Rodeado de reyes, presidentes y reproducido en vivo por televisoras del mundo, el presidente panameño José Raúl Mulino repasó tres crisis «devastadoras» en su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU): la climática, la de contaminación y la pérdida de biodiversidad.
Era miércoles 24 de septiembre de 2025 y Mulino presentó el ‘Pacto con la Naturaleza’. «Una forma nueva de entender la política ambiental, en un marco que une nuestras obligaciones en materia de clima, biodiversidad y tierras en un solo compromiso nacional», dijo, y remató: «La naturaleza es nuestra primera línea de defensa frente al cambio climático”.
Tres meses antes, su gobierno autorizó encender la única central termoeléctrica que sobrevive en el país.
La planta es de First Quantum Minerals, que tiene el proyecto Cobre Panamá: la mina que sacó al país a la calle en 2023, cuya concesión la Corte Suprema declaró inconstitucional dos veces —en 2017, aunque recién quedó firme cuando se publicó en 2021, y luego en 2023— y regó daños ambientales en pleno Corredor Biológico Mesoamericano, uno de los ecosistemas más biodiversos y amenazados de América Latina. Con ella encendida y anticipando operar hasta 2035, Panamá incumple compromisos internacionales que firmó para descarbonizar su matriz energética y podría perder la clasificación carbono negativo.
¿Priorizará el presidente Mulino las metas de descarbonización o la reactivación de una megainversión que arrastra consigo el estigma de la contaminación, el rechazo de gran parte de la ciudadanía y problemas legales?
Estos son los hallazgos más importantes de este reportaje de Concolón que forma parte de la investigación colaborativa y transfronteriza Las Ruinas del Carbón sobre el fin de la energía a base de carbón en América Latina, que lidera el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y que reúne a doce medios.
Una termoeléctrica para sacar cobre
La minera canadiense First Quantum diseñó Cobre Panamá como un proyecto autosuficiente desde el inicio. En el corazón de las montañas de Donoso construyó su propia central eléctrica: dos unidades de 153 MW cada una —306 megavatios de potencia instalada—, que generan energía quemando carbón importado desde Colombia para sostener la operación de su planta de procesamiento de cobre y su puerto. Sin ella funcionando todas las horas de cada día, la única mina activa del país —y la principal operación minera de Centroamérica— no funciona.
A fines de 2017, la empresa reportó en su informe anual un 82% de avance general de la central eléctrica, también llamada Cobre Panamá, con las dos calderas probadas y la línea de transmisión que conecta a la red nacional finalizada. Al año siguiente, la central —una de las últimas termoeléctricas a carbón inauguradas en América Latina— ya estaba operativa. Las primeras utilidades netas de la empresa llegaron en 2019: 90 millones de dólares. El proyecto no paró de crecer y su peso en el negocio de First Quantum también: la mitad de los ingresos totales de la compañía canadiense provenían, como ha contado la investigación Países Minados II en la que participaron Concolón y el CLIP, de las montañas panameñas.
Ese crecimiento tenía un costo que no aparecía en los balances financieros. Entre 2018 y 2024, Cobre Panamá emitió 11,37 millones de toneladas de gases de efecto invernadero, los que causan la crisis climática global, según las cifras reportadas por la empresa en sus informes de sostenibilidad. Entre ellos están los de la termoeléctrica a carbón, además de otros como el diesel que usan sus camiones o las voladuras con explosivos peligrosos como nitrato de amonio, que juntos conforman las emisiones directas del proyecto minero —o lo que en círculos climáticos se conoce como ‘alcance 1’ o ‘scope 1’ , según el estándar internacional GHG Protocol que sigue la empresa.
En los años de mayor operación de la mina —entre 2019 y 2021—, esa huella representó en promedio el 11% de las emisiones brutas del país, según los últimos reportes disponibles del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero del Ministerio de Ambiente. Su peso en las emisiones globales de First Quantum fue tan grande que en 2019, cuando la mina puso a andar su molino, la compañía reportó el doble de toneladas de CO₂ que el año anterior —3,2 millones vs. 1,6 millones—.
La propia empresa explicó que el salto se atribuye principalmente «al incremento de las necesidades energéticas en Panamá» y «a la puesta en marcha de la central eléctrica» de Cobre Panamá, y tenía razón: entre 2020 y 2023, la combustión directa en esa operación —principalmente el carbón utilizado en su planta de generación— concentró el 58% de todas las emisiones directas de sus nueve operaciones en siete países, según un cálculo de esta alianza periodística en base al ESG Performance Databook publicado por First Quantum.
