El exfiscal regional oriente, Manuel Guerra, lleva casi siete meses en prisión preventiva. Está ahí desde el 19 de marzo de este año, tras ser formalizado por los delitos de cohecho agravado, violación de secreto y prevaricación, a raíz de la trama que revelaron sus chats con el abogado Luis Hermosilla.
La investigación de la fiscalía, gatillada por la publicación de esos chats en reportajes de prensa, apunta a que, mientras dirigía la Fiscalía Regional Oriente, Guerra se coordinó con Luis Hermosilla y con Andrés Chadwick para cerrar causas judiciales que perjudicaban al entonces Presidente Sebastián Piñera, a su entorno y a figuras de la UDI, como el senador Iván Moreira. Y parte del premio por esas gestiones, de acuerdo a la investigación, pudo ser su contratación como académico en la Universidad San Sebastián (USS), con un sueldo de $6,3 millones brutos, por una jornada de 22,5 horas semanales.
El contrato con la USS fue la liana salvadora de Guerra a mediados de 2021, cuando buscaba desesperadamente trabajo en medio del hastío que sentía dentro de la fiscalía. Cuando su acuerdo con la universidad estuvo listo, renunció al Ministerio Público. En sus chats con Hermosilla figuran mensajes que apuntan al rol de Chadwick en su arribo al plantel: “Andrés habló con ellos”, escribió Guerra cuando Hermosilla le preguntó cómo iban sus negociaciones con la universidad.
En paralelo a la investigación penal, la Superintendencia de Educación Superior desarrolló una fiscalización sobre la USS, una universidad cercana históricamente al gremialismo, luego de que se reveló que allí le pagaban un sueldo de $17 millones a la exministra de Educación, Marcela Cubillos. Esa fiscalización concluyó a fines del año pasado, y entre los 19 nombres de académicos cuyos contratos fueron objetados, apareció el de Manuel Guerra.
Reportea tuvo acceso a los informes de esa fiscalización. Las conclusiones son duras. Respecto de Manuel Guerra, la superintendencia determinó que el exfiscal fue contratado sin un concurso de por medio, que su sueldo se determinó arbitrariamente, sin respetar un sistema de remuneraciones con parámetros objetivos, que nunca se le exigió presentar el “Compromiso de actividades académicas” —parte de las obligaciones incluidas en el reglamento docente— y que no existió ningún mecanismo que permitiera comprobar que cumplió con las horas pactadas en su contrato de trabajo.
En total, el organismo fiscalizador de la educación superior formuló siete cargos en contra de la USS, todos por distintas irregularidades cometidas en la contratación de 19 académicos que no habrían cumplido con las normativas internas del plantel. Entre las personas incluídas en ese listado aparecen exministros y exsubsecretarios de los gobiernos de Sebastián Piñera, y exparlamentarios que se habían quedado sin un cupo en el Congreso. Todos de los partidos que integran Chile Vamos, y también del Partido Republicano.
El análisis de la superintendencia se basó en varias solicitudes de información y entrevistas a las principales autoridades de la universidad.
Tal como ocurrió en el caso de Guerra, según el fiscalizador ninguna de las otras 18 contrataciones objetadas se realizó a través de un concurso, como mandata la normativa interna de la institución, que si bien contempla excepciones para esta regla, exige que eso sea justificado y prohíbe que la contratación se repita en el futuro sin pasar por un concurso. Pero nada de eso se habría respetado.
Tampoco el requisito de que los recién contratados presentaran el “Compromiso de actividades académicas”, a pesar de que este documento fue presentado por la USS en su último proceso de acreditación como uno de los mecanismos más relevantes para resguardar la calidad de sus docentes.
En cuanto a los sueldos, la superintendencia comprobó que, a diferencia de lo que la propia universidad aseguró durante su proceso de acreditación, la institución no cuenta con un sistema objetivo de remuneraciones, y que en lugar de eso los sueldos “se determinaron según la capacidad negociadora de cada uno”, según reza el acta con las conclusiones de la investigación.
Todo esto, sostiene el mismo documento, “se traduce en una inconsistencia entre lo declarado por la institución ante la Comisión Nacional de Acreditación y lo sostenido ante la Superintendencia a raíz de la presente fiscalización”.
