Jaguar Energy fue construida bajo la promesa de convertirse en una de las plantas generadoras de energía más grandes de Centroamérica y la meta de proveer electricidad a todo el oriente y el occidente de Guatemala.
La termoeléctrica también llamada Jaguar Energy produce energía con petcoke (un subproducto derivado del petróleo) y, en menor proporción, con carbón. Entró en funcionamiento en 2016, tras haber ganado una licitación en 2008 con la empresa eléctrica estatal Energuate, contrato que estuvo a punto de perder por retrasos en la construcción de la planta y un millonario pleito legal. El 8 de julio de 2015, la empresa operadora -también llamada Jaguar Energy- logró finalmente mantener el contrato tras acudir a un mecanismo de resolución de controversias.
Pero, tan solo un día después de que su contrato quedó en firme y mes y medio antes de que comenzara a operar, le cayó encima una acusación de presunta corrupción: fiscales guatemaltecos y de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) señalaron a su entonces directivo de, presuntamente, haber influido, mediante sobornos, en decisiones del poder Ejecutivo.
El 9 de julio de 2015, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP) de Guatemala y la Cicig develaron el caso ‘Redes’, una investigación sobre “una gran actividad de tráfico de influencias que involucra a funcionarios públicos, a un juez y a particulares”, que los llevó a capturar a un ex viceministro de energía y al exsecretario privado del entonces presidente Otto Pérez Molina. La Fiscal General Thelma Aldana y el comisionado de la Cicig, Iván Velásquez, señalaron que Gustavo Adolfo Martínez Luna, yerno y mano derecha de Pérez Molina, presuntamente “instalaba en la agenda del mandatario reuniones urgentes de empresas como Jaguar Energy, a cambio de un soborno”.
El MP y la Cicig vincularon al caso a Rafael Ernesto Córdova Macías, entonces gerente y responsable legal de Jaguar Energy en Guatemala. Lo acusaron del delito de asociación ilícita y señalaron que “sin la ayuda que recibía” de Martínez Luna y otros funcionarios, “Córdova no lograría cumplir el cronograma y la entrega de las fases del proyecto de la empresa”.
Pero, cuatro años después, la Cicig fue desmantelada.
El entonces presidente Jimmy Morales decidió no prorrogar su estadía, después de que dos investigaciones tocaran a su círculo más íntimo. El partido político del presidente fue acusado de incurrir presuntamente en financiamiento electoral ilícito, con la posible participación de narcotráfico, mientras él había sido su secretario general. Por este motivo, la Cicig y el MP solicitaron la remoción de su derecho a antejuicio (inmunidad) para que así pudiera ser investigado. Además, su hijo José Manuel Morales Marroquín y su hermano Samuel Everardo Morales fueron capturados y vinculados a otro caso, por presuntamente cobrar facturas por servicios que nunca prestaron.
El presidente Morales declaró persona non grata a Iván Velásquez dos días después de que el caso contra su partido FCN-Nación fuera anunciado el 25 de agosto de 2017. Un año después, el 1 de septiembre de 2018, anunció que pediría a la ONU no renovar el mandato de la Cicig, señalándola de supuestamente “violar las leyes internas y convenios internacionales” y ser un “riesgo para la seguridad nacional”. Así, después de 12 años de trabajo en Guatemala, la Cicig abandonó el país el 3 de septiembre de 2019.
Antes de dejar la presidencia, Morales también nombró a Consuelo Porras como fiscal general del MP, en reemplazo de Thelma Aldana. Con ella al frente de la institución, el MP inició una campaña de persecución y criminalización contra exfuncionarios de la Cicig y exfiscales de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI).
La partida de la Cicig y el cambio en la persecución penal que el MP desarrollaba significó que muchos de sus casos no llegaron a una conclusión judicial. Jimmy Morales nunca perdió su inmunidad, muchos de los casos anunciados con gran bombo fueron cerrados y 83 imputados se beneficiaron con órdenes de captura canceladas, antejuicios negados y medidas sustitutivas como alternativa a tiempo en prisión.
Entre tanto, el caso ‘Redes’ languideció en el olvido hasta el 28 agosto de 2024, cuando el Juzgado Quinto Penal también cerró el proceso contra todos los implicados por supuestos “errores graves” en el expediente “desde el inicio de la investigación”.
Diez años después de que un ejecutivo ligado a Jaguar Energy hubiera sido acusado de participar en un esquema de presunta corrupción y dos años después de que el caso fuera sobreseído, luego del desmantelamiento de la Cicig, ésta empresa energética sigue operando y suministrando electricidad al Estado guatemalteco.
Entre tanto, la central cambió de manos. Originalmente perteneció a la gestora de inversiones británica Ashmore Group plc, que —durante los siete años en que su proyecto estuvo vinculado al caso de corrupción — no incluyó ninguna referencia a esa investigación penal en los estados financieros que presentaba a sus accionistas. A finales de 2022, Ashmore vendió la central termoeléctrica a un grupo de personas cuya identidad no es pública.
