El 18 de marzo pasado, siete días después de asumir su cargo, el ministro de Vivienda, Iván Poduje, subió dos videos a su cuenta de Instagram. En el primero de ellos se graba en modo selfie mientras recorre las obras de la reconstrucción de viviendas en el sector de El Olivar, en Viña del Mar. Mirando a la cámara increpa a la constructora a cargo: “Yo quiero que la empresa constructora San Sebastián Limitada me explique por qué no hay nadie trabajando a esta hora, ¿Por qué está lleno de obras paradas acá, San Sebastián?”.
En el segundo video hace un anuncio frente a un grupo de vecinos: “Acá tiene que haber responsables y quiero que esto quede grabado, porque son dos años de atraso y nosotros llegamos acá con un compromiso del Presidente de que ya las cosas iban a funcionar y no están funcionando y yo he pedido que funcionen y no me hacen caso (…), así es que ahora me van a tener que hacer caso y para eso vamos a tener que intervenir desde Santiago lamentablemente”.
El anuncio se hizo efectivo, y dos semanas después la autoridad ordenó paralizar las obras de construcción de casas para 356 familias damnificadas por el incendio que azotó la región en febrero de 2024. La polémica escaló cuando el ministro Poduje señaló que las viviendas que ya estaban construidas serían demolidas. Su argumento fue que había detectado problemas graves en su edificación.
La decisión se tomó desde Santiago, y no contó con el respaldo de los equipos técnicos del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de Valparaíso, quienes han mantenido una relación tirante con la administración encabezada por el ministro Poduje.
El conflicto alcanzó su peak el 9 de abril pasado, cuando se emitió la resolución que ordenó finiquitar los contratos relacionados con la reconstrucción de viviendas en el sector de El Olivar. En ese documento se indicó que los fiscalizadores técnicos del Serviu habían detectado “graves fallas constructivas” en las obras, lo que facultaba a la autoridad a terminar anticipadamente los contratos.
El problema es que, según pudo reconstruir Reportea, para esa fecha esos informes no existían.
Los problemas en la construcción de las casas fueron detectados por la División Técnica del Ministerio de Vivienda (Ditec), en una inspección a las obras realizada el 19 de marzo. Los funcionarios, que viajaron desde Santiago, indicaron en su informe que se habían utilizado materiales que no cumplían con las normas vigentes.
La dificultad era que en los contratos firmados con la constructora a cargo, se indica que para poder terminar anticipadamente esos acuerdos, son los Fiscalizadores Técnicos de Obras (FTO) del Serviu quienes deben detectar esas fallas y redactar los respectivos informes. Los documentos no mencionan al Ditec del ministerio.
Es por eso que para darle validez a la resolución que ordenó terminar los contratos, las autoridades requerían con urgencia los informes técnicos de los fiscalizadores.
Según le dijeron a Reportea cinco fuentes, independientes entre sí, que están al tanto de lo ocurrido, los fiscalizadores solo accedieron a firmar los informes luego de que los amenazaron con sanciones por no obedecer las instrucciones de sus superiores jerárquicos.
Una jefatura del Serviu de Valparaíso indicó que, en todo caso, los informes que se firmaron el 13 de abril no mencionan la existencia de “graves fallas constructivas”, que según la resolución era el motivo para dar por terminados anticipadamente los contratos.
Ante el temor de que la resolución pudiera ser ilegal, ya que cita informes que para esa fecha no habrían existido, los fiscalizadores técnicos enviaron correos electrónicos a su jefatura, con copia a la Asociación de Funcionarios de la entidad, relatando lo sucedido. En ese correo, señalaron que fueron “forzados” a firmar los documentos, y aseguraron que “no tuvimos oportunidad de oponernos”, según revelan los emails que Reportea tuvo a la vista para la elaboración de este reportaje.
Esos correos electrónicos (cada fiscalizador envió uno diferente, aunque con el mismo texto) podrían ser claves para los funcionarios involucrados si es que este conflicto se judicializa. Según indica el estatuto administrativo, si una jefatura del servicio público ordena una instrucción que un funcionario considera ilegal, podrá hacerlo presente por escrito y así evitar sanciones.
