La psicóloga Camila Urrea conoció por dentro cómo el Estado afrontó la crisis de derechos humanos vivida tras el estallido social de octubre de 2019, que hoy conmemora su sexto aniversario. Ella fue una de las primeras trabajadoras del Programa Integral de Trauma Ocular -entonces PIRO y actual Pacto-, la institución de reparación para las víctimas de trauma ocular del estallido social que creó el gobierno de Sebastián Piñera. Urrea fue la única psicóloga de ese organismo desde noviembre de 2019, cuando se creó, hasta julio de 2021, fecha en la que renunció porque la reparación, dice, “nunca fue prioridad” para el Estado.
Las manifestaciones iniciadas en octubre de 2019 devinieron en la mayor crisis de derechos humanos de los últimos 35 años. Una de las expresiones más crudas de esas agresiones fueron los cientos de personas que sufrieron traumas oculares. El Instituto Nacional de Derechos Humanos contabilizó 216 víctimas respecto de las que se inició una acción legal, aunque el número total, según el mismo organismo, habría superado las 400. La BBC dijo que se trató de un “record mundial”.
Urrea fue la terapeuta de Patricio Pardo, Jorge Salvo y Sebastián Méndez, tres de las víctimas de trauma ocular que se han suicidado, y que se atendieron en el programa que hoy se llama Pacto, luego de que el gobierno de Gabriel Boric modificó el organismo en agosto de 2022.
El suicidio de personas que sufrieron violencia estatal durante el estallido social es una realidad al alza. Según cifras entregadas por La Segunda, al menos ocho se han quitado la vida. Urrea cree que parte del problema está relacionado con las falencias que vio al interior del programa de reparación. “Si hubiese partido bien desde el principio (…) las cosas hubiesen andado mejor para muchas personas”, dice.
¿Por qué cree que no partió bien? Las razones son varias. Considera que el PIRO debió haber tenido al menos 20 trabajadores de la salud, y no los seis con los que se mantuvo al menos hasta julio de 2021. Algunos trabajadores del programa, dice, tuvieron que poner dinero de sus propios bolsillos para financiar equipamiento. Y asegura que “a la gente del programa le cargaba que nosotros habláramos de que había un problema de derechos humanos”.
«Había una afectación enorme a la autoestima»
– ¿Cómo fue tu llegada al PIRO?
Yo llegué cuando había un protesista, una trabajadora social y dos tecnólogas médicas. El equipo estaba inserto en un equipo de salud, de médicos, de enfermeras, que en el fondo lo único que esperaban era una atención psicológica a la gente que estaba llegando. Pero no había ninguna noción de lo político, de lo social. Y eso nos hacía preguntarnos qué pasaba con la reparación. También me llamaba mucho la atención de que no nos pidieran llamar a Gustavo Gatica o a Fabiola Campillai. Entonces era como, ‘¿Por qué no los buscamos?’
– ¿Ustedes esperaban que la gente llegara o tenían mecanismos activos para buscar a las víctimas?
No, la gente tenía que llegar, porque el ingreso que estaba establecido era a través de la urgencia, y sin eso no había posibilidad de atender a nadie. Y así fuimos creciendo. Partimos, yo creo, con unos 180 pacientes, y terminamos con 300 o más, si es que mal no recuerdo. Pero no había una directriz para nada clara.
– ¿Cuántos pacientes atendías a la semana?
Cuarenta personas a la semana. Pero esas cuarenta se repetían semana a semana, y solo estaba yo como psicóloga. En total llegué a atender como a 115 personas. Y no todos terminaron el tratamiento. Las altas que di fueron pocas. Las personas continuaban muy mal y ellas mismas decían, yo no quiero dejar de venir, yo necesito seguir viniendo. Sentían que el PIRO en el fondo era la única manera de que el Estado los siguiera viendo.
– ¿Era problemático para los pacientes el hecho de que fuera el mismo Estado el que ofrecía el programa?
Muchos llegaban con el conflicto de que era el Estado el que los había agredido y ahora era el Estado el que los quería reparar. Hubo primeras sesiones muy complejas, donde personas nos agredieron. Las personas veían en nosotros una suerte de incoherencia. Pensaban que había un descaro por parte del Estado de pretender reparar algo que él mismo había provocado.
– ¿Por qué renunciaste al programa?
Porque había una incoherencia con respecto a los lineamientos de reparación en estos casos de represión. Había una postura ética de no seguir trabajando para el Estado si el Estado estaba dando esta respuesta. Las personas, en el fondo, tenían un agradecimiento con el equipo, pero a la vez también nos responsabilizaban.
– ¿Cómo funcionaba el equipo?