A abril de 2026, la termoeléctrica de Jaguar no había publicado ningún plan de cierre o de reconversión a energías más limpias. Esto pese a que el gobierno de Guatemala viene planteando desde 2022, en su hoja de ruta de cumplimiento del acuerdo climático de París, reducir el consumo de combustibles fósiles en el sector eléctrico, sobre todo “la generación a base de carbón mineral” y aumentar el uso de renovables. Aunque esa meta no tiene fechas concretas, la propuesta de Guatemala —que está en deuda de presentar un plan actualizado— habla de iniciar su implementación hacia 2027.
Dado que en Guatemala solo hay dos plantas que generan energía con carbón, y la otra tiene menos de la mitad de la capacidad, Jaguar Energy será la prueba ácida de si Guatemala puede cumplir con su compromiso de descarbonizar su matriz energética. Más aún cuando su contrato con el Instituto Nacional de Electrificación (INDE) vence en junio de este año.
Estos son los principales hallazgos de este reportaje de Agencia Ocote y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) que forma parte de la investigación colaborativa y transfronteriza Las Ruinas del Carbón sobre el fin de la energía a base de carbón en América Latina, que lidera el CLIP y reúne a doce medios.
Guatemala busca apuntar a renovables
El más reciente contrato otorgado por el Instituto Nacional de Electrificación (INDE) a Jaguar Energy LLC y a otra empresa llamada Transelec S.A. por “conexión, arrendamiento y operación” para su planta termoeléctrica de 300 MW de capacidad en el municipio de Masagua, departamento de Escuintla, donde genera energía a partir de un proceso de combustión de carbón, fue firmado en 2021.
La última prórroga de ese contrato, que fue autorizada por el consejo directivo del INDE y entró en vigencia en junio de 2023, finalizará este 21 de junio de 2026. No está claro todavía qué sucederá después de esa fecha. Consultado por esta alianza periodística, el INDE envió los números del contrato completo y el de prórroga. Al preguntarle luego el 15 y 23 de abril de 2026 si está contemplando una prórroga o ampliación del contrato de Jaguar Energy, la oficina de información pública de la entidad respondió que dichos contratos “no obran en los archivos del INDE”. No respondió sobre la prórroga.
Esa decisión, sin embargo, tiene implicaciones para los compromisos climáticos de Guatemala, ya que la producción de energía a base de carbón es altamente contaminante.
“Genera altas emisiones de dióxido de carbono (CO2), siendo responsables de más del 50% de potencial de calentamiento global dentro del Sistema Nacional Interconectado (SNI)”, explica Alejandra Michelle Tercero, investigadora del Instituto de Investigación en Ciencias Naturales y Tecnología (Iarna) de la Universidad Rafael Landívar. Al generar energía, explica, la combustión de carbón también genera azufre, óxidos de nitrógeno y material particulado, emisiones clasificadas como de alta acidificación, toxicidad humana y ecotoxicidad.
Sin embargo, el impacto que las termoeléctricas podrían tener en los ecosistemas y la salud de las personas aún no ha sido estudiado en Guatemala. «Por lo general estos impactos los sufren poblaciones con altos índices de pobreza, baja capacidad de incidencia política y áreas con poca regulación ambiental”, agrega Tercero.
En mayo de 2022, el gobierno de Guatemala se comprometió a reducir para 2030 sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 11.2% con respecto a los niveles de 2016, que podría bajar a 22,6% con apoyo de la comunidad internacional. Según su Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC), la hoja de ruta a cinco años para cumplir con las metas del acuerdo climático de París y ayudar a evitar los peores escenarios de la crisis climática global, había tres sectores que lideraban las emisiones en Guatemala. Además del transporte y el uso del suelo (ya que entre 2010 y 2016 se perdieron 122 hectáreas anuales de bosques por deforestación), estaba “el consumo de combustibles para la generación de energía eléctrica, principalmente por la generación a base de carbón mineral”.
Una de las medidas priorizadas para la NDC actualizada en el componente de mitigación (código ENE 1) indica el compromiso de “promover energías más limpias”. Más adelante, el ENE-3 coloca como meta que el 80% de la generación de energía provenga de estas fuentes.
Sin embargo, un artículo publicado por la revista digital Análisis del Mercadeo Mayorista señala que, si bien el 71.1% de la energía proviene de fuentes renovables, estas han presentado una baja que el carbón y el petcoke han compensado. “No se están viendo realmente los avances hacia las metas ENE-1 y ENE-3 ya que en lugar de aumentar la producción con energías limpias, vemos que aumenta la producción con energías fósiles”, explica Tercero.
En Guatemala, solo existen dos termoeléctricas a base de carbón: Jaguar Energy y San José, también ubicada en Masagua, propiedad de la empresa Corporación Energías de Guatemala SA y con una capacidad 161 MW menor que la de Jaguar.
Las industrias de energía representan el 2.7% del total de emisiones de gases efecto invernadero del país, según el Primer Informe Bienal de Transparencia de Guatemala, producido por el Ministerio de Ambiente en 2025. Aunque esta categoría abarca la quema de diversos combustibles para generar electricidad y calor, “las emisiones de esta subcategoría han estado históricamente influenciadas, en parte, por el uso de carbón mineral para la generación de energía eléctrica”, indicó dicho ministerio en un documento enviado a Agencia Ocote.