Consultado el Ministerio de Vivienda, reconocieron en una respuesta por escrito que existían diferencias con los funcionarios, las que se habrían subsanado el pasado 13 de abril, el día en que se firmaron los informes de los FTO:
“De acuerdo a lo señalado por el Director Serviu (S) los FTO, no se negaron a elaborar el informe, solo tenían observaciones a lo indicado en la propuesta requerida, ya que ellos son supervisores y no evaluadores, por lo tanto, a ellos, le entregan el proyecto terminado. Este tema termina siendo aclarado al momento de la firma de los citados documentos, los cuales hacen referencia al oficio del Ministro y el Informe de la Ditec”, aseguraron desde el ministerio.
Aunque el conflicto se hizo evidente cuando se ordenó dar por terminados los doce contratos, las diferencias venían incubándose desde antes. El cómo se resuelva la disputa será clave en el destino de las 56 viviendas que presentan avances sobre el 90%, las que el ministro Poduje indicó que debían ser demolidas.
Así escaló el conflicto
La primera alarma la encendió un oficio firmado por el ministro Poduje el pasado 24 de marzo. En ese documento se indican las conclusiones de un informe elaborado por la División Técnica del Ministerio de Vivienda (Ditec), donde se detallan “una serie de irregularidades técnicas de carácter grave en la ejecución” de las viviendas en el sector de El Olivar. Por lo mismo, se ordenó paralizar las obras.
Para esa fecha ya no era una novedad el reclamo del ministro Poduje, quien insistía que en el Serviu de Valparaíso no le hacían caso. Eso explica que en el oficio la autoridad pusiera sobre la mesa una advertencia: “Se hace presente a esa Dirección y a todos los funcionarios de ese Servicio que el incumplimiento de la presente instrucción obligatoria (…) constituye una infracción grave”, se lee en el documento (ver aquí).
Entonces el equipo técnico del Serviu de Valparaíso ya había sido descabezado. Ya estaban suspendidos de sus funciones el jefe del Departamento Técnico y también el jefe de supervisión de las obras en El Olivar.
Dos semanas después de que se paralizaron las obras, se emitió la resolución 3384, firmada por el director subrogante del Serviu regional, Rodrigo Muñoz, que mandató terminar por anticipado los doce contratos relacionados con la construcción de viviendas. El fundamento fue la existencia de informes técnicos, los mismos que para esa fecha no existían.
En el oficio se indica que “los Fiscalizadores Técnicos de Obras han emitido diversos informes técnicos que dan cuenta de la existencia de graves fallas constructivas en los proyectos antes señalados”. El documento también señala de manera explícita que la resolución se basa en la cláusula décimo séptima de los contratos, donde se establece que la existencia de esos informes es lo que faculta a la autoridad a finiquitar anticipadamente los contratos (vea el oficio aquí).
Según los correos electrónicos que están en poder de la Asociación de Funcionarios —los que fueron enviados por cada uno de los Fiscalizadores Técnicos de Obras (FTO) para resguardarse ante eventuales problemas legales—, un día después de emitido ese oficio, el 10 de abril, recibieron un email con instrucciones para que elaboraran los informes, los que debían basarse en las conclusiones del Departamento Técnico del ministerio (Ditec).
Cuando relatan ese episodio, los funcionarios advierten que “inducir” una respuesta técnica a un FTO es una “falta administrativa”.
Ese mismo 10 de abril los funcionarios técnicos se reunieron con la jefa jurídica del Serviu regional, Inés Pizarro, y le señalaron que no estaban de acuerdo con la solicitud que les estaban haciendo. Su argumento es que no existen problemas de ejecución en la construcción de las viviendas, y que cualquier irregularidad estaría vinculada al diseño de las obras, según contaron a Reportea dos jefaturas del Serviu de Valparaíso.
Hubo más reuniones. El lunes 13 de abril a las 09:30 los FTO se juntaron con el jefe subrogante del servicio, Rodrigo Muñoz. También estaban presentes dirigentes de la Asociación de Funcionarios, la jefa jurídica y un representante de la Contraloría interna del Serviu. Allí señalaron que lo que se estaba haciendo era irregular. Entonces se barajó, por propuesta de un asesor legal del director, que los informes mencionaran que todo obedecía a una instrucción directa del ministro Poduje, como una manera de resguardarse ante posibles sanciones legales.
