No hubo ni un solo ministro que entregara un argumento a favor del sancionado. El viernes pasado, cuando el pleno de la Corte de Apelaciones de San Miguel se reunió para definir el futuro del sumario contra el conservador de bienes raíces de Puente Alto, Sergio Yáber, la decisión fue unánime: debe ser destituido del Poder Judicial.
Por ello la opción de los ministros fue definir la apertura de un cuaderno de remoción contra Yáber, según le confirmaron a Reportea dos ministros de la Corte de San Miguel que participaron de la decisión. Actualmente la definición de la causa está siendo redactada por la relatora del pleno de San Miguel, para luego ser publicada en la web del Poder Judicial. El cuaderno de remoción estará a cargo de la Corte Suprema.
La decisión se fundó en los hallazgos del sumario que se inició contra Yáber en noviembre del año pasado, cuando se hizo pública la llamada “trama bielorrusa”, una causa donde la fiscalía acusa a la exministra de la Suprema, Ángela Vivanco, de recibir coimas a cambio de fallos que beneficiaron a un consorcio chileno bielorruso, Belaz Movite, en un litigio que lo enfrentaba con Codelco.
Allí Yáber habría participado en el esquema para lavar el dinero proveniente de las coimas. Por ello la fiscalía lo formalizó y actualmente lo tiene cumpliendo la medida cautelar de arresto domiciliario. Yáber se salvó de la prisión preventiva luego de que definió colaborar en la investigación del Ministerio Público.
Pero una cosa llevó a la otra, y la apertura de las cuentas corrientes de Yáber, obtenida por la fiscalía luego de solicitar el alzamiento de su secreto bancario, destapó una serie de pagos sospechosos entre Yáber y jueces, notarios y operadores del Poder Judicial. Esa es la base del sumario que podría costarle el cargo al actual conservador de bienes raíces de Puente Alto.
“Una red de tráfico de influencias”
Las conclusiones del sumario, que llevó adelante la fiscal judicial de San Miguel, Carla Troncoso, son lapidarias. En lo fundamental, se acusa a Yáber de formar parte de una red de tráfico de influencias para incidir en el nombramiento de cargos del Poder Judicial, y se acusa que Yáber obtuvo beneficios económicos por sus gestiones. Las conclusiones del sumario fueron dadas a conocer por Reportea en enero pasado.
Los antecedentes que tuvieron a la vista los ministros de San Miguel incluyen los pagos realizados por Yáber al exministro de la Corte de Santiago, Antonio Ulloa, quien fue destituido de su cargo mediando una acusación constitucional del Congreso debido a sus vínculos con el abogado Luis Hermosilla. Una investigación de Reportea reveló que, entre 2019 y 2025, Yáber le pagó mensualmente a Ulloa $1 millón.
La versión de Yáber es que es amigo de Ulloa, y que esos pagos fueron para financiar la carrera universitaria de una hija del exministro. Cuando Ulloa declaró en el sumario, según reveló Ciper, agregó antecedentes: Yáber también le prestó un departamento de su propiedad en La Serena.
Yáber ha declarado que cuando estaba postulando a su actual cargo de conservador de bienes raíces de Puente Alto, en 2018, se juntó a comer con Ulloa y con la exsuprema Ángela Vivanco, quien estaba acompañada de su pareja, Gonzalo Migueles. Según él, en esa comida él les contó sobre su postulación, y Vivanco le habría pedido que, de resultar electo, contratara a Migueles como su asesor. Y eso fue exactamente lo que Yáber hizo apenas arribó al conservador. Esa decisión lo terminó hundiendo.
Explicado en simple, la fiscalía descubrió que las coimas destinadas a Vivanco se pagaban a través de su pareja, Gonzalo Migueles, quien además ejercía como asesor de Yáber. En el pago de una de las coimas, por $45 millones, Yáber habría formado parte de la maniobra para esconder el origen ilícito del dinero (vea artículo de Reportea que reveló esa trama).
Los ministros de San Miguel también evaluaron los otros antecedentes contenidos en el sumario, como que no hay constancia de que el traspaso de un Porsche Cayenne realizado por Yáber a Vivanco en 2021 haya sido una venta, existiendo la posibilidad de que haya sido un pago disfrazado. O que Yáber tuvo contratada en el conservador de bienes raíces a la empleada doméstica de Vivanco y Migueles.
