Bastó que la Fiscal Regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, pronunciara 14 palabras para que la situación del embajador de Chile en Israel, Gabriel Zaliasnik, volviera a complicarse.
“Es conocido que tiene la calidad de imputado, pero esas causas no están formalizadas”, aseguró Perivancich el pasado 6 de octubre sobre el estatus de Zaliasnik en una de las aristas del caso Hermosilla. Y aunque sus palabras generaron una avalancha de solicitudes de renuncia en contra del embajador, lo cierto es que lo que dijo no es una novedad.
Zaliasnik está en condición de imputado desde inicios de junio, cuando Reportea reveló parte de sus chats con el también abogado Luis Hermosilla. Luego de eso, los parlamentarios socialistas Daniel Manouchehri y Daniela Ciccardini presentaron una denuncia y el Ministerio Público abrió una causa que se asignó a la Fiscalía de Valparaíso. Se indagan delitos como malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.
Tráfico de influencias, porque Zaliasnik en sus chats con Hermosilla da cuenta de su influencia en, al menos, diez nombramientos de ministros de la Corte Suprema y distintas cortes de apelaciones, y malversación de caudales, porque en las mismas conversaciones coordina la obtención de recursos para financiar la defensa legal de Mario Rozas, el General Director (r) de Carabineros que estaba imputado por su responsabilidad de mando en violaciones a los derechos humanos durante el estallido social, además de solicitar acceso a gastos reservados para financiar otras gestiones.
Zaliasnik asumió la defensa de Rozas en junio de 2020, y en los chats queda claro que el exministro del Interior, Andrés Chadwick, y la expresidenta de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), Loreto Silva, hicieron gestiones para financiar esa defensa.
Según pudo conocer Reportea, uno de los focos de la investigación de la fiscalía es averiguar de dónde provinieron los fondos que se le pagaron a Zaliasnik como abogado de Rozas, porque en ese mismo periodo el estudio de abogados de Zaliasnik firmó un contrato para representar a ENAP en un litigio internacional.
¿Ese contrato está relacionado con el pago a Zaliasnik por la defensa del General Rozas? Para hallar una respuesta, el pasado 12 de junio la Fiscalía de Valparaíso envió a la ENAP un oficio para conocer el detalle de los pagos realizados por la empresa estatal a Albagli Zaliasnik y Compañía, el estudio de abogados que lideran Gabriel Zaliasnik y su socio Rodrigo Albagli desde 1991.
La respuesta de ENAP llegó al Ministerio Público diez días después, junto a un anexo con la copia de siete contratos firmados, además de dos modificaciones de esos acuerdos. La empresa también envió una planilla Excel con el detalle de los pagos.
Según las bases de datos internas de la ENAP, esa empresa ha realizado pagos totales por más de US$1 millón al estudio de Gabriel Zaliasnik entre 2019 y 2025. Algunos pagos se han realizado en pesos, y otros en dólares, y se han depositado en dos cuentas bancarias de Albagli Zaliasnik en el Banco de Chile.
Según fuentes internas de la empresa, el pago más oneroso es el que está relacionado con el contrato firmado a mediados de 2020 por la representación de ENAP en un arbitraje internacional.
La defensa de Gabriel Zaliasnik, a cargo del abogado Jorge Gálvez, niega cualquier irregularidad en los pagos de ENAP a su representado, y afirma que Loreto Silva no jugó ningún rol en el contrato firmado entre Albagli Zaliasnik y la empresa estatal.
Loreto Silva no estuvo disponible para entregar su versión sobre este asunto.
Los contratos de Albagli Zaliasnik con ENAP
En el oficio que la Fiscalía de Valparaíso envió a la ENAP, consultó por todos los contratos que ha firmado con el estudio Albagli Zaliasnik desde 2018 a la fecha, además del detalle de cada uno de los pagos que se han hecho a esa compañía en el mismo periodo. También solicitó los datos de las cuentas bancarias donde se depositaron los pagos, y la identidad del funcionario que encargó la contratación.
ENAP respondió el 22 de junio, en un documento de seis páginas que Reportea tuvo a la vista para elaborar este reportaje. La respuesta incluyó un anexo con todos los contratos y un archivo en formato Excel con el detalle de los pagos, los que se realizaron desde la misma ENAP, y también desde su filial Enap Refinerías S.A.
La estatal indicó que ha firmado siete contratos con Albagli Zaliasnik y Compañía, dos de los cuales fueron modificados posteriormente. La mayoría de esos contratos son por investigaciones internas de la empresa.
El 8 de julio de 2020, se firmó el contrato más relevante para ENAP: la representación en un litigio internacional con la empresa española Duro Felguera, que poco antes había demandado a la chilena por supuestos incumplimientos contractuales en el Proyecto Cogeneradora Aconcagua, en Concón.
