Son al menos 18 jueces, notarios y conservadores de bienes raíces los que están en la mira del Ministerio Público en la causa reservada de la Fiscalía de Valparaíso que indaga la compra y venta de cargos judiciales.
Reportea tuvo acceso a un oficio que envió la fiscal Paola Castiglione al ministro de Justicia, Fernando Rabat, el pasado 30 de junio, en el que le solicitó “todos los antecedentes que obren en poder de la División Judicial relativo a los nombramientos de los siguientes jueces, ministros y demás cargos judiciales, incluyendo su carpeta o ficha de antecedentes”, señala el documento, justo antes de enumerar a 18 personeros nombrados por el Poder Judicial.
Esos 18 personeros comenzaron a ser investigados luego de que sus nombres aparecieran en chats de Luis Hermosilla con abogados como Samuel Donoso y Gabriel Zaliasnik, pero también en conversaciones sostenidas entre el penalista y el exministro de la Corte de Santiago, Antonio Ulloa, quien era muy prolífico en impulsar candidaturas a distintos cargos del Poder Judicial.
Claro que la sospecha de la fiscalía es que los 18 nombramientos investigados pueden esconder delitos, como cohecho, prevaricación y violación de secreto, según indica el oficio enviado por la Fiscalía de Valparaíso al ministro Rabat.
Entre quienes están siendo investigados en esta arista del caso Hermosilla aparecen nombres que ya forman parte de otras indagatorias, como Diego Simpértigue —ministro de la Corte Suprema destituido por acusación constitucional luego de que Reportea reveló que compartió un crucero con el abogado Eduardo Lagos—, o Ángela Vivanco, protagonista de la llamada “trama bielorrusa”, donde fue formalizada por aceptar coimas a cambio de sus fallos en el máximo tribunal.
Pero en el listado también figuran ministros en ejercicio. Destaca la ministra María Cristina Gajardo, quien integra la Suprema desde enero de 2022. En chats revelados por Reportea, los abogados Hermosilla, Donoso y Zaliasnik aparecen respaldando su nombramiento.
Otros ministros que continúan en sus cargos, y que están siendo investigados por la fiscalía son Alejandro Aguilar, Lilian Leyton, y Ana María Hernández, de la Corte de Apelaciones de Santiago; Gonzalo Rojas, de la Corte de Concepción; Paulina Gallardo, de Chillán; y Gerardo Bernales, de la Corte de Talca. En la nómina también aparecen Antonio Ulloa y Verónica Sabaj, quienes fueron expulsados del Poder Judicial debido a sus vínculos con Hermosilla.
Entre los conservadores de bienes raíces que están bajo investigación aparece Luis Fischer, de Viña del Mar, quien además está bajo la lupa por un pago de $14,7 millones que terminó en poder de Gonzalo Migueles, entonces pareja de Ángela Vivanco, de parte de una inmobiliaria de su propiedad, justo cuando Vivanco debía fallar un recurso que afectaba a esa empresa (vea aquí el reportaje).
Ese pago se habría realizado a través de un notario que también está siendo indagado: Rodrigo Ortúzar, de San Miguel, quien a la vez aparece como puente de un segundo pago para Migueles, esta vez de parte de una inmobiliaria que tiene como su accionista mayoritario al empresario Fabio Traverso.
Los conservadores Sergio Yáber (Puente Alto), Yamil Najle (Chillán), y Carlos Swett (Concón), también integran la nómina. Al igual que el notario Claudio Barrena (San Miguel).
La respuesta del Ministerio de Justicia llegó a la Fiscalía de Valparaíso el 13 de julio y venía firmada por el actual jefe de la División Judicial —encargada de los nombramientos en los tribunales—, Patricio Cuevas Lagazzi: “Remito un link que contiene la totalidad de la información (…) relativa a los nombramientos de los jueces, ministros, y demás cargos judiciales indicados en el listado contenido en el documento del antecedente”, indica la respuesta.
La información entregada incluye cada decreto de nombramiento, las votaciones de las respectivas cortes de apelaciones, o de la Suprema, según sea el caso, y los expedientes de postulación de cada ministro, conservador y notario. Esos antecedentes podrían entregar pistas a los fiscales sobre la posible existencia de irregularidades.
