, la producción venezolana difícilmente superaría los 1,5 millones de barriles diarios hacia 2027, un nivel comparable al de países como Nigeria. Para volver a los volúmenes de hace 15 años, Venezuela necesitaría resolver tres problemas estructurales: financiamiento, mano de obra y mercado. La consultora Rystad Energy estima que serían necesarios 110.000 millones de dólares en inversiones hasta 2030, una cifra que The Economist subraya como superior a todo lo que invirtieron juntas las grandes petroleras estadounidenses en el mundo durante 2024.
Trump ha insinuado que esas empresas volverían atraídas por subsidios y condiciones favorables. Pero salvo Chevron, que nunca abandonó completamente el país, las grandes petroleras recuerdan las expropiaciones, los arbitrajes pendientes y la inestabilidad institucional. A eso se suman los riesgos de seguridad y el deterioro económico general, factores que desincentivan inversiones de largo plazo.
El tipo de petróleo venezolano es otro obstáculo central. La mayor parte de sus reservas son extrapesadas, altamente viscosas, costosas de extraer y contaminantes. En un mercado global con abundancia de crudo más barato y limpio, esos barriles son poco competitivos. Además, PDVSA ha sufrido una fuga masiva de talentos: decenas de miles de ingenieros y técnicos abandonaron el país, y hoy la empresa está en gran parte bajo control militar, lo que dificulta su funcionamiento como socio confiable para compañías occidentales.
Aun si Venezuela lograra aumentar su producción, ese petróleo llegaría a un mercado saturado. La Agencia Internacional de Energía proyecta que la oferta mundial superará la demanda al menos hasta el final de la década, presionando los precios a la baja. Muchos analistas anticipan valores cercanos a los 50 dólares por barril, por debajo del umbral de rentabilidad de la mayoría de los yacimientos venezolanos. Los grandes proyectos del país solo serían viables con precios superiores a los 80 dólares y no entrarían en producción antes de fines de la década de 2030.
En el mejor de los casos, la firma Kpler estima que Venezuela podría producir entre 1,7 y 1,8 millones de barriles diarios hacia 2028. Estados Unidos podría absorber parte de ese volumen y China perdería algo de acceso, pero el impacto global sería limitado. Para Pekín, el petróleo venezolano representaba menos del 4% de sus importaciones en 2025 y cuenta con amplias reservas estratégicas.
La idea de que Estados Unidos dominará el mercado petrolero mundial a partir del control de Venezuela es, como concluye The Economist, una fantasía anclada en el siglo pasado. Trump no controla a las petroleras estatales de Brasil o México ni decide las inversiones de las grandes compañías privadas. Y pocos actores del sector están dispuestos a sostener un mundo con petróleo barato de manera permanente. La promesa de un imperio petrolero estadounidense en Venezuela, más que una estrategia viable, parece una apuesta política con bases económicas frágiles.
