“En La Pintana nos pedían plata para financiar la candidatura de la alcaldesa Claudia Pizarro”, escribió en su cuenta de X el 11 de abril pasado Daniela Alvarado, excoordinadora de comunicaciones del Departamento de Educación de La Pintana entre 2018 y 2022. La periodista agregó que “el descuento era según tu sueldo, lo recolectaba en efectivo otra funcionaria”.
Ese testimonio se suma al de Claudio Espinosa, exdirector ejecutivo de la Corporación Cultural de la comuna, quien presentó una querella contra el exjefe de gabinete de la alcaldesa Pizarro, Alejandro Vargas, por hurto sin violencia, estafa y apropiación indebida. Según su relato, revelado por El Mostrador, en mayo de 2025 Vargas le solicitó el pago de $200.000 para financiar un viaje de la alcaldesa a Alemania.
Otras tres personas que ejercieron jefaturas en la municipalidad, y que solicitaron resguardo de su identidad, indicaron a Reportea que era habitual que desde el entorno de la alcaldesa Pizarro les pidieran el pago de cuotas para financiar distintas actividades, como campañas electorales, despliegue político y viajes de la autoridad. Esos pagos salían de sus sueldos. Según aseguran, pagaban la cuota ya que de no hacerlo temían caer en una “lista negra”.
La solicitud del pago de una parte de su sueldo a funcionarios públicos que dependen de una autoridad política es una práctica ilegal antigua, que volvió a la discusión pública luego de que un reportaje de Teletrece reveló denuncias en contra de la senadora Camila Flores (RN), quien le habría exigido a sus asesores que le devolvieran una parte de sus sueldos, pagados por el Congreso, cuando ejercía como diputada por la Región de Valparaíso.
En el caso de La Pintana, la práctica se habría extendido, al menos, entre 2020 y 2025, según dan cuenta correos electrónicos y mensajes de Whatsapp que tuvimos a la vista para este reportaje. El pago de cuotas se habría solicitado principalmente a directivos del municipio, considerados cargos de confianza, pero también a funcionarios de menor rango, según señalaron dos de los testimonios recogidos.
Desde la municipalidad respondieron por escrito a las preguntas enviadas por Reportea:
“La Ilustre Municipalidad de La Pintana informa que no cuenta con antecedentes ni registros que den cuenta de las prácticas señaladas”, aseguraron. Respecto del cobro de cuotas que se habría realizado para financiar las campañas electorales de la alcaldesa Claudia Pizarro, indicaron que “todos los aportes realizados han sido canalizados a través del Servicio Electoral (Servel), cumpliendo estrictamente con la normativa vigente”.
El pasado 14 de abril en el concejo municipal de La Pintana se debatió sobre el financiamiento de los viajes de la alcaldesa al extranjero. Lo que gatilló esa discusión fue la querella presentada por el exdirector de la Corporación Cultural de la comuna, Claudio Espinosa. Durante esa jornada la alcaldesa Pizarro se refirió brevemente a esa denuncia:
“Solo me voy a referir a parte de las alusiones que hemos conocido a través de la prensa, una querella que hay entre un ex funcionario y un funcionario nuestro. Es un problema entre ellos, yo no me voy a hacer cargo porque a mi no me alude y por lo tanto soy partidaria de que las instituciones existen y si existen es para que las investiguen” (SIC).
La Fiscalía Sur de la Región Metropolitana ya tiene en su poder la querella que presentó Espinosa, por lo que ya está en marcha la indagatoria respecto del cobro de cuotas en la Municipalidad de La Pintana. Los antecedentes expuestos en esta investigación podrían ser relevantes para esa investigación penal.
¿Cuota viajera?
Claudio Espinosa cuenta que el 12 de mayo de 2025 el entonces jefe de gabinete de la alcaldesa, Alejandro Vargas, lo citó a una reunión junto a otros directores de distintas áreas de la municipalidad. Y que entonces, en una reunión breve de no más de 15 minutos, les solicitó el pago:
“Este señor nos comunica que la alcaldesa tiene un viaje a Alemania y que necesita fondos. Por lo tanto, cada una de las personas que estábamos ahí tenía que colaborar con $200.000. Yo al principio pensé que era una joda. No me cuadraba un monto tan bajo para viajar a Alemania. Y tampoco me calzaba que alguien dijera con tanto desparpajo que la jefa necesitaba plata para viajar”, relata Espinosa.
Pero no era una broma. Según su relato, el mismo día realizó el depósito por $200.000 en la cuenta de Vargas. Según los mensajes de Whatsapp que adjuntó a su querella, antes tuvo que pedirle al entonces jefe de gabinete de la alcaldesa que le enviara los datos de su cuenta bancaria. Espinosa llevaba pocas semanas como director de la Corporación Cultural. Dice que no entiende por qué fue considerado un director de confianza.
“Y después me entero que ese viaje estaba financiado 100% por el gobierno de Alemania”, asegura Espinosa.
Según los registros de transparencia, el viaje de la alcaldesa Pizarro fue financiado por la OCDE, organizadora del Foro Internacional de Transportes (ITF, por su siglas en inglés). Ese encuentro, el más importante del mundo en materia de movilidad, se desarrolló en Leipzig, Alemania, entre el 21 y el 23 de mayo de 2025. En representación de Chile, además de la alcaldesa Pizarro, asistieron el entonces ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, y el presidente del directorio de Metro, Guillermo Muñoz.