La minera y el conflicto constitucional
La mina recién arrancaba a operar y ya era el principal activo de la compañía. Pero tenía dos problemas: una demanda de inconstitucionalidad al contrato ley que otorgó una concesión de explotación minera que atentaba contra “el bienestar social y el interés público” y el compromiso del gobierno de Panamá de descarbonizar.
El primero, la Corte lo había resuelto en 2017, aunque quedó firme cuatro años después: declaró inconstitucional la ley que otorgó la concesión de First Quantum porque entregó más de 13 mil hectáreas sin licitación, sin garantizar el interés público y sin medir el daño ambiental. “Dicha ley ha desconocido el alto impacto que supone la minería a cielo abierto, por lo que considera que dicha aprobación viola el derecho a un ambiente sano”, dijo la Corte en el fallo.
Ahí comenzó una negociación agria entre la empresa y el gobierno del anterior presidente Laurentino Cortizo, que había prometido eliminar el carbón de su matriz energética para 2023 y hasta llegó a cerrar la última termoeléctrica comercial que tenía el país, Bahía Las Minas. El gobierno exigía mayor participación en las ganancias de Cobre Panamá y transformar la planta eléctrica, según contó a Reuters el entonces ministro de Energía, Jorge Rivera Staff, mientras esperaba el plan de reconversión de la empresa.
First Quantum llegó a pensar en vender, pero diseñó un plan climático alrededor de la planta en Panamá, que la propia empresa ha descrito como “la principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero” de su operación global. “Para alcanzar los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de la empresa, es necesario descarbonizar la generación de energía, concretamente en las operaciones de Zambia y Panamá”, reconoce la minera en su informe de sostenibilidad publicado en febrero de 2023. Según First Quantum, la termoeléctrica de Cobre Panamá representa “cerca de la mitad de las emisiones anuales de Scope 1 y 2” de toda la empresa; es decir, las emisiones de sus operaciones directas y las generadas por la electricidad que compra.
El 16 de septiembre de 2022, firmó un contrato de compra de energía a 20 años con la filial local del gigante energético estadounidense The AES Corporation, también llamada AES Panamá: 64 MW de energía 100% renovable —solar, eólica e hidroeléctrica— a precio fijo, para alimentar la expansión “expansión completada en 2023”, según indicó la empresa a esta investigación. Con eso, el 20% de su electricidad dejaría de venir del carbón. En su informe de cambio climático de ese año, la empresa prometía eliminar el carbón para 2030 y que el 80% de sus fuentes eléctricas serían renovables.
Pero enseguida esos planes cambiaron.
Al año siguiente, el Gobierno y First Quantum llegaron a un acuerdo: más aportes de la operación minera para el Estado —pasaba del 2% a un mínimo de 12%— y una concesión por 20 años, prorrogables por 20 años más. De la eliminación del carbón, encomendaba realizar «esfuerzos comercialmente razonables» para lograr el objetivo de “más reducciones de gases de efecto invernadero”. Le permitía seguir quemando carbón y, a cambio, le pedía iniciar estudios de inmediato para reemplazar hasta el 50% de esa energía con renovables, gas natural u otras fuentes de menores emisiones a partir de 2025.
“La concesionaria, directamente o a través de terceros, podrá generar energía eléctrica para su uso, y con este fin podrá construir y/u operar instalaciones hidroeléctricas, solares, eólicas, y plantas térmicas, así como cualesquiera otros medios de generación y transmisión de energía”, decía el capítulo nueve de la propuesta de ley que el gobierno envió a la Asamblea el 16 de octubre de 2023.
A Ligia Castro de Doens, directora de Cambio Climático de ese gobierno y una de las voces más respetadas del sector ambiental en Panamá, el cambio la sorprendió. “En el acuerdo de negociación, la empresa había aceptado cambiar hacia una combinación de solar y eólica, pero después en el proyecto de ley no sé por qué apareció de pronto que usarían gas”, dijo en entrevista con esta alianza periodística.