Íbamos puntuando las personas de acuerdo con un instrumento que nosotros mismos generamos. Por ejemplo, en la parte psicosocial había un alto riesgo si la persona, además de lo traumático, de los síntomas clínicos de salud mental, tenía elementos sociales que eran de riesgo, pobreza, consumo de drogas.
– ¿Y eso era común entre los pacientes?
Claro, era habitual recibir pacientes con un alto riesgo psicosocial, o al menos medio. Se me ocurrió —porque nunca tuve una directriz de psiquiatría— empezar a tomar una prueba de esta escala de síntomas de estrés postraumático. Lo empecé a registrar porque sabía que eso podía ser un insumo para procesos judiciales. Y todas las personas tenían síntomas de estrés postraumático. Empezamos a generar interconsultas a psiquiatría. Y nos dimos cuenta de que en psiquiatría había mucho maltrato. Había un cuestionamiento, había una agresión a las posturas políticas de las personas. Ese tipo de cosas llenaban de rabia a las personas y se agudizaban síntomas de los mismos cuadros. Entonces recibían un tratamiento del que finalmente ellos desertaban porque no se sentían a gusto con asistir a psiquiatría. Había otros casos que eran tan complejos que debieron internarse en el hospital Horwitz.
– ¿Y esas derivaciones tenían algún tipo de prioridad?
No, nunca hubo prioridad para nada.
– ¿Cuántos menores de edad atendían?
Yo atendí como a tres. Había un niño que tenía un caso muy complejo, porque además tenía conflicto con la ley, robaba. Vivía en una toma en el norte y su situación era muy compleja. Él era de los que no querían ocupar prótesis. Y había una afectación enorme a la autoestima. A veces los pacientes viajaban a Santiago y les facilitaban una estadía en un hostal cerca del hospital. En el caso de este niño, él con su mamá llegaban con polera en invierno. Y nosotros teníamos que hacer una colecta de ropa para pasarle. Había otro caso de una niña, que fue súper complejo también, aunque había una familia muy comprometida. A veces su mamá o la misma chica me escribía, varias veces. Me decía: tía, no quiero vivir; tía, no quiero existir.
– ¿Las familias de las víctimas recibían tratamiento?
No, para nada. Algunas pacientes me pedían que viera a la mamá. Porque estaban muy mal. Una vez una mamá me llamó y me dijo que su hijo se quería matar. Y yo lo fui a ver a la casa, pero no le pedí permiso a nadie. Fui nomás y el cabro estaba encerrado en una pieza oscura. No quería saber nada de nadie. Estuve una hora ahí conversando con él. Y al final se animó a salir de la pieza, pero siguió muy deprimido. Y a esa mamá la tuve que acompañar un rato. Así fue con otras mamás, especialmente mamás. Pero era todo por nuestra cuenta. De hecho, yo lo registraba como atención de la persona, del paciente.
– Dices que en su momento tuvieron hasta 300 pacientes, pero inicialmente el Instituto Nacional de Derechos Humanos hablaba de 460 víctimas de trauma ocular.
No todas las personas registradas se atendieron en PIRO.
– ¿Había una parte de las víctimas de trauma ocular a las que el Estado no estaba llegando?
Por supuesto, sí.
– ¿Y nunca las pudieron ubicar?
No. De hecho, había casos que se seguían atendiendo en la Unidad de Trauma Ocular (unidad oftalmológica del Hospital del Salvador, donde está el programa de reparación) y que después de un año los ingresaron al PIRO, porque los médicos no eran capaces de preguntarles cómo les había pasado eso. O la gente tenía mucha vergüenza de decirlo.
La pandemia: punto de no retorno
La deserción en el programa de reparación de víctimas del estallido social es importante. Según la revista Doble Espacio, para el 2024 eran al menos 213 —de un total de 511 que se atendían en ese entonces— las personas que dejaron de asistir al Pacto. Los motivos: desde dificultades en la atención a víctimas que no viven en Santiago y cambios constantes de profesionales, hasta ocho víctimas que habían fallecido, y de las cuales al menos cuatro se quitaron la vida. Camila Urrea cree que la tendencia a la deserción se agudizó tras la pandemia de Covid-19, que comenzó en marzo de 2020.
– ¿Desde las autoridades había un reconocimiento de la magnitud de la situación de los traumas oculares?
Nosotros generamos una matriz de información de todas las personas, y la manejábamos solo nosotras. La enfermera encargada transmitía datos al Ministerio de Salud, y lo que se llevaban eran cifras, pero el estado de salud y de salud mental de las personas se empezó a dimensionar después del comienzo de la pandemia.
– ¿Qué pasó en la pandemia?