Los informes de la investigación de la Super de Educación a la USS se incorporaron al expediente investigativo de la arista del caso Hermosilla sobre Manuel Guerra —a cargo de la Fiscalía de Arica—, luego de que Reportea reveló que el organismo fiscalizador había incluido al exfiscal en el listado de académicos cuyas contrataciones estaban objetadas.
La contratación de Manuel Guerra
A través de varios correos electrónicos, analizados por The Clinic en 2025, se supo que Manuel Guerra comenzó a pavimentar su ingreso a la USS en marzo de 2021. En esos correos, el exfiscal se coordinó con Luis Cordero Barrera, quien por entonces ejercía como presidente de la junta directiva de la universidad. Cordero, quien falleció en 2024, fue uno de los fundadores de la UDI y amigo cercano del exministro del Interior, Andrés Chadwick.
En su declaración del 19 de febrero de 2025, que consta en el expediente de la fiscalía, Guerra afirmó que fue justamente Chadwick el que le facilitó el teléfono de Cordero: “Le pedí a Andrés Chadwick el contacto telefónico de don Luis Cordero Barrera (…) a fin de exponerle esta idea”. Según Guerra, su idea era liderar un observatorio de políticas públicas en materia penal, al alero de la universidad.
“Don Luis Cordero me señaló que este proyecto podía ejecutarse en algún momento, pero que veía difícil que lo fuera en un tiempo inmediato, ante lo cual me consultó si estaba interesado en incorporarme como docente”, aseguró Guerra en esa declaración.
“Le manifesté a don Luis Cordero que me interesaba esa idea pero que dependía de la remuneración a la que podía optar, y él me indicó que en mi calidad de Magíster y por mi experiencia podía garantizar un sueldo con contrato de trabajo por media jornada, del orden de los 5 millones líquidos, y si bien era menos de lo que yo ganaba en el ministerio público, podía ser un buen piso”, declaró.
Pero los registros extraídos del teléfono de Luis Hermosilla muestran que Chadwick siempre estuvo detrás de esa negociación. De acuerdo a los chats, el 16 de junio de 2021 Guerra le escribió a Hermosilla por WhatsApp: “Esperando el contrato de la USS pero avanzando”. Hermosilla le contestó: “Hay que empujar algo?”. Pero según la respuesta de Guerra, las gestiones ya se habían hecho: “Andrés habló con ellos”.
Al día siguiente, el 17 de junio, Guerra recibió el contrato a través de un correo enviado por Rodrigo Rojas Foncillas, entonces director general de personas de la Universidad San Sebastián. “Con esta contratación segura debido al compromiso existente por parte de la Universidad San Sebastián, yo concurrí a la oficina del Fiscal Nacional Jorge Abbott y le presenté mi renuncia el día 1 de julio para hacerse efectiva el día 31 del mismo mes del año 2021”, declaró Guerra en la causa.
En esa misma declaración, Guerra aseguró que ni Andrés Chadwick ni Hermosilla participaron en su contratación, y que esta fue idea de Luis Cordero: “Chadwick a la época no era el decano de la facultad de Derecho dado que ese cargo lo asumió a mediados del año 2022 y solo ejercía una cátedra en horario diverso a los míos por lo que nunca nos topamos en la universidad”.
Sin embargo, en esa misma declaración el exfiscal reconoce que Chadwick le ofreció su ayuda para conseguir el puesto: “El Sr. Chadwick me consultó cómo me había ido en la Universidad y yo le dije que bien pero que aún no firmaba mi contrato y que sin eso no podía renunciar al Ministerio Público, y él me dijo que ojalá me fuera bien y que la institución era seria, y me señaló además que si era necesario él preguntaría”. Justo después de eso, dice Guerra, le llegó el correo con el contrato, donde el funcionario de la universidad le indicó que “don Luis Cordero le había encargado avanzar en el proceso de mi contratación”.
Sobre el monto de su sueldo, Guerra declaró que «obedeció a una decisión de don Luis Cordero, luego que le manifesté mis pretensiones salariales a las que él accedió, sin que yo supiera a esa fecha cuáles eran los sueldos que se pagaban a los distintos docentes de la Universidad San Sebastián, por lo que no me pareció extraña la propuesta, solo que me pareció conveniente”.