En las bases de datos internas de la estatal ese contrato es denominado “servicios legales arbitraje cogeneradora Refinería Aconcagua”, y la respuesta que llegó a la fiscalía señala que su periodo de validez comenzó el 25 de junio de ese año, justo un día antes de que Loreto Silva renunciara a la presidencia del directorio de la empresa.
Ese contrato se inició en las mismas fechas en que Zaliasnik y Hermosilla presionaban a Loreto Silva para que se acordara un pago por la defensa del General Rozas.
Según la respuesta de ENAP, quien autorizó ese contrato fue la entonces gerenta legal, Tatiana Munro, quien, según su LinkedIn, se fue de la compañía estatal en junio de 2022.
ENAP envió al Ministerio Público una copia de la “solicitud de contratación de servicios legales” vinculada a ese contrato, además de la evaluación técnica de tres propuestas legales que se cotizaron en esa fecha. De esas propuestas, indica ENAP, la de Albagli Zaliasnik fue la “mejor propuesta económica”.
Desde la Fiscalía de Valparaíso no estuvieron disponibles para realizar comentarios sobre esta indagatoria.
En todo caso, luego de recibir la respuesta de ENAP, los fiscales a cargo decidieron judicializar la causa que desarrollaban en reserva desde junio pasado. Según consta en la base de datos del Poder Judicial, el 24 de julio comenzó a tramitarse en el Séptimo Juzgado de Garantía por el delito de “fraude al Fisco”.
La versión de Zaliasnik
La defensa de Gabriel Zaliasnik, a cargo del abogado Jorge Gálvez, es enfática al descartar cualquier ilícito en los contratos del estudio jurídico con ENAP.
Según indicaron a Reportea, el vínculo entre la estatal y la empresa del actual embajador en Israel nació en mayo de 2019, cuando otro abogado, Antonio Rubilar, renunció a su puesto como “abogado senior” en la Gerencia Legal de ENAP para irse a trabajar a Albagli Zaliasnik. Antes de eso, Rubilar estaba a cargo del desarrollo de la Cogeneradora Aconcagua, un proyecto de la empresa estatal que funciona en Concón y que busca asegurar el suministro eléctrico en caso de apagón.
La defensa de Zaliasnik asegura que ya en 2019 existía una relación tirante entre ENAP y Duro Felguera, la empresa española que le prestaba servicios en Concón, y que para preparar cualquier enfrentamiento legal se habían contratado los servicios de Felipe Bulnes, quien ejerció como ministro de Educación y Justicia, además de embajador en Estados Unidos, durante el primer gobierno de Sebastián Piñera. Según esa versión, Bulnes renunció al encargo cuando el 14 de mayo de 2020 Duro Felguera demandó a la ENAP en la Cámara de Comercio Internacional.
Esa fue la razón, asegura la defensa de Zaliasnik, por la que su estudio de abogados asumió finalmente la representación de ENAP. Agregan que la empresa estatal revisó cotizaciones de otros dos estudios, y que la firma de Zaliasnik presentó la oferta más barata.
Según documentos en poder de la defensa, además de Albagli Zaliasnik participaron en la cotización los estudios Wagemann y Asociados, y Molina Ríos Abogados.
Siempre según la defensa, por ese contrato el estudio de Gabriel Zaliasnik habría recibido cerca de US$435.000: US$150.000 por asumir la representación de ENAP; US$250.000 como premio luego de que en 2025 el arbitraje internacional fallara a favor de la estatal; y otros US$35.000 relacionados con una medida cautelar.
La misma versión indica que los primeros contratos con ENAP se firmaron durante 2019, pocas semanas después de que Antonio Rubilar se fuera a trabajar al estudio de Zaliasnik. Uno de ellos habría sido para que Rubilar capacitara a Felipe Bulnes en materias relacionadas con la relación con Duro Felguera.
En total, dicen desde la defensa del embajador, ENAP habría pagado a Albagli Zaliasnik $962,4 millones por honorarios, más IVA y gastos relacionados con la representación de la empresa, entre 2019 y 2025. La mitad habría sido por el arbitraje con Duro Felguera.
Antonio Rubilar le dijo a Reportea que en Albagli Zaliasnik le pagaban un sueldo como abogado, y que los pagos desde ENAP fueron directamente al estudio, por lo que Gabriel Zaliasnik debió haber recibido parte de las transferencias que llegaron desde la estatal. Pero el abogado del embajador, Jorge Gálvez, afirma que esos pagos no tienen ninguna relación con la representación del General Rozas que Zaliasnik asumió a mediados de 2020.