Nosotros empezamos con la cuarentena y estuvimos tres meses sin hacer nada. No había ninguna directriz, no sabíamos si podíamos llamar por teléfono a las personas. Entonces empezamos a tomar una actitud muy autónoma, de nosotros decidir qué hacer, sin saber si eso finalmente iba a ser aprobado por las autoridades de salud. Mucha gente empezó también con ideas suicidas en ese tiempo, y era difícil contenerlas por teléfono. Nadie quería hacer videollamadas, porque el tema de reflejarse en la pantalla era muy fuerte para ellos. Hubo que contenerlas, hubo que hacer primeros auxilios psicológicos. Yo te diría que en tres meses no recibí ningún llamado de ninguna autoridad de salud, ni del hospital, ni de la UTO, ni del programa.
– ¿Cuánto duró esa situación?
Hasta junio, donde tuvimos una reunión y nos propusieron volver por turnos. Nos habían cambiado de oficina, nos comprimimos mucho más. El único que continuó trabajando, creo, era el protesista. Y después cuando se fue normalizando un poco la cosa, retomamos las atenciones, pero la gente claramente iba con menos frecuencia a atenderse.
– ¿En esos meses hubo deserciones?
Sí, muchas, muchas. Incluso, si no me equivoco, hubo un intento de suicidio en esa época. Después, cuando volvimos, había muchos problemas para la gente de región para viajar a Santiago. Entonces pasó el caso de, por ejemplo, Patricio Pardo, que él intentó subirse a un bus para llegar a la atención del programa, y un carabinero lo bajó, y el chico nunca pudo llegar (a Santiago), nunca pudo ingresar. Finalmente, el chico terminó suicidándose. Ese caso me parece muy grave.
– ¿Tenían protocolos para reingresar a los desertores?
No, era un trabajo autónomo.
– En términos psicológicos, ¿Qué tan determinante es que haya un tratamiento inmediato después de la agresión?
La atención oportuna puede salvar vidas en el caso de que el cuadro sea muy complejo. Son varios elementos los que se ponen en juego, porque en el fondo tiene que ver con las personas. Había muchas personas que se culpaban por esto, otras que tenían mucha rabia, pero también había quienes tenían como una identidad política súper definida y que lo veían como una medalla de batalla. Y había otras personas a las que el perdigón o la lacrimógena le llegó en el patio a su casa. Esas personas se desentendían del contexto y lo entendían como un accidente.
Pero la mayoría vivía esto con mucha rabia, y yo diría que eran las personas que más síntomas presentaban. Eran personas que tenían alta resistencia a recibir la prótesis ocular. Había gente que no quería que le tocara los ojos. Había gente que cuando se ponía la prótesis también reaccionaba muy mal. O también gente que tenía una expectativa muy alta de lo que iba a ser la prótesis, entonces el protesista tenía que hacer un trabajo como de aterrizar esa expectativa y llevarla a la realidad: decirle que la prótesis no se movía igual que el otro ojo.
Suicidios de víctimas: “No había una intención de prevenir, de intervenir“
– La muerte de Patricio Pardo, en diciembre de 2021, fue el primer caso de un suicidio de una víctima de trauma ocular. ¿Al interior del programa habían contemplado la posibilidad de que eso ocurriera?
Sí, porque la evidencia en estas evaluaciones que nosotros hacíamos nos permitía vislumbrar que si no había apoyo psiquiátrico, medicación, no se iban a compensar. Entonces es lógico esperar que en un caso de salud mental un cuadro que va evolucionando sin los apoyos pueda terminar en eso. Y por eso se generaron algunas interconsultas, porque nosotros no teníamos psiquiatra en ese entonces, pero pasaba todo esto otro que era lo que decía: la revictimización y todo eso. Las personas terminaban desertando. Entonces también había síntomas psicóticos, y era súper difícil porque en el fondo nosotros relevábamos a esta coordinadora la necesidad de —todo esto antes de la pandemia— la necesidad de contar con un psiquiatra, pero no había interés en ello.
– Cuando ocurre la muerte de Patricio Pardo ¿Hubo una reacción institucional? ¿Reuniones extraordinarias, cambios de protocolo o alguna modificación?
No, nada, nada. Patricio Pardo antes había enviado una foto con cortes de los brazos. Y había enviado esta foto advirtiendo de lo que venía. La trabajadora social conversó varias veces con él, y de alguna manera Patricio daba a entender de que necesitaba mucha ayuda y no supimos llevarlo, no supimos llegar a él. Entonces cuando sucedió esto fue como que, de alguna manera, todos lo esperábamos, pero por otro lado había bastante culpa por parte del equipo. Pero de la autoridad no, no recuerdo que haya habido una reacción.
– ¿Y las advertencias de los pacientes ustedes las ponían en conocimiento?