Para reducir esas emisiones del sector eléctrico, Guatemala planteó “promover la generación de energía eléctrica por medios sostenibles” como solar, hídrica, geotérmica o incluso gas natural. Sin embargo, no era una meta que el gobierno veía cercana. “De acuerdo con los escenarios de implementación, estas acciones iniciarán alrededor del 2027 (…) Como resultado, se espera reducir el uso de combustibles fósiles en la generación de electricidad a largo plazo”, anota. Para 2030, la meta es que el 80% de la matriz energética venga de fuentes renovables.
Además de la termoeléctrica, Jaguar Energy también ha incursionado en la energía solar. En 2025, inauguró la planta fotovoltaica Tierra del Sol en el cercano municipio de Guanagazapa. La opera la empresa panameña Tierra del Sol S.A., que forma parte del mismo grupo empresarial y cuyo representante legal también es David Paul Walton.
Esta alianza periodística solicitó una entrevista a Jaguar Energy desde el 6 de abril de 2026, tras lo cual el departamento legal de la empresa solicitó el envío de las preguntas por escrito. El cuestionario de nueve preguntas, incluyendo si solicitará una prórroga al contrato de la termoeléctrica, si cuenta con un plan de reconversión a otras fuentes de energía y quiénes son los accionistas de la empresa, le fue enviado ese mismo día y, de nuevo, el 24 de abril. La entrevista también buscaba entender de qué países y empresas proviene el carbón que Jaguar Energy utiliza en la termoeléctrica, así como esclarecer el estado de las investigaciones sobre contaminación ambiental y la muerte de los trabajadores en 2025. Hasta la fecha de publicación Jaguar Energy no había respondido. (Lea aquí el cuestionario completo).
Para la COP de Belem a finales de 2025, Guatemala tenía el compromiso de presentar una NDC actualizada que refleje los avances logrados y también los nuevos retos. Sin embargo, a abril de 2026, el gobierno de Bernardo Arévalo no la había entregado. El Ministerio de Ambiente respondió a Agencia Ocote que prevé presentarlo en el segundo semestre de 2026.
El diagnóstico de la más reciente NDC coincide con la política nacional energética del país. En su iteración de 2013–2027 trazada por el gobierno de Otto Pérez Molina, proyectaba que para 2030 la generación a base de carbón abastecería el 26% de la demanda de energía eléctrica a nivel nacional y la meta de “alcanzar un 80% de la generación de energía eléctrica por medio de recursos renovables” a largo plazo. Eso implicaría, en teoría, reducir la dependencia de las termoeléctricas a carbón.
En su siguiente iteración de 2018-2032, bajo el gobierno de Jimmy Morales, plantea una meta de reducción de emisiones de 29,2% para 2032. Para ello, incluye como metas la reducción del uso de combustibles fósiles, el incremento de la participación de energías renovables y la promoción de la eficiencia energética y asegurar precios competitivos a largo plazo. “La incorporación de nuevas centrales de generación que utilicen los recursos energéticos renovables; tales como el recurso hídrico, la energía solar, eólica, geotérmica y el potencial de la biomasa ayudarán a cubrir la demanda de energía eléctrica hacia el año 2032”, indica el plan nacional. Tampoco da pasos concretos para disminuir el peso del carbón en la matriz energética.
Aunque dicho documento habla de que “para tener una matriz energética diversificada (…) es necesario añadir nuevas centrales de generación eléctrica al parque de generación del país”, el plan nacional aún vigente considera entre las “plantas candidatas” -junto con otras fuentes de energía- dos nuevas plantas a base de carbón de 600 MW de potencia.
A eso se suma que Guatemala se unió en 2025 a la Powering Past Coal Alliance (PPCA), una alianza voluntaria de países que buscan acelerar la transición energética. Esto la compromete, en teoría, a eliminar toda energía a base de carbón. “A pesar del énfasis reciente en las energías renovables, el carbón sigue considerándose una fuente importante de respaldo, especialmente durante períodos de sequía para sustituir la generación hidroeléctrica. El país no ha establecido un compromiso explícito hacia la neutralidad de carbono ni hacia un sistema eléctrico de cero emisiones”, indica la PPCA.
Según la investigadora Tercero, las termoeléctricas, “siguen siendo esenciales para mantener la estabilidad del Sistema Nacional Interconectado (SNI), no es posible retirarlas inmediatamente sin comprometer el sistema energético del país. Dado que estas plantas requieren de varias décadas para recuperar su inversión, estas sin duda también buscan seguir operando por razones económicas”.
¿Quién es el dueño de Jaguar Energy?
La empresa que opera la termoeléctrica, la estadounidense Jaguar Energy Guatemala LLC, fue creada tan solo meses antes de ganar la licitación de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE). Fue constituida el 22 de febrero de 2008 en Delaware, el estado de Estados Unidos considerado como una jurisdicción opaca por su alta privacidad, sus bajos costos de constitución y porque exime a las empresas que no operan allí de pagar impuestos estatales.
Jaguar Energy S.A. fue luego inscrita en Guatemala el 18 de marzo de 2008 como una sociedad extranjera que opera de conformidad con las leyes de Estados Unidos, según información del Registro Mercantil. Su objetivo es “el diseño y construcción, financiamiento y operación de plantas de generación de energía eléctrica y la venta de energía eléctrica”. La empresa funciona en el país con el nombre de Jaguar Energy Guatemala LLC, con 18 mandatarios (es decir, las personas facultadas legalmente para actuar, gestionar y representar a una empresa extranjera).