Fuentes que conocen los detalles de la indagatoria le dijeron a Reportea que no solo se investiga si algún postulante pagó algún tipo de prebenda para lograr su cargo, sino que también podrían existir episodios donde los jueces, conservadores o notarios devolvieron el favor a quienes impulsaron sus candidaturas cuando ya estaban en posesión del cargo.
El voto de la ministra Gajardo
Un hecho que ahora podría estar bajo escrutinio de los fiscales es la votación en la Suprema de la ministra María Cristina Gajardo a favor de un recurso presentado por Samuel Donoso.
El 8 de septiembre pasado la Corte de Apelaciones de Santiago declaró inadmisible un recurso de amparo presentado por Donoso en favor de su cliente Darío Calderón, un abogado influyente que está investigado por eventuales delitos de corrupción en licitaciones del Programa de Alimentación Escolar de la Junaeb. La fiscalía le había requisado el celular, y Donoso buscaba limitar el acceso al contenido de ese aparato.
Tuvo éxito luego de que apeló la inadmisibilidad del recurso ante la Corte Suprema. El 21 de septiembre, el máximo tribunal revocó la resolución de la Corte de Santiago, y le dio luz verde al abogado. También ordenó que una sala diferente a la original revisara la solicitud que beneficiaba a Calderón. La decisión fue de la Segunda Sala de la Suprema, integrada, entre otros, por María Cristina Gajardo.
Para esa fecha la ministra Gajardo ya sabía que Samuel Donoso había respaldado su postulación ante el gobierno de Piñera. Pocas semanas antes, Reportea le había consultado por su relación con el abogado, luego de que su nombre apareciera en un chat de WhatsApp en el que participan Donoso, Luis Hermosilla, y Andrés Sotomayor, un estrecho asesor del expresidente Sebastián Piñera, y en el que se indicaba que ellos, además del abogado Gabriel Zaliasnik, habían apoyado su nombramiento.
La ministra Gajardo fue categórica en su respuesta. “Al postular a la Corte Suprema como Ministra no conversé con ellos”, señaló en referencia a Donoso y Zaliasnik. También dijo que no conocía a Hermosilla.
El chat está fechado el 26 de noviembre de 2021, cuando el gobierno debía elegir sus dos últimos candidatos para integrar el máximo tribunal. A Piñera le quedaban poco más de tres meses de mandato, y el entorno del mandatario estaba preocupado por la conformación de las cortes en un escenario en el que campeaban las querellas en su contra por violaciones a los Derechos Humanos durante el estallido social, y por el manejo de la pandemia del Covid-19.
Sotomayor: Gajardo y Simpértegui (o Melo)?
Donoso: En estas quinas estamos de acuerdo c lucho (Hermosilla) y gz (Gabriel Zaliasnik) en que los mejores serían la Sra Gajardo y sempertegui
Esa recomendación pareció tener efecto, porque un par de semanas después, La Moneda escogió a Gajardo como una de sus candidatas. Su nombre fue ratificado por 29 senadores a inicios de enero de 2022. Desde esa fecha, Gajardo integra el máximo tribunal.
La ministra Gajardo no tiene a Samuel Donoso en su lista de inhabilidades (ver aquí). Consultada sobre si evaluó inhabilitarse al revisar un recurso de ese abogado, considerando que él había respaldado su nombramiento, dijo que no.
“Si algunas personas hablaron bien de mí en el proceso de postulación a la Corte Suprema, es porque habrán conocido mi carrera, cualquiera puede consultar mis antecedentes en la web”, indicó, sobre el chat de Donoso y otros abogados donde la respaldan. También dijo que cuando conoció del recurso en beneficio de Darío Calderón, no tuvo a la vista los nombres de los abogados que lo representaban:
“En la causa que consulta, se ha visto por mi Sala según la normalidad, sin alegatos de abogados, y el relator debió haber hecho la relación como es habitual, mencionando la resolución recurrida, la postura de la defensa y la del Ministerio Público, sin nombres de abogados. Mis inhabilidades están informadas, son públicas, siendo tarea de los relatores advertirlas cuando se estudian las causas. No considero que concurran causales legales para inhabilitarme en este tipo de situaciones”, aseguró Gajardo.
En todo caso, cuando le tocó revisar el recurso de Donoso, era de dominio público que él era el abogado de Darío Calderón. Esa información se había publicado en artículos de La Tercera y T13.