Una de las pruebas que ya enviaron al Ministerio Público es un correo electrónico del 22 de junio de 2020, en el que desde la Gerencia Legal de ENAP le comunican a Antonio Rubilar que la oferta que habían enviado para representar a la empresa en el litigio internacional con Duro Felguera había sido aceptada. Según la defensa, ese email es clave porque demostraría que el acuerdo entre Albagli Zaliasnik y ENAP se selló sin la intervención del embajador (vea aquí ese correo).
Gálvez asegura que el pago por la defensa del General Rozas lo hizo la ONG Nos Importan —creada por un grupo de particulares durante el estallido social para apoyar a uniformados que estaban siendo imputados por violaciones a los derechos humanos—, la que habría cancelado una factura de $57,3 millones.
Para respaldar ese argumento, la defensa de Zaliasnik exhibió la factura por ese monto que emitió Albagli Zaliasnik a Nos Importan el 3 de agosto de 2020, con la glosa “asesoría legal Mario Rozas”.
Pero aunque haya sido así, el rol de Loreto Silva continúa siendo una incógnita.
En los chats del teléfono de Hermosilla, queda claro que ella era clave en la obtención de recursos para financiar la defensa de Rozas. La fundadora de la ONG Nos Importan, Alejandra Cruzat, le dijo a T13 que Silva no tuvo ningún vínculo con su organización: “Ella no tiene absolutamente nada que ver con Nos Importan (…) Tampoco se encargó de la búsqueda de financiamiento, ni menos de coordinar las defensas”.
Desde que Reportea reveló los chats entre Zaliasnik y Hermosilla en los que coordinan la presión sobre Loreto Silva para que asegurara un pago para el actual embajador, ella no ha estado disponible para aclarar su rol. Esta vez no fue la excepción, pues dejó sin contestar los mensajes que le enviamos para conocer su versión.
¿Cuál fue el rol de Loreto Silva?
Los chats alojados en el celular de Luis Hermosilla dan cuenta de que entre mayo y junio de 2020, él y Gabriel Zaliasnik presionaron para que Loreto Silva diera luz verde a los honorarios que Zaliasnik había solicitado para representar al General Rozas.
El 13 de mayo de ese año es la primera vez que el tema aparece en los chats: “Voy a hacer que ACH (Andrés Chadwick) insista sobre la Loreto”, escribió Hermosilla. Y cumplió su palabra. Pocos minutos después le envió un mensaje a Chadwick: “Acuérdate de la Loreto Silva…es el tema de GZ (Gabriel Zaliasnik)”.
El tira y afloja continuó, al menos, durante un mes. El 10 de junio de ese año Zaliasnik le reenvió a Hermosilla un mensaje que antes había mandado a Loreto Silva: “Hola Loreto, soy Gabriel Zaliasnik. Andres Ch. me pidió que hablara contigo. Dime a que hora te acomoda que te llame. un abrazo”. Según Zaliasnik, la entonces presidenta del directorio de ENAP le pidió que la llamara dos horas después. Ante eso, Zaliasnik le dijo a Hermosilla que era el momento para que Chadwick interviniera: “Andres tiene 2 horas para hacer magia”.
Según los mismos chats, el 19 de junio Zaliasnik recibió un mensaje desde Carabineros: “Hola, Loreto escribió lo siguiente: ‘Me voy a dar este fin de semana para seguir. Pero no me ha ido bien’. Esto no tiene buena cara”.
En todo caso, hay otro intercambio de mensajes fechado el 25 de junio de ese 2020, cuando según el email exhibido por la defensa de Zaliasnik, ya se había sellado el acuerdo entre ENAP y Albagli Zaliasnik:
Zaliasnik: Lucho pudiste hablar con samuel? me esta escribiendo Elgueta y debo hablar mañana con la Loreto silva para definir finalmente que hago. Avisame xfa
“Samuel” es el abogado Samuel Donoso y “Elgueta” es Jaime Elgueta, el Coronel de Carabineros que por entonces ejercía la Dirección de Justicia de la institución uniformada, que coordinaba las defensas de los carabineros imputados por la fiscalía.
Hasta ahora, ni Loreto Silva ni Andrés Chadwick han aclarado el rol de la expresidenta de ENAP en el pago para Zaliasnik por la defensa del General Rozas. El punto es relevante porque en las mismas causas judiciales contra Rozas, también aparecían como imputados autoridades del gobierno, como el mismo Chadwick por ser el ministro del Interior al inicio del estallido social, y también el entonces Presidente Sebastián Piñera.