El grupo británico Ashmore operó la planta durante más de una década, hasta que el 29 de noviembre de 2022, aparentemente cambió de manos.
Sin embargo, los detalles de la transacción son poco claros: Ashmore Investment Advisors Limited firmó un contrato de compraventa por todas las acciones de AEI Inc., de la cual Jaguar Energy era una subsidiaria, con “el equipo administrativo de Jaguar Energy Guatemala LLC”, según consta en los estados financieros de Ashmore Global Opportunities de 2022. Los estados financieros de 2024 y 2025 reiteran esa misma información.
Según los documentos de Ashmore, el acuerdo estipuló que los accionistas de Ashmore recibirían US$310 millones por la venta, mediante un pagaré a siete años a un interés del 7,75%, que vence en noviembre de 2029. Ese pagaré lo emitió Guatemala Power Enterprises Limited (GPE), que -según los estados financieros de Ashmore de 2024– es “propiedad en un 100% del equipo directivo de Jaguar”. Esa empresa está registrada en las islas Cayman, un archipiélago del Caribe británico también considerado como una jurisdicción opaca por la dificultad de acceder a información de los beneficiarios finales.
El hecho de que los nuevos propietarios aún no hayan pagado la totalidad de ese pagaré significa que Ashmore Global Opportunities, en sus propias palabras, “seguirá expuesta a Jaguar hasta que se haya reembolsado íntegramente el pagaré”. Es decir, que la empresa británica sigue vinculada como prestamista a la termoeléctrica.
Esta alianza periodística contactó a Ashmore Group al correo electrónico indicado en su página web el 24 de abril de 2026, para preguntarle quiénes son los directivos a quienes vendieron la central. La empresa no había respondido al cierre de este reportaje.
La identidad de los actuales propietarios sigue siendo un misterio. Aunque ninguno de los documentos de Ashmore revela la identidad de los compradores, hay un nombre que se repite en documentos públicos antes y después de la venta de la termoeléctrica.
Se trata de David Paul Walton, un economista y administrador de empresas británico que, según su perfil en la red social profesional LinkedIn, vivió durante más de dos décadas en Venezuela y trabajó allí en empresas ligadas al sector de hidrocarburos. El 21 de julio de 2015, Jaguar Energy anunció que lo nombraba gerente general interino en Guatemala. Es decir, doce días después de que el MP y la Cicig anunciaron el caso Redes en que se vieron envueltos la empresa energética y su antecesor en el cargo Ernesto Córdova Macías. A febrero de 2026, Walton seguía figurando en el Registro Mercantil de Guatemala como mandatario de Jaguar Energy.
Walton aparece en un documento de noviembre de 2019 de la Comisión Regional de Interconexión Eléctrica de Guatemala (CRIE), organismo regulador del mercado eléctrico regional de América Central, como “mandatario general con representación” de Jaguar Energy. También figura en dos cartas de noviembre de 2017 y enero de 2018 que le dirigió la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) de Honduras en calidad de “representante legal” de Jaguar Energy a raíz de una licitación de compra de energía que le otorgó a esa empresa. Posterior a la venta de la central, en 2023, figuraba el nombre de Walton como gerente general y representante legal de Jaguar Energy en el directorio de la empresa portuaria de Puerto Quetzal, 30 kilómetros al sur de Masagua.
El gerente de Jaguar Energy también aparece vinculado a otras dos empresas del sector eléctrico en Centroamérica, como administrador y representante legal de Transelec en Guatemala, una empresa dedicada a la generación, captación y distribución de energía eléctrica que comparte con Jaguar Energy un contrato en el Instituto Nacional de Electrificación (INDE), según indicó la institución por medio de una solicitud de información pública. También aparecía como representante legal de Energía Firme de Honduras S. A. de C. V. (Enefisa) en Honduras.
Esta alianza periodística solicitó una entrevista con Walton en un segundo correo enviado al departamento legal de Jaguar Energy el 24 de abril de 2026. Ante la solicitud de la empresa de enviarles las preguntas por escrito, mandamos un cuestionario de nueve preguntas, incluyendo si su gerente es uno de los propietarios o accionistas de Jaguar Energy LLC. Luego enviamos otro cuestionario a Walton por Linkedin el 4 de mayo con cinco preguntas, incluyendo quiénes son los actuales propietarios de Jaguar Energy y de Guatemala Power Enterprises, y si él es uno de ellos.. A la fecha de publicación ni la empresa ni Walton habían respondido.
La única oferente para un contrato millonario
El 5 de mayo de 2008, Jaguar Energy Guatemala LLC ganó una licitación de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) para proveer de electricidad a la región oriente y occidente del país (a través de las empresas distribuidoras eléctricas Deorsa y Deocsa).
Para ello empezó a construir la termoeléctrica que tenía previsto inaugurar en 2013 y que terminó costando $950 millones de dólares (más de 7 billones de quetzales), según ejecutivos de la empresa. El proceso de construcción dio pie a varios préstamos y a un conflicto legal que dominaron las noticias sobre el proyecto por varios años.