Fue luego de esa reunión que los FTO elaboraron un primer borrador de los informes, los que fueron enviados a Inés Pizarro (la jefa jurídica). Al mediodía de ese mismo lunes 13 de abril, las jefaturas del Serviu citaron a los funcionarios para indicarles que la fecha de los informes debía ser el 9 de abril, para que coincidieran con la resolución que ordenó finiquitar los contratos. Los FTO pidieron que lo que se modificara fuera la resolución. No hubo acuerdo.
“No tuvimos oportunidad de oponernos”
A las 17:30 hubo una tercera reunión, encabezada por el director subrogante, Rodrigo Muñoz. Según el correo electrónico que mandaron los funcionarios, allí les dijeron que la División Jurídica del ministerio en Santiago había enviado un borrador de resolución, indicando que habría sanciones graves contra quienes no obedecieran las instrucciones. Reportea pudo corroborar esa versión con dos jefaturas del Serviu en Valparaíso, que confirmaron lo ocurrido en esa cita.
El mail de los FTO señala que el director del Serviu además recibió una llamada de la subsecretaria de Vivienda, Natalia Aguilar, pidiendo que los informes fueran remitidos “en cinco minutos”, con las firmas correspondientes. Las fuentes consultadas no corroboraron esa versión, y desde el Ministerio de Vivienda indicaron que no tenían información sobre una intervención de la subsecretaria en el conflicto.
Como sea, el correo electrónico de los funcionarios indica que “no tuvimos oportunidad de oponernos”, por lo que Inés Pizarro redactó los informes, y cada FTO modificó el nombre de cada proyecto y estampó su firma. En esa parte del correo los funcionarios indican que fueron “forzados” a firmar los informes. Los documentos quedaron con un timbre con fecha 9 de abril, a pesar de que habrían sido elaborados y firmados cuatro días después.
En el mismo correo se indica que entre los presentes en esa reunión estuvo Marcelo Ruiz Fernández, seremi de Vivienda en Valparaíso, un hombre de la total confianza del ministro. Según publicó Ex-Ante, durante un acto de la campaña municipal de 2024 en la que Poduje postuló a la alcaldía de Viña del Mar, Ruiz indicó que “Iván es el mejor urbanista de Chile”, y El Mercurio de Valparaíso señaló que el seremi pertenece al “círculo de hierro” del ministro.
Según la versión que estamparon los fiscalizadores en el correo electrónico que enviaron a su jefatura y a la Asociación de Funcionarios, en la reunión del 13 de abril se habría acordado modificar la resolución 3384, la que ordenó terminar con los contratos, para que calzara con lo indicado en los informes técnicos, donde no se habla de fallas graves en la construcción de las viviendas. Pero eso no ocurrió. A los fiscalizadores se les habría informado en una nueva cita realizada el miércoles 15 de abril, donde les indicaron que esa fue una orden del “nivel central”. Fue entonces que definieron enviar un email dando cuenta de las irregularidades.
La versión del Minvu: informes existían, pero no estaban firmados
Desde el Ministerio de Vivienda (Minvu) señalaron que los informes técnicos fueron elaborados el mismo 9 de abril en que se emitió la resolución que ordenó terminar los contratos para la construcción de las viviendas en El Olivar. En una respuesta por escrito indicaron que prueba de ello es un email enviado por uno de los fiscalizadores (FTO) al director del Serviu de Valparaíso:
“De acuerdo con la información que maneja el Ministerio (…) estos informes habrían sido elaborados el día 9 de abril. Según lo señalado, consta, en lo que interesa, que en correo de fecha 14 de abril, enviado por el FTO Diego Parra al Director (S) de SERVIU Valparaíso, se informó lo siguiente: “Estimado, junto con saludar, se deja constancia a Usted que el informe definitivo firmado con fecha 09/04/2026…”, aseguraron desde el ministerio.