El registro público indica que la OCDE financió los pasajes de la alcaldesa ($3.958.600) y su estadía ($900.000), mientras que la municipalidad costeó el viático ($672.813).
En la cuenta de Instagram de la alcaldesa se informa que el objetivo del viaje habría sido promover la conectividad en la comuna: “Hemos tenido la posibilidad de mostrar la realidad de La Pintana y los sueños de sus habitantes de contar con una mejor conectividad. No se trata de palabras técnicas: hablamos de tener un transporte integrado con la Línea 9 del Metro, para pasar menos horas arriba de un bus y más horas con la familia”, señaló Claudia Pizarro en un post publicado el 22 de mayo de 2025.
Según el relato de Espinosa, en una conversación telefónica posterior, el entonces jefe de gabinete le comunicó que el dinero había sido traspasado a la alcaldesa. Además, dice que, hasta la fecha, nunca le entregaron una rendición de esos fondos.
La cuota política
Casi cinco años antes de la historia relatada por Espinosa, otro asesor cercano a Pizarro, Mario Vallejos —quien ha ejercido como asesor jurídico, jefe de gabinete y administrador del municipio—, le envió un correo electrónico a un grupo de directores de la municipalidad cobrándoles una cuota. En ese email, al que Reportea tuvo acceso, se habla del pago de cuotas correspondientes a los meses de octubre y noviembre de 2020.
“Les insisto que el comando tiene un nombre y debemos velar porque se cumplan los compromisos adquiridos”, se indica en el correo.
Uno de los jefes municipales que recibió ese email, indicó que el correo hace referencia a la campaña por la reelección de Claudia Pizarro como alcaldesa de La Pintana. Por la pandemia, esta elección prevista para octubre de 2020, se corrió para mayo de 2021, por lo que en esos meses se realizó una intensa campaña en los barrios de la comuna.
Mario Vallejos tiene otra versión. Él le dijo a Reportea que “Eso es del plebiscito, no de la campaña de algún candidato. Con un grupo de personas y varios partidos creamos un comando único y realizamos aportes para pagar gastos”, indicó, haciendo referencia al plebiscito constitucional de 2020. Según él, no se ejercían presiones para que se pagaran las cuotas: “En las elecciones de alcalde yo no pedía aportes determinados, solo invitaba a militantes y amigos a apoyar a la alcaldesa. Pero nunca supe de imposiciones de aportes. Eso no creo que haya sucedido”.
No es lo mismo que cuentan los exdirectivos entrevistados para este reportaje:
“Si bien los directores más cercanos, que eran la mayoría, eran quienes recibían el imperativo de recaudar recursos y de mantener un fondo permanente, la instrucción llegaba también a los niveles inferiores, a través de esos directores y las jefaturas. Ese fondo permitía cubrir gastos que no eran rendibles en el Servel, mantener la operación política dentro y fuera del territorio, pagar abogados en casos complejos, y adquirir materiales gráficos, como lienzos, banderas, volantes”, aseguró uno de los exfuncionarios de confianza de la alcaldesa Pizarro.
Otro de los consultados indicó que “al ver la conducta de los directores y funcionarios que militaban en partidos, daba la idea de que se trataba de una práctica habitual en política. Había muchos que se quejaban por tener que poner plata, pero terminaban aceptándolo, a sabiendas de que negarse era caer en la lista negra”.
Daniela Alvarado, la excoordinadora de comunicaciones del Departamento de Educación que denunció en su cuenta de X el cobro de cuotas para financiar una campaña electoral de la alcaldesa, le dijo a Reportea que en 2021 le pidieron en tres ocasiones que entregara dinero para la campaña de Claudia Pizarro. Agregó que esos pagos se solicitaban a los funcionarios que eran considerados “de confianza” dentro del municipio. Alvarado cuenta que dos de los pagos los entregó en efectivo, y un tercero vía transferencia electrónica.
El comprobante de esa transferencia por $68.000 menciona en la glosa del pago que este se realizaba por encargo de una funcionaria que entonces también trabajaba en el Departamento de Educación Municipal.
La alcaldesa Pizarro actualmente ejerce su tercer periodo al frente del municipio de La Pintana. Desde ese cargo se ha convertido en un liderazgo nacional de la Democracia Cristiana, partido en el que milita desde los 17 años. Ganó notoriedad pública cuando lanzó una ofensiva contra el grupo que gobernaba la vecina comuna de San Ramón, al mando del entonces alcalde Miguel Ángel Aguilera, quien fue investigado por sus vínculos con narcotraficantes. Esta es la primera vez que la alcaldesa Pizarro se ve envuelta en una causa por supuestos actos de corrupción.
En todo caso, quienes conocen la interna de los municipios, señalan que el cobro de cuotas a funcionarios de confianza no es un fenómeno exclusivo de La Pintana. Quienes forman parte de la maquinaria municipal desde hace décadas lo normalizan, y aseguran que se trata de un mecanismo legítimo para financiar la política. El problema es que no es legal, y por tanto no existe ninguna rendición de cuentas sobre lo que se hace con el dinero recolectado entre los jefes de los municipios, los que además son nombrados en sus cargos por ser de confianza de los alcaldes.