En un inicio, Jaguar Energy le apuntó a un crédito sindicado de US$445 millones que había negociado desde 2008 con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y en el que participarían tres bancos comerciales internacionales, pero la crisis financiera de 2008 y la caída en la financiación a proyectos de carbón frustraron los planes, según una investigación de Plaza Pública. Dos años más tarde, la empresa logró un crédito sindicado de US$350 millones otorgado por la Banca de Inversión Bancolombia y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), en el que aportaban el dinero una decena de bancos de Guatemala, Costa Rica, Panamá y Colombia.
Al frente del proyecto estuvo Ashmore Energy International Ltd, que posteriormente pasó a llamarse AEI. Esta empresa fue propietaria de Jaguar Energy y de la termoeléctrica a través del fondo de inversiones Ashmore Global Opportunities Limited, registrado en la isla británica de Guernsey y propiedad de la empresa británica Ashmore Group plc. Según el Banco Mundial, AEI patrocinó otros 12 proyectos energéticos en Latinoamérica, China y Polonia.
Sin embargo, Jaguar Energy pronto se vio involucrada en un conflicto con la empresa china China Machine New Energy Corporation (CMNC), a la que había contratado para la construcción de la planta y que fue ampliamente documentado por los periódicos guatemaltecos. CMNC aseguraba que Jaguar se retrasó en los pagos y que Jaguar Energy y su matriz Ashmore Energy International Ltd, que pasó luego a llamarse AEI, le adeudaban $220 millones. Entre tanto, Jaguar Energy argumentaba que, durante la construcción de la termoeléctrica, CMNC había incumplido el contrato de diseño y ejecución de la obra — llamado contrato llave en mano de Ingeniería, Procura y Construcción (o EPC)— que habían suscrito.
El meollo del asunto era que había dos acuerdos y múltiples incumplimientos. El contrato EPC, firmado en 2008, preveía que CMNC construiría la termoeléctrica por $450 millones de dólares, y que Jaguar Energy pagaría por cuotas conforme se completaran determinados hitos. Luego, en 2009, suscribieron un Acuerdo de Garantía de Pago Diferido (DPSA) con el que CMNC además acordó financiar el proyecto, dando a Jaguar Energy la opción de emitir notas de débito a su favor y que de, no cumplirse, le otorgarían derechos sobre los activos de la termoeléctrica. Esto significa que CMNC se convirtió además en prestamista del proyecto.
Según se comprobó en un arbitraje realizado en Singapur en 2016, Jaguar Energy emitió 61 notas de débito en lugar de realizar pagos en efectivo, por un valor de $129 millones de dólares. Cuando, en 2013, la empresa china no cumplió con las fechas de entrega programadas, Jaguar Energy notificó el incumplimiento. Frente a la posibilidad de que Jaguar Energy cancelara el contrato, CMNC se adelantó e intentó ejercer sus “derechos de intervención”—es decir, tomar posesión— sobre la planta.
Al final, Jaguar Energy notificó a CMNC su intención de rescindir del contrato EPC el 29 de noviembre de 2013 y le solicitó desalojar el sitio de trabajo en un plazo de 15 días. El 14 de diciembre, cuando ese plazo de 15 días estaba a punto de vencer, el abogado Marcelo Charnaud (el mismo notario que había inscrito la sociedad Jaguar Energy Guatemala LLC ante el Registro Mercantil guatemalteco) y el contador Raúl Toc firmaron un acta ante la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) que certificaba a Jaguar Energy como propietaria de la planta termoeléctrica, según la investigación del periodista Rodrigo Véliz para Nómada. Jaguar Energy terminó entonces el acuerdo de financiamiento (DPSA) con CMNC a la plataforma digital de documentos del proyecto y restringió el acceso a los trabajadores de ésta.
La batalla legal entre las dos empresas por la termoeléctrica solamente fue resuelta hasta octubre de 2016. Un panel arbitral en Singapur dio la razón a Jaguar Energy. Conservó la termoeléctrica e, incluso, recibió un resarcimiento de parte de la compañía china.
Antes de que el laudo arbitral saliera a su favor y buscando resolver ese lío legal con la constructora estatal china, Jaguar Energy se involucró —según el relato de los fiscales del MP y la Cicig— en una red de presunto tráfico de influencias, revelada por el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad de Guatemala (Cicig) en 2015.
Jaguar Energy y el yerno del presidente
Al verse atrapado en el conflicto con CMNC, el entonces gerente general de Jaguar, Ernesto Córdova Macías, pudo haber contactado en 2014 a César Augusto Medina Farfán, a quien la Cicig describió como “un personaje relacionado con muchas personas influyentes de alto nivel” y un “gestor con influencias”. Medina ya había sido acusado de desviar dinero del Ministerio de la Defensa hacia cuentas en Panamá entre 2000 y 2004, durante el gobierno del expresidente Alfonso Portillo.
Ese es el comienzo del relato que hicieron Thelma Aldana, fiscal general del MP, Iván Velásquez, comisionado de la Cicig y Elmer Sosa, viceministro del Ministerio de Gobernación (Mingob), al develar el caso Redes en una conferencia de prensa el 9 de julio de 2015. Era una de 120 investigaciones por corrupción de gran escala que develó en doce años de trabajo de la misión anticorrupción.