El reporte sobre la adaptación climática que First Quantum presentó a sus accionistas en mayo de 2024 también cambió: en vez de 80% de fuentes renovables, la meta 2030 era de hasta 50% renovables y hasta 50% de gas natural licuado. En su carta a los accionistas en el informe de cambio climático de 2025, el presidente de la minera Tristan Pascall ahora habla de “incertidumbre en el calendario de nuestra transición prevista para abandonar la energía generada por carbón”. Y la empresa proyecta mantener la operación a base de carbón hasta 2035.
¿Por qué la empresa trastocó los planes? ¿Qué llevó al gobierno a aceptar un tipo de energía como el gas, que también es contaminante, aunque menos que el carbón?
Esta alianza periodística consultó a la filial local de First Quantum Minerals sobre las contradicciones en sus reportes y otros hallazgos de esta investigación. En su respuesta, la compañía aceptó que hubo “ajustes en las metas de reducción de emisiones”, pero aclaró que no implican «un abandono del compromiso de descarbonización». “La Compañía mantiene su objetivo de eliminar completamente el uso de carbón y transitar hacia fuentes de menor emisión, en consonancia con el objetivo original”, dijo Cobre Panamá.
Ver Respuesta de First Quantum Minerals.
Sobre las causas de esos cambios, la minera explicó que respondió a una “actualización técnica basada en evidencia” surgida del estudio que le exigió el gobierno de Cortizo, el aumento de precios de la energía derivado del fenómeno de El Niño 2023-2024, una crisis global de suministro de turbinas con tiempos de entrega de hasta siete años y la “suspensión abrupta de operaciones y estado actual del proyecto”. (Ver respuestas completas acá).
El nuevo impulso del gobierno Mulino
Lo que frenó el plan no fue que una empresa con historial de daños ambientales, posibles conflictos de interés e ilegalidades señaladas por la justicia siguiera quemando carbón en un país que prometió eliminarlo.
El plan quedó interrumpido en noviembre de 2023, cuando el nuevo contrato entre la empresa y el gobierno de Cortizo, aprobado en tiempo récord y sin participación ciudadana, desencadenó unas protestas inéditas que paralizaron a Panamá por un mes —incluido el puerto de la mina, lo que le impidió importar el carbón desde Colombia para el funcionamiento de la termoeléctrica—, dejaron cientos de heridos y llevaron a la Corte a emitir un nuevo fallo donde volvió a declarar la concesión inexistente.
Dijeron los magistrados que aprobar ese acuerdo, ignorando la sentencia de 2017 que ya lo había tumbado, era «una afrenta a la separación de poderes», y declararon inconstitucional la nueva ley por violar 25 artículos de la Constitución, incluyendo el derecho a la vida, a la salud, a un ambiente sano y los derechos de la infancia. Al mismo tiempo, la Asamblea aprobó una ley que bloquea nuevos permisos mineros. Entre tanto, la oposición ciudadana a la minería a cielo abierto crecía —hoy tres cuartas partes de los panameños está en contra de la reapertura de la mina.
A Cortizo no le quedó otra: ordenó el cierre de Cobre Panamá, que entró en fase de “Preservación y Manejo Seguro (P&MS)” con la producción detenida. El documento con las acciones para proteger el medio ambiente y los activos de la mina, publicado en enero de 2024, trata a la central eléctrica como “infraestructura crítica”, establece que “se preservará manteniéndola en operación” y que, para eso, requiere seguir importando carbón. Cinco meses después, puso un plazo.
En la “Segunda Contribución Determinada a Nivel Nacional (CDN2)” de Panamá para hacer frente al cambio climático, presentada por el gobierno de Cortizo ante Naciones Unidas en junio de ese año, incluyó el compromiso explícito de “eliminación de la generación con carbón en la matriz eléctrica” para este 2026.
Ni ese pacto, ni los fallos de la Corte, ni la oposición ciudadana parecen haberle importado al sucesor de Cortizo: José Raúl Mulino, quien llegó a la presidencia en julio de 2024 impulsado por el expresidente Ricardo Martinelli, asilado en Colombia tras ser condenado por lavado de dinero.
Al poco tiempo de asumir, el nuevo presidente dejó claras sus intenciones.
Primero, se mofó de los cientos de miles de panameños que frenaron el país en 2025. “¿Con qué criterio puedo yo decirle al país ‘adiós a la mina’? ¿Por qué cinco gatos que no pagan una planilla no quieren mina?», dijo en marzo de 2025. Después, encontró una fórmula para burlar a la Asamblea y el contrato ley que la Corte ya tumbó dos veces: el Estado operará el yacimiento con un tercero a cargo de la parte técnica. “La única ruta que no va a existir es un contrato ley”, dijo el 22 de abril de 2025 frente a empresarios de la Cámara de Comercio e Industrias de Panamá. El público lo aplaudió.