Eso sí, en otra de las respuestas reconocieron la existencia de una diferencia de opinión con los fiscalizadores técnicos de las obras, la que habría retrasado la firma de los informes:
“Según lo informado por el Director Serviu (S), en la reunión realizada con fecha 13 de abril pasada, se discutieron las discrepancias técnicas entre los FTO (Fiscalizadores Técnicos de Obra) y lo que indicaba el informe Ditec (División Técnica de Estudio y Fomento Habitacional). Estos temas correspondían a materias formales del Serviu Valparaíso y sus funcionarios, que no alteraban el fondo de lo resuelto, las cuales fueron subsanadas el mismo día, tal como se indica en los informes firmados, ya que éstos hacen referencia a los documentos de la División Técnica de este Ministerio y la instrucción que en su oportunidad envió el Ministro al Director (S)”.
Según el Minvu, los fiscalizadores “no se negaron a elaborar el informe, solo tenían observaciones a lo indicado en la propuesta requerida, ya que ellos son supervisores y no evaluadores, por lo tanto, a ellos, le entregan el proyecto terminado. Este tema termina siendo aclarado al momento de la firma de los citados documentos”.
Desde el ministerio informaron que no tienen conocimiento del correo electrónico enviado por los fiscalizadores a la Asociación de Funcionarios, pero que “existe un Sumario Administrativo en curso relacionado con el tema, por lo cual todo lo que los funcionarios puedan manifestar, puede estar condicionado a dicha circunstancia”.
Sobre las discrepancias que existirían entre la resolución que ordenó terminar los contratos y los informes que finalmente firmaron los fiscalizadores, el Minvu señala que existe la posibilidad de que la resolución sea modificada: “El Director (S) de SERVIU Valparaíso informó a esta repartición que, se sostuvieron diversas reuniones tanto en el equipo técnico, como con la División Técnica para explicar el informe de dicha División. Respecto de la expresión “graves fallas constructivas” es una expresión del Contrato de Construcción, cláusula décimo séptima, que utilizó el SERVIU de Valparaíso en la Resolución 3384, resolución que se evaluará su rectificación o complemento por la autoridad competente” (vea aquí la respuesta completa del ministerio).
¿Es necesario demoler?
El destino de las casas que se estaban construyendo en El Olivar —a cargo de la Constructora San Sebastián, a la que el ministro Iván Poduje culpa de las irregularidades— dependerá de fallos judiciales. Según informó Radio Biobío, la Corte de Apelaciones de Valparaíso ya acogió a trámite nueve recursos de protección que buscan frenar la demolición de las viviendas. Varios de esos recursos fueron presentados por vecinos que iban a recibir las viviendas en construcción.
Según ha argumentado el ministro, las fallas en la construcción no solo fueron detectadas por un informe de la División Técnica del ministerio, sino que fueron refrendadas por el Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación de Estructuras y Materiales (Idiem). Aunque existen discrepancias.
Un actor clave en esta historia es la entidad patrocinante Social Arquitectura, la que media entre los vecinos que recibirían las viviendas y la constructora a cargo de los trabajos. Desde esa organización señalaron que el informe del Idiem indica que los errores en la construcción de las casas pueden ser subsanados con reforzamiento de las estructuras, y que no es necesaria la demolición.
La entidad patrocinante Social Arquitectura también presentó un recurso de protección ante la Corte de Valparaíso, en el que acusan que la decisión de finiquitar los contratos no siguió una línea legal, ya que los mismos contratos establecen instancias para corregir errores, los que debían ser detectados por los fiscalizadores técnicos del Serviu y luego ser subsanados por la misma constructora a cargo.
Ante la posibilidad de reforzar las viviendas ya construidas, el ministro Iván Poduje fijó su postura durante una entrevista el sábado en Meganoticias:
“Lo que me está diciendo la inmobiliaria es que yo entregue una casa fallada y que la arregle yo con recursos de los contribuyentes. Nosotros no vamos a hacer eso. Las casas tienen fallas estructurales ¿Se pueden arreglar? Claro, si todo se puede arreglar en la vida. La tengo que parchar entera, hacerle refuerzos estructurales, pero usted comprenderá que yo como ministro de Vivienda, a familias que llevan dos años con una reconstrucción desastrosa, no les voy a entregar casas reforzadas porque la empresa no hizo la pega”, indicó.
Mientras el ministro defiende la demolición, el conflicto por la validez de los informes técnicos —y la forma en que fueron elaborados— amenaza con trasladarse a tribunales.