Medina Farfán habría fungido, según el MP y la Cicig, como intermediario entre el directivo de Jaguar Energy con Gustavo Martínez Luna, el entonces secretario general de la Presidencia y también yerno del presidente Pérez Molina.
“Ernesto Córdova requiere la actuación de un intermediario con influencia suficiente que permita obtener ciertas ventajas, ciertos privilegios y tener una posición de buen recibimiento en todas las instancias gubernamentales en las que sea necesario. Contacta entonces a César Medina que es, según revela en las conversaciones que César Medina sostiene con el señor Gustavo Martínez, su gran amigo”, indicó Iván Velásquez, el exfiscal e investigador judicial colombiano que fue tercer comisionado de la Cicig, durante la conferencia de prensa de julio de 2015.
Medina Farfán, Martínez Luna y Córdova Macías habrían presionado, según los fiscales del MP y la Cicig, para que la Dirección de Migración guatemalteca expulsara a los trabajadores de CMNC en el país después de que Jaguar Energy terminara el contrato con dicha empresa. Esto fue confirmado por varias llamadas interceptadas por la Unidad de Métodos Especiales del Ministerio Público (MP), a cuyas transcripciones el Véliz y Nómada tuvieron acceso en 2015.
Estas llamadas pusieron en evidencia los favores presuntamente solicitados por Córdova Macías a Medina Farfán, quien los comunicaba a su vez a Martínez Luna y a Rodas Solares. Todo esto, según argumentaron el MP y la Cicig, bajo el conocimiento del presidente Pérez Molina.
De acuerdo a las llamadas interceptadas por el MP, Martínez Luna también habría contactado a Mauricio López Bonilla, el entonces ministro de Gobernación, para evitar que el cónsul de China en Costa Rica (sede de la embajada más cercana) visitara a los trabajadores chinos en el albergue donde se encontraban retenidos por Migración. Según otra conversación interceptada entre Medina Farfán y Martínez Luna, López Bonilla también informó a Pérez Molina de lo que sucedía.
“Córdova le pide a Medina que le diga a Martínez que no es posible que permitan que el cónsul llegue hasta el albergue, que no lo dejen entrar y se hacen gestiones por Martínez en migración, Todo prevaliéndose naturalmente de la posición que entonces ocupaba en el gobierno nacional”, explicó el comisionado Velásquez en su rueda de prensa.
Las escuchas telefónicas del MP también revelaron el posible involucramiento de abogados poderosos. Entre ellos se encuentran Juan Luis Florido, exfiscal general del MP, y José Quezada, magistrado titular de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC). Ellos habrían, según las llamadas interceptadas relatadas por Nómada, coordinado los sobornos y las acciones contra CMNC junto a Martínez Luna y Córdova Macías.
La embajada estadounidense tuvo conocimiento del conflicto e, incluso, presionó a abogados de CMNC y a diputados de la bancada Unidad Nacional de Esperanza (UNE) para que “dejaran de favorecer a los chinos”, según las llamadas telefónicas a las que el periodista Véliz tuvo acceso. Una fuente cercana al presidente Pérez Molina aseguró a Véliz que la embajada británica también participó en el cabildeo en favor de Jaguar Energy.
Los fiscales de la Cicig y el MP acusaron al secretario general de presidencia Martínez Luna de presuntamente haber traficado influencias para eliminar las dificultades que Jaguar Energy enfrentaba.
“La forma de operar de la red se ilustró a través de dos eventos de pago de comisiones a funcionarios de la SAT para la toma de decisiones favorables a dos empresas: Z Gas y Jaguar Energy”, explica el informe anual de la comisión anticorrupción de 2016.
Según los fiscales, Martínez Luna, “aprovechándose de su posición y cercanía con el entonces presidente de la República, Otto Pérez Molina, instalaba en la agenda del mandatario reuniones urgentes para empresas como Jaguar Energy, a cambio de un soborno”.
Lo habría hecho, según la acusación, a cambio de recibir $120 mil dólares estadounidenses durante un período de seis meses a partir del 1 de julio de 2014. Para ello, Córdova Macías y Medina Farfán presuntamente diseñaron un contrato simulado o ficticio para que Jaguar Energy otorgara a Karen Paola Cancinos Muñoz una consultoría por el servicio de “asesorar al cliente en temas de comunicación y relaciones públicas en el sector empresarial” a cambio de esta cantidad. Esto fue también consignado en otro de los informes anuales de la Cicig.
Durante la audiencia de imputación, el MP señaló que una de las pruebas de la eficacia de Martínez como gestor de la empresa fue incluir una reunión con Córdova Macías en la agenda del presidente.
“Ernesto Córdova acudía a César Medina, operador externo de la estructura para que este solicitara y/o transmitiera a los funcionarios públicos ubicados en posiciones estratégicas – Secretaría de la Presidencia de la República y Viceministerio de Energía y Minas – las solicitudes de Córdova para ejercer influencia, obtener información privilegiada, asesorar, coordinar o dar seguimiento a lo solicitado, todo a cambio de pagos o ventajas, disfrazados de consultorías ficticias entre testaferros de la estructura y Jaguar Energy”, estableció la presentación utilizada por la fiscal general y el comisionado de la Cicig en la conferencia de prensa.