Para más, autorizó el encendido de la termoeléctrica de la mina de First Quantum y borró el compromiso de eliminar el carbón de los documentos climáticos del país.
«Aún siendo un país carbono negativo, creemos que siempre se puede dar un paso más en favor de las futuras generaciones», fingió Mulino en su discurso en la Asamblea de la ONU. Hoy la planta de carbón arde en el último pulmón virgen de Panamá, poniendo en riesgo esa clasificación de la que saca pecho el país.
Giro al pasado: los daños de un modelo antiguo
Quemar carbón para generar energía es como echarle fuego a la atmósfera.
El humo de la termoeléctrica libera CO₂ y metano —gases que suben, se dispersan y se pegan a la atmósfera, donde pueden quedarse más de 100 años. El efecto es simple: dejan entrar el calor del sol pero no lo dejan salir, por lo que la temperatura de la tierra sube. Para 2023, la concentración de CO₂ había llegado al nivel más alto en 800 mil años. El siguiente fue el año más caliente desde que existen registros. Eso es lo que conocemos como el efecto invernadero o calentamiento global, y esos gases emitidos por la quema de carbón están entre los que lo provocan.
«El planeta agoniza», dice el Pacto por la Naturaleza que presentó Mulino en la Asamblea General de la ONU en 2025. Varios de los eventos climáticos que enumera el documento coinciden con los que describen los vecinos de la mina de Donoso: tala de árboles, tierras vueltas improductivas, pérdida de biodiversidad. Lo mismo que había anticipado el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la minera: “las emisiones atmosféricas de la planta de generación de energía eléctrica” es un “tema ambiental crítico” que podría “impactar a las comunidades cercanas”, dice el documento elaborado en 2010 por la consultora ambiental Golder Associates.
La investigación colaborativa Países Minados II hecha por Concolón, en alianza con La Voz de Guanacaste y el CLIP, comprobó el extenso daño ambiental de la operación minera de First Quantum en la zona: regó sedimentos, metales pesados y residuos peligrosos en un terreno vulnerable, generando daños a los bosques, las especies y las fuentes de agua. Para esa entrega, el equipo accedió a 29 informes donde inspectores del Ministerio de Ambiente documentaron 232 incumplimientos ambientales ocasionados por la empresa en diez años. Al menos 13 de estos daños están vinculados a la planta eléctrica: mal manejo de sustancias peligrosas, derrames de combustible sin contención, descargas al mar sin control del efluente real y operación sin los permisos de descarga exigidos por ley.
En septiembre de 2016, vecinos de la mina denunciaron en redes sociales la muerte de aves y contaminación por la planta, según relata el informe 033-2710 de ese año del Ministerio de Ambiente. Los inspectores, que fueron el 20 de octubre, les dieron la razón: encontraron 91 aves migratorias muertas porque la chimenea, con las luces clavadas en su ruta, las atraía y se estrellaban —Vermivora peregrina, Vireo olivaceous, Taraba major, tres de las especies que atraviesan cada año el corredor biológico.
Ninguna de esas cosas detenía a la gigante canadiense: First Quantum siempre consiguió las herramientas que solicitaba. La Autoridad Nacional de Servicios Públicos (ASEP) llegó a declarar la planta de uso exclusivo de una empresa privada como «interés público» en 2014. Más tarde, en 2017, la autorizó a «tomar» decenas de fincas cuyos dueños se resistían a vender, sin negociar antes el precio, para construir servidumbres (ver resolución aquí). El entramado de las tierras públicas detrás del proyecto es otro capítulo de Países Minados II.
El viejo argumento de tratar a la única termoeléctrica del país como un activo estratégico, en lugar de como un problema climático, se renueva ahora con Mulino.
Su gobierno autorizó en mayo de 2025 la exportación del concentrado de cobre acumulado, la importación de carbón y el arranque de la planta termoeléctrica, mientras las autoridades energéticas otorgaban licencias para agilizarlo. La medida fue cuestionada por organizaciones ambientales por desoír el fallo de la Corte y el grito de las calles, que ese año también se hizo sentir y la fuerza pública intentó sofocar. Desatendiendo las críticas, la empresa comenzó la reactivación de su central y lanzó al mar desde su puerto buques cargados con más de 121 mil toneladas de metales almacenados durante dos años.
