Corte Suprema ya definió el futuro del fiscal Palma

Se trata de una de las dos aristas en las que es investigado el aún Fiscal Regional de Aysén, Carlos Palma, en el marco del caso Hermosilla. Palma está suspendido de su cargo debido a que también pesa sobre él una investigación administrativa iniciada por el Ministerio Público luego de que se revelara que formó parte de una negociación con la pareja de la entonces ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, cuando quería convertirse en Fiscal Nacional.

A esa revelación inicial, realizada por Ciper, le siguió otro reportaje donde se exhibieron parte de sus mensajes por Whatsapp con el abogado penalista Luis Hermosilla. Allí quedó en evidencia que en el marco de una investigación por narcotráfico en Aysén, Palma le reveló información confidencial a Hermosilla.

Es por eso que la Fiscal Regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, a cargo de esa indagatoria, busca formalizar a Palma por el delito de revelación de secreto. Los fiscales, al igual que los jueces, gozan de una protección especial a la hora de enfrentar a la justicia. Es la forma que halló el sistema para evitar que las acusaciones penales en contra de actores que deben imponer la ley se utilicen como una técnica que entorpezca las investigaciones a su cargo. Por eso mismo, antes de ser formalizados, los tribunales deben dar luz verde a una querella de capítulos.

El pasado 8 de abril la Corte de Apelaciones de Aysén acogió esa querella. Y ante esa decisión la defensa de Palma, a cargo de la Defensoría Penal Pública, apeló ante la Suprema. Luego de varias suspensiones, el máximo tribunal realizó la audiencia de alegatos el pasado 1 de agosto.

En contra de Palma argumentaron el jefe nacional de Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, y el abogado asignado por el Consejo de Defensa del Estado, Paulo Gómez. En su defensa estuvo Jorge Moraga, Defensor Público Regional de Aysén.

El Ministerio Público acusa a Palma de enviar a Luis Hermosilla, a través de Whatsapp, un audio de una interceptación telefónica que hasta ese momento se mantenía reservada, y que formaba parte de una indagatoria por el delito de narcotráfico.

Dos abogados que formaban parte del staff de Hermosilla, Juan Enrique Urrutia y Javier Cornejo, eran los defensores de dos de los narcos indagados en ese momento por la fiscalía.

En el escrito que inició el procedimiento especial para formalizar a Palma, la fiscal Wittwer señaló: «En su rol de Fiscal Regional, el imputado Carlos Palma Guerra reveló, difundió o divulgó a un tercero ajeno al procedimiento, una pieza de evidencia amparada por el secreto de la investigación, quebrantando la reserva legalmente establecida«, recogió en su minuto The Clinic.

Hasta ahora no se ha hecho pública la decisión de la Corte Suprema frente a la querella de capítulos que impulsa la fiscalía. En el acuerdo participaron los ministros Leopoldo Llanos y María Cristina Gajardo, además de la subrogante Eliana Quezada, y los abogados integrantes Juan Carlos Ferrada y Carlos Urquieta. El tercer integrante titular de esa sala, Manuel Valderrama, no estuvo presente pues se encontraba de vacaciones.

De ser aprobada la querella de capítulos, el fiscal Palma se convertirá en la segunda autoridad en ejercicio en ser formalizada en el marco del caso Hermosilla. La primera fue Sergio Muñoz, exdirector de la Policía de Investigaciones, quien fue acusado por la fiscalía y destituido de su cargo, luego de que sus chats con Luis Hermosilla revelaran que le filtraba información relevante de causas que afectaban al entorno del Presidente Sebastián Piñera. En mayo pasado Muñoz fue condenado por el delito de revelación de secreto.

También está pendiente la decisión del Ministerio Público respecto de la causa administrativa que pesa sobre Palma, y que lo mantiene suspendido de su cargo, aunque continúa recibiendo su sueldo que en total asciende a $11,6 millones brutos, según reveló Radio Biobío.

Esa indagatoria interna es por la negociación de la que formó parte junto a Gonzalo Migueles, pareja de la entonces ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, cuando Palma buscaba convertirse en Fiscal Nacional. Ciper reveló parte de un mensaje entre ambos donde Migueles le ofrecía un doctorado y una jefatura de la fiscalía en la Región Metropolitana.

Por esos mismos hechos el Ministerio Público también abrió una indagatoria penal, la que se mantiene en curso.