La explicación de Guerra calza con lo identificado por la superintendencia durante su fiscalización: los sueldos de los investigados no se determinaron de acuerdo a un sistema objetivo de remuneraciones, sino que fueron producto de la negociación que cada uno sostuvo con las autoridades de la universidad.
En los descargos presentados por la USS a la Super de Educación, el plantel argumentó que los sueldos que pagaba a los dirigentes políticos que contrató, así como al exfiscal Guerra, estaban determinados por el mercado.
Este jueves 8 de octubre, el Cuarto Juzgado de Garantía revisará la medida cautelar sobre Guerra, quien podría pasar de la cárcel a cumplir arresto domiciliario. Y para el 26 de octubre está fijada la audiencia de formalización contra Luis Hermosilla en esta misma arista, por el delito de soborno, cohecho agravado y violación de secreto. En la investigación, llevada adelante por el Fiscal Regional de Arica, Mario Carrera, se sigue investigando como imputado a Andrés Chadwick, especialmente el rol que este habría tenido en el arribo de Guerra a la USS.
En esta misma causa se investigan los mensajes que intercambiaron Hermosilla y Chadwick a través de la plataforma Telegram. La fiscalía realizó una nueva extracción al celular del penalista, luego de que una investigación de Reportea dio cuenta de que las conversaciones más sensibles entre ambos se realizaban por esa aplicación de mensajería. Durante los últimos días el fiscal Carrera recibió el informe con el resultado de las nuevas pericias, el que hasta ahora se mantiene bajo reserva.
Fiscalización “congelada”
Según el acta de la formulación de cargos realizada por la Super de Educación a la USS, el propio reglamento de la universidad establece que el proceso de selección de los académicos es una función exclusiva del decano, quien “debe solicitar a la Vicerrectoría Académica la contratación de un académico, definiendo su jornada, el perfil de cargo y la función requerida”. Luego de esa solicitud, indica el reglamento interno del plantel, debe realizarse un concurso para definir el nombre a contratar, además de constituirse un consejo asesor constituido por varios académicos para que intervenga en el proceso.
Pero, según la fiscalización de la superintendencia, en el caso de Guerra eso no ocurrió. Tampoco se habría activado ese protocolo en las otras 18 contrataciones cuestionadas.
Los datos recogidos por la Super de Educación tienen un correlato con la investigación penal que comanda la Fiscalía de Arica. Cuando recién se inició esa causa, el Ministerio Público le preguntó a la USS quién había decidido la contratación de Manuel Guerra. Inicialmente el plantel indicó que José Hipólito Zañartu, decano de la Facultad de Derecho entre marzo de 2020 y abril de 2022, había solicitado la incorporación del exfiscal, pero Zañartu lo desmintió en una entrevista con The Clinic:
“¿Efectivamente él llegó cuando yo era decano? Sí, yo era el decano. Ahora, ¿yo solicité con nombre y apellido la contratación a Manuel Guerra? No. ¿Quién la solicitó? No tengo idea”, aseguró Zañartu.
Mientras la indagatoria de la fiscalía avanza, la fiscalización de la superintendencia está congelada. El 18 de marzo pasado, Reportea reveló la existencia del proceso contra la universidad, y un día después el gobierno le solicitó la renuncia al entonces superintendente José Miguel Salazar.
En esa época los profesionales de la superintendencia se preparaban para fijar la sanción contra la USS. Salazar estaba participando de esas gestiones. Siete meses después, el proceso sigue estancado. Reportea solicitó a la superintendencia, vía Ley de Transparencia, los detalles del expediente sancionador, pero el organismo respondió que no era posible entregar ningún detalle, porque este seguía en proceso.
La universidad presentó sus descargos ante la superintendencia durante el verano pasado. Allí, descartó las acusaciones de la autoridad, indicando que sus normas internas admiten excepciones y que no se pueden entender de forma literal. Por ejemplo, señalaron que la firma de un contrato de trabajo basta para darle legalidad al vínculo con un académico. Según informó La Tercera, a fines de marzo la USS envió un oficio a la superintendencia buscando anular el proceso.
Según pudo conocer este medio, además de Guerra, el listado de contrataciones objetadas incluye a Arturo Squella, actual senador y presidente del Partido Republicano, y a la exministra de Educación, Marcela Cubillos.