First Quantum celebró la cosecha en su balance de resultados del segundo trimestre de 2025: ganancias brutas de 351 millones de dólares, con un beneficio neto atribuible a los accionistas de 0,02 dólares por acción, según sus propias cifras. “El segundo trimestre se benefició de un envío de concentrado de Cobre Panamá en junio”, dijo la minera en un comunicado. El mismo documento indica que la Unidad 2 de la central eléctrica entró en funcionamiento en noviembre de 2025. La segunda lo hizo “a principios de febrero de 2026”.
Según la ASEP, entre enero y febrero de 2026 la planta generó 114.6 GWh —el 83% de lo que produjo en todo 2021 y 2022. Los registros del organismo que coordina las operaciones del mercado mayorista de electricidad, el Centro Nacional de Despacho, coinciden: en los primeros tres meses ya superó la generación total de esos dos años más la de 2025. Para dimensionar, en ese mismo período las autogeneradoras de la Autoridad del Canal de Panamá —que no queman carbón— produjeron veinte veces menos —10,856 MWh.
La filial local de la compañía indicó a esta alianza periodística que esa energía corresponde “a excedentes” que ponen a disposición para su venta en el mercado eléctrico, dado que en la fase actual de «gestión segura» la demanda interna «es mucho menor». “En los años 2021 y 2022 —dijo la empresa— la gran mayoría de la energía producida era consumida internamente para sostener las operaciones de procesamiento mineral”. Es decir, antes solo consumían, ahora también venden. ¿A quién? “Exclusivamente en el mercado ocasional”, respondió.
Ver Respuesta de First Quantum Minerals.
Eso le permite, argumenta Cobre Panamá, contribuir a “estabilizar la red eléctrica nacional, aportando potencia firme en un momento en que el sistema panameño enfrenta limitaciones estructurales de capacidad instalada”.
El presidente de First Quantum venía sintonizando con los argumentos de Mulino desde antes: «Nuestra central eléctrica podría proporcionar energía a un precio más accesible para Panamá, ya que el país experimenta precios récord de electricidad debido a los desafíos climáticos actuales», dijo Tristan Pascall en un informe de cambio climático de la empresa de 2023. La planta pasó de ser el pilar de una mina privada a presentarse como un activo útil para el sistema eléctrico nacional.
Panamá, según afirman voces expertas, no necesita los megavatios producidos con carbón para satisfacer su demanda.
«Ese argumento es falso, no hace falta», dijo el exsecretario de Energía Víctor Urrutia, y fue directo: queman carbón «porque es más barato». Urrutia recibió a esta alianza periodística en sus oficinas una mañana de febrero de 2026. Durante más de una hora, explicó que Panamá lleva décadas diversificando su matriz eléctrica y matizó anécdotas de gestiones pasadas con la traducción de las planillas y gráficos indescifrables que publica a diario el Centro Nacional de Despacho. Según el último informe anual colgado en la web, en 2024 el 73% de la electricidad generada en el país provino de fuentes renovables —hidroeléctrica, solar y eólica—, mientras que el 27% restante vino de plantas térmicas que operan con gas, diésel y otro combustible fósil llamado Bunker C. El carbón no generó un solo megavatio.
«Nosotros no necesitamos del carbón para nada. Tenemos una planta de gas enorme, mucho más grande de lo que necesitamos y, si seguimos nuestra política de transición energética no queremos tener una planta de carbón», remató Urrutia.
La prueba ácida para los compromisos climáticos de Panamá
Desde 2015, Panamá viene hablando de descarbonizar.
En su más reciente Contribución Nacionalmente Determinada (NDC) —el plan de implementación a cinco años del Acuerdo de París que el gobierno Mulino entregó a Naciones Unidas a finales de 2025— el país no menciona ni la descarbonización, ni las termoeléctricas, ni el carbón. Mientras en su aporte anterior el de Cortizo había destinado cinco páginas a compromisos detallados para el sector eléctrico —incluyendo explícitamente la «eliminación de la generación con carbón en la Matriz Eléctrica al 2026″—, en el del actual gobierno el sector energía aparece solo en términos generales: la Agenda de Transición Energética, movilidad eléctrica, nada más. La meta de carbono neutro se corre a 2035, con una reducción del 11% respecto al escenario BAU (“business as usual”) —es decir, respecto a lo que se emitiría si el país no tomara ninguna medida.