Preocupación en La Moneda
Un chat entre Hermosilla y Zaliasnik, del 1 de diciembre de 2020, luego que el General Rozas declarara ante el Ministerio Público, deja en claro que una de las preocupaciones de los abogados era que la indagatoria no escalara hasta las autoridades civiles:
Zaliasnik: creo q seria bueno comentarte la dec (declaración) de ayer. Mañana a las 10 me junto con MR (Mario Rozas) para arreglar lo que falta pero mi sensacion no fue buena. (lo que mejor salio fue la respuesta que le quita cualquier responsab a Andres).
“Andrés” es Andrés Chadwick, quien habría participado en la coordinación para que Loreto Silva ayudara a pagar los honorarios de Zaliasnik.
Karinna Fernández, abogada querellante contra oficiales de carabineros y autoridades políticas del segundo gobierno de Piñera en los casos de violaciones a los derechos humanos del estallido social, indicó a Reportea que buscará que en esas causas, que continúan abiertas, se indague si hubo irregularidades en los pagos de las defensas de los imputados:
“La arista del financiamiento de las defensas de Carabineros, y en particular el rol del abogado Gabriel Zaliasnik en la representación del ex General Director Mario Rozas, es indispensable para la investigación penal (…) falta establecer si existió un litigio estratégico soterrado, si se usaron gastos reservados o fondos públicos no declarados para sostener defensas privadas, y si desde el poder político se articuló una estrategia para contener la verdad y blindar judicialmente a los responsables”, señaló Fernández, quien agregó que ya solicitó diligencias para que se cite a declarar a quienes aparecen involucrados en la arista de los pagos.
Además de la preocupación por el futuro judicial de las autoridades del segundo gobierno de Piñera, Hermosilla y Zaliasnik también tenían un ojo puesto en la cobertura de los medios de comunicación. El 16 de diciembre de 2020, conversaron sobre requerimientos que les estaban haciendo periodistas de El Mercurio y La Tercera para conocer detalles de la declaración del General Rozas ante la fiscalía: “No aflojemos pues hoy MR estaba citado x otra causa y la postergamos y andan periodistas tratando de levantar el tema”, escribió ese día Zaliasnik.
Otro registro de chats, esta vez entre Hermosilla y el entonces subsecretario de Interior, Juan Francisco Galli, también muestra la preocupación por la arista comunicacional. El 28 de marzo de 2021, Galli le envía al abogado un pantallazo de una nota que ese día había publicado El Mercurio, en la que se informaba que generales de Carabineros habían solicitado declarar ante la fiscalía.
Galli: Esto estaba coordinado con uds?
Hermosilla: Para nada. La autonomía de Yáñez o su defensor es un problema grave a estas alturas
Galli: Ok, te llamo
Para esa fecha, el General Director de Carabineros era Ricardo Yáñez, quien sucedió en el cargo a Mario Rozas, luego de que este renunciara en noviembre de 2020. El abogado de Yáñez era Jorge Martínez, quien vuelve a ser tema en el chat entre Galli y Hermosilla el 26 de abril de 2021, cuando coordinaban el pago de un informe en derecho que se usaría para las defensas de los carabineros.
Galli le reenvía a Hermosilla un mensaje que había recibido de Martínez.
Galli: Querido Juan Francisco b noches converse con Luis el reconoce que Gil Gil es un enorme aporte un ferrari según sus dichos. Tb me señaló que se dividirá el costo converse con Jaime y lo verá mañana. Mucha fuerza y ánimo para ti con afecto Jorge
Galli: Esto me escribe Jorge Martínez, hablaste con él?
Hermosilla: Hablé. Te cuento mañana
En el chat hablan sobre el informe que preparaba Alicia Gil Gil, abogada y académica española que preparó un informe en derecho utilizado por la defensa del General (r) Yáñez.
Juan Francisco Galli no respondió preguntas para este reportaje. Desde su entorno señalaron que el gobierno de Piñera no financió las defensas de los uniformados, pero que sí existía una preocupación para que las defensas de los carabineros y de las autoridades políticas estuvieran coordinadas, y también porque los abogados de los oficiales en servicio activo no dieran declaraciones sin tener el visto bueno del Ministerio del Interior, entidad de la que en ese momento dependían las policías.
Prueba de lo anterior es otro chat, del 5 de mayo de 2021, en el que Hermosilla le mandó a Galli el link de una entrevista que el abogado Jorge Martínez había concedido a La Tercera: “Queremos hipotecar la reconciliación nacional eternizando las persecuciones penales”, indicaba Martínez según el titular del periódico. El comentario de Galli fue categórico: “Le exigí que la bajara”.
Al parecer la orden de Galli fue exitosa, porque hoy no hay rastros de esa entrevista en el sitio web de La Tercera.