A pesar de ello, ninguno de los estados financieros de la británica Ashmore entre 2015 y 2022, año en que vendieron Jaguar Energy, menciona a sus accionistas la existencia de una acusación por parte del Ministerio Público guatemalteco y de la comisión anticorrupción de la ONU, ni los describe como un riesgo o una contingencia legal.
Dentro de la misma causa, el MP y la Cicig también acusaron a Edwin Ramón Rodas Solares, el entonces viceministro de Energía y Minas, de asociación ilícita. Él también aparece en las transcripciones de las escuchas telefónicas a las que Véliz tuvo acceso y, según explicó el comisionado Velásquez en la presentación del caso, actuaba en conjunto con Martínez Luna para llevar las solicitudes de Jaguar Energy al presidente.
“Se determinó que sin la ayuda que Ernesto Córdova de Jaguar Energy recibía de Gustavo Martínez, Edwin Rodas y César Medina, Córdova no lograría cumplir con el cronograma y la entrega de las fases del proyecto de la empresa”, indicó también la presentación del caso.
Por ello, también acusaron de asociación ilícita a Córdova Macías, peruano con nacionalidad estadounidense, quien se encontraba fuera de Guatemala cuando el caso fue anunciado, por lo que no fue aprehendido ni ligado a proceso formalmente. Según una nota publicada por Prensa Libre, al momento de que la Cicig y el MP revelaron el caso, Córdova se encontraba de viaje, participando en las audiencias del arbitraje internacional iniciado por Jaguar Energy en contra de CMNC.
El directivo de Jaguar Energy figuró en informes anuales de la Cicig como prófugo de la justicia “con alerta roja a nivel internacional”. En agosto de 2018, Velásquez y la nueva Fiscal General del Ministerio Público, Consuelo Porras, incluyeron a Córdova en un listado de 117 personas “prófugas de la justicia, quienes tienen órdenes de captura nacional e internacional y están pendientes de ejecutar”. El documento anotaba que se le presumía fuera de Guatemala. Su sucesor en el cargo, David Walton, dijo a Prensa Libre, el 6 de agosto de 2015, que Córdova Macías, “por tener nacionalidad estadounidense, a su regreso se quedó en Houston y que de momento no han sido notificados de algún señalamiento”. Además, afirmó que el exgerente cooperaba con la justicia guatemalteca desde Estados Unidos.
Según su perfil de Linkedin, desde 2016, Córdova Macías ha trabajado en Houston, Texas. Ha laborado en una compañía de fertilizantes y en una de tecnología.
Entre tanto, en julio de 2015, fueron ligados al proceso por presunto tráfico de influencias el ex viceministro de Energía y Minas Rodas Solares y el exsubsecretario de Planificación del Ministerio de Energía y Minas (MEM) Filadelfo Reyes Cáceres, ambos del gobierno de Otto Pérez Molina. Medina Farfán, a quien la Cicig y el MP se referían como el “gestor de influencias”, fue acusado de presunta asociación ilícita, cohecho activo, tráfico de influencias y falsedad ideológica. Martínez Luna, por su parte, fue acusado del delito de asociación ilícita.
Tras su aprehensión, Martínez Luna negó haber beneficiado a Jaguar Energy. “Desde la Secretaría no tiene ninguna injerencia, ni aunque tuviera que ir a gestionar a otras instituciones, porque Jaguar Energy su relación es con otra empresa privada en un tema de construcción y esa empresa con quien tiene relación es con la comisión energética, donde el Ejecutivo no tiene ninguna injerencia”, indicó. Seis meses después, a Martínez Luna le fue otorgada la libertad condicional sin caución económica.
Ocho años después de ser anunciado por el MP y la Cicig, el caso Redes fue cerrado por Aurora Gutiérrez del Juzgado Quinto Penal en la etapa intermedia, donde las pruebas se evalúan previo al inicio del juicio. La jueza indicó el 28 de agosto de 2024 que los nuevos fiscales del MP, ya liderado por Porras, intentaron realizar 273 correcciones en el proceso, por lo que consideró que existieron vicios y anomalías en la investigación original del MP. Estos, a su criterio, no permitían establecer los indicios por los cuales los señalados debían enfrentar juicio. “Este sobreseimiento no es por el trabajo que ustedes realizaron, sino por el mal trabajo que realizó el Ministerio Público hace nueve años”, dijo la juez. Esto significó que el secretario general Martínez Luna, el exviceministro Rodas, el ex gerente Córdova y César Medina quedaron libres de cargos.
En ese mismo año, el Ministerio Público de Porras intensificó la persecución contra ex funcionarios de la Cicig y exfiscales de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) que habían liderado ese centenar de investigaciones. Para 2022, al menos 26 de ellos habían sido criminalizados, según documentó Agencia Ocote. Muchos estuvieron o aún se encuentran en el exilio. Otros han enfrentado procesos judiciales y pasado tiempo en la cárcel. El fiscal Stuardo Campo, quien participó en el caso Redes, aún está en prisión.
Ese saldo ha sido visto por la sociedad civil guatemalteca como un retroceso en la lucha anticorrupción. “El caso Redes, que en su momento reflejaba la valentía institucional por enfrentar el poder corrupto, hoy simboliza el deterioro de la justicia bajo una gestión que ha privilegiado la protección de intereses particulares por encima del Estado de Derecho”, señaló la Red de Información del Combate a la Impunidad en Guatemala (RICIG), una organización ciudadana que monitorea y visibiliza casos de corrupción e impunidad en Guatemala.