Sí, por supuesto, por supuesto. Todo lo que implicaba un riesgo para la integridad de las personas nosotros lo poníamos en conocimiento. Todo, todo. Pero no había una intención de prevenir, de intervenir.
– ¿A qué atribuyes tú el hecho de que los suicidios de víctimas de violencia durante el estallido hayan ocurrido después de varios años?
Lo que pasa es que en salud mental se entiende que también está lo que es el estrés traumático de síntomas tardíos. Estamos hablando de un trauma tan complejo que es como una bola de nieve. Parte siendo un trauma ocular que podría haber quedado en eso, una afectación psicológica inmediata, pero se agudiza porque se dio en el contexto en que se dio, en que pasaron las cosas que pasaron, en que hubo un abandono, en que había maltrato. Y sumado a todos los riesgos psicosociales, fueron dando todas las bases para que una persona llegara a tomar esa decisión. Y en el fondo no es una decisión, sino que es como el único camino que se ve.
– ¿El resultado de un trauma?
Sí, yo creo que es consecuencia de una serie de responsabilidades, en donde la persona en el fondo ya no resiste más el abandono. Entonces no es una decisión ni consciente ni inconsciente, sino que termina siendo como una encerrona, por así decirlo. Un acorralamiento en donde la persona no puede seguir sufriendo y piensa que la única manera de no sufrir más es esa.
– ¿La falta de justicia agudiza esa situación?
Sí, por supuesto. La percepción de impunidad agrava todo esto.
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Según cifras reveladas por The Clinic, casi el 80% de las causas penales por agresiones que provocaron traumas oculares no ha logrado identificar a ningún responsable. Cerca de un 37% de esas investigaciones fueron cerradas por el Ministerio Público, o archivadas por los tribunales respectivos. Solo hay cuatro condenas contra uniformados que provocaron ese tipo de lesiones.
“Esto debe tener una institucionalidad propia”
– En un inicio, ¿buscaron otras opciones ante la falta de apoyo psiquiátrico?
Sí, eso fue otra cosa: nosotros empezamos a generar como un trabajo en red que nos articuló con muchas organizaciones de derechos humanos. De hecho, me acuerdo que la trabajadora social hizo un registro de todas esas organizaciones. Entre eso, como no teníamos psiquiatra y las interconsultas tenían toda esta complejidad que mencionaba, empezamos a buscar organizaciones que tuvieran psiquiatra y nos encontramos con una red súper amplia y súper dispuesta a atender gratuitamente a las personas. Pero todo eso potenciado por el equipo. Y eso hacía de que nosotros en el fondo no pudiéramos hacer mucho. Y todo lo que hacíamos era pensado desde nosotros, inventado desde nosotros.
– ¿Eso levantaba molestias desde las autoridades?
Sí, porque en el fondo era como una manera de decir que las cosas no funcionaban, y que era necesario generar un vínculo con otras organizaciones.
– ¿Las cosas cambiaron después que te fuiste del programa?
El equipo fue creciendo un poco, pero hasta hace poco también he sabido que hay muchos problemas de relaciones entre profesionales. Lo que ha significado que algunas personas salgan con licencia, hay denuncias por ley Karin. Entonces es un equipo muy tensionado, muy dañado también y poco acompañado. Muy poco acompañado desde lo que es el trauma vicario, que es como recibir y recibir lo traumático de las personas y no poder canalizarlo como equipo.
– Y con la ampliación del equipo, ¿cambió algo, dentro de lo que sabes?
Es que después, cuando se transformó en el PACTO, le sumaron a las personas que habían recibido perdigones. Entonces, claramente ahí se sumaron muchas más personas. Y no, un equipo así, de nueve personas aproximadamente, no daba para nada.
– Cuando hablas de todos los problemas que tuvieron ¿Crees que marcó el ritmo que tomó el programa?
Sí, de todas maneras. Como decía, era un equipo de seis personas que tuvimos que autogestionar muchas cosas. Las cosas habrían sido distintas si hubiese habido un apoyo, si esto hubiese partido siendo un equipo definido desde la lógica de los derechos humanos, si hubiese sido consecuente en términos de la dimensión de la población de interés, que eran los 460 casos. Si hubiese partido bien desde el principio, las cosas quizá hubiesen andado mucho mejor. No las hubieran solucionado, creo yo. Muy posiblemente igual hubiese habido personas que se suicidaran. Pero las cosas hubiesen andado mejor para muchas personas. Y nunca fue pensado así. Yo siempre dije, y los chiquillos también: esto debe tener una institucionalidad propia, y además debe ser ley. Creo que la negligencia está puesta ahí, en que este programa se echara a andar un rato porque se entendía que el trauma ocular implicaba atención médica y psicológica por un rato, cuando en realidad es mucho más profundo.