Según la ministra Gajardo, no ha sido citada a declarar en ninguna causa del caso Hermosilla. Fuentes de la investigación le dijeron a Reportea que, por ahora, ella no está en calidad de imputada, aunque sí la están investigando.
Finalmente el recurso de Donoso fue acogido por la Corte de Santiago, la que limitó la revisión que la fiscalía puede hacer del celular de su cliente, Darío Calderón. Lo paradójico es que si ese hubiese sido el criterio a la hora de revisar el celular de Hermosilla, hoy la ministra Gajardo no estaría siendo investigada. Ni ella ni los protagonistas de los graves casos de corrupción descubiertos gracias a la revisión a fondo de ese equipo telefónico.
La historia aún se sigue escribiendo, porque la Fiscalía Oriente, a cargo de la investigación del caso Junaeb, y el Consejo de Defensa del Estado recurrieron ante la Corte Suprema para revertir la decisión y poder investigar con mayor libertad.
12 ministros bajo investigación
Los otros jueces de distintos tribunales que están bajo investigación comparten la característica de que aparecen profusamente en conversaciones alojadas en el celular de Hermosilla.
La ministra Lilian Leyton, que además enfrenta un sumario en el Poder Judicial luego de que Reportea reveló sus extensos chats con Hermosilla, es indagada por el apoyo que le brindó el abogado para llegar a la Corte de Apelaciones de Santiago, y por la información reservada que luego ella le entregó, como consta en los chats.
Paula Merino, quien se jubiló como ministra de la Corte de Santiago a fines de 2025, es mencionada en los chats por el apoyo que le brindaron Hermosilla, Donoso y Zaliasnik para lograr ese cargo en 2021. En las conversaciones se indica que Zaliasnik, actual embajador de Chile en Israel, se juntaría con ella para preparar su camino a la corte. El celular de Hermosilla registra mensajes directos de Merino: “Dime a qué hora nos podemos juntar para conversar, ya sea en mi casa o en un café. Yo vivo en Vitacura (…) Incluso Gabriel me dijo que nos podíamos juntar en su casa”.
Cuando asumió como ministra, no se inhabilitó en las causas relacionadas con Zaliasnik. Es el mismo caso del ministro Alejandro Aguilar, también de la Corte de Santiago. Logró su cargo con el apoyo de Hermosilla, Donoso y Zaliasnik. “Realmente nadie será más leal”, escribió Zaliasnik cuando debatían apoyarlo, y Donoso dijo que era alguien de “full, full confianza!!”. Hasta el día de hoy el ministro Aguilar no tiene a ninguno de esos abogados en su listado de inhabilidades (ver aquí).
Otros dos ministros que también contaron con el apoyo del trío Hermosilla/Donoso/Zaliasnik fueron Gonzalo Rojas en la Corte de Concepción y Gerardo Bernales en la Corte de Talca. Bernales también contó con el apoyo del exjuez Antonio Ulloa para su nombramiento, tal como reveló Ciper.
La lista de las 18 personas investigadas puede crecer. Ex-Ante dio a conocer la declaración de Héctor Mery —exjefe de la División Judicial en el gobierno de Piñera, y actual ministro del Tribunal Constitucional— ante los fiscales de Valparaíso, instancia en la que le consultaron por un total de 23 nombramientos.
La causa por compra y venta de cargos judiciales, bautizada internamente en la Fiscalía de Valparaíso como “agencia de nombramientos”, no es la única en la que se indagan posibles nombramientos irregulares en el Poder Judicial. En otras aristas del caso están bajo la lupa el ministro de la Suprema Jean Pierre Matus, el notario Francisco Leiva y otros nombres que aparecieron en otro celular: el del exministro Juan Poblete, actualmente condenado por su participación en el espionaje ilegal del Ejército al periodista Mauricio Weibel y a denunciantes de corrupción en las filas castrenses.
En otra investigación, la que se centra en las actuaciones del exjuez Ulloa, aparecen como imputados los abogados Samuel Donoso y Luis Hermosilla, contra quienes el Consejo de Defensa del Estado presentó una querella por soborno. Zaliasnik también tiene la calidad de imputado, pero en otra causa donde se investigan los pagos que recibió desde entidades públicas mientras ejercía la defensa de autoridades del gobierno de Piñera.