El actual director de Cambio Climático del gobierno panameño, Juan Carlos Monterrey, explicó que los cambios del documento son más de forma que de fondo. En lugar de una entrega de cientos de páginas que demandan recursos gigantes, argumentó que decidieron exponer los compromisos con “números indicativos a nivel técnico” —de ahí el nombre, Nature Pledge—. El nuevo formato abandona las metas sectoriales por una sola cifra nacional: “¿Por qué tú no ves en el Nature Pledge que voy a hacer en energía, en agricultura, etcétera? Porque Panamá ha hecho la transición de un reporte y unas metas sectorizadas a un reporte economy wide: mi indicador ya no es ‘voy a hacer esto y esto y esto en energía’, es ‘voy a bajar las emisiones a nivel nacional en un 11%’”, dijo.
Monterrey, representante especial de Panamá para el Cambio Climático y reconocido por la revista TIME entre los 100 líderes climáticos del mundo en 2025, aseguró que la transición energética se mantiene. Como ejemplo citó la participación del país en la primera conferencia de Santa Marta para discutir cómo acabar con los combustibles fósiles y las licitaciones para el sector, en sus palabras, «todas de energía solar».
Panamá firmó decenas de tratados internacionales vinculados al ambiente; en al menos tres de ellos se comprometió a descarbonizar. Al sumarse al NDC Partnership, prometió eliminar la generación a carbón de su matriz eléctrica. Con la alianza voluntaria Powering Past Coal Alliance, a la que se unió en 2023, se comprometió a acelerar su transición energética limpia. Y en el Acuerdo de París firmó que trabajaría para reducir las emisiones de dióxido de carbono para 2030 y extirparía los combustibles fósiles hasta lograr cero emisiones netas para 2050.
Si Mulino pone a andar la termoeléctrica para poder reabrir la mina, el país incumplirá los tres.
«No podemos seguir atrapados en un sistema roto mientras la naturaleza se desangra”, dijo Mulino ante reyes y presidentes convocados por la ONU en la Asamblea de septiembre de 2025, cuando presentó el ‘Pacto con la Naturaleza’ de su gobierno, donde se vanaglorió porque Panamá es un país carbono negativo y se comprometió a reducir emisiones en los próximos diez años.
Un informe internacional al que tuvo acceso esta investigación le avisó al gobierno ese mismo año que con la termoeléctrica funcionando eso no va a ser posible: Panamá perdería su condición de país carbono neutral antes de 2035. Su reapertura «representaría un retroceso en los esfuerzos de descarbonizar el sistema eléctrico nacional», advierte el documento que no se ha publicado aún, dado que es «una fuente altamente emisora». En su respuesta a esta alianza, Cobre Panamá dijo que “cualquier nueva hoja de ruta de descarbonización requerirá establecer acuerdos con el gobierno nacional”.
La última novedad vinculada a Cobre Panamá de la gestión Mulino fue el 13 de abril pasado, cuando el gobierno autorizó a First Quantum “procesar, exportar y comercializar” 38 millones de toneladas de roca extraída antes del cierre. Eso, para algunos dirigentes políticos, constitucionalistas y ambientalistas, representa poner a funcionar una mina. El excandidato a presidente, Ricardo Lombana, y un grupo de abogados demandaron la medida ante la Corte por considerarla inconstitucional.
Pero Mulino luce determinado. Según dijo, anunciará el futuro de la operación en junio —justo cuando la selección nacional jugará el Mundial de fútbol por segunda vez en su historia.
Mientras tanto, la planta expulsa el humo del carbón que se pega en las palmeras, las montañas de Donoso y la atmósfera, donde se acumula: el CO₂ permanece durante generaciones, calentando el planeta mucho después de que la mina de cobre vuelva a cerrar, los accionistas cobren y las excavadoras se oxiden.
Las Ruinas del Carbón es un proyecto liderado por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) en alianza con Agencia Ocote (Guatemala), Baudó Agencia Pública (Colombia), Concolón (Panamá), Contracorriente (Honduras), La Nación (Argentina), Matinal (Brasil), N+ Focus (México), Raíz Climática (República Dominicana), Reportea (Chile), Climate Tracker América Latina y Mongabay Latam sobre la salida de la energía a base de carbón en América Latina. Revisión legal: El Veinte.