Otros antecedentes especialmente delicados: Yáber contrató a familiares de ministros de San Miguel que votaron por él cuando se definió su cupo como conservador de bienes raíces. En las conclusiones del sumario, la fiscal indicó que esas contrataciones fueron “una forma encubierta de retribución”.
También existen otros antecedentes que arrastraron al abismo a otros funcionarios del Poder Judicial. Uno de ellos es Rodrigo Ortúzar, notario titular de San Miguel.
La caída de Ortúzar
En diciembre del año pasado, Reportea reveló que las cuentas corrientes de Ortúzar registraban traspasos por más de $300 millones con Yáber y con Migueles, y que ambos habían impulsado a Ortúzar para que lograra un cupo notarial. En poco más de un año, Ortúzar pasó de ser el gerente legal de Subus, una de las operadoras del Transantiago, a ocupar un cargo notarial de primera categoría.
Esos antecedentes fueron considerados por la investigación de la Corte de San Miguel, y también por los ministros que el pasado viernes definieron el futuro de Ortúzar. Al igual que en el caso de Yáber, votaron por unanimidad la apertura de un cuaderno de remoción en contra del notario.
El viernes también se discutieron sanciones para otras dos personas que forman parte del círculo de Yáber, y que registran pagos en sus cuentas corrientes: Fernando Martel y Claudio Barrena. Ambos han ocupado cargos en notarías de la zona sur de Santiago.
Barrena se salvó porque la fiscal judicial no le formuló cargos, mientras que Martel fue multado con 5 UTM, que es la sanción máxima para una persona que actualmente no ejerce ningún cargo oficial en el Poder Judicial.
El arriendo del conservador
Sergio Yáber y Rodrigo Ortúzar fueron suspendidos de sus cargos luego de la apertura de los sumarios en su contra. Esos procesos se iniciaron luego de que un reportaje de Chv Noticias expusiera las primeras pistas de los pagos que los relacionaban.
La suspensión fue compleja para Yáber, ya que parte de su modelo de negocios es poseer la propiedad de las oficinas donde funciona el conservador de Puente Alto, por lo que hasta diciembre del año pasado se auto pagaba un arriendo por ocupar los inmuebles.
En todo caso, ese es un modelo de negocios que no es extraño entre notarios y conservadores. Lo han ocupado los controladores del Conservador de Santiago y también el notario Francisco Leiva.
Las oficinas donde funciona el conservador de Puente Alto están a nombre de Consuelo Escobar, la esposa de Yáber. Entonces cuando él fue suspendido de su cargo, ella firmó un contrato de arriendo con quien fue designado como el reemplazante de su marido: Andrés Vega.
Según consta en una escritura pública firmada en una notaría de Puente Alto el pasado 31 de diciembre, Escobar le arrendó las oficinas a Vega por una renta de $12 millones mensuales.
Actualmente la red de Sergio Yáber, incluyendo a Migueles, Ulloa, Ortúzar, Martel y Barrena, entre otros, está bajo la mira de la Fiscalía Regional de Valparaíso, la que tiene a cargo una causa reservada donde se indagan los millonarios pagos que podrían explicarse por gestiones para lograr cargos judiciales.
Allí, la hipótesis investigativa es que se vendían cargos judiciales. Es un paralelo de la “trama bielorrusa”, donde la fiscalía busca probar que la exministra Vivanco cobraba por sus fallos.
Yáber tiene otros flancos abiertos. Otra causa reservada del Ministerio Público indaga sus vínculos políticos. A fines del año pasado Reportea reveló que Yáber había emitido pagos a los senadores Matías Walker (Demócratas) y Sergio Gahona (UDI), a quienes además les arrendaba departamentos en La Serena. Además, contrató a la hija de Gahona en el conservador, justo antes de que ella fuera nombrada como notaria interina en San Miguel.
En todo caso el futuro de Yáber no está escrito en piedra. Aún le queda la posibilidad de apelar la decisión de San Miguel ante la Corte Suprema.