Esta alianza periodística preguntó a Martínez Luna sobre su involucramiento en el caso Redes por medio de un mensaje directo de la red social X el 27 de abril de 2026 y, de nuevo, dos días después. El ex secretario de presidencia no respondió. Sin embargo, en julio de 2025, Martínez Luna había respondido a una publicación en X del ex fiscal Juan Francisco Sandoval. “(Jaguar Energy) no tenía nada que ver con el Estado ya que su contrato era con el mercado mayorista de energía eléctrica”, indicó, argumentando que las pruebas en su contra eran falsas.
También se solicitó una entrevista sobre el caso de Jaguar Energy al viceministro Juan Fernando Castro Martínez, encargado del área energética del Ministerio de Energía y Minas (MEM), a través de su oficina de comunicación social. Esta no fue concedida y, en cambio, las respuestas fueron enviadas por medio de un documento. En él, el MEM solo dijo que “no existe evidencia pública de que directivos de Jaguar Energy hayan sido condenados por este caso”.
Esta alianza periodística también buscó a Ashmore Group para preguntarle por qué la empresa nunca incluyó la investigación del MP y la CICIG como una contingencia legal en sus estados financieros. La empresa no respondió.
Entre tanto, la constructora china CMNC solicitó la anulación del laudo arbitral ante una Corte de Apelaciones de Singapur argumentando que no había tenido una oportunidad completa de defenderse y que “el Tribunal no investigó las alegaciones de corrupción y fraude, y/o el laudo fue inducido o afectado por la corrupción”. La Corte de Apelaciones denegó su petición y mantuvo en firme la decisión arbitral.
Entre acusaciones de contaminación y accidentes
Desde que inició operaciones, la termoeléctrica de Jaguar Energy se ha visto envuelta en otras controversias.
En 2015, apenas seis días después de la acusación de la Cicig, los pobladores de San Miguel Las Flores, una comunidad vecina de Jaguar Energy, señalaron a la empresa de presuntamente haber contaminado el río La Mora. La responsabilizaron por la muerte de cientos de peces, que ellos atribuyeron a la presencia de residuos de agua contaminada en el río.
Los comunitarios realizaron un plantón afuera de las instalaciones de la empresa, para manifestar su descontento. El suceso fue cubierto por distintos medios de comunicación. Mientras esto sucedía, el equipo de seguridad de Jaguar Energy retuvo a un grupo de periodistas, según ellos por “ingresar sin autorización a sus instalaciones”. Los liberaron después de obligarlos a firmar un documento a cambio de no ser demandados por la empresa.
En octubre de 2025, fue noticia de nuevo luego de que tres trabajadores murieron en la planta generadora, a causa de la explosión de una caldera. El suceso fue catalogado como un accidente por Jaguar Energy y el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab).
El Mintrab indicó a Agencia Ocote, por medio de una solicitud de acceso a la información pública, que recibieron una denuncia el 14 de octubre de 2025 en contra de Jaguar Energy LLC. Los motivos registrados son: “Derechos fundamentales | SSO (Salud y seguridad ocupacional) Accidente laboral”. El incidente se encuentra pendiente de inspección.
Agencia Ocote preguntó, también a través de la Oficina de Información Pública del MP, cuál es el estado de las investigaciones sobre ambos sucesos. La institución respondió que “es necesario que la solicitante acredite ser el representante legal o acredite el consentimiento expreso por escrito del titular de la información”. Es decir, que solo los representantes legales de Jaguar Energy podrían acceder a esta información.
Por su parte, el Ministerio de Minas indicó que las investigaciones corresponden al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y al MINTRAB. “Al MEM le corresponde principalmente la supervisión del cumplimiento de la normativa técnica y operativa del sector eléctrico”, indicó, añadiendo que esto incluye la verificación del funcionamiento, autorizaciones y estándares generales de seguridad en la generación de energía. “En ese sentido, el MEM actúa como ente regulador del sector energético, pero no como autoridad principal en materia ambiental ni penal”, agregó.
Al final, pese a las señales que ha enviado Guatemala de querer cerrar el capítulo de la energía a base de carbón, la termoeléctrica de Jaguar Energy -la misma que sigue operando pese a haberse visto envuelta en uno de los mayores casos de corrupción de la última década en el país y cuyos dueños siguen sin conocerse públicamente- no tiene un plan o un cronograma de cierre o de reconversión a otras fuentes de energía más limpias. Tampoco hay declaraciones desde el gobierno que permitan pensar que esas intenciones se cumplirán en este período.
De ese plan puede depender que Guatemala cumpla parte de sus compromisos climáticos.
Las Ruinas del Carbón es un proyecto liderado por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) en alianza con Agencia Ocote (Guatemala), Baudó Agencia Pública (Colombia), Concolón (Panamá), Contracorriente (Honduras), La Nación (Argentina), Matinal (Brasil), N+ Focus (México), Raíz Climática (República Dominicana), Reportea (Chile), Climate Tracker América Latina y Mongabay Latam sobre la salida de la energía a base de carbón en América Latina. Revisión legal: El Veinte.